La jueza Segundo de Primera Instancia Penal calificó de preocupantes las amenazas e intimidaciones proferidas contra más de 45 administradores de justicia. ?Cada día se suman más casos a la lista de amenazados?, indicó.

Ochoa no sólo instó a los magistrados de la CSJ a que hagan el esfuerzo para brindar seguridad a los jueces, sino que hizo un llamado al Ministerio Público, MP, y la Policía Nacional Civil, PNC, para que garanticen el estado de Derecho en Guatemala.

?Desde ya y por escrito, exhortamos a las autoridades a garantizar la integridad física de los jueces, aunque sabemos que ya se integró una comisión multisectorial que trabaja el tema?, añadió.

La funcionaria resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, ha observado la problemática en lo que va del año, y que próximamente emitirá un pronunciamiento oficial.

Causas principales

De acuerdo con denuncias, las causas de las intimidaciones contra jueces son consecuencia de procesos relacionados con el crimen organizado, principalmente el narcotráfico.

Las amenazas más recientes fueron contra los jueces del Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, motivo por el que la presidenta de esa unidad judicial fue trasladada a un tribunal de Sentencia de la capital. Se trata de Jackeline España Samayoa, a quien se le asignó seguridad especial.

Otros jueces amenazados son Yazmín Barrios y Morelia Ríos. Ambas integraron los tribunales de Sentencia que conocieron los crímenes contra monseñor Juan Gerardi Conedera y Myrna Mack Chang, respectivamente.

Pero no sólo los jueces son víctimas del crimen organizado, también los miembros de la Cámara Penal del OJ, según denuncias hechas por el magistrado Napoleón Gutiérrez.

Se gastan Q3 millones anuales en seguridad

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Carlos Larios Ochaita, informó ayer que la institución gasta al año aproximadamente Q3 millones en brindar seguridad a los administradores de justicia, y aclaró que el año próximo esa partida será incrementada.

El funcionario agregó que existe preocupación por esa problemática, y que por ese motivo se han aunado esfuerzos para proteger a los administradores de justicia en el país.

Ejemplificó que a la jueza Jackeline España le asignaron cuatro agentes de seguridad, y a Morelia Ríos y Jazmín Barrios, dos a cada una.

?Las amenazas a jueces es una preocupación que compartimos con la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, con quienes mantenemos contacto para trabajar sobre el tema. Nosotros consideramos importante mantener las plazas de los agentes de seguridad que cuidan a los administradores de justicia.

En total, la Corte gasta tres millones al año en ese aspecto?, señaló Larios.

El presidente de la CSJ indicó que 71 policías privados brindan protección a jueces, y que se contempla contratar a otros veinte el año próximo.