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¡Casi 30 trámites! Floricultores piden al Maga acciones para bajar burocracia

Thu, 23 Oct 2025 12:00:00 +0000

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¡Casi 30 trámites! Floricultores piden al Maga acciones para bajar burocracia

Exportaciones de flores, plantas y ornamentales crecen 45% en 2025, aunque persisten obstáculos para importar variedades relacionadas con innovación genética.

23 de octubre de 2025 | 06:00h

En la empresa exportadora Sunfresh, la poscosecha, las rosas deben clasificarse por tamaño, grado de apertura y calidad: 40 cm, 50 cm y 60 cm, según el largo del tallo. (Foto Prensa Libre : Érick Ávila)

Guatemala ha logrado consolidar un nombre en los mercados internacionales por la calidad, el colorido y la belleza de sus flores y ornamentales. No obstante, el sector enfrenta un desafío: en los últimos cuatro años, las exportaciones de flores, follajes y plantas ornamentales se han mantenido sin mayor crecimiento, con un promedio anual de US$120 millones, según datos de Agexport.

Representantes del sector mencionan una serie de limitantes que golpean la competitividad e innovación, en medio de un mercado global volátil en gustos y preferencias. Algunos de estos obstáculos son los aranceles impuestos por los Estados Unidos desde abril de este año, las restricciones del Pacto Verde europeo, una infraestructura vial deteriorada, el aumento en costos de las navieras, falta de acceso a financiamiento y el estancamiento por la falta de incremento de tierras con riego tecnificado, entre otras.

A esta lista se añade la dificultad en innovación tecnológica, que se encuentra con dificultades de admisión de nuevas líneas genéticas para intercambio comercial internacional. Estos van desde largos trámites, hasta los costos.

En este punto, el presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Flores, Plantas y Ornamentales de Agexport, Miguel Gutiérrez, lamenta que el principal obstáculo hoy día es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). “A partir del actual gobierno, los trámites de importación de material genético vegetativo de países que cuentan con investigación, desarrollo e innovación, resultan prácticamente imposibles. Pasamos de dos a 27 requisitos para importar nuevo material, además del cobro de US$6 mil”, afirma.

Una limitante que preocupa a los agroexportadores, pues ha significado un cuello de botella en el mediano plazo que afecta en el empleo de miles de mujeres en el área rural, un grupo muy representativo en la productividad del sector.

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A pesar de los obstáculos, hay señales de recuperación. Durante el primer semestre del 2025 las flores, follajes y ornamentales registraron ingresos por exportaciones de US$78.1 millones, esto es un crecimiento del 45.6% respecto del mismo periodo del 2024.

MAGA: evalúan reducir costos

El director de Sanidad Vegetal del MAGA, Jorge Mario Gómez, tiene la función de proteger la salud de los cultivos y garantizar la seguridad fitosanitaria del país. Ante el señalamiento de Gutiérrez, sostiene que el cobro exacto es de US$6,250 y no es del actual gobierno, sino que tiene 18 años de existir.

Está regulado en el Acuerdo Ministerial 137-2007, que cobra US$31.25 (numeral 33) por permiso de importación, licencia o autorización de productos hidrobiológicos. Además, por la Ley de Sanidad Vegetal (Decreto 36-98, numerales 2 y 11) y su reglamento, Acuerdo Gubernativo 745-99, cuando se trata de importación con análisis de riesgo, explica.

Esta ley tiene la observancia de fijar las bases para la prevención, diagnóstico, control y erradicación de las enfermedades y plagas de animales, vegetales, especies forestales e hidrobiológicos con el fin de evitar el ingreso al país de plagas exóticas, su diseminación y establecimiento.

“Además se cuenta con disposiciones administrativas internas del MAGA que establecen que los servicios no subsidiados deben ser cubiertos por los solicitantes, especialmente cuando se trata de productos de interés comercial”, indica Gómez. Reconoce, sin embargo, que es un estudio oneroso, por lo que confía en que las autoridades agilicen la publicación de una nueva tarifa de US$2,500 para que el sector tenga mayor facilidad de importar productos y ser más competitivos en la región.

En cuanto a la exportación, Gómez explica que desde el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA se encargan de emitir certificados fitosanitarios realizando inspecciones en campo o en el punto de salida, y diagnósticos de laboratorio para garantizar que los productos estén libres de plagas y enfermedades.

Considera que la Unión Aduanera entre Guatemala y El Salvador ha facilitado la libre movilización de productos, en donde nuestro país ha sido el más beneficiado, por ser mayor exportador de frutas, hortalizas y plantas ornamentales en la región.

Dos exportadoras con potencial

En Chimaltenango se encuentran dos de las principales fincas productoras y exportadoras de flores, Primarossa y Sunfresh Farms, las cuales cultivan principalmente rosas y otras variedades, en medio de un clima impredecible que va de cálido a frío, favorecida por suelos volcánicos y microclimas. Ambas cuentan con certificación Rainforest Alliance, que garantiza buenas prácticas ambientales y laborales, un requisito indispensable para acceder a los grandes compradores del norte.

En la finca Primarossa, miles de plantas crecen bajo un ambiente controlado de invernaderos que combinan precisión técnica y cuidado artesanal. Enormes estructuras de plástico resguardan miles de bolsas con plantas jóvenes que reciben condiciones ideales de crecimiento: riego exacto y constante, control de humedad, temperatura y monitoreo fitosanitario.

Desde 1995 Primarossa se ha especializado en este cultivo que hoy ofrece una serie de variedades de rosas en catálogo. Cuenta con 50 hectáreas y a lo largo del año emplea de 300 a 400 personas, la mayoría mujeres. “Nos favorece su participación por lo delicado del cultivo y la cosecha”, comenta Julián Muñoz, director general de la finca.
Los desafíos abundan. El clima, que viene con lluvias intensas hasta variaciones de calor, exigen una constante adaptación técnica, aunque asegura que el potencial del país es mayor, y que podría alcanzar hasta 5 mil hectáreas. “Falta inversión en infraestructura y apoyo financiero del gobierno. “Con préstamos o subsidios, el sector podría crecer más, tiene futuro”, asegura Muñoz.

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Sunfresh, arte y técnica en innovación

Fundada en 1998, Sunfresh Farms, se ha ganado un lugar en la producción internacional, compitiendo con los productores colombianos y ecuatorianos.
En los invernaderos, José Augusto Méndez, gerente de producción es responsable de lograr el equilibrio entre naturaleza y tecnología para que cada rosa alcance la longitud exacta que pide el mercado. “El tallo debe medir 55 centímetros y con una malla especial logramos que los botones crezcan rectos y firmes, con un diámetro de 4.5 centímetros”, explica.

La tecnología les permite crear microclimas que controlan humedad y temperatura, con equipo que se activa en forma automática cuando se eleva la humedad relativa en el ambiente.

“Exportamos más de 50 millones de tallos al año”, cuenta Lizzy Montero, gerente de mercadeo y ventas. “Trabajamos con más de 14 variedades y bouquets personalizados.
En 2023, Sunfresh fue reconocida como Mejor Exportador del Año por Innovación, gracias al desarrollo de nuevos estilos de bouquets que conquistaron nichos como los supermercados en Estados Unidos, además de incursionar en Canadá, Centroamérica y Japón.

Montero asegura que la floricultura no es una tarea sencilla en Guatemala. Enumera desafíos como un clima impredecible, altos costos de fertilizantes, infraestructura deficiente y los bloqueos de transporte que complican el acceso al aeropuerto. “El camino no es fácil, pero creemos en el potencial del país. Guatemala tiene microclimas únicos y una ubicación privilegiada. Estamos cerca de lograr que el mundo nos reconozca por la calidad de nuestras flores”, asegura.

Una producción con manos femeninas

Con una trayectoria de 38 años en el país, la Comisión de Plantas Ornamentales, Flores y Follajes de Agexport representa actualmente a 74 empresas productoras y exportadoras que mueven más de 300 especies y alrededor de 3 mil variedades.

Actualmente, el sector experimenta un crecimiento del 30% en el segundo semestre del 2025, a partir de la innovación tecnológica y la ampliación a nuevos mercados, con un potencial de exportación de hasta US$213 millones.

Los cinco principales mercados son: Estados Unidos (US $72 millones), Países Bajos (US $41 millones), El Salvador (US$10 millones), Honduras (US$5 millones) y Alemania (US$4 millones).

Es un sector que genera alrededor de 60 mil fuentes de trabajo estables, 15 mil empleos permanentes, de los cuales el 75% son mujeres del área rural. “Ofrece un modelo productivo que combina el uso de tecnología, biológicos, así como el trabajo manual femenino”, resalta Gutiérrez.

Un invernadero de floricultura en Primarossa requiere sistema de fertirriego computarizado, líneas de goteo microcompensadas, manejo de cortinas retráctiles y ventilación adecuada. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Un invernadero de floricultura requiere sistema de fertirriego computarizado, líneas de goteo microcompensadas, manejo de cortinas retráctiles y ventilación adecuada.

La productividad ha tenido un crecimiento sostenido con alrededor de 3,500 hectáreas distribuidas en la Costa Sur, zona central, oriente, el norte y el occidente del país.

Brigitte Obrock, coordinadora de la Comisión, detalla que el sector se compone de tres grupos: flores de corte, follajes (30%) y las plantas ornamentales (70%).

En cuanto a flores de corte, las principales áreas productoras son Quetzaltenango, San Juan Sacatepéquez, Chimaltenango y Sacatepéquez, aunque la variedad de microclimas favorece la producción a lo largo de todo el territorio, asegura Obrock.

Las rosas son el producto estrella, le siguen los claveles, las orquídeas y los lirios, pero es difícil obtener datos específicos por volumen de exportación de cada flor, que además de embellecer eventos importantes, dan respuesta a tres momentos clave del año: Día de San Valentín, Día de las Madres y Día de Muertos. Otros productos con alta demanda son los esquejes, follajes tropicales y plantas vivas.

Riego, un futuro prometedor

A pesar de que Guatemala tiene una riqueza en recursos hídricos, hay una tradición de mal manejo de riego tecnificado en las producción agrícola, y la falta de políticas de riego palpables desde 1950, indica Gutiérrez, a pesar de que el acceso al agua con tecnología es un pilar estratégico en el desarrollo agrícola y rural, expone. “Ciertamente, en este punto tenemos esperanza con el MAGA, pues lleva a cabo una reestructuración de sus programas de riego, que esperamos tenga impacto en la población”.

Jorge Solórzano es asesor del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del MAGA y experto en riego tecnificado. Explica que la Política Nacional de Riego 2024-2033 se enfoca en cuatro pilares básicos de trabajo: inversión, fortalecimiento institucional, gobernanza y medio ambiente.

“El riego es crucial para la agricultura, puesto que permite duplicar y hasta triplicar la producción de una cosecha al año, lo que mejora la seguridad alimentaria y la producción de excedentes, aunque esto varía según el tipo de cultivo”, comenta.

Al implementarse tecnología, como la fertirrigación, se regula la cantidad adecuada de agua, incrementa cantidad y calidad de la producción. Aunque existen varios tipos de riego, por gravedad, sistemas de bombeo o con aguas subterráneas, parte de los retos para los productores son los altos costos de inversión, los cuales pueden llegar hasta Q120 mil por hectárea, según el sistema.

Una de las técnicas que se implementan desde el MAGA es la conservación de suelos con zanjas de infiltración. Este sistema evita que el agua se pierda en ríos, lagos o el mar y promueve la agricultura regenerativa, al crear microorganismos benéficos en el suelo y su regeneración.

“La política nacional de riego prioriza el Corredor Seco, seguido del norte y sur del país. Vemos un futuro prometedor, debido a una política clara y el interés del gobierno de proveer estos sistemas a nivel nacional”, asegura Solórzano.

Por una transformación integral

El sector flores, al igual que otros sectores productivos del país, necesita avanzar, a pesar de las laceraciones que atraviesa que van desde los salarios, aranceles, infraestructura, certificaciones y más, indica Brigitte Obrock.

Mientras con el MAGA se buscan soluciones técnicas y políticas que apoyen al sector para potenciar al máximo su capacidad productiva, son conscientes de que el mundo avanza. Por lo tanto, ven la necesidad de una transformación integral basada en cuatro acciones clave: incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia en la producción; el desarrollo de nuevas variedades con valor agregado; la promoción de buenas prácticas agrícolas y sostenibilidad; y por último, la búsqueda constante de nuevos mercados y nichos especializados.

Resaltan también la necesidad de contar con una ley de innovación agrícola, la cual contribuiría a proteger derechos de propiedad intelectual a los obtentores de nuevas variedades vegetales, no solo para las plantas, sino para la agricultura. “El objetivo es incentivar la creación de nuevas variedades. Una legislación así permitiría que empresas y centros de innovación agrícola inviertan y operen en Guatemala, lo cual promovería la generación de tecnología e investigación”, plantea Obrock.
En cambio, Montero, de Sunfresh Farms, se enfoca en posicionar al país en el mapa mundial. “Las flores guatemaltecas no sólo conquistan mercados y corazones por su belleza, color o fragancia; detrás de cada tallo está el talento humano de su gente”, concluye.

Con información de Ximena Santiago.

Congreso: una oportunidad para abrir mercados

Agexport organiza la 4ta edición del Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores que se realizará este 28 de octubre en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala. Un espacio para conectar con alrededor de 300 participantes, 50 empresas exportadoras e importadores, productores y proveedores de una industria diversa, lo cual abre la posibilidad para generar nuevos contratos de exportación y fortalecer alianzas estratégicas.

El evento ofrece un amplio programa de conferencias técnicas en temas como control de plagas, irrigación, fertilización, inteligencia artificial en la agricultura, sostenibilidad y cambio climático. Además, giras de campo, exhibición y networking.

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Turismo rural con sentido: cómo atraer al visitante que busca más que fotos

Thu, 16 Oct 2025 12:00:00 +0000

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Turismo rural con sentido: cómo atraer al visitante que busca más que fotos

Grupos relacionados con el turismo rural dan cuenta de que el visitante que busca este tipo de destinos pernocta más, valora la cultura y paga un precio justo. Infraestructura, servicios y formalidad son retos.

Valeria Ruiz

16 de octubre de 2025 | 06:00h

El Parque Ecológico Senderos de Alux, en Sacatepéquez, es uno de los espacios cercanos a la ciudad que permite una conexión diferente con la naturaleza. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

San Juan del Obispo, en Sacatepéquez, recibe al visitante con fachadas de colores y el ir y venir de artesanos que ofrecen vinos, jaleas y recetas que han pasado de generación en generación. No es casualidad que este poblado haya sido reconocido como “pueblo pintoresco”: allí, la gestión turística se organiza, regula su capacidad de carga y articula a vecinos y emprendedores para que el flujo de visitantes no erosione la vida local. El caso ilustra qué significa, en la práctica, hacer turismo rural.

En Guatemala, el turismo rural abarca toda actividad turística fuera de las grandes urbes. Es un paraguas amplio que incluye visitas a áreas naturales gestionadas por el sector público —como parques nacionales o municipales—, experiencias de turismo comunitario —cuando la comunidad es anfitriona y gestiona servicios como hospedaje, alimentación y guianza—, así como productos ofrecidos por propietarios privados —fincas, granjas, haciendas— que abren sus puertas al visitante.

Claire Dallies, directora de la Maestría en Turismo Sostenible en la Universidad del Valle de Guatemala, lo resume así: el turismo comunitario está dentro del turismo rural, y la diferencia clave está en “quién administra el territorio”.

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Más experiencias que multitudes

Las fuentes consultadas coinciden en que el auge reciente no solo se refleja en el volumen, sino también en la calidad de la experiencia.

Puntualmente, la presidenta de la Asociación Nacional de Turismo Rural y Comunitario (Asoturgua), Aura Figueroa, reporta un crecimiento cercano al 8% y, sobre todo, un cambio hacia un visitante que pernocta más, valora la cultura y paga un precio justo.

“No buscamos turismo masivo”, enfatiza. El objetivo es atraer a viajeros con mayor poder adquisitivo, capaces de dejar un impacto económico directo en la comunidad, por ejemplo, pagando por textiles originales o panes cuyo proceso completo merece retribución digna.

Dallies añade dos tendencias globales que favorecen al campo guatemalteco: la experiencialidad —cocinar con cocineras locales, aprender a tejer o a teñir con tintes naturales, cosechar y catar café, caminar con intérpretes locales— y el bienestar: “la naturaleza y el vínculo humano que ofrece el mundo rural ayudan a reducir el estrés y a regenerar relaciones con el entorno”.

Desde el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la asesora Lucila Pérez recuerda que los principales destinos turísticos del país, como Tikal o la cuenca del lago de Atitlán, se encuentran dentro de áreas protegidas. “Nuestro mandato es asegurar que el turismo sea compatible con la conservación”, explica. Para ello, el Conap ha creado instrumentos normativos y convenios con comunidades para que estas puedan participar de la actividad y beneficiarse con servicios como guianza, transporte, alimentación o alojamiento.

Modelos que funcionan

Pérez cita como ejemplo el parque nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, en Petén. Allí, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Yaxhá reúne a más de 12 comunidades que ofrecen transporte terrestre y acuático, guía de naturaleza, venta de alimentos, elaboración de mermeladas e incluso alquiler de equipo para acampar y observar fauna. “Es un modelo de gestión turística de la mano con las comunidades y el gobierno”, asegura.

Figueroa, por su parte, destaca la experiencia de la red Viviente Verapaz, que estandariza servicios en Alta Verapaz, y la “Ruta Cobán”, que integra emprendimientos comunitarios en torno a la naturaleza y el café. Dallies agrega ejemplos como el corredor del bosque nuboso, los circuitos emergentes en San José Pinula o el aprovechamiento del flujo turístico en polos consolidados como Atitlán y Retalhuleu.

Para Diego Fernández, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, el atractivo radica en que el visitante “busca vivir la esencia de la gastronomía, las artesanías y las tradiciones en origen”. Y enfatiza: “Si el 60% del país es rural, prácticamente toda Guatemala es potencial”.

Brechas de competitividad

El diagnóstico es compartido entre academia, sector privado, comunidades y autoridades.

En primer lugar, la infraestructura turística. “Es el reto número uno”, afirma Fernández, mientras Pérez reconoce que, en parques como Yaxhá, se han perdido contratos con tour operadores por lo difícil del acceso en temporada de lluvia.

Otro punto crítico es la capacidad de carga y la seguridad. Figueroa advierte que mejorar carreteras sin gestión puede dañar ecosistemas, como ocurrió en Semuc Champey, considera. Pérez insiste en que es clave regularizar a los guías para evitar accidentes y extravíos.

En cuanto a la tecnología y los medios de pago, Pérez señala la necesidad de implementar cobros en línea y estadísticas que permitan mejorar la gestión. Fernández subraya la baja conectividad digital en áreas rurales, que frena tanto la operación como la promoción. También pesa la falta de capital humano.

“Hay una brecha en hospitalidad, guianza e idiomas”, dice Dallies. Figueroa añade la falta de formación en administración y finanzas para que los emprendimientos sean sostenibles.

En materia de gobernanza, la ausencia de organizaciones gestoras de destino (OGD) reduce la coordinación entre actores. “Las alianzas con municipalidades y los consejos comunitarios de desarrollo (Cocodes) son clave”, insiste Fernández.

Finalmente, el relevo generacional es otra preocupación. Asoturgua advierte que la migración y la falta de interés de los jóvenes amenazan la continuidad de oficios y proyectos turísticos.

Planes sobre la mesa

Desde el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el director de Desarrollo del Producto Turístico, Iván Azurdia, asegura que el país está diseñando un Plan de Turismo 2026-2036 con “una metodología participativa” que ONU Turismo ha decidido replicar en otras partes del mundo. “Empezando en las áreas rurales, en los departamentos más alejados, como Huehuetenango, Petén e Izabal, y recogiendo en talleres de cocreación las opiniones, quejas, sueños y propuestas de la ciudadanía”, explica.

El plan busca ser un documento de todo el sector turístico y no solo del Inguat, asegura, con indicadores medibles, revisiones periódicas y una transformación interna de la institución hacia un Inguat 2.0, digital y eficiente. “Tenemos que dejar de trabajar en montañas de papel y pasar a sistemas integrados, transparentes y consultables desde cualquier punto del país”, insiste Azurdia.

En el corto plazo, la entidad asegura que trabaja en 90 proyectos de inversión pública, que incluyen ciclovías, miradores, observatorios astronómicos y mejoras en sitios arqueológicos. Pero Azurdia es claro: “Sin carreteras, tratamiento de aguas residuales ni manejo de basura, no podemos hablar de turismo sostenible. Es como invitar a alguien a tu casa y recibirlo con goteras y sin ventanas”.

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Participación comunitaria

Lucila Pérez recuerda que el Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas, obliga al Conap a coordinar con el Inguat y el Ministerio de Cultura y Deportes para asegurar que el turismo sea compatible con la conservación que se persigue. Parte de esa labor es socializar normativas, establecer reglas claras para operadores y promover convenios con comunidades.

Un reto central es lograr que todos los guías en áreas protegidas se registren y cumplan la normativa. “Nuestro objetivo no es limitar la posibilidad de trabajo, sino garantizar seguridad y evitar impactos negativos”, señala.

Entre las acciones a corto plazo, el Conap prepara la Guía de viaje por las áreas protegidas de Guatemala, un catálogo de 63 destinos abiertos a la visita, con información sobre actividades, accesos, contactos y recomendaciones. “Queremos invitar al visitante nacional y extranjero a que nos apoye en la conservación al conocer y disfrutar de estas áreas”, explica Pérez.

Hoy, el turismo aporta entre el 5% y el 6% del PIB. ¿Podría llegar al 20% o al 30%? “Tal vez sí, y solo si se resuelven los problemas de conectividad, saneamiento y articulación estatal”, afirma Azurdia.

A nivel global, ONU Turismo registra que el 59% de los países prioriza el turismo rural y que el 96% proyecta un mejor futuro para este segmento. En el ámbito nacional, el Inguat anticipa 27.2 millones de viajes domésticos en el 2025, un caudal que podría alimentar circuitos rurales si se consolidan rutas y servicios.

Hoja de ruta

Entre los desafíos más importantes se encuentran la infraestructura vial, la capacitación, la promoción, el acceso a la tecnología e infraestructura turística básica.

Fernández menciona que las carreteras rurales están en mal estado. “Es poco el mantenimiento que se les da; si vemos las rutas nacionales o las priorizadas, hoy no están muy bien. Las carreteras que los llevan a conectar esta ruralidad con los centros urbanos son importantes; es necesario atenderlas y darles prioridad”, comenta.

A esto se suman los problemas de acceso a telecomunicaciones, internet, y servicios digitales y financieros en áreas lejanas. “Hay lugares donde no hay mucha señal telefónica y menos de internet; esto es importante para las personas que no pueden desconectarse al 100% y puedan seguir comunicadas”, explica Fernández.

Por otro lado, está la falta de estándares de calidad en la prestación de servicios en áreas rurales. Dallies afirma que la clave del turismo está en la calidad del servicio. “Podemos tener atractivos extraordinarios, infraestructura hotelera y restaurantes bonitos, pero si el servicio, es decir, la relación del anfitrión hacia el visitante, no es óptima, definitivamente el comentario no será positivo”, añade.

Otro desafío es la promoción. “Es un desafío fuerte, porque generalmente se publicitan los mismos lugares: Petén, Antigua Guatemala, Semuc Champey y el lago de Atitlán como los cuatro principales, y no se les da el mismo interés ni la misma cobertura para mostrar lo que tienen para el mundo otros destinos emergentes”, detalla Figueroa.

A esto se suma la baja calidad de la infraestructura turística básica. “Generalmente nos enfocamos en que el sendero esté bonito, transitable, que haya flora y fauna, pero esto conlleva una infraestructura que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, tener baños, pero que no contaminen; contar con buen manejo de desechos sólidos, que se pueda cumplir con esto para no contaminar el ambiente”, explica Figueroa.

Finalmente, la desarticulación del Estado. Azurdia señala que una de las grandes quejas es la falta de coordinación entre ministerios e instituciones de gobierno. “Hacemos planes y acciones aisladas, que no están conectadas”.

“Las alianzas son la fórmula para recorrer planes de 10 o 15 años”, insiste Fernández, de Agexport. Figueroa pide compromiso de las municipalidades y una publicidad bien dirigida; Dallies recomienda diagnosticar y planificar antes de promover; Pérez subraya que las comunidades son aliadas de la conservación, y Azurdia advierte que, sin inversión en infraestructura y coordinación estatal, el país seguirá perdiendo oportunidades.

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Opinión: Guatemala no necesita inventarse un relato turístico porque ya lo tiene

Thu, 16 Oct 2025 11:59:00 +0000

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Opinión: Guatemala no necesita inventarse un relato turístico porque ya lo tiene

¿Y si el próximo gran motor económico de Guatemala estuviera en sus comunidades más pequeñas?

María Mercedes Ravanales

16 de octubre de 2025 | 05:59h

Vista panorámica de San Cristobal El Alto, Alta Verapaz, un destino de turismo comunitairo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

En medio de volcanes, lagos, cafetales y tradiciones milenarias, se está gestando una revolución silenciosa: el turismo rural y comunitario.

Este segmento se vincula con paisajes agrícolas, actividades de naturaleza y formas de vida tradicionales. El comunitario, por su parte, es gestionado directamente por familias o asociaciones locales, donde el turismo complementa su actividad principal, como la agricultura o la artesanía. Ambos modelos promueven una conexión genuina entre el visitante y la comunidad, generan ingresos y fortalecen la identidad local.

De esa cuenta, el turismo rural y comunitario no es solo una alternativa turística: es una estrategia de país para generar empleo, fortalecer el tejido social, proteger el medioambiente y rescatar el orgullo cultural. En consecuencia, no se trata de un turismo de paso, sino de uno que transforma.

Este modelo turístico, más allá de dejar divisas, dignifica a las comunidades, ya que empodera a las comunidades anfitrionas, genera empleo, protege el medioambiente y fortalece el orgullo cultural. Reconoce que el alma de Guatemala está en sus pueblos, y que allí se encuentra también la oportunidad de desarrollo sostenible de la que tanto hemos hablado.

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El potencial que ya existe

Según el Plan Estratégico de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala 2024-2028 (INGUAT), el 90% del turismo que se realiza en nuestro territorio ocurre en áreas rurales. Este dato, lejos de ser anecdótico, debería ser el punto de partida de una política de Estado, pues revela un potencial inmenso para convertir cada rincón del país en una experiencia inolvidable. ¿Por qué seguir concentrando la promoción en los destinos clásicos, si cada lugar tiene experiencias únicas por ofrecer?

Desde las fincas de café en Alta Verapaz hasta las tradiciones vivas de San Cristóbal El Alto, Guatemala está llena de tesoros aún invisibles al turismo masivo. Y lo que está en juego no es solo atraer visitantes, sino generar empleo digno, aliviar la presión en algunos destinos, frenar la migración, proteger el medioambiente y, sobre todo, devolver el orgullo cultural a quienes durante siglos lo han resguardado.

Mucho más que un viaje

El turismo rural se vincula con paisajes agrícolas y modos de vida tradicionales; el comunitario, con la gestión directa de familias o asociaciones locales. Ambos modelos generan una conexión genuina entre el visitante y la comunidad. No se trata de un souvenir, sino de compartir una cosmovisión, una forma de vivir y de resistir.

Como país, debemos asumir que este modelo no es una alternativa secundaria, sino una estrategia de desarrollo. ONU Turismo ya lo señala: el turismo rural es un catalizador para la agricultura, la cultura y la sostenibilidad. Y Guatemala no puede quedarse atrás.

Lo que ya está funcionando

No hablamos de teorías. Hay experiencias exitosas que inspiran:

Rupalaj K’istalin, en Santiago Atitlán, donde se aprende sobre medicina ancestral y pesca tradicional.
Pueblo Jardín San Cristóbal El Alto, con talleres de cocina, huertos y vistas espectaculares.
MayaTrek, en Petén, que combina arqueología, caminatas y convivencia con comunidades mayas.

Cada ejemplo demuestra que cuando las comunidades son protagonistas, los resultados son tangibles: más ingresos, más cohesión social y más visitantes que regresan transformados.

Los retos

Por supuesto, no todo está resuelto. El turismo rural y comunitario necesita infraestructura, conectividad y promoción inteligente. Se requiere apoyo gubernamental real y un sector privado dispuesto a apostar por algo más que el beneficio inmediato.

También hacen falta créditos accesibles, capacitación del capital humano y plataformas de comercialización que posicionen estas experiencias en el mapa global.
Pero lo esencial ya está: comunidades dispuestas a abrir sus puertas y viajeros que buscan autenticidad, propósito y experiencias genuinas.

Los actores que lo hacen posible

Hablar de turismo rural y comunitario es también hablar de alianzas. Ningún esfuerzo aislado puede sostenerse sin la participación de múltiples actores. Las comunidades son el corazón del modelo: abren sus puertas, comparten sus tradiciones y muestran al visitante una forma distinta de ver el mundo. El gobierno tiene la responsabilidad de generar las condiciones básicas —infraestructura, promoción, políticas públicas— que garanticen que estas iniciativas prosperen.

El sector privado, por su parte, debe entender que su papel no se limita a ofrecer transporte u hospedaje, sino a integrar experiencias comunitarias en sus paquetes y apoyar su desarrollo. La cooperación internacional y las organizaciones sociales son aliados clave para aportar financiamiento, capacitación y asistencia técnica. Solo si todos estos actores caminan juntos podremos hablar de un modelo sostenible que trascienda el discurso y se traduzca en resultados reales.

Estoy convencida de que Guatemala tiene en sus manos una oportunidad única. El turismo rural y comunitario puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible, identidad cultural y empoderamiento local. No es una moda ni un discurso bonito: es una necesidad urgente.

El país que heredemos dependerá de cómo hoy pongamos en valor a nuestras comunidades. Si seguimos viendo el turismo como una industria para unos pocos, perderemos la riqueza más grande que tenemos: la vida cotidiana de quienes mantienen vivas las tradiciones, los saberes y la tierra.

El futuro del turismo en Guatemala no está solo en los destinos tradicionales, los grandes hoteles ni en las postales repetidas. Está en los telares de Totonicapán, en los cafetales de Cobán, en las caminatas al amanecer en Huehuetenango, en la sonrisa de una niña que explica cómo su madre prepara el atol blanco.

Guatemala no necesita inventarse un relato turístico: ya lo tiene, y está en sus pueblos. El reto es decidir si lo apoyamos y lo convertimos en política de Estado, o si lo dejamos seguir creciendo de manera aislada, pese a los obstáculos.

El turismo rural y comunitario no es solo una opción. Es el futuro. Y ese futuro empieza hoy, en cada comunidad que decide abrir sus puertas y en cada visitante que elige viajar con sentido.

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Proponen ventanilla única y más apoyo estatal para construir plantas y torres de energía

Thu, 09 Oct 2025 12:00:00 +0000

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Proponen ventanilla única y más apoyo estatal para construir plantas y torres de energía

Sector pide reducir burocracia y brindar mayor acompañamiento estatal y municipal en proyectos adjudicados en el programa de contratos conocido como PEG-4. Digitalizar gestiones y especializar alcaldías son propuestas.

Valeria Ruiz

9 de octubre de 2025 | 06:00h

El grupo de contratos de la PEG-4 se caracteriza por privilegiar fuentes renovables como hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas. En total participaron más de 15 empresas. (Fotoarte Prensa Libre: Freepik)

Simplificar y digitalizar los trámites, crear una ventanilla única para el sector Energía y fortalecer a los ministerios de Ambiente y Energía con personal técnico adicional para agilizar la evaluación ambiental son acciones críticas para que los próximos proyectos energéticos concluyan su etapa de construcción y entren en operación en el tiempo preestablecido. También se requiere mayor apoyo de las municipalidades, con trámites específicos para el sector.

Ese es el consenso entre actores —expertos y empresas— consultados en el marco de los proyectos de la cuarta licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG-4). Se trata de contratos adjudicados desde el 2023, cuyas plantas deberán comenzar a operar entre el 2026 y el 2028, según la tecnología y el avance de cada obra. Fuentes como la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) estiman una inversión de US$400 millones en un proceso diseñado para asegurar 235 megavatios (MW) de nueva capacidad, con el objetivo de abastecer a las distribuidoras Energuate y EEGSA mediante contratos de hasta 15 años.

Este grupo de contratos se caracteriza por privilegiar, en alto porcentaje, fuentes renovables como hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas. En total participaron más de 15 empresas, que comprometieron cerca de 400 MW de nueva capacidad.

Sin embargo, tras la adjudicación, el panorama muestra avances desiguales. Algunos proyectos avanzan conforme al cronograma, mientras que otros enfrentan retrasos por trámites ambientales, ausencia de permisos municipales claros, conflictividad social y restricciones en la red de transmisión.

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Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas, indica que la mayoría de los proyectos de la PEG-4 “están en tiempo, especialmente los solares. Pero hoy se están yendo a modalidad híbrida. Una hidráulica pequeña está agregando paneles solares. Y esto dependerá de la visión que tenga el propietario: si le pone baterías o no le pone baterías”.

Ventanilla única y acompañamiento

Hay consenso en que una de las principales limitaciones para el desarrollo está en el área ambiental. Otto Armas, gerente de Proyectos de Enernova, explica que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) enfrenta una alta congestión de expedientes y carece de suficiente personal técnico para evaluarlos con rapidez. “Los estudios que presentan los inversionistas suelen ser muy completos, pero la institucionalidad no tiene capacidad suficiente para analizarlos con agilidad. Cada mes de retraso significa pérdidas económicas y riesgos para el Estado”, señala.

Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), considera que “muy rápidamente, saliendo de la PEG-5, debe de venir la PEG-6, aunque sea con un volumen de demanda mucho menor. Luego que el Ejecutivo nos apoye con una ventanilla única, por llamarla de alguna manera”.

Añade que esta ha sido una iniciativa “que hemos tenido durante muchos años: que haya una ventanilla única con expertos en energía eléctrica para resolver los temas ambientales y normativos por el lado del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Y esta unidad, digamos, muchas veces la excusa es el financiamiento o el presupuesto, pero eso se resuelve. Necesitamos mucha voluntad política”, señala.

Para González, también es clave el acompañamiento de las autoridades en el desarrollo de los proyectos. “Es decir, te adjudican una planta en algún lugar del interior y anda a ver cómo resuelves los problemas comunitarios, sociales, de ausencia del Estado, con las municipalidades, las autoridades locales. Por supuesto que es responsabilidad nuestra resolverlo, pero también del Estado”, indica. Y complementa: “Si el Estado no participa activamente en conjunto con nosotros para resolver que los proyectos salgan adelante, el impacto que tiene es sobre toda la población”.

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A esta saturación se suma la complejidad de cumplir con la normativa técnica de conexión al Sistema Nacional Interconectado (SIN), que exige pasos largos y poco claros. Según Armas, los tiempos de espera en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) son prolongados y la información no siempre está disponible.

Raúl Buscayrol, expresidente de la Cámara de Industria y representante de la gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica, recuerda que Guatemala acumula más de 4 mil trámites en distintas instituciones. En el caso de la energía, esto se traduce en una larga espera para licencias ambientales, permisos municipales y autorizaciones de conexión. “El problema no es solo el tiempo que se pierde, sino la discrecionalidad. Al no ser procesos digitales, transparentes ni trazables, se abre espacio a la subjetividad y, en algunos casos, a la corrupción”, advierte.

La consecuencia inmediata, señala, es que el país corre el riesgo de incumplir contratos. “Si se adjudican proyectos, pero no logran construirse por trabas burocráticas, terminaremos en arbitrajes internacionales. Eso echaría por la borda la certeza jurídica que históricamente ha distinguido al sector eléctrico guatemalteco”.

Beatriz Lara, gerente regional de Energía de Progreso, considera que la gestión social debe verse como un componente estructural de los proyectos. “No basta con cumplir trámites. El gobierno debe acompañar a los inversionistas en el diálogo con comunidades, porque estos proyectos son para el bien del país y no pueden quedar atrapados en disputas locales”, afirma.

Según la ejecutiva, las municipalidades juegan un papel crucial, al conocer las necesidades de cada territorio, pero requieren apoyo del Estado para transmitir con claridad los beneficios.

Socializar y especialización municipal

Otro obstáculo señalado por los desarrolladores es que muchas municipalidades carecen de normativa específica para obras eléctricas y aplican criterios de construcción civil a proyectos que, en su mayoría, son mecánicos o eléctricos. Esto, explica Armas, deriva en la creación de figuras administrativas improvisadas que encarecen los proyectos y alargan los cronogramas.

“Se idean licencias de construcción sin una métrica congruente, lo que genera costos adicionales y atrasos”, sostiene. En algunos casos, la falta de información ha llegado al punto de atribuir a las plantas solares impactos en la agricultura o en la disponibilidad de agua.

Ante este panorama, Buscayrol propone digitalizar y simplificar los trámites, de modo que sean transparentes, trazables y objetivos. Lara, por su parte, enfatiza la necesidad de acompañar a los inversionistas en la gestión social, con un rol más activo del Estado en la construcción de consensos.

Armas llama a fortalecer la capacidad técnica del MARN y de la CNEE para evaluar expedientes con mayor agilidad, además de reformar las normativas municipales y capacitar a los gobiernos locales en asuntos energéticos.

Para Lara, no se puede dejar de lado la infraestructura para transmisión y transporte de energía. Compara la situación con una autopista que no está lista para recibir el tráfico: “Podemos tener plantas listas para operar, pero si no hay líneas de transmisión suficientes, la energía se quedará estancada”. La inversión en infraestructura de transporte eléctrico, advierten los expertos, debe avanzar en paralelo con la nueva generación para evitar cuellos de botella que frenen el desarrollo.

Para Castro, el tema de la educación al llegar a las comunidades es “fundamental”. “Si usted llega a una comunidad, primero hay que buscar amistad. En San Mateo Ixtatán hay un ejemplo claro de que comenzaron a trabajar y la comunidad los sacó. Después le pusieron una demanda al Estado y el Estado tiene que pagar una millonada.

“Por ejemplo, hay una subestación en Camotán que tiene tres años de estar construida y no se puede energizar porque falta un tramo de cinco kilómetros por ahí. La gente no deja pasar la línea. El problema es para el país porque, a la larga, esa subestación, al terminar la concesión que tiene la empresa, esos activos pasan a poder del Estado de Guatemala”, ejemplifica.

Según Castro, de los 16 contratos hay uno que ya no existe: el del proyecto Río Hondo 2. “Este proyecto no caminó y está fuera. Nos quedan 15 proyectos. De esos, 12 son nuevos y están teniendo ampliaciones; se están volviendo modalidad híbrida. Si eran plantas que generaban con combustible fósil, les agregan paneles solares; entonces tienen la modalidad híbrida y pueden optar a un contrato más largo”, indica.

El caso más crítico es el de Río Hondo, según informó, ya que no suscribió el contrato y perdió la garantía que había presentado para respaldar su oferta. Esto implica que este proyecto ya no sigue adelante, porque sin contrato firmado no hay obligación de construir ni derecho de vender la energía adjudicada.

“Si seguimos a este ritmo, nos podemos quedar sin energía eléctrica para atender la demanda del país, y eso sería desastroso. Venimos de una época en la que podíamos hasta exportar energía eléctrica al resto de países de Centroamérica. Actualmente, tenemos una falta de educación, comunicación y socialización de estos temas, y hay mucho por hacer. Hoy la demanda se acerca peligrosamente a la oferta y, si no se agilizan los proyectos, Guatemala podría quedarse sin energía suficiente para atender la demanda del país”, advierte Buscayrol.

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Proyecto solar en Jalpatagua denuncia desinformación y presiones para frenar construcción

Thu, 09 Oct 2025 12:00:00 +0000

energía

Proyecto solar en Jalpatagua denuncia desinformación y presiones para frenar construcción

Pese a tener licencias ambientales vigentes, alcaldía del municipio de Jutiapa no ha dado los pasos para que la obra avance, aduciendo oposición de grupos de pobladores. Empresa valora desviar inversión a otra región del país.

la Redacción

9 de octubre de 2025 | 06:00h

El proyecto Santo Tomás se plantea como una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia máxima de 100 MW para inyectarse al Sistema Nacional Interconectado. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El proyecto solar Santo Tomás es una de las 11 plantas nuevas de generación de energía licitadas en el 2023 para la PEG-4.

De acuerdo con un comunicado de Solar El Progreso, responsable del desarrollo de la obra, “algunos actores sociales y políticos han manipulado la información y difundido desinformación sobre el proyecto, motivados por intereses ajenos al bienestar comunitario, generando tensión en la zona. Pese a ello, la mayoría de los líderes comunitarios y varios concejales municipales han expresado su respaldo al proyecto, reconociendo sus beneficios en empleo, desarrollo económico, educación y sostenibilidad ambiental, aunque muchos prefieren no hacerlo público, por temor a represalias y presiones locales”.

El proyecto Santo Tomás se plantea como una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia máxima de 100 MW para inyectarse al Sistema Nacional Interconectado. Estará ubicada en el kilómetro 98.5 de la carretera a El Salvador, en Jalpatagua, Jutiapa, donde se instalarán 255 mil 556 paneles solares.

Según la resolución CRIE-31-2024, emitida por la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), que aprueba la conexión del proyecto a la Red de Transmisión Regional (RTR) de Guatemala, este ya cuenta con licencias ambientales tanto para la planta solar Santo Tomás como para la línea de transmisión y la subestación Santo Tomás. Dichas licencias vencen el 30 de mayo del 2026 y el 26 de enero del 2026, respectivamente.

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Pese a que se otorgaron las licencias respectivas, además de que no se han otorgado los permisos municipales pertinentes, “representantes de la empresa han sido objeto de presiones indebidas, las cuales han sido documentadas y denunciadas ante las autoridades competentes”, continúa el comunicado.

Posturas

Armando Vásquez, alcalde de Jalpatagua, afirmó a Prensa Libre que este proyecto ya se lo habían propuesto al jefe edil anterior. “Al parecer, por algunas circunstancias no lograron llegar a ningún acuerdo. Creo que se manejó mal la información con las comunidades”, indicó.

Según el actual jefe edil, existe cierto “temor”, porque se ha difundido la idea de que los paneles solares pueden ocasionar “que el municipio sea más caluroso” o que les “quiten espacio a los agricultores”. “A ellos les habían dicho que, si pasaba un pájaro encima de los paneles solares, se quedaba pegado, o que, si había ganado alrededor, se iba a morir; y nos fuimos dando cuenta de que no era así”, dijo Vásquez.

El alcalde aseguró que este asunto se ha tratado en reuniones con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Según Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas encargado del área energética, si se busca avanzar, habrá que esperar un cambio de autoridades o en la mentalidad de la población.

Vásquez, en cambio, sostuvo que “la decisión radica exclusivamente en lograr consensos con las comunidades”.

Proyecto: “Sí hay dialogo”

El comunicado del Proyecto Santo Tomás afirma: “Se ha implementado desde 2019 un proceso sostenido, transparente y participativo de información y diálogo con las comunidades del área de influencia, en cumplimiento de la normativa nacional y los principios de responsabilidad y respeto que guían nuestras operaciones”.

“A lo largo de estos años, la empresa ha llevado a cabo talleres, reuniones, entrevistas y asambleas comunitarias con los Cocodes de las comunidades de San Francisco, Tierra Blanca, El Retozadero y El Aceituno, así como presentaciones ante el Concejo Municipal de Jalpatagua y visitas de intercambio a proyectos solares en operación, con participación de autoridades locales y comunitarias”, añade el texto.

Indica que “esto ha permitido brindar información técnica y ambiental, atender inquietudes y fortalecer la confianza con los vecinos, reafirmando el compromiso de Solar El Progreso con el desarrollo local, la educación, la agricultura familiar y la protección ambiental”.

Consultado al respecto, Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), explicó: “El alcalde, en nuestros municipios, juega un rol bien importante, y en muchos casos es a quien la gente le hace caso. Entonces, si el alcalde es proactivo y se vuelve un promotor de fuentes de trabajo, de proyectos de responsabilidad social empresarial, va a ser héroe de su comunidad. Pero si se vuelve una piedra de tropiezo con el simple hecho de no hacer algo para que el proyecto salga adelante, pues las cosas van a seguir como están”.

Castro declaró, por su parte: “El alcalde había dicho que sí. Luego, el Concejo Municipal dijo que no. En este caso, pesa más el Concejo”.

Pero el comunicado en mención advierte de que, “si no se permite el desarrollo del proyecto en Jalpatagua, la empresa trasladará su inversión a otra región del país, llevando con ella el empleo y desarrollo que este proyecto representa, y deducirá las responsabilidades legales correspondientes frente a quienes obstaculicen un proyecto que cumple con todos los requisitos técnicos, sociales y ambientales establecidos por la ley.

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Proponen agilizar 10 trámites para negocios de alimentos, medicinas y cosméticos

Thu, 02 Oct 2025 12:00:00 +0000

estado digital

Proponen agilizar 10 trámites para negocios de alimentos, medicinas y cosméticos

El MAGA, MSPAS y MARN son las tres carteras priorizadas para corregir la barrera de trámites del Estado que tienen que ver con la facilitación del comercio.

Ana Lucía González

2 de octubre de 2025 | 06:00h

Analistas señalan la importancia de medir los procesos en el sector público para saber si se avanza y evitar acciones aisladas, pese a que se han digitalizado más de 900 trámites. (Foto Prensa Libre: Freepik)l

Hace seis meses, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó el Informe de Estimación Nacional de Comercio 2025, sobre barreras al comercio exterior. El documento identificó una serie de obstáculos a la inversión en múltiples socios, entre estos, Guatemala, en el que señala una serie de barreras no arancelarias relacionadas con las licitaciones públicas, regulaciones técnicas, fitosanitarias, aduaneras, de propiedad intelectual, y otros procesos burocráticos que obstaculizan la inversión estadounidense en el país.

El informe fue uno de los argumentos del presidente Donald Trump para imponer barreras arancelarias del 10% a Guatemala, lo cual ha presionado al país al gobierno a apresurarse para enmendar este rezago.

Las fallas comienzan desde trámites largos en la importación, barreras en el comercio, compras del sector público, propiedad intelectual, servicios, inversión, derechos laborales y otras que fueron identificadas por el USTR. En respuesta, la ministra de Economía, Gabriela García, reconoció estas barreras “no arancelarias” y ofreció avances en el corto plazo.

Las tres carteras identificadas con alta prioridad para corregir estas barreras técnicas, con trámites largos y engorrosos, fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Ambiente (MARN). Sin embargo, el rezago alcanza también al Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sin excluir a casi todo el Ejecutivo, municipalidades y demás instituciones del Estado que atraviesan la misma problemática.

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Ana Isabel Antillón, líder de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, resume la situación con este ejemplo: “En el MSPAS te piden completar un formulario en Google, pero tienes que convertirlo a PDF, lo imprimes y luego se entrega en ventanilla, ¿de qué sirve la tecnología entonces?”, cuestiona.

Sigfrido Lee, analista del Cien, subraya la importancia de medir los procesos para saber si se avanza y evitar acciones aisladas que no cambian el resultado total. Destaca la digitalización como una herramienta crucial para transparentar, agilizar y hacer accesibles los procesos, eliminando excusas para la informalidad. “La digitalización debe ir acompañada de una transformación”, aclara.

La queja del principal socio comercial del país ha puesto sobre la mesa la importancia de una discusión postergada en un eje básico de la transformación digital: trámites que no se simplifican. Analistas, funcionarios de gobierno y sector privado, exponen sus puntos de vista y plantean soluciones para una problemática difícil de cuantificar en tiempos y costos, pero con el objetivo común de concretar una meta trazada hace más de una década: una Nación 100% digital.

Trámites, un eslabón básico

De acuerdo con el documento “El fin del trámite eterno”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018, el trámite es la unidad más pequeña de la política pública. Desde obtener una partida de nacimiento, registrar una propiedad o abrir un negocio, es lo que conecta a los ciudadanos y a las empresas con su gobierno. La agilidad de los mismos tiene un impacto positivo en el clima de negocios, la percepción ciudadana y el acceso a servicios de primera necesidad. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la palabra “trámite” es sinónimo de dolor de cabeza.

Un ejemplo de esta situación es el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MSPAS. Una de las direcciones – con el mismo nombre – tiene a su cargo tres departamentos relacionados: control de alimentos, productos farmacéuticos y afines; y control de establecimientos de salud.

Estos departamentos se vinculan con la industria exportadora para otorgar una serie de permisos relacionados con alimentos, medicamentos y cosmética, higiene personal o de casa.

Este es el detalle:

Trámites clave de alimentos e importaciones

Registro Sanitario de Alimentos y renovación de registro
- Tiempo anterior:
  - Nuevo: 1 mes
  - Renovación: 1 mes
  - Alto riesgo (pasa por LNS): 4 meses
- Tiempo actual:
  - Nuevo: 3 semanas
  - Renovación: 1 mes
  - Alto riesgo (pasa por LNS): 2 a 3 meses
Certificación Sanitaria de Importación (importante para exportadores por la importación de materia prima)
- Tiempo anterior:
  - Apostillado: 3 semanas
  - Sin apostilla: 1 semana
  - De un día a otro
- Tiempo actual:
  - Apostillado: 1 mes
  - Sin apostilla: 1 semana

Certificado de Libre Venta

Tiempo anterior: 1 día
Tiempo actual: 1 día

Trámites clave de medicamentos y productos afines

Registro Sanitario de Medicamentos
- Tiempo anterior:
  - Registro nuevo: 10 meses
  - Modificación de registro: 6 meses
- Tiempo actual:
  - Registro nuevo: 14 a 24 meses
  - Modificación de registro: 10 meses
Renovación de Registro Sanitario
- Tiempo anterior: Renovación de registro: 8 meses
- Tiempo actual: Renovación de registro: 12 meses
Registro sanitario de producto afín
- Tiempo anterior: Registro nuevo: 1 a 3 meses
- Tiempo actual: Registro nuevo: 7 a 9 meses
Renovación de registro sanitario
- Tiempo anterior: 1 mes
- Tiempo actual: 5 a 7 meses
Certificado de libre venta de medicamentos / productos afines / plaguicidas
- Tiempo anterior: 10 días
- Tiempo actual: 15 días
Inspección de buenas prácticas de manufacturas de medicamentos
- Tiempo anterior: 4 meses
- Tiempo actual: 5 meses
Inspección de buenas prácticas de manufacturas laboratorios afines, naturales, oficinales y fábricas
- Tiempo anterior: 2 meses
- Tiempo actual: 4 meses

El departamento de prensa respondió que estos tres departamentos evalúan alrededor de 300 mil solicitudes anuales, entre aprobadas y rechazadas. En cuanto a la digitalización, en agosto se implementó el Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT), además de próximos lanzamientos en octubre y noviembre para avanzar en la transición de trámites físicos a digitales.

Reconocen que los trámites más críticos para el sector privado son las licencias sanitarias, los registros sanitarios y los permisos de importación de productos regulados. “Actualmente se desarrollan nuevos sistemas informáticos, acompañados de capacitaciones y talleres con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y fortalecer la eficiencia en la gestión”, indicó la oficina de prensa del MSPAS por escrito, aunque no se concretó la entrevista presencial.

El Comisionado de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), Edie Cux, señala que se ha avanzado, aunque admite que el MSPAS ha enfrentado retos en la implementación de la simplificación. Sin embargo, dicha comisión les ha brindado acompañamiento, y en octubre esperan liberar trámites relacionados con medicamentos y tarjetas de salud.

“En el Ejecutivo hemos pasado de 23 trámites simplificados a 840 en agosto de 2024, más 13 adicionales en los Ministerios de Gobernación y Salud; en total alrededor de 950 trámites en línea, algunos 100% digitales que cumplen los criterios del BID”, asegura Cux.

Ven falta de voluntad política

Otra situación que muestra el bajo desempeño es la inscripción de una sociedad. Fue el caso de un inversionista mexicano que solicitó registrar su nueva empresa a través del e-portal. Esta debía ser revisada por la SAT en tres días hábiles. Por un problema en la creación de la agencia virtual del representante legal, el trámite quedó inconcluso, atribuyendo la falla a un “colapso del sistema”.

Este y otros tropiezos siguientes demoraron la inscripción de la empresa hasta cuatro semanas, con costos adicionales para el inversionista, sin que existiera un canal institucional que explicara con claridad los motivos de cada demora, de acuerdo con una segunda fuente del sector privado que pide no ser citada.

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Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, coordina cinco registros adscritos, siendo el Mercantil el que opera con mayor volumen. En el 2024, se inscribieron más de 380 mil operaciones. Y en el curso de este año, los cinco registros suman más de 500 mil inscripciones.

Asegura que ya están interconectados con entidades como la SAT y el Renap, en donde el 95% de los trámites en los cinco registros ya están digitalizados. “Parte de las dificultades no es por falta de voluntad, sino una revisión normativa, además de recursos financieros para modernizar las plataformas y mejorar formas de pago, con soluciones tecnológicas en el corto plazo”.

Por su parte, Luis de la Roca, registrador mercantil, explica que los tiempos de tramitación promedio son de dos días para empresas y comerciantes individuales; y seis días para sociedades mercantiles.

“Este registro tiene el 100% de sus trámites digitalizados, puesto que cada vez más usuarios usan los servicios en línea”, indica. Están interconectados con la SAT y el RENAP. Para reducir tiempos y evitar rechazos se implementan una serie de acciones, como la digitalización, con hasta el 83% de sociedades inscritas en forma digital. Modernización, a través de la mejora continua de plataformas; simplificación de requisitos, como “eliminar fotocopias”, guías registrales, capacitaciones, implementación de inteligencia artificial para el 2026, que evitará rechazos de expedientes y un chat interactivo que mejore la eficiencia de los servicios.

Discusión postergada

De acuerdo con Antillón parte de las razones de este rezago se debe a una discusión que no se ha tenido por muchos años, donde el funcionario público debería ejercer una función más sustantiva, como el análisis de expedientes, en vez de limitarse a recibirlos y poner un sello.

“Hace falta voluntad política y visión de la atención del ciudadano como prioridad para todos los servicios. Esto alcanza a todas las instituciones, en donde las quejas de los ciudadanos tienen un impacto en tiempo, costos y movilidad”, expone. Además, parte de la problemática es que los trámites digitalizados funcionan en los ministerios como islas, sin comunicar información con el resto de instituciones. Esto hace que se pierda competitividad, para los ciudadanos y como país, comenta.

Para Lee, parte del problema es que se corrió con cumplir con la ley y digitalizar los formatos, pero no se corrigieron los procesos. “Esto lleva a automatizar los vicios de los procesos, en lugar de simplificarlos primero”, señala.

“Hace falta voluntad política y visión de la atención del ciudadano como prioridad para todos los servicios. Esto alcanza a todas las instituciones, en donde las quejas de los ciudadanos tienen un impacto en tiempo, costos y movilidad”.

Ana Isabel Antillón, líder de la Mesa Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene

Considera que la falta de transparencia en la publicación de los tiempos de los trámites por parte de cada ministerio contribuye a una percepción negativa, a pesar de que pueden darse mejoras parciales. Así, un empresario puede tardar entre seis y 18 meses en iniciar operaciones porque, aunque tenga permisos de algunas instituciones como la SAT o el Registro Mercantil, le faltan los del Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente.

Cita el caso de un migrante en Los Ángeles que no puede comprar una casa en Guatemala sin viajar al país, a pesar de que la firma electrónica podría facilitar este proceso. Enfatiza que el problema no es la digitalización, sino los procesos. “El país falla en que, a pesar de tener trámites digitales, aún se requiere la presencia física en ventanillas”, subraya Lee.

Cacif: “Hay impacto económico”

Para el presidente del Cacif, Charles Bland, los avances en la simplificación de trámites en Guatemala han sido pocos, a pesar de la insistencia. De esa cuenta, la lentitud en los procesos, trámites y resoluciones tiene una serie de impactos económicos, como que las empresas pequeñas deben dedicar una parte importante de sus recursos a personal para gestionar, lo que les resta competitividad y posibilidades de desarrollo.

“Aunque no hay indicadores específicos de las pérdidas económicas, la tramitología encarece los productos para el consumidor final”, asegura Bland.

En el afán de proponer mejoras, comenta que Cacif ha tenido acercamientos con el Ministerio de Economía, de Salud y otros para apoyar la digitalización y facilitación de trámites, buscando que los requisitos sean mínimos, fáciles de cumplir y con tiempos claros.

“La razón de la persistencia de muchos trámites, incluso digitalizados, se atribuye a una cultura burocrática donde se le da más importancia al proceso que al resultado. Por eso se busca un balance de trámites mínimo necesario, lo que aumentaría la competitividad del país”, asegura.

A lo que Lee añade que la competitividad en general – aranceles, infraestructura, trámites – facilita incursionar en nuevos mercados.

Un nuevo modelo de gobernanza

Para Antillón debe darse una actividad interconectada, interoperabilidad, en donde la entidad coordinadora -GAE- tenga un rol vinculante con estándares, indicadores de desempeño y otros.

El Comisionado de la GAE es consciente de este necesidad y añade que para que los trámites sean efectivos una vez simplificados y digitalizados, dicha Comisión promueve estándares como la trazabilidad de la información, ciberseguridad, interoperabilidad, pasarelas de pago, resultados electrónicos y el uso de firma electrónica avanzada.

Para abordarlo, anuncia la firma de un apoyo para el gobierno de Guatemala para fortalecer la gobernanza electrónica con la Unión Europea, e implementada con Estonia, por un monto de 2 millones de euros no reembolsables.

Consciente de esta limitación, propone tres soluciones para los próximos meses enfocadas en: propiciar la conversación sobre protección y gobernanza de datos; seguimiento a entidades clave como Salud, Agricultura y Ambiente, para mejorar los controles de calidad y por último, actualizar el Acuerdo Gubernativo de la GAE para fortalecer la coordinación y rectoría.

Charles Bland considera que para avanzar, se necesita la voluntad de los ministros y la presión del presidente para que la digitalización y la facilitación de trámites sean una prioridad, ya que la falta de agilidad en los registros afecta la economía. “La colaboración del sector privado está disponible, pero la presión debe venir desde el gobierno”.

Con información de Ximena Santiago.

Línea temporal de la GAE

Los primeros esfuerzos por la rendición de cuentas y digitalización del país comenzaron en el 2012, con la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret). La instancia perdió fuerza y con la crisis política se debilitó. Posteriormente fue desactivada. En el 2016, el gobierno de Jimmy Morales crea la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) que sustituyó a la Copret con el fin de promover de nuevo el gobierno digital.
Uno de sus cuatro ejes de trabajo es la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, amparado en el Decreto 5-2021, concebido para modernizar la gestión administrativa del Estado.
Edie Cux, coordinador y director ejecutivo de la GAE, indica que esta ley establece un seguimiento general para dicho ente, excepto los relacionado con el comercio exterior, que es competencia del Ministerio de Economía.
La GAE tiene un presupuesto ordinario de Q14 millones en 2025. Parte de sus limitaciones es que no tiene un rol vinculante, sino de asesor en el Ejecutivo. “La ley otorga facultades, pero no una rectoría con capacidad de control, regulación y sanción; apostamos por la gobernanza para fortalecer sus capacidades y vinculación política con las autoridades, lo cual es clave para avanzar”, asegura Cux.

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Opinión: Digitalizar registros públicos es clave para generar confianza

Thu, 02 Oct 2025 11:58:00 +0000

certeza jurídica

Opinión: Digitalizar registros públicos es clave para generar confianza

Llevar los trámites a lo electrónico es una acción que debe ir más allá de la digitalización: urge liderazgo con visión institucional y enfoque ciudadano.

Christian Villatoro

2 de octubre de 2025 | 05:58h

La resistencia a la modernización, la brecha digital, la corrupción y, en algunos casos, los propios sindicatos de los registros públicos han retrasado por años la incorporación de medios digitales en esas instituciones. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los registros públicos desempeñan un papel importante en la sociedad. En ellos se inscriben actos y hechos jurídicos de trascendencia que, al estar debidamente registrados, generan la certeza jurídica correspondiente en un Estado de derecho.

Diversas situaciones, como el nacimiento, el matrimonio, la muerte, los derechos de propiedad sobre un bien inmueble o la constitución de una sociedad anónima, se inscriben en el Registro Nacional de las Personas, el Registro General de la Propiedad y el Registro Mercantil.

El objetivo de las inscripciones registrales es brindar seguridad y certeza jurídica a situaciones de carácter social y económico que pueden surgir en la vida de las personas, como las mencionadas anteriormente. La información contenida en los registros permite que cualquier persona conozca el contenido de las inscripciones, por ejemplo, el estado civil de una persona o si un bien inmueble está hipotecado.

Hasta hace algunas décadas, los registros públicos realizaban las inscripciones de forma manuscrita en libros compuestos de varios folios. Estos documentos debían conservarse en buen estado para resguardar la información y emitir certificaciones cuando fueran requeridas. Sin embargo, estaban expuestos a las inclemencias del tiempo, lo que ocasionaba deterioros inevitables y, en algunos casos, pérdidas irreparables por incendios o inundaciones.

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No resistirse a la modernización

Esa forma de llevar los registros ocasionaba que los trámites demoraran semanas o incluso meses, lo cual afectaba directamente a los usuarios, al desarrollo de los negocios y, por supuesto, a la inversión, tanto nacional como extranjera, ante la ausencia de certeza legal.

La resistencia a la modernización, la brecha digital, la corrupción y, en algunos casos, los propios sindicatos de los registros públicos han retrasado por años la incorporación de medios digitales en esas instituciones. Sin embargo, con el tiempo se han logrado superar algunos de esos obstáculos.

Con la llegada de la tecnología a mediados de los años noventa comenzó la era de la digitalización. Se inició con el escaneo de los libros antiguos para resguardar todas las inscripciones que contenían, y se generaron varias copias de esa información para garantizar la seguridad de los usuarios. También comenzó el uso de los registros electrónicos.

Este primer paso se dio en el Registro General de la Propiedad, institución pionera en el uso de la tecnología en Guatemala. Posteriormente fue replicado por el Registro Mercantil, los registros civiles —a través del Registro Nacional de las Personas— y otras entidades que hoy se encuentran en etapa de actualización.

Transparencia y rapidez

La modernización y el acceso remoto a los registros han significado eficiencia, rapidez y transparencia en la tramitación de solicitudes, al tiempo que brindan seguridad y confiabilidad a esas instituciones.

En el Registro General de la Propiedad, actualmente es posible presentar documentos en forma electrónica para solicitar su inscripción. El testimonio de la escritura pública es escaneado y suscrito con la firma electrónica avanzada del notario, para luego ser cargado en la plataforma creada para ese fin. Los aranceles e impuestos pueden pagarse mediante banca electrónica o con tarjetas de crédito o débito, según el caso. Una vez completada la inscripción, las razones pueden descargarse desde la página web sin necesidad de acudir al Registro, lo cual resulta útil para los usuarios, sin importar en qué departamento del país se encuentren.

Otros registros también son ejemplo del uso eficiente de la tecnología. Entre ellos se pueden mencionar el Registro Mercantil, el Registro de Garantías Mobiliarias, el Registro Nacional de las Personas y el Registro de la Propiedad Intelectual.

El Registro Mercantil fue el primero en autorizar a los notarios el uso de la firma electrónica avanzada. Hace más de diez años, se implementó el sitio web www.minegocio.gt. que permitió gestionar a distancia la inscripción de sociedades mercantiles. Este sistema facilitaba el registro de una sociedad en un plazo de entre ocho y quince días hábiles. Sin embargo, aún era necesario acudir de forma presencial al registro para presentar los documentos originales, entregar sus copias y recoger las razones y patentes, lo que restaba eficiencia al proceso.

En la actualidad, el Registro Mercantil ha avanzado considerablemente en el uso de la tecnología. La inscripción de una sociedad mercantil puede hacerse completamente en línea y se efectúa de forma simultánea en la Superintendencia de Administración Tributaria. Usualmente, el trámite se completa en un plazo que rara vez excede los tres días hábiles, lo cual representa un avance positivo para el clima de negocios en el país.

Revertir el rezago

No obstante, no todo es favorable. Algunos registros se han rezagado significativamente en la modernización de sus procesos, por lo que deberán tomar medidas urgentes para ponerse al día con esa tarea pendiente, que sin duda afecta tanto a los usuarios como al país.

Todo esfuerzo encaminado a mejorar la gestión de los registros públicos es plausible. En la medida en que los ciudadanos perciban un sistema transparente y eficiente, aumentará la confianza en las instituciones. Esto contribuirá a fortalecer el Estado de derecho y generará certeza jurídica, abriendo paso a una mayor inversión, tanto nacional como extranjera.

Debemos ser conscientes de que los avances tecnológicos en esta época son constantes. El acceso remoto a los registros, el uso de la firma electrónica avanzada y la digitalización de documentos ya no son suficientes. Nos encontramos en una nueva etapa, en la que la incorporación de la inteligencia artificial plantea un nuevo desafío.

Como reto legal, será necesario afrontar posibles reformas legislativas que permitan la incursión en nuevas tecnologías. Esto generará debates en torno a la seguridad y fiabilidad de los medios empleados, y exigirá una especial atención en la protección y resguardo de los datos personales, información privada que será manejada por sistemas de inteligencia artificial.

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Del puerto al cliente: Cómo es el viaje de una estufa en Guatemala y qué puede mejorar

Thu, 25 Sep 2025 12:00:00 +0000

NEGOCIOS

Del puerto al cliente: Cómo es el viaje de una estufa en Guatemala y qué puede mejorar

Productos como la línea blanca o los automóviles fluyen con incentivos en zonas económicas de desarrollo especial en Guatemala. Sector propone mejoras en transporte y gestión para atraer más empresas.

Ximena Santiago

25 de septiembre de 2025 | 06:00h

En el 2024 se exportaron desde zonas francas US$942.3 millones, el 6.3% del total nacional. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Cada día llegan a los puertos de Guatemala contenedores con materia prima destinada a transformarse en nuevos productos, como el acero, que luego se venden localmente o se exportan, como los electrodomésticos. Entre el segundo y tercer día de su llegada, el importador realiza la papelería necesaria para el transporte afianzado que traslada la carga hacia una Zona de Desarrollo Económico Especial Pública (ZDEEP). Esta gestión se hace entre tres y siete días, debido a la escasez de camiones autorizados.

Aproximadamente entre los días 8 y 12 cuando la mercancía, por ejemplo, una estufa, es revisada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se puede complicar el flujo. En este caso, si requiere inspección de otras entidades, como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) o el Ministerio de Salud, estas deben hacerse en el puerto, pues dichas instituciones no tienen presencia en la zona.

Una vez en la ZDEEP, las piezas de acero se trabajan para ensamblar una estufa, pero surgen nuevos desafíos, como el manejo de los residuos. La estufa terminada queda lista para salir de la zona, ya sea con destino de exportación o para su venta en Guatemala. Este último tramo puede demorar entre cuatro y siete días más, por la necesidad de transporte afianzado para la exportación.

El proceso continúa con trámites como la transmisión de la declaración de mercancías (día 8) y la presentación en puerto con pagos por demora y almacenaje (día 9). El día 12 se retira el contenedor del puerto, ingresa a la ZDEEP y comienza el control aduanero con participación del usuario, la ZDEEP y la SAT. Desde entonces se preparan inventarios y documentos (2-3 días), se espera el transporte afianzado (4-7 días) y se realiza la revisión aduanera (1-2 días adicionales). Finalmente, la mercancía puede salir de la ZDEEP entre los días 20 y 24 aproximadamente.

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Hay consenso entre el sector y expertos de que hay ajustes que se pueden implementar para facilitar la operación de procesos como el descrito de las estufas y de otros sectores estratégicos.

Optimizar el proceso

El uso del marchamo electrónico, la coordinación interinstitucional y mayor claridad en los procesos y en las reglas son acciones claves que permitirían agilizar la competitividad en las Zonas de Desarrollo Económico Especial Público (ZDEEP).

En Guatemala existen regímenes de importación definitivos, temporales o suspensivos y liberatorios. Según información de la SAT, el régimen determina la obligación tributaria.

Uno de estos regímenes liberatorios son las ZDEEP, áreas extraaduanales para el desarrollo de bienes y servicios industriales o actividades comerciales. Estas cuentan con tarifas especiales, régimen aduanero temporal y comercio exterior, autorizadas por la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic). En este régimen, los usuarios se benefician de una exención del 100% del impuesto sobre la renta (ISR) durante 10 años, así como de la exención de timbres fiscales. Además, se suspende temporalmente el pago del IVA y de los derechos arancelarios para la importación de materias primas, maquinaria y otros insumos que ingresen a la zona.

La diferencia también se hace latente al comparar dos regímenes. Mientras que en una importación el tiempo depende del tipo de revisión aduanera —si sale selectivo rojo, la carga debe pasar por una inspección física en puerto, lo que puede tardar entre 12 y 21 días, según la disponibilidad de rampas—, en una ZDEEP el selectivo es normalmente verde; es decir, sin revisión física, lo que reduce el despacho a apenas tres a cinco días.

Wendy Mena, líder del equipo de Atracción de Inversiones de Invest Guatemala, asegura que estas zonas “ofrecen incentivos atractivos para inversionistas, por ejemplo el que puedan traer su maquinaria, traer materias primas, transformarlas y exportarlas a otros mercados, sin pagar aranceles ni IVA”.

La Ley de Zolic, que fue creada en 1973 y reformada en el 2008, requiere actualizaciones. “Hemos estado analizando que se necesitan algunos cambios en el reglamento de Zolic para la autorización y para determinar qué operaciones se pueden realizar como usuarios de zonas francas, específicamente de las ZDEEP”, señaló Edwin Curtidor, intendente de Aduanas de la SAT.

Marchamo electrónico

Para trasladar el producto del puerto a la ZDEEP, y viceversa, se requieren dos garantías: el transporte afianzado y el marchamo electrónico. “Se coloca con señal GPS, con lo cual la autoridad tiene control de toda la trazabilidad del movimiento”, explica Patricia Aguilar, directora de la gremial de logística adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Un problema por resolver es la escasez de pilotos y los costos logísticos que ello representa. Andrés Sandoval, gerente general de Zona Libre Quetzal, indica que en el país existe un déficit de 13 mil transportistas, lo cual genera una demanda elevada.

“Al seleccionar un transporte para realizar uno de estos movimientos, se debe reservar hasta concluir la operación. Esa es una de las razones por las cuales hay menor oferta de este servicio y, por ende, resulta más costoso”, indica Sandoval. Por ejemplo, el traslado de mercancía desde Puerto Quetzal a Zona Libre Quetzal —un tramo de cuatro kilómetros— puede costar entre Q3 mil y Q4 mil.

Interoperabilidad

Al llegar la mercancía a las ZDEEP, debe pasar por control aduanero, en el que participan el usuario, la ZDEEP y el delegado de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), para llevar control de inventario. “Inicialmente había un problema: se inspeccionaba todo lo que salía de la zona, lo cual era tedioso”, afirma Sandoval.

El ejecutivo indica que este proceso es ahora más ágil, gracias a que la revisión es selectiva. “Ha mejorado el entendimiento entre agentes aduaneros y portadores sobre cómo deben presentar los documentos. El porcentaje de mercancía inspeccionada ahora es mínimo”, asegura.

Según Ana Contreras, gerente de Agexport Consulting Group, cuando intervienen otras instituciones como los ministerios de Agricultura o Salud, si no tienen presencia en las zonas especiales, las revisiones deben hacerse en el puerto. “Esto implica una doble operación: revisión en el puerto y, nuevamente, en la Zona, por parte de la SAT, lo cual no facilita los tiempos de respuesta”, añade.

Otro punto es la interoperabilidad. “Nosotros trabajamos de forma digital; las demás instituciones aún dependen del papel”, comenta Curtidor.

Cuando la materia prima se transforma en un nuevo producto, surgen retos como el manejo de residuos, conocidos como mermas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Reglas claras

Cuando la mercancía entra a la ZDEEP, se debe registrar un inventario y emitir un documento de importación para controlar lo que se nacionaliza, lo que se exporta y lo que permanece en bodega.

Si la materia prima se transforma en un nuevo producto, surgen retos como el manejo de residuos. “Parte de la materia prima se convierte en producto terminado, pero un pequeño porcentaje queda como merma, lo cual debe ser controlado”, indica Sandoval.

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Para Contreras, es clave establecer reglamentos efectivos, y según la SAT, avanza en ese aspecto.

La solución inmediata, según Mena, es crear espacios interinstitucionales de diálogo, con el objetivo de “revisar cuáles son los retos que han enfrentado las empresas que operan en ZDEEP, lo cual encarece inicialmente esos procesos, por el costo de aprendizaje que implica”.

Si queremos que las ZDEEP se conviertan en un hu b de industrias, debe haber una empresa ancla y proveedoras que reciban insumos de inmediato”, indica Sandoval.

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ZDEEP: de cuellos de botella a motores de inversión para Guatemala

Thu, 25 Sep 2025 11:58:00 +0000

comercio

ZDEEP: de cuellos de botella a motores de inversión para Guatemala

El país avanza en la creación de condiciones para atraer multinacionales. Las zonas libres muestran cómo la cooperación público-privada puede transformar obstáculos en oportunidades.

Andrés Sandoval

25 de septiembre de 2025 | 05:58h

Las tres ZDEEP que hoy están en operación y abiertas a clientes —Puerta del Istmo, Michatoya Pacífico y Zona Libre Quetzal— han logrado atraer empresas y descentralizar la economía. En la foto, Zona Libre Quetzal, en Escuintla.

En las operaciones de una fábrica, una tienda, un importador, una empresa de logística o incluso en la economía de un país, siempre deben identificarse los cuellos de botella. Muchas veces, un solo embudo puede impedir que un negocio sea rentable y exitoso.

En el caso de Guatemala, esta podría ser la razón por la cual no logramos atraer a grandes empresas multinacionales industriales que podrían dinamizar nuestra economía, convertirnos en una potencia exportadora y, sobre todo, sacar a millones de guatemaltecos de la pobreza y la informalidad.

La oportunidad global

En Guatemala hablamos constantemente de los retos que debemos superar para atraer más inversión extranjera directa (IED). Sabemos que la infraestructura vial necesita mejorar, que nuestros puertos y aeropuertos deben modernizarse, que debemos seguir formando más mano de obra calificada y aprovechar mejor nuestro potencial en energías renovables. También es evidente que necesitamos agilizar y simplificar los trámites mediante ventanillas únicas. Son aspectos que ya se discuten y sobre los cuales comienzan a surgir soluciones tanto desde el sector público, con proyectos como la ampliación de Puerto Quetzal, como desde el sector privado, con carreteras como VAS y Xochi.

Sin embargo, todavía falta dar el salto de la conversación a la acción, de manera más decidida, para aprovechar plenamente las oportunidades globales. Y no hablamos de oportunidades pequeñas: desde el 2021, las condiciones internacionales han sido casi perfectas para Guatemala. Con cadenas logísticas fracturadas en Asia y Europa, una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y Asia, un conflicto en Europa y una creciente demanda mundial de energías renovables, nuestro país debería colocarse como una opción ideal para resolver muchos de los dolores de cabeza logísticos y productivos del mundo.

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A eso sumemos nuestras ventajas: moneda estable, macroeconomía ejemplar, ubicación estratégica con puertos en el Atlántico y el Pacífico, una población joven y una democracia que, con sus defectos, se mantiene estable y funcional.

Con este panorama, Guatemala debería ser candidata natural para atraer más multinacionales. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué no vienen más? La respuesta es sencilla, pero dura. Como cualquier empresa seria, las multinacionales y sus proveedores realizan estudios extensos y meticulosos. Investigan la macroeconomía, la educación, la certeza jurídica, la infraestructura, los costos de energía y vivienda, el salario mínimo, la estabilidad política, los tiempos de instalación y los incentivos que ofrece el gobierno local. No evalúan un solo país, evalúan muchos. Y luego comparan cada detalle en extensos cuadros de Excel que pasan por comités internos y rondas de análisis, hasta tomar una decisión. Ese proceso puede durar años.

Entre el inicio de la evaluación y la decisión final pueden ocurrir elecciones, crisis geopolíticas o cambios en alguno de los miles de indicadores que monitorean. Guatemala compite bien en varios rubros, pero apenas empezamos a estructurar una estrategia de atracción de inversión, mientras que otros países llevan 20 o 30 años haciéndolo de forma constante. Eso nos pone en desventaja, aunque muchos de nuestros vecinos quisieran tener todas las virtudes que mencioné de nuestro país.

El camino por recorrer

En este contexto, los desarrolladores de las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP) y de la Zona Libre de Industria y Comercio de Santo Tomás de Castilla (Zolic) hemos asumido un rol clave. Entre ambas figuras, hoy existen más de cinco millones de metros cuadrados de espacio industrial disponible, con más proyectos en camino. Hace apenas unos años, la falta de infraestructura adecuada para albergar empresas era uno de los cuellos de botella de Guatemala. También lo era la necesidad de contar con un régimen competitivo de incentivos aduaneros y fiscales que pudiera rivalizar con otros países. Esos obstáculos ya se resolvieron gracias a la labor conjunta de Zolic, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las ZDEEP, que han trabajado hombro a hombro para crear las condiciones necesarias.

Desde luego, aún quedan complicaciones. Todavía trabajamos en mejorar la compraventa entre usuarios para crear clústeres industriales, en agilizar los tiempos para la incorporación de nuevos usuarios y en reducir las fricciones burocráticas que retrasan la instalación de empresas, entre otros retos. Pero aquí hay un punto esencial: estamos identificando y resolviendo cuellos de botella específicos dentro de la operación de las zonas libres, y eso beneficia a todo el país.

Los avances que ya se observan no son casualidad. Las tres ZDEEP que hoy están en operación y abiertas a clientes —Puerta del Istmo, Michatoya Pacífico y Zona Libre Quetzal— han logrado atraer empresas y descentralizar la economía. Entre ellas, ya generan más de 5,000 empleos directos e indirectos, tanto de emprendimientos nacionales como de compañías internacionales, que van desde Japón hasta Costa Rica.

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Alianza para sumar

Este progreso no se explica únicamente por la iniciativa de los desarrolladores privados. Se ha construido gracias a una alianza genuina entre ZDEEP, SAT y Zolic. Esta es, en mi opinión, la alianza público-privada por excelencia. Si no hay cooperación constante, las posibilidades de que Guatemala atraiga nueva IED disminuyen. A eso se suman los esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía —a través de Pronacom y ProGuatemala— y la agencia Invest Guatemala. Con ello, empezamos a formar un equipo formidable.

Las empresas que ya operan en ZDEEP han logrado ahorrar tiempos logísticos, mejorar su flujo de efectivo, reducir sus costos sustancialmente y, por ende, competir regionalmente. En Zona Libre Quetzal nos han visitado empresas de todos los continentes e industrias que antes no sabían ni dónde quedaba Guatemala.

Las empresas regresan, nos toman en cuenta y los directores nos visitan. Puede que algunas se vayan con un vecino, pero ya estamos en la conversación. La voz de Guatemala empieza a correr y, con el esfuerzo de todos, otros regresan y el ciclo se repite hasta que se logre. Estamos apenas empezando y no debemos desesperar: el esfuerzo debe ser constante. No será fácil, pero estos últimos años nos han demostrado que, con trabajo en conjunto, los cuellos de botella pueden transformarse en oportunidades.

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Nueva oficina para carreteras podrá operar primeros proyectos viales en 2027

Thu, 18 Sep 2025 12:00:00 +0000

Infraestructura vial

Nueva oficina para carreteras podrá operar primeros proyectos viales en 2027

La DIPP, la nueva dirección para ver proyectos prioritarios ya designó gerente, definió su estructura y el directorio tiene reuniones semanales, pero el cronograma lleva seis meses de retraso.

Ximena Santiago

18 de septiembre de 2025 | 06:00h

Una de las tareas pendientes es el primer desembolso de Q30 millones para el ejercicio fiscal del 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A inicios de septiembre, los miembros de la Junta Directiva de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (Dipp) acordaron que esta nueva entidad será una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Con ello se ha dado un paso hacia su puesta en marcha, aunque aún faltan otros aspectos clave para que comience a operar y atender las carreteras centroamericanas y proyectos como anillos periféricos. “Hoy la Dipp ni siquiera tiene una sede específica; solo existe una sesión semanal en la que se reúne el directorio, pero aún no cuenta con oficinas, personal ni la institucionalidad necesaria para hacerse cargo de las carreteras centroamericanas”, indicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.

El proceso continúa con la creación del registro en los sistemas contables de la nueva entidad, la elaboración del manual especial, el clasificador presupuestario y su código administrativo. En palabras más sencillas, hace falta que desde Finanzas se abra una nueva cuenta administrativa, se registre en el sistema, se escriban las reglas para usarla, se ordenan sus gastos e ingresos y se le asigne un código para identificarla y operarla.

El primer desembolso

Uno de los pendientes es el primer desembolso de Q30 millones para el ejercicio fiscal del 2025. En el artículo 114 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Livp) se establece una de las primeras asignaciones de la Dipp para su funcionamiento: el Ministerio de Finanzas debe trasladar Q10 millones al Fondo Operativo y Q20 millones al Fondo de Infraestructura, plazos que vencieron en abril del 2025.

“Entre las particularidades de la ley está la creación de un fondo de proyectos viales prioritarios. La norma ordena que el ministerio traslade los recursos a este fondo, en particular al subfondo operativo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el fondo no ha sido constituido y es otro de los aspectos que debe resolver el directorio de la Dipp”, indicó Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado.

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Cabe recordar que la ley fue aprobada después del proceso presupuestario del 2025, por lo cual no se incluyó en el presupuesto. Para contar con ese fondo, la Dirección Técnica de Presupuesto debe identificar qué entidades no ejecutarán recursos y reasignar ese espacio a la Dipp. “Ya se identificó el espacio presupuestario para garantizar esta asignación prevista para este año y permitir el inicio de operaciones de la dirección”, aseguró el viceministro.

Por su parte, Zapata advirtió que el retraso en la entrega de los recursos ya afecta los plazos legales. “El incumplimiento de la ley está generando atrasos en los pagos y en los estudios que se puedan realizar, y esto retrasará la implementación en el mediano plazo, porque los proyectos que pudieron empezar el próximo año y los recursos que pudieron invertirse en carreteras el próximo año difícilmente se podrán ejecutar”, señaló.

El viceministro explicó que, para avanzar con el traslado de los fondos, ya se resolvió el primer requisito administrativo: la solicitud de un código institucional para la Dipp. “En un par de sesiones, la gerente mostró unos escenarios y hablamos de entre cuatro y seis semanas para realizar este proceso administrativo”, añadió. Melgar aseguró que, con la obtención del código, la Dirección Técnica de Presupuesto podrá registrar la estructura presupuestaria de la entidad, condición previa para que el ministerio traslade los recursos.

Reglamento en proceso

“Dentro del Ministerio de Finanzas y Segeplán se consideró importante empezar a elaborar los manuales de procedimientos para esta institución, así como los reglamentos operativos y el análisis de infraestructura técnica que se utilizará en la primera evaluación de la red vial”, señaló Zapata.

Uno de los avances es el reglamento: el Ejecutivo presentó un primer borrador al Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua). “El reglamento ayudará a definir la estructura orgánica de la dirección. Hay un primer diagnóstico que también debe hacerse en este periodo. Estos aspectos se están retrasando en el directorio”, indicó el viceministro.

Según autoridades del consejo, el reglamento debe facilitar el desarrollo de licitaciones y proyectos, evitar la centralización, el exceso de trámites y los legalismos. En el borrador, Cutrigua resalta seis puntos clave:

Objeto: regula procesos de planificación, ejecución y control de proyectos viales prioritarios con transparencia y eficiencia
Organización institucional de la Dipp: establece su estructura mínima: directorio, gerencia, subgerencias y comités ad hoc
Proceso de licitación y precalificación: regula procesos nacionales e internacionales, con precalificación técnica y financiera y registro electrónico obligatorio
Fondo para proyectos viales prioritarios (Fovip): crea y regula el fondo con exclusividad de financiamiento, aportes estatales y reembolsos de estudios
Adquisición del derecho de vía: establece procesos de negociación, indemnización o expropiación con compensación justa
Supervisión, sanciones y control de calidad: crea un sistema de control técnico permanente, mecanismos de intervención ante incumplimientos y sanciones administrativas o económicas

A criterio de Zapata, contar con el reglamento es urgente, así como generar los manuales que permitan contratar de forma más ágil al personal. “Si en este caso la ley contempla que no aplica en uno de los artículos lo relativo a la Ley de Servicio Civil y a la Ley de Salarios, esto implica que el mismo directorio deberá definir los instrumentos de contratación y remuneración”, indicó Melgar.

¿Una oficina lista para 2027?

Al ritmo actual de implementación, Zapata estima que el plan podría comenzar el próximo año, lo cual retrasaría la aplicación de toda la ley. “La norma ordena que antes de finalizar este año se presente un análisis de cómo está la red vial prioritaria —en este caso, las centroamericanas— y que se tenga un plan de infraestructura. A partir de mediados del 2026, cuando empiecen a funcionar los recursos del fondo, se podrán ejecutar proyectos, y en el 2027 se utilizarán los saldos de caja”, explicó.

Melgar señaló que “hay mucha ansiedad” respecto al inicio de funciones de la Dipp. “La ley estableció un plazo de 18 meses para integrar sus órganos de dirección, establecer su normativa, constituir los fondos e implementar los sistemas informáticos. Hablamos de junio del 2026”. En cuanto a la transición de funciones y competencias que hoy tiene el Ministerio de Comunicaciones con la nueva dirección, la ley establece 36 meses para cumplirla.

Además, en el plan del presupuesto de ingresos y egresos del 2026, existe una asignación de Q2 mil 102.2 millones a la Dipp. “El artículo 89 fija un porcentaje para el directorio del impuesto a la distribución de petróleo, y los artículos 90 y 91 se refieren al impuesto sobre circulación de vehículos, que entrarán en vigor el 1 de julio del próximo año”, explicó Melgar.

La Ley de Infraestructura Vial establece en su artículo 30 que la Dipp debe tener un horizonte multianual. “Deben hacerse proyecciones de gasto no solo del año, sino también de los siguientes, en coherencia con las normas de salvaguarda financiera incluidas en la ley”, agregó el viceministro.

Para que la Dipp pueda operar, Zapata considera que “primero debe existir mayor voluntad política para implementar la ley de manera ágil, eficiente y transparente, y segundo, consolidar un sistema de infraestructura vial más robusto”.

Cutrigua coincide, y añade la necesidad del respaldo institucional para que los procesos de constitución de la Dipp, sus manuales y asignaciones sean una prioridad y no un trámite más. El consejo añadió que esto incluye agilizar los dictámenes para aprobar reglamentos y manuales, que suelen tardar en la administración pública guatemalteca.

Unidad ejecutora del CIV

La Dipp, como unidad ejecutora dentro del Ministerio de Comunicaciones, tendrá como autoridad máxima al ministro de esa cartera. “Lo que va a ocurrir es que cualquier decisión aún se tomará en la junta directiva de la Dipp y luego tendrá que ser ratificada por el propio ministro de Comunicaciones”, indicó Zapata.

Según Fundesa, la ventaja será que el CIV será responsable de todas las acciones de la Dipp. Por otro lado, la desventaja que identifican es que los procesos muchas veces se vuelven más políticos y burocráticos, lo que puede limitar la agilidad técnica para generar proyectos. “Por ejemplo, el fondo de preinversión para proyectos viales prioritarios va a ser mucho más complicado de ejecutar”, alertó Zapata.

Cabe mencionar que inicialmente el artículo 6 de la Livp presentaba a la Dipp como entidad desconcentrada especializada, en la cual la capacidad de gestionar sus recursos y decisiones técnicas se ejercería de forma autónoma. Para Cutrigua, el hecho de que la dirección sea una unidad ejecutora del CIV contraviene el espíritu original de la ley, que buscaba una entidad desconcentrada para evitar la ineficiencia histórica en proyectos viales.

Según Camagro, más del 50% de la red vial nacional se encuentra en malas condiciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según un análisis realizado por Fundesa, la diferencia principal es que, como unidad ejecutora, la Dipp está sujeta a la jerarquía y control del CIV, mientras que el modelo de desconcentrada especializada le otorgaba independencia funcional, técnica y financiera, siendo su directorio la máxima autoridad. Además, contaría con su propia Unidad de Administración Financiera (Udaf), en lugar de depender de la del CIV y de requerir una ampliación presupuestaria para la cartera.

Por su parte, Cutrigua señala que la diferencia fundamental es que, como unidad ejecutora, este consejo teme que la Dipp sea una dependencia más. En cambio, como entidad autónoma, se esperaba que pudiera ser un ente técnico, eficiente y moderno, capaz de transformar realmente la infraestructura vial del país.

Rutas centroamericanas en estado crítico

La Dipp, según el artículo 87 de la Livp, atenderá 17 proyectos prioritarios: 12 en rutas específicas de la red centroamericana —que abarcan aproximadamente 1,700 kilómetros— y 5 adicionales, como anillos periféricos y libramientos estratégicos. Con los fondos que dispondrá la Dipp, “vemos una gran oportunidad para hacer los estudios de preinversión que se necesitan para ampliar a cuatro carriles todas las carreteras centroamericanas”, mencionó Zapata.

Actualmente, el estado de la red vial es crítico. Cutrigua señala que las carreteras centroamericanas, ejes cruciales para el transporte de carga y vehículos particulares, tienen múltiples problemas: los anchos ya son insuficientes, la cinta asfáltica no cumple con estándares internacionales y existen deficiencias en desagües, puentes, señalización y carriles auxiliares.

A finales de abril del 2025, se reportaron más de 120 tramos de carretera en condiciones críticas, en mal estado e incluso destruidos, según registros de la Cámara del Agro. Esta organización indica que más del 50% de la red vial nacional se encuentra en malas condiciones.

Según datos proporcionados por Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, de los 120 tramos en mal estado, estos corresponden a carreteras centroamericanas:

Chimaltenango

CA-01 Occidente, en Santa Cruz Balanyá, 3.3 km en muy mal estado.

El Progreso

CA-14 Marajuma, 1.9 km en mal estado.
CA-09 Norte Estancia de la Virgen, 1.4 km en mal estado.

Guatemala

CA-01 Occidente Ciudad Satélite, 3.27 km en mal estado.

Huehuetenango

CA-01 Occidente-23 a bifurcación San Pedro Necta y Camoja, 26.35 km en mal estado.

Jutiapa

CA-01 Oriente bifurcación Los Amates, 2.71 km en muy mal estado.
CA-01 Oriente Quesada, 2.14 km en muy mal estado.
CA-02 Oriente, El Obraje-Barranca Honda, 10.09 km en mal estado.
CA-08-02 bifurcación RD-JUT-03, Tierra Blanca-Valle Nuevo Frontera, 23.84 km en mal estado.

Petén

Puente Zapote-CA-13, El Remate-Puerta del Cielo, 19.22 km en muy mal estado.

Izabal

CA-09 Norte-A, desvío Puerto Santo Tomás de Castilla-Puerto Barrios, 2.39 km en muy mal estado.

Quetzaltenango

CITO-180-El Palmar, 3.28 km en mal estado.
CITO-180-Cantel, 2 km en mal estado.

San Marcos

Palín-Nuevo Progreso, 4.27 km en mal estado.
Aldea El Triunfo-Tecún Umán, 3.17 km en mal estado.
Malacatán-bifurcación CA-02 Occidente, 3.2 km en mal estado.

Santa Rosa

Aldea Santa Rosa-San Cristóbal, 4.4 km en muy mal estado.

Sololá

CA-01 Occidente-Pamezabal-bifurcación RD-SOL-04, 4.07 km en mal estado.
CA-01 Occidente km 140-Los Tablones-bifurcación RD-SOL-04, 3.53 km en mal estado.
CA-01 Occidente, Las Trampas-RN-01 km 136.47, Godínez, 19.15 km en muy mal estado.

Zacapa

CA-10 bifurcación La Fragua-bifurcación RD-ZAC-08, desvío San Juan, 1.43 km en muy mal estado.
Palmilla-Usumatlán, 3 km en muy mal estado.
CA-09 Norte-La Palmilla, 2.4 km en mal estado.

“Lo que estamos viendo es una falta de competitividad de Guatemala en cuanto a las carreteras, y los resultados son más tráfico, menores capacidades logísticas para el país y mayores costos en la logística”, señaló Zapata. Añadió que en Guatemala casi el 30% del costo de cada producto corresponde a los costos logísticos.

Fundesa ve una oportunidad para que, antes de que termine este año, la Dipp cuente con personal operativo contratado y funcionando, y que empiece a realizar los estudios técnicos necesarios para las carreteras centroamericanas que requieren mantenimiento.

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Programadores junior: qué son y cómo formar hasta 4 mil graduados al año en Guatemala

Thu, 11 Sep 2025 12:00:00 +0000

capital humano

Programadores junior: qué son y cómo formar hasta 4 mil graduados al año en Guatemala

Expertos llaman a facilitar un ecosistema de especialización tecnológica para jóvenes, con fondos público-privados enfocado en carreras técnicas.

Ana Lucía González

11 de septiembre de 2025 | 06:00h

De acuerdo con el sector privado, no se están capacitando suficientes técnicos programadores para la demanda laboral en Guatemala. (Foto: Prensa Libre: Freepik)

Cada vez más se plantea la necesidad de capacitar a un mayor número de jóvenes en tecnología, como una ruta urgente para acelerar el desarrollo económico y social del país. Uno de estos caminos es ampliar las oportunidades de formación de programadores junior, una competencia que les acercará a mejores ofertas laborales y, a su vez, dará respuesta a la actual demanda del mercado tecnológico en el país.

Según el portal de la Universidad InterNaciones de Guatemala, un programador junior “es un profesional en las primeras etapas de su carrera en desarrollo de software, que van desde meses hasta los tres años de experiencia” y “posee conocimientos fundamentales de al menos un lenguaje de programación (ej.: JavaScript, Python), entiende bases de datos, estructuras de datos, conceptos básicos de frontend y backend”.

El estudio “Brechas de Talento 2023-2024”, de Fundesa, planteó la meta de impulsar la creación de 2.5 millones de empleos para el 2030. Uno de los pilares de este crecimiento en capital humano es el sector BPO (centros de llamadas) y Tecnología (ITOs). En el 2021, como primer paso, se trazó el objetivo de capacitar a 90 mil jóvenes en idioma inglés. El siguiente fue atender la demanda potencial en habilidades avanzadas en tecnología y programación. El objetivo: preparar a un promedio de 20 mil jóvenes en un plazo de cinco años para cubrir 10 mil empleos, de acuerdo con el diagnóstico de McKinsey para Guatemala No Se Detiene, proyecto que agrupa a 12 instituciones, entre gobierno, sector privado y academia.

Lograrlo representaría capacitar a cerca de cuatro mil personas cada año. Para ello se planteó la creación de programas intensivos de entrenamiento —bootcamps— para graduados de diversificado. Esto se lograría a través de una estrategia de becas de inversión, con un costo promedio de US$2 mil a US$3 mil por persona, con una recuperación a 18 meses plazo, en programas que van desde cinco meses hasta un año, explica Ligia Chinchilla, directora de la Mesa de Capital Humano de Guatemala No Se Detiene. “No estamos capacitando suficientes, hay variedad de cursos, pero no son una carrera”, puntualiza.

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Sin embargo, hasta el 2025 la meta está distante y la realidad, limitada. Al sumar las distintas escuelas tecnológicas consultadas, la cifra promedio de graduados cada año se estima en poco más de mil jóvenes, aunque se carece de un dato consolidado a nivel nacional.

Expertos consultados coinciden en la necesidad de enlazar la formación académica digital con la industria y el Estado, para cooperar en una ruta estratégica que permita cerrar esta brecha. Lograrlo requeriría más financiamiento en becas, tanto del sector público como del privado. A continuación, un esbozo de los principales desafíos y sus soluciones.

¿En qué puede trabajar un programador junior?

Soporte Técnico

Atiende incidencias de hardware y software, instala y mantiene equipos, da asistencia a usuarios.

Frontend Developer

Diseña e implementa interfaces de usuario en sitios y apps web, usando HTML, CSS y JavaScript.

Backend Developer

Desarrolla la lógica del servidor y bases de datos que soportan aplicaciones.

Web Developer

Construye sitios web completos (front y back básicos), administra hosting y mantenimiento.

Mobile Developer

Crea aplicaciones para Android o iOS con lenguajes como Kotlin, Swift o frameworks híbridos.

Analista Programador (Junior/Middle)

Apoya en análisis de requerimientos y desarrolla software básico; combina programación con documentación.

Automation Specialist

Configura scripts y herramientas para automatizar tareas de pruebas, procesos de negocio o infraestructura.

Fuentes: CompTIA (2023), Coursera/IBM (2024), Udacity (2024), Gartner (2023), Bureau of Labor Statistics – BLS (2023), LinkedIn Learning (2024), Randstad (2023), McKinsey (2023).

Potencial educativo

De acuerdo con el Ministerio de Educación, en el 2024 se graduaron, a nivel nacional, un promedio de 156 mil jóvenes. Pero no todos logran empleo con facilidad. Se estima que más de 70 mil graduados de nivel diversificado no culminan una carrera universitaria, entre otras razones, por barreras de financiamiento y la duración de los programas, según el estudio Mercado laboral en Guatemala, situación y perspectivas (2025).

Uno de los grandes desafíos es que las preferencias de capacitación y becas para la mayoría de jóvenes todavía van en sentido inverso. Lo demuestra una gráfica de Intecap, en la que la operación de computadoras tuvo el último lugar en número de postulantes; en contraposición con las tres principales preferencias: técnico automotriz, cocinero internacional y cultora de belleza.

En contraste, los expertos consultados coinciden en que una de las ventajas de los programas intensivos en tecnología es el alto potencial, con una relación positiva costo-eficiencia, pues estas carreras —ITOs— se posicionan hoy con mejores salarios. Algunas de las instituciones que ofrecen programas de formación en el área son: Municipalidad de Guatemala (MuniTec), Fundación Kinal, Fundación Génesis Empresarial, Level Up, Codezilla e Intecap, entre otras.

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El salto laboral

Desde el 2022, la Fundación Génesis Empresarial y SISAP-IRSI impulsan un modelo educativo gratuito para formar programadores junior. El curso intensivo de cinco meses ha graduado a 43 jóvenes en tres años. Los estudiantes deben tener título diversificado y el compromiso de aprender.

En el camino se han encontrado muchas historias de jóvenes del norte y occidente del país que tienen el deseo de aprender, pero enfrentan enormes limitaciones. “Desde problemas de electricidad en su casa, vulnerabilidades, obligaciones laborales y familiares”, comenta Thelma Ramírez, gerente de Comunicación Corporativa.

Adela Sagastume, gerente de Desempeño Social y Asuntos Corporativos, destaca que el programa rompe con el paradigma tradicional universitario, mediante un modelo innovador de aprendizaje. “La escuela tradicional implica universidad completa, pero los chicos necesitan generar ingresos pronto. Por eso, algunos de nuestros becados experimentan un salto cualitativo en oportunidades laborales y el deseo de continuar su aprendizaje, sea en forma autodidacta o con estudios superiores”, asegura.

Sectores emergentes

La Fundación Kinal, por su parte, graduó en el 2024 a 332 estudiantes en carreras técnicas, incluidos 125 en informática y 27 en electrónica en computación, todos con algún tipo de beca, según su Memoria de Labores. Su enfoque incluye el uso de metodologías ágiles como Scrum y una formación que abarca desde redes hasta desarrollo de aplicaciones, explica José Braulio Echeverría, desarrollador full stack y profesor de informática en Sexto Perito de la Fundación Kinal.

Echeverría subraya la necesidad de actualizar los contenidos educativos hacia arquitecturas modernas, como microservicios, en lugar de sistemas monolíticos. “El perfil full stack se vuelve clave en un mercado donde Guatemala produce software local”.

Level Up, fundada por el francés Louis Prouvost, nació como empresa exportadora de software y evolucionó hacia la formación tecnológica en la región. Sus bootcamps de seis meses abarcan áreas como ciberseguridad, analítica de datos e inteligencia artificial. Además, su plataforma de reclutamiento conecta talentos con salarios competitivos.

Prouvost considera que, pese al impacto global de la inteligencia artificial en el empleo tecnológico, Guatemala tiene oportunidades en sectores emergentes. Destaca la importancia de las certificaciones respaldadas por empresas como Microsoft y Amazon, que ofrecen formación ágil y adaptada a las necesidades del mercado.

Inglés y conectividad: retos

Por su parte, Intecap ofrece especialidades tecnológicas, desde desarrollo de software hasta robótica humanoide.

Byron López, jefe del Centro TICS, advierte que los principales obstáculos para ampliar el acceso a estas carreras son la conectividad en áreas rurales, la falta de equipo adecuado y la formación en inglés.

Se indica que Intecap cuenta con un catálogo de más de 50 carreras tecnológicas en sus distintas sedes, en donde Informática “es una de las carreras con mayor preferencia”.

También ocupa el segundo lugar entre los 70 cursos de especialidades más demandados ofrecidos a lo largo del 2024. De este grupo se otorgaron becas a 309 participantes, de un total de 23,854 estudiantes que se formaron sin ese beneficio.

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Además, otras tres carreras tecnológicas con alta demanda son: Administrador de Red y Seguridad de Telecomunicaciones CISCO, Desarrollador de Aplicaciones para JAVA y Android, y Bases de Datos SQL Server. En los últimos 18 meses, se otorgaron más de 400 becas.

Sin embargo, se coincide en que la mayor cantidad de becas se destinó a las carreras con mayor preferencia: cultora de belleza (417), mecánica automotriz (405) y gastronomía (391), para sumar un total de 1,213 beneficiarios, según dicha institución.

“Entre las empresas asociadas, se proyecta un crecimiento del 15% anual en contrataciones de programadores junior, y a nivel nacional puede alcanzar del 20% hasta el 25% anual”, explica Óscar González, director de Recursos Humanos de Tribal Worldwide.

Estrategia es clave

El sector ITO en Guatemala muestra una clara expansión, con una alta demanda de programadores junior. Aunque persisten desafíos como la falta de experiencia y las expectativas salariales, las empresas asociadas en Agexport están implementando estrategias innovadoras para formar, retener y especializar talento. Esto busca garantizar la sostenibilidad y competitividad del ecosistema tecnológico, según González.

Echeverría advierte que la tecnología debe actualizarse constantemente para mantenerse competitiva a nivel global. “No podemos seguir enseñando tecnología y programación como hace diez años”, afirma.

Prouvost propone que la actualización tecnológica se integre como parte de la cultura empresarial, dedicando tiempo laboral a capacitar al personal. Además, enfatiza la importancia de campañas de concienciación que visibilicen oportunidades y casos de éxito en la comunidad.

Por su parte, López, del Intecap, destaca que la articulación entre sector privado, academia y Estado se da a través de mesas sectoriales, aunque reconoce que aún falta más difusión para que más guatemaltecos accedan a estas oportunidades.

Chinchilla plantea tres pasos clave: crear un ecosistema de especialización tecnológica para jóvenes, buscar financiamiento público-privado enfocado en carreras técnicas y, por último, fortalecer los sistemas de certificación con vínculos directos al mercado laboral.

Así, la visión compartida por los actores del sector apunta a una transformación estructural que combine formación técnica, actualización constante y articulación intersectorial, para impulsar el desarrollo tecnológico de Guatemala.

Poca demanda en becas

El Ejecutivo dispone de un Fondo Nacional de Becas de Q250 millones para el presupuesto del 2025, un proyecto a cargo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán). Este tipo de becas permite postularse para carreras de pregrado, posgrado y técnicas. Consultada, la institución informó que no se tiene un número fijo de beneficiarios, pero que la primera y segunda convocatoria han recibido un total de 12 mil 619 postulaciones. Está pendiente una tercera convocatoria. El estimado de beneficiarios es de alrededor de 1,200.

“Hemos encontrado que los postulantes necesitan mucho acompañamiento y asesoría para este tipo de procesos. Además, hace falta llamar la atención en las carreras de tecnología. La mayoría están interesados en carreras de medicina, pedagogía y administración. Queremos promover más aplicaciones para ingenierías y tecnología”, indica la comunicadora de Segeplán, María José España.

Paralelamente, el Ministerio de Educación presentó recientemente la Política de Transformación Digital del Sistema Educativo 2025-2035, una hoja de ruta con cinco pilares estratégicos que busca cerrar la brecha digital. Dentro del objetivo 4 se plantea implementar programas de formación y certificación en competencias digitales reconocidas a nivel nacional e internacional.

Con información de Ximena Santiago

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Opinión: Necesitamos fondos de becas que financien carreras, no solo cursos

Thu, 11 Sep 2025 11:58:00 +0000

guatemala no se detiene

Opinión: Necesitamos fondos de becas que financien carreras, no solo cursos

Fondos privados financian formación intensiva con enfoque laboral. Los programas alcanzan tasas de empleabilidad del 85% al 90% y responden a la demanda del sector productivo.

Ligia Chinchilla

11 de septiembre de 2025 | 05:58h

En los últimos tres años he observado que los fondos públicos suelen financiar cursos, no carreras., según Ligia Chinchilla. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Nací analógica, como muchas personas que vinimos al mundo antes de los años noventa. Lo digital nos demostró —incluso a los analógicos— que nuestro trabajo podía realizarse más rápido, con mayor facilidad y de manera más competitiva si usábamos las pocas herramientas disponibles en los años en que ingresamos al mercado laboral. En este siglo, lo digital no solo es normal para todos los que trabajamos, sino también de urgente adopción para multiplicar nuestra productividad.

Actualmente, las herramientas digitales especializadas se utilizan en todos los ámbitos productivos. Pero ¿cómo se crean esas herramientas? No son magos ni artistas quienes las diseñan y desarrollan, sino los programadores o desarrolladores.

Al igual que un pintor crea una obra que nace en su imaginación, auxiliado por técnicas duras y blandas como el dibujo, el color, la perspectiva y la expresión de emociones, los programadores deben dominar lenguajes especiales, estructuras de datos, algoritmos, bases de datos y ambientes de desarrollo. Además, requieren habilidades blandas: resolver problemas, tener pensamiento lógico, trabajar en equipo, escuchar, comunicarse y, sobre todo, mantener una actitud de aprendizaje continuo ante la constante evolución de la tecnología.

Más profesionales empleables

En los últimos años han surgido muchas carreras técnicas que permiten a los programadores capacitarse en períodos mucho más cortos que quienes optan por una carrera universitaria. Por ejemplo, un frontend —quien desarrolla la parte de la aplicación que interactúa con el usuario— puede formarse en seis a ocho meses en programas de inmersión total, y su salario inicial suele superar tanto el salario mínimo como el promedio de personas con poca o ninguna experiencia. Además, la demanda de este tipo de expertos crece en muchas industrias del país.

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Entonces, la pregunta es: ¿por qué no estamos capacitando a estos profesionales que tienen un empleo relativamente asegurado? Seguramente usted, lector, encontrará muchas razones, y probablemente todas sean válidas. Aquí comparto algunas:

Nuestro sistema educativo no prepara en lógica ni en visión de procesos a los jóvenes para cumplir los requisitos de entrada a estas carreras.
Los programas de capacitación no toman en cuenta las necesidades de los empleadores y están desactualizados.
No hay suficientes programas de capacitación.
Los programas intensivos exigen dedicación exclusiva y no permiten trabajar al mismo tiempo.
Los programas son costosos.
Las expectativas salariales a veces superan la realidad del mercado laboral, y un largo etcétera.

Todas las respuestas son correctas, pero quiero centrarme en una propuesta que ha surgido para motivar a los jóvenes a estudiar esta área tan atractiva: los fondos de becas. Los más grandes provienen del Estado, y los privados, con recursos más limitados, también juegan un papel importante.

Fondos que financien carreras

En los últimos tres años he observado que los fondos públicos suelen financiar cursos, no carreras. Estos cursos, de entre una y tres semanas, con dos a tres horas diarias, son útiles para quienes ya trabajan, pero no generan nuevos empleos. En cambio, los fondos privados sí ofrecen carreras, aunque con menor cobertura —entre 100 y 300 programadores al año—. Estos programas intensivos alcanzan tasas de empleabilidad del 85% al 90%.

La diferencia no solo está en la visión —actualización versus creación de nuevos empleos—, sino también en el diseño. Los programas privados se estructuran en función de las necesidades inmediatas de los empleadores, son apilables y escalables, y en algunos casos incluyen contratos iniciales de trabajo. La cercanía y constante interacción con el sector productivo permite que los programas financiados con becas privadas se diseñen y ejecuten en plazos más cortos, sean más dinámicos y efectivos.

La academia tradicional —pública o privada—, en contraste, necesita tiempo para incorporar cursos o carreras en sus planes de estudio. Algunos logran hacerlo en un año; otros tardan dos o tres, debido a los requisitos que imponen los entes rectores en pro de la calidad. Incluso existen centros que ofrecen carreras intermedias en computación, pero los contenidos suelen quedarse cortos: aunque los nombres son atractivos, la falta de maestros vinculados a la industria, de supervisión y de infraestructura impide cumplir los objetivos. En muchos casos, el estudiante debe ser autodidacta para complementar su formación y poder aspirar a un empleo en los sectores productivos.

Creo que la recién lanzada Política de Transformación Digital del Ministerio de Educación tiene los ejes correctos: infraestructura, conectividad, maestros y contenidos. Está bien enfocada. Sin embargo, si queremos responder a las demandas de empleo productivo actuales, necesitamos rapidez y eficiencia en su gestión para llegar a todo el país y acelerar la enseñanza de los conocimientos de base.

Las becas para el trabajo deben dirigirse a jóvenes graduados o recién graduados de secundaria, y los fondos deberían orientarse a formar profesionales completos —es decir, cubrir carreras y no solo cursos de actualización—, financiando tanto la capacitación como la manutención de quienes estudian de forma intensiva. Para lograrlo, se requieren más proveedores de capacitación, públicos y privados, que trabajen junto con el sector productivo, que ofrezcan nivelación académica, que sean prácticos y que otorguen certificaciones con valor laboral.

En definitiva, necesitamos generar cadenas de valor o ecosistemas que aborden integralmente cada parte del problema. Tanto el sector público como el privado debemos no solo demostrar voluntad, sino asumir de verdad nuestra parte en el escenario donde tenemos mayor capacidad. Si solo trabajamos en los empleos del presente, la brecha se ampliará; si solo nos enfocamos en la calidad y cobertura del sistema educativo público, la brecha también crecerá; si cada uno trabaja por su lado, la brecha seguirá aumentando. Necesitamos muchos equipos que atiendan cada área específica, pero con una visión común que permita que todos los esfuerzos se complementen y logren el objetivo compartido.

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De escala breve a destino principal: la apuesta por alargar la estadía en Ciudad de Guatemala

Thu, 04 Sep 2025 12:00:00 +0000

turismo

De escala breve a destino principal: la apuesta por alargar la estadía en Ciudad de Guatemala

Proponen que la capital se convierta en un circuito turístico completo, conectado entre nodos, que prolongue la estancia más allá de dos o tres noches. Movilidad, seguridad y promoción son desafíos.

Ximena Fernández

4 de septiembre de 2025 | 06:00h

Hacer turismo en atractivos como el Zoológico La Aurora puede conectarse en tours guiados con otros destinos como museos o el Mercado Central, según especialistas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Aterrizar en el Aeropuerto La Aurora e irse en transporte público al Zoológico en la misma zona, con un shuttle que custodia el equipaje. Trasladarse al Centro Histórico y continuar el tour por el Palacio Nacional de la Cultura, el Museo del Ferrocarril y almorzar en el Mercado Central. Pasar la tarde en el corredor gastronómico de la zona 4 y la noche en la zona hotelera o una cena con maridaje de vinos y platillos guatemaltecos contemporáneos. Todo, dentro de un corredor turístico seguro y señalizado.

El ejemplo ilustra cómo la capital guatemalteca puede ser un hub de modernidad y negocios, historia y cultura, naturaleza urbana y gastronomía y vida nocturna, ofreciendo razones para pernoctar hasta una semana antes de conocer otros atractivos.

Según el Inguat, el país recibió en 2024 3,037,282 visitantes no residentes, de los cuales 825,727 se concentraron en el Departamento de Guatemala, equivalente al 27 % del total nacional. La estadía promedio fue de tres noches, con un gasto diario por persona de US$105.46.

El turismo interno también mostró fuerza: se registraron 24,458,983 viajes de residentes, de los cuales 2,261,285 tuvieron como destino el Departamento de Guatemala, lo que representa el 9.2 % del total. La estadía promedio fue de dos noches y el gasto diario por persona alcanzó Q549.36.

Ciudad multidestino

La Ciudad de Guatemala tiene la oportunidad de pasar de ser “un lugar de paso”, como la define Fernando Pineda, vicepresidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, a un multidestino. “Los turistas entran al país por la capital —debido al aeropuerto—, se hospedan en un hotel y al día siguiente viajan a su siguiente destino dentro del país”, indica.

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Iván Azurdia, director de Desarrollo del Producto Turístico del Inguat, señala que para conocer la ciudad y los atractivos que reúne se necesitan desde dos noches a una semana.

César Aguilar, representante de Polochic Travel & Wellness, certifica que, en la actualidad, el turista se queda de dos a tres días máximo.

De hecho, según el Plan de desarrollo turístico de la Ciudad de Guatemala 2024-2028, solo en el 2019 la ciudad recibió 2.5 millones de visitantes, lo que representó alrededor del 30% del turismo que ingresó a Guatemala.

De cada 10 visitantes, seis vinieron del extranjero y cuatro eran de otras regiones del país.

La estadía promedio de los turistas en la ciudad fue de dos a tres noches —similar a lo que reportan los operadores turísticos hoy—.

Juan Pablo Nieto, consultor internacional en políticas públicas y mercadeo y coautor del plan en mención: “El problema central identificado: la ciudad tiene todos los atractivos y una oferta de vanguardia, pero no es conocida ni aprovechada. Falta unir lo que ya existe para ofrecer una oferta robusta que haga que la gente diga: ‘me quedo un día más”.

Su visión es que una política pública que integre aeropuerto, movilidad y seguridad, unida a una agresiva promoción de multidestino, podrían duplicar la estadía de visitantes en la ciudad.

Edificio de la Biblioteca Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

Focos potenciales

Azurdia destaca que uno de los principales atractivos de la Ciudad de Guatemala es la diversidad de puntos desde los cuales se puede desarrollar el turismo: “Tenemos deporte, naturaleza, museos, iglesias, gastronomía y cultura”.

Guillermo Cuéllar, propietario y gerente de la agencia turoperadora Descubre Guatemala, menciona que los turistas interesados en historia encontrarán una oferta de museos, que pueden clasificarse según el perfil de cada visitante. Señala que dicho perfil es clave, ya que permite expandir la oferta turística: “Hemos tenido recorridos completos de hasta cuatro días solo en la Ciudad de Guatemala”.

El operador ve necesario integrar una oferta turística conjunta entre las instituciones públicas —como el Inguat, el Intecap, el Ministerio de Cultura y Deportes, además de la Municipalidad de Guatemala— junto al sector privado.

Pineda coincide en que es importante crear productos turísticos que integren a la capital con otros destinos y que se desarrollen circuitos de tres a siete días.

Anayansy Rodríguez, asesora especializada en desarrollo de producto turístico de la Municipalidad de Guatemala, indica que, en materia de inversiones, trabajan en conjunto con cooperaciones. A partir de ese trabajo, han comenzado a desarrollar los seis distritos de oportunidad, los cuales cuentan con un eje turístico.

Rolando Schweikert, presidente de Camtur, explica que anteriormente los operadores turísticos utilizaban Antigua Guatemala para hospedar a los turistas la primera y la última noche. No obstante, debido al tráfico, ahora se recurre cada vez más a la capital”.

Vida nocturna

Cuéllar señala que otra oportunidad que ofrece la capital es la vida nocturna. Explica que, tras una jornada de negocios o conferencias, muchos turistas regresan a sus hoteles a las 17 horas, aunque aún hay lugares por conocer.

El Centro Histórico de noche es uno de los atractivos que los expertos ven que se pueden explorar. Foto del Palacio Nacional de la Cultura. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

“Aquí hay una excelente oportunidad para que, entre instituciones públicas y privadas, en alianza con hoteles, se puedan crear paquetes turísticos”, comenta Cuéllar. Añade que esta iniciativa generaría una derrama económica para todo el sector turístico, al incluir transporte autorizado, guías y la apertura de espacios que no suelen visitarse durante el día.

Cuéllar menciona que, aunque durante la noche no se recibe a un gran número de turistas, sí se atrae a un perfil de mayor calidad, el tipo de visitante que la capital necesita. Para él, las actividades nocturnas representan una razón válida para extender la estadía.

Azurdia, por su parte, indica que es necesario mejorar la calidad de los centros de convenciones. Según explica, esa inversión debe provenir del sector privado o gestionarse mediante alianzas público-privadas.

Para Aguilar, el primer paso es coordinar con las autoridades —el Inguat y la municipalidad— para que cuenten con una oficina atendida por expertos en turismo y atención al visitante. Luego, comenzar con la promoción y vender a la capital como un destino turístico. Señala que es necesaria una oficina que permita desarrollar la ciudad como un punto de alta importancia para el turismo en el país.

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Cuna gastronómica

Aguilar destaca que la Ciudad de Guatemala cuenta con museos dedicados a la cultura maya y prehispánica, gastronomía internacional y espacios como cafés, bares y cervecerías que podrían aprovecharse para promocionar el turismo. Schweikert añade que la capital posee una cultura viva.

El presidente de Camtur señala que los ejecutivos que visitan la ciudad entre semana buscan restaurantes que les dejen una huella de calidad. “Zona 4, zona 10 o zona 14. Creo que hay que aprovechar muchísimo esa cultura que se está abriendo; en el tema de gastronomía, hay que darle mucha importancia”, afirma.

Cuéllar indica que la capital cuenta con una variada oferta gastronómica que puede experimentarse de distintas maneras: desde la comida ambulante, como los shucos, hasta restaurantes, comedores y establecimientos de comida rápida.

Movilidad

Schweikert considera que uno de los principales retos que enfrenta el turismo en la capital es el tráfico. Para aliviar ese problema, Aguilar resalta la necesidad de contar con un sistema de transporte eficiente que, además de descongestionar las calles, permita el desplazamiento turístico.

Cuéllar menciona que desde la Municipalidad de Guatemala se podría establecer una alianza para ofrecer transporte con bajo impacto ambiental, desde el aeropuerto hacia los sectores turísticos de la ciudad. Por su parte, Azurdia señala que es necesario desarrollar un sistema de transporte masivo basado en trenes.

Rodríguez asegura que se están planificando nuevas rutas para el Transmetro. “Hay una nueva ruta de TuBus desde la zona 13 hacia la parte más central de la ciudad, lo que ha permitido avanzar en un plan estratégico para conectar el aeropuerto y facilitar que los turistas se movilicen en transporte público”, explica.

En cuanto a las ciclovías, Rodríguez destaca que estas se encuentran en proceso de planificación, lo cual permitiría implementar recorridos turísticos en bicicleta.

Por otro lado, Cuéllar propone que el Inguat podría brindar apoyo a los alumnos en formación como guías turísticos, para que acompañen a los visitantes que no viajan con una agencia turoperadora. De esa forma, se reforzaría la seguridad de los turistas y se daría oportunidad a los futuros guías de practicar su oficio.

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“Desarrollar una marca turística es más que hacer un logotipo”

Thu, 04 Sep 2025 11:59:00 +0000

TURISMO

“Desarrollar una marca turística es más que hacer un logotipo”

Experto sugiere que la marca turística para la Ciudad de Guatemala debe convertirse en una idea compartida, con compromiso público-privado e inversión sostenidos en el tiempo.

Ximena Fernández

4 de septiembre de 2025 | 05:59h

El Centro Histórico de la capital es uno de los atractivos que se podría conectar con un corredor de museos -zona 13- o al gastronómico -zonas 4, 11 o 16- con un plan integrado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Marca y producto. Esos serían los pilares sobre los que se podría desarrollar a la Ciudad de Guatemala como destino turístico internacional, no solo para que sea más conocida, sino para que el visitante se quede más tiempo.

Juan Pablo Nieto, consultor internacional en políticas públicas y mercadeo, y uno de los profesionales que desarrolló el Plan Maestro de Turismo de la Ciudad de Guatemala, recomienda que la marca turística no se limite a un logotipo, sino que represente una idea respaldada por un compromiso público-privado sostenido en el tiempo. Añade: Se “requiere una masa crítica de actores comprometidos en usarla, invertir en ella y mantenerla. Ejemplos exitosos son CDMX, que pasó de ser Distrito Federal a una marca que integra cultura, gastronomía, infraestructura, política, comercio, moda y entretenimiento. El éxito depende del consenso y de que se mantenga estable, sin cambios cada dos años o con cada gobierno”.

Este es un extracto de la conversación que Nieto sostuvo con Prensa Libre.

¿Cuál es la visión central del Plan Maestro de Turismo para la Ciudad de Guatemala?

Dotar a la ciudad de las herramientas necesarias para convertirse en un destino de vanguardia en Latinoamérica, dentro del nicho de destinos urbanos. Los destinos de ciudad son particulares y con un nicho especial. La Ciudad de Guatemala tiene todo el potencial para posicionarse internacionalmente como uno de los destinos urbanos más importantes. El objetivo es atraer más visitantes, lograr que prolonguen su estadía y que gasten más. Ese es el propósito final de cualquier plan de turismo.

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¿Cuáles son los segmentos principales y los atractivos que sustentan esta visión?

La ciudad tiene ventajas en atractivio, infraestructura, modernidad y tecnología.

Negocios: La infraestructura instalada permite el desarrollo de turismo de reuniones, convenciones y congresos.

Salud y bienestar: Existe un corredor competitivo de hospitales y tratamientos de bienestar, como espás.

Deportes: La municipalidad organiza actividades a lo largo del año que atraen a nacionales y extranjeros.

Cultura: La ciudad fue capital de Centroamérica y lugar donde se proclamó la independencia de España. Eso le da una importancia histórica reflejada en gastronomía colonial y maya, arquitectura, museos, monumentos y celebraciones religiosas como la Semana Santa, considerada una de las más impresionantes del mundo.

Espacios verdes: El Gran Cinturón Verde y la recuperación de barrancos se han impulsado como parques ecológicos. Quizá no compite con actividades de aventura del interior, pero ofrece avistamiento de aves, jardín botánico, caminatas y ciclismo.

Compras y entretenimiento: La ciudad cuenta con centros comerciales de alta gama, vida nocturna, gastronomía variada, artesanías, conciertos internacionales y obras de teatro y musicales.

En conjunto, esta oferta se complementa. La estrategia es que quienes vengan por negocios, salud o deportes extiendan su estadía para disfrutar de la cultura, el entretenimiento, las compras y la gastronomía.

¿Cuáles serían las metas a corto plazo para posicionar la ciudad como destino turístico?

En primer lugar, el aeropuerto. Es la puerta de entrada al país y un elemento clave para detonar el turismo en la ciudad. Hoy es indispensable contar con un aeropuerto competitivo, seguro y accesible. Se han dado pasos importantes: recuperación de espacios, plan de ordenamiento y mantenimiento, modernización de la Oficina de Información Turística y ampliación de la pista de rodaje para permitir el tránsito simultáneo de aeronaves de gran envergadura. Todo esto ha sido posible gracias a la mesa de alto nivel liderada por el Viceministerio de Transporte.

El segundo punto es la movilidad. El Transmetro es una apuesta importante: rápido, económico y seguro. Conecta desde la zona 2 hasta las zonas 13 y 14, donde se concentra la mayor parte de los atractivos. Sin embargo, no todos lo utilizan y existen limitaciones. Se necesitan bahías de parqueo temporal para buses turísticos, señalización específica para visitantes, transporte verde (scooters, bicicletas de renta) y una normativa clara. La municipalidad ya ha avanzado en ciclovías, pero falta consolidar los servicios.

En tercer lugar, está la seguridad. La ciudad es relativamente segura, aunque la percepción externa puede ser distinta. Se debe trabajar en presencia policial, limpieza, orden y señalización. También en gestión de riesgos, dado que Guatemala es un país altamente sísmico. Conred ha avanzado con botones de alerta, aplicaciones y simulacros, pero es necesario extender estas medidas a hoteles y zonas turísticas de las zonas 1, 9, 10, 13 y 14.

Estos tres detonadores —aeropuerto, movilidad y seguridad— son los que revisan los visitantes internacionales al decidir un destino.

¿Qué se necesita en materia de producto turístico y experiencias?

Es fundamental mejorar la infraestructura existente y generar nuevas experiencias. El turismo actual busca experiencias locales auténticas.

La experiencia gastronómica del Mercado Central debe estar conectda con los hoteles para que las visitas sean seguras y organizadas.

Hay que enlazar actividades locales como la feria de Jocotenango o los rezados de la Inmaculada Concepción.

Es necesario incluir estas experiencias en la oferta de turoperadores y guías, para que los visitantes puedan vivir manifestaciones culturales similares a la Semana Santa en distintas épocas del año.

En museos como Miraflores o el de Arqueología y Etnología se pueden organizar visitas temáticas (por ejemplo, sobre el maíz), combinadas con degustaciones gastronómicas en el Mercado Central.

El problema central es que la ciudad tiene todos los atractivos y una oferta de vanguardia, pero no es conocida ni está articulada. Hoy la mayoría de visitantes solo duerme en la ciudad y se va sin conocerla.

¿Qué otras necesidades de infraestructura se identifican?

Se necesita un centro de convenciones de tamaño intermedio (capacidad para unas 5 mil personas). Esto permitiría atraer reuniones y convenciones de alto nivel. Para ello es fundamental acompañarlo con infraestructura hotelera y vial, de manera que la ciudad perciba los ingresos, pero no un colapso en movilidad.

En turismo médico, Guatemala tiene una oferta competitiva y profesional en el área médica, aunque pocos hospitales están certificados internacionalmente. Es necesario fortalecer estas certificaciones y complementar con hoteles adecuados para recuperación, transporte especializado para pacientes con discapacidad temporal y servicios de apoyo.

¿Qué importancia tiene la marca turística y cómo debe construirse?

La marca no es solo un logotipo, sino una idea respaldada por un compromiso público-privado sostenido en el tiempo. Se necesita una masa crítica comprometida con usarla, invertir en ella y mantenerla.

Existen ejemplos exitosos: CDMX, que pasó de ser Distrito Federal a una marca que representa cultura, gastronomía, infraestructura, política, comercio, moda y entretenimiento. Marca Perú, que exige verificación antes de que un negocio pueda usarla.

¿Cuál es el diagnóstico del perfil actual del visitante de la capital?

Existen tres segmentos principales:

Negocios y reuniones: Empresarios, ejecutivos y funcionarios que asisten a convenciones y eventos. Se hospedan en hoteles y tienen alta capacidad de pago.

Ocio y recreación: Orientados principalmente a la cultura. Visitan el Centro Histórico, Palacio, Catedral, Cayalá y el Zoológico La Aurora. El turismo salvadoreño es un nicho relevante, sobre todo en Semana Santa y Ferias Agostinas. También hay interés en gastronomía.

Tránsito o corta estancia: Visitantes que pasan una noche o incluso no pernoctan.

¿Cómo lograr que los turistas se queden más tiempo en la ciudad?

Es necesario integrar y diversificar la oferta, que hoy se presenta como elementos aislados. Se deben ofrecer paquetes turísticos, recorridos temáticos y experiencias interconectadas, con información disponible en redes sociales, páginas web y aplicaciones.

Además, es esencial insertar a la Ciudad de Guatemala en campañas internacionales, destacando lo que la hace única: un sitio arqueológico prehispánico dentro del núcleo urbano, un área financiera moderna, un centro histórico, un aeropuerto internacional, centros comerciales de alta gama y una cartelera cultural diversa.

¿Cuáles son los principales retos para implementar el plan?

Financieros: Son los más fáciles de resolver cuando lo político y lo técnico están claros. Una vez definida la visión, se alinean presupuestos y se generan aliados estratégicos, con apoyo privado, patrocinios, cooperación internacional y fondos públicos.

Políticos y técnicos: El plan cuenta con aval del INGUAT y la Municipalidad de Guatemala, lo que le da respaldo político y técnico. Falta estructurar la implementación técnica.

Gobernanza: Se contempla la Mesa Departamental de Turismo (coordinada por INGUAT, con participación público-privada) y la Mesa Municipal de Turismo (integrada por directores de distintas dependencias). También se propone aprovechar los comités de barrio en zonas turísticas como espacios de diálogo público-privado para coordinar actividades locales.

Si estos mecanismos se estructuran e institucionalizan, cada año se podrán priorizar proyectos y barrios específicos. Esto permitirá una coordinación efectiva y sostenible.

¿Qué conclusión general se extrae del plan?

La Ciudad de Guatemala posee una oferta amplia y de calidad: museos de nivel internacional, corredores médicos competitivos, infraestructura moderna, gastronomía, espacios verdes, centros comerciales y una vida cultural y religiosa muy activa. Sin embargo, esta oferta está dispersa y poco aprovechada.

El plan propone articular y comunicar la oferta, modernizar infraestructura crítica, mejorar movilidad y seguridad, crear experiencias integradas y consolidar una marca turística sólida. De esta forma, la ciudad puede dejar de ser un lugar de paso para convertirse en un destino donde los visitantes decidan quedarse más tiempo y gastar más.

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Dependencia de técnicos extranjeros revela los 8 puestos más buscados en la industria textil en Guatemala

Thu, 28 Aug 2025 12:00:00 +0000

CAPITAL HUMANO

Dependencia de técnicos extranjeros revela los 8 puestos más buscados en la industria textil en Guatemala

El sector textil de Guatemala busca fortalecer su competitividad mediante inversión en maquinaria, formación técnica y expansión hacia el interior del país. Expertos coinciden en que la clave está en el capital humano y la innovación.

Ximena Fernández

28 de agosto de 2025 | 06:00h

El sector textil en Guatemala ha innovado con maquinaria de última generación que necesita mano de obra especializada. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Titex Group exporta productos textiles a 35 países y trabaja con las 50 marcas más importantes del mundo. Así lo asegura Antonio Hash, director general de la compañía, quien menciona que colaboran con marcas como Kike, Lululemon, Adidas y Under Armour. La empresa fue fundada hace 35 años, añade Hash, quien destaca que, debido a las marcas con las que trabajan, se han ido adaptando a criterios de sostenibilidad.

Hash señala que actualmente buscan especializar a su personal en países como Italia o Suiza, y traen expertos de distintas partes del mundo para obtener la mano de obra especializada que la industria requiere.

Debido a la alta demanda del mercado, el sector textil en Guatemala ha debido innovar con maquinaria de última generación. Luis Óscar Estrada, gerente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), afirma que anteriormente las fábricas operaban de forma manual, pero ahora cuentan con equipos sofisticados, importados y con tecnología de punta. Para Estrada, el reto es capacitar a los técnicos nacionales con apoyo de expertos extranjeros en el uso de dicha maquinaria.

Juan Andrés Sánchez, ejecutivo de una productora de textiles en Guatemala, indica que la industria debe continuar con una trayectoria de integración vertical: “De atracción de inversión extranjera como un complemento a las iniciativas locales, en creer en el talento local, desarrollarlo, invertir en él y llevar esas oportunidades al interior, descentralizado de la ciudad, y hacer las inversiones necesarias para mejorar infraestructura, reducir costos y aumentar la competitividad”.

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La maquila y confección no solo exportan prendas, sino que generan más de la mitad del valor aquí mismo. Estrada explica que la industria en Guatemala agrega 57% de valor nacional por cada dólar exportado. Esto significa que, de cada dólar exportado, 57 centavos representan valor creado en Guatemala (empleo local, insumos nacionales energía, servicios). Según el ejecutivo, se están produciendo artículos de alta calidad y valor en el país, destinados al mercado internacional.

Elda Abrego, instructora y coordinadora del taller textil del Intecap, considera que el futuro de la industria es prometedor, siempre que se capacite al personal.

Miguel Ángel Durán, director de la Maestría en Ingeniería Textil de la UNIS, afirma que el crecimiento de la industria ha superado la generación de mano de obra calificada. “Lo que queremos es alcanzar esa meta de llenar esos puestos de trabajo con guatemaltecos”, señala.

Durán comenta que Guatemala importa maquinaria europea —principalmente de Alemania, Italia, Suiza y España— y que ha sido operada en su mayoría por extranjeros. Esta tecnología, añade, exige mano de obra profesional calificada, puestos que, según él, podrían ser ocupados por guatemaltecos.

Guatemala agrega valor a al 57% de las prendas exportadas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Los 8 trabajos textiles más buscados

Las inversiones realizadas para incorporar maquinaria, según Durán, representan la apertura a nuevas posibilidades. Esto se debe a que los equipos de alta tecnología permiten una mayor especialización, lo cual exige mano de obra calificada.

Sánchez indica que, anteriormente, un trabajador producía unas 150 prendas; hoy, con la nueva maquinaria, esa productividad se duplica o incluso triplica. “De momento ha sido algo limitado, pero hacia el futuro, consideramos que la ventaja competitiva de Guatemala —una mano de obra hábil y eficaz— puede erosionarse con la automatización y la inteligencia artificial”, afirma Sánchez.

Entre los puestos que requiere la industria textil figuran:

Técnicos textiles: Hash explica que, en su empresa, se necesitan técnicos especializados en el manejo de telas finas y de alta calidad. Por su parte, Alberto Zimeri, director de Zigatex, señala que a nivel técnico escasean los perfiles capacitados para operar maquinaria, detectar fallas y efectuar reparaciones.
Mecánicos: Zimeri indica que se requiere personal con conocimientos en el funcionamiento mecánico de los equipos utilizados en planta.
Técnicos electrónicos: Para atender el equipo eléctrico de las fábricas, Zimeri menciona que se necesitan técnicos electrónicos que puedan realizar reparaciones especializadas.
Ingenieros textiles: Hash resalta que los ingenieros textiles que actualmente trabajan en Guatemala suelen prepararse en Estados Unidos, y afirma que estos profesionales representan un nivel más avanzado que los técnicos.
Patronistas y operarios: Abrego destaca la necesidad de patronistas, tanto digitales como en plano, así como de operarios especializados en cada uno de los procesos que integran la confección de una prenda. Karin Carranza Sasso, directora de la licenciatura en Diseño Industrial con especialización en Vestuario de la Unis, añade que el patronaje digital —diseño y trazado para corte digital— es altamente demandado. “Todo el tema de la ilustración digital es algo muy demandado en la industria”, comenta.
Desarrollo de producto: Carranza menciona que este puesto es uno de los más solicitados, tanto en empresas de capital extranjero como nacional. Las funciones incluyen la elaboración de hojas de especificaciones del producto y la interpretación de las necesidades del cliente.
Key account manager: Este puesto, según Carranza, es clave para gestionar la producción, garantizar estándares de calidad y asegurar el cumplimiento del proceso de confección.
Expertos en tintorería: Durán indica que en el país hay pocos profesionales en tintorería, un proceso químico complejo que suele requerir especialistas extranjeros.

Sánchez añade que, con la automatización, también se abre espacio para ingenieros graduados en mecatrónica y electrónica.

Competencias que se buscan

Estrada advierte que es importante seguir formando capital humano para la industria textil: “Hoy un joven no quiere operar una máquina, un joven quiere tecnología. Mi pregunta es: ¿está preparado ese joven para la tecnología? Nuestro llamado es que las personas realmente logren capacitarse para estar preparados”.

Además de carreras específicas, el sector demanda diversas aptitudes para el desarrollo profesional. Según Sánchez, es necesario contar con habilidades como programar y saber interpretar diagramas eléctricos.

Carranza menciona que el dominio tanto del inglés como del español es indispensable. Añade que se requiere ser bilingüe, tanto a nivel técnico como coloquial. En el ámbito técnico, explica Durán, el idioma es necesario para desarrollar productos; y en el plano coloquial, para establecer relaciones de confianza con los clientes.

Durán añade que quienes deseen incorporarse a la industria deben ser estratégicos, pacientes y poseer inteligencia emocional y espacial.

MAQUILAS, CAPITAL HUMANO. Se realiz una visita a la maquila Visiontex para documentar parte del trabajo textiles que se realiza, adems, de entrevistar a Juan Andrs Snchez, directivo de la maquila. En la imagen, maquinaria y empleados de la maquila. Juan Diego Gonzlez. 160725

De acuerdo con datos compartidos por Vestex, las facultades que una persona debería tener para integrarse en la industria textil son:

Trabajo en equipo
Ética
Aprendizaje continuo
Comunicación oral y escrita
Resolución de problemas
Proactividad
Atención al detalle
Liderazgo
Formulación y desarrollo de proyectos
Dominio del inglés

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La provincia: un sector de oportunidad

Sánchez señala que en el interior del país también existe potencial de crecimiento: “Creo que el interior es algo que subestimamos mucho, el potencial que tiene de integración económica”. Asegura que esta región de Guatemala cuenta con diversidad de recursos naturales y capital humano, y sostiene que, en áreas como el altiplano y el corredor seco, muchas personas se beneficiarían de un empleo estable.

Según Sánchez, la mayoría de la inversión del sector ha estado concentrada en la ciudad capital, debido a la comodidad operativa y a la falta de incentivos e infraestructura en otras regiones del país.

“Si me pregunta qué puede hacer el Gobierno, sería invertir en infraestructura necesaria para llevar estas oportunidades al interior y poderlas explorar”, afirma Sánchez.

Estrada coincide en que en el interior existe mano de obra disponible, la cual podría ser capacitada y desarrollada para formar técnicos profesionales en la industria textil. Añade que en estas regiones hay oportunidad de crear polos de desarrollo.

Cómo seguir creciendo

Carranza considera que la ruta ideal para Guatemala es dejar de producir artículos básicos y enfocarse en productos elaborados. “Las personas tienen la habilidad manual para crear productos con buenos acabados. Esa es una de las fortalezas que tenemos como país”, afirma.

Estrada explica que el sector textil guatemalteco no puede competir en segmentos de bajo precio, ya que los costos industriales en el país son elevados, sobre todo los relacionados con la mano de obra. Por esta razón, afirma, Guatemala ha orientado su producción hacia artículos de alto valor y buena calidad, dirigidos principalmente a cadenas de tiendas estadounidenses.

Durán, por su parte, asegura que el país enfrenta una competencia fuerte en materia de costos energéticos. Mientras Guatemala tiene un promedio de 15 centavos de dólar por kilovatio, en China ese costo es menor. “¿Qué nos corresponde a nosotros? Trabajar en la maquinaria que estamos adquiriendo, eficientizarla y hacerla mucho más rentable, para que la competencia pueda seguir siendo justa”, afirma.

Hash destaca que las marcas han cambiado, al igual que las exigencias de los consumidores. Señala que las producciones ahora son más cortas y que Guatemala está bien posicionada, lo que convierte al país y a la región centroamericana en una opción atractiva.

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Opinión: Competir por precio ya no es suficiente en textiles

Thu, 28 Aug 2025 11:58:00 +0000

CAPITAL HUMANO

Opinión: Competir por precio ya no es suficiente en textiles

Consumidores y compradores piden claridad y certeza: quieren saber de dónde vienen las prendas y bajo qué condiciones fueron hechas.

Luis Oscar Estrada

28 de agosto de 2025 | 05:58h

El verdadero desafío es lograr que la fuerza laboral textil en Guatemala se actualice de forma constante y responda a estándares internacionales cada vez más exigentes, según Vestex. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El sector textil y de confección ha acompañado de cerca el desarrollo económico y social de Guatemala y demanda, hoy más que nunca, capital humano para mantener los niveles de producción y conservar su reputación como destino de especialización en vestuario y textiles.
Desde los años ochenta se inició la inversión de capital extranjero en el país, y desde entonces se abrió paso a una nueva era en la industria, que décadas atrás se había caracterizado por una sólida presencia nacional, con empresas enfocadas en el mercado local y el mercado común centroamericano.

A partir de entonces, la industria de vestuario y textiles se ha mantenido como uno de los motores generadores de empleo formal y de atracción de inversión, siendo un pilar para miles de familias en el país. Ese recorrido le ha permitido a Guatemala ganarse un espacio en las cadenas globales de suministro y ser reconocida como un socio confiable a largo plazo. El momento actual presenta una coyuntura distinta.

La tendencia del nearshoring está reconfigurando dónde y cómo se produce; los consumidores exigen cada vez más trazabilidad y sostenibilidad, y los hábitos de compra cambian con rapidez. En medio de todo esto, Guatemala tiene hoy la posibilidad de consolidarse como un destino de especialización en textiles y vestuario. Sin embargo, esa oportunidad no se asegurará únicamente con la infraestructura productiva disponible o con los acuerdos comerciales vigentes. Lo que realmente marcará la diferencia es la capacidad de su capital humano, es decir, de la gente que hace posible que la industria siga avanzando cada día.

Qué significa ser “ready to go”

Decir que el país está ready to go no debe entenderse solo como contar con fábricas, experiencia o acuerdos vigentes. Estar listo significa que las personas que forman parte de esta cadena productiva —desde operarios hasta gerentes de multinacionales— poseen las competencias, la visión y la preparación necesarias para enfrentar los desafíos actuales y los que vienen. Allí es donde reside la verdadera ventaja competitiva: en el talento que sostiene al sector cada día.

Competir únicamente en función del precio ya no es suficiente. Las marcas internacionales esperan más que un producto barato: valoran la calidad, pero también observan los procesos y las condiciones laborales que los acompañan. Para cumplir con esas expectativas se requiere personal bien preparado, mandos medios capaces de liderar equipos en entornos cambiantes y gerentes con visión para anticiparse a lo que viene. La maquinaria y la tecnología pueden adquirirse en cualquier lugar, pero sin personas formadas y comprometidas, el potencial de la industria se limita.

El verdadero desafío es lograr que la fuerza laboral textil en Guatemala se actualice de forma constante y responda a estándares internacionales cada vez más exigentes.

Consumidores y compradores exigen claridad y certeza. Quieren saber de dónde provienen las prendas, con qué materiales fueron confeccionadas y bajo qué condiciones laborales. La confianza ya no depende solo del resultado final: también se construye con la transparencia en toda la cadena de valor.

Producir con tecnología y diseño digital

Al mismo tiempo, la tecnología transforma la forma de producir. El diseño digital y la sistematización de procesos acortan los plazos de desarrollo, y las cadenas de suministro operan con una inmediatez que hace apenas unos años parecía imposible. Esa dinámica exige nuevas competencias: trabajadores con habilidades técnicas actualizadas y también con capacidades de gestión para enfrentar procesos más ágiles y sofisticados.

Frente a este panorama, Guatemala conserva ventajas importantes. La cercanía geográfica con Estados Unidos —su principal socio comercial— permite tiempos de respuesta cortos, cada vez más valorados por las marcas. Pero quizá la mayor fortaleza radica en una fuerza laboral que ha sabido salir adelante en medio de crisis económicas, transformaciones tecnológicas y cambios drásticos en las cadenas de suministro. Esa resiliencia ha mantenido a la industria en pie.

Para fomentar este esfuerzo, invertir en talento no debe considerarse un gasto: es, en realidad, la estrategia más segura para mantener a Guatemala entre los destinos más confiables y especializados de la región.

La apuesta consiste en construir una verdadera cultura de aprendizaje continuo. La formación técnica es necesaria, pero no suficiente. Hoy, las habilidades blandas, la capacidad de innovar y de pensar estratégicamente son tan valiosas como saber operar un telar o supervisar una línea de producción. Los países que han logrado diferenciarse lo han hecho con programas de actualización constante que mejoran la productividad y la calidad. Guatemala debe seguir esa ruta si busca consolidarse como un referente en el mercado global.

Reinventarse en talento

La expresión Ready to Go resume con claridad el momento actual. La industria tiene todo para aprovechar el impulso del nearshoring, responder a la demanda de marcas que buscan proveedores confiables y ofrecer productos que cumplen con estándares cada vez más estrictos. Sin embargo, más allá de la infraestructura o la logística, lo que realmente garantiza que Guatemala esté lista es la capacidad de su talento para reinventarse, aprender y evolucionar en un mundo que no se detiene.

El futuro de la industria no depende solo de contratos firmados ni de la infraestructura instalada, sino de las personas que día a día ponen en marcha las fábricas y hacen que el sector avance.

Guatemala está ready to go. Lo está porque su mayor fortaleza no es únicamente producir, sino hacerlo con talento que lidera, innova y sostiene el prestigio que la industria ha construido con esfuerzo. Esa visión, junto con la resiliencia de sus trabajadores, permitirá que el sector de vestuario y textiles no solo confeccione prendas, sino que también teja confianza, oportunidades y crecimiento para las próximas generaciones.

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Vender café guatemalteco conservando el bosque: los retos para cumplir las reglas europeas

Thu, 21 Aug 2025 12:00:00 +0000

exportaciones

Vender café guatemalteco conservando el bosque: los retos para cumplir las reglas europeas

Productores que ya cuentan con certificación acceden a mejores precios y mercados más estables. Informalidad y falta de digitalización de trámites son un desafío, aunque ven al país con ventajas para demostrar sostenibilidad.

Ximena Fernández

21 de agosto de 2025 | 06:00h

Guatemala debe superar retos como la digitalización de trámites para avanzar en la implementación del reglamento. Finca cafetalera de la marca Real Café que exporta producto a Europa. (Foto prensa Libre: Juan Diego González)

La finca Buenavista, ubicada en Sacatepéquez, tiene una extensión aproximada de 35 manzanas, dedicadas exclusivamente al cultivo de café. Así lo informa Cristian Morales, supervisor general de la finca, quien agrega que se exportan a Europa dos tipos de café: verde y oro.

“Europa se enfoca más en cuanto a que nosotros podamos demostrar que estamos produciendo sin la deforestación de los bosques”, explica Morales, al referirse a una de las normas del Pacto Verde: el reglamento de deforestación, con el cual es necesario estar alineado para continuar exportando a ese mercado.

Según Morales, desde la finca han avanzado en demostrar la ausencia de deforestación, aunque reconoce que aún no alcanzan la meta final.

Carlos Baccaro, presidente del Comité de Cafés Diferenciados de Agexport, señala que uno de los puntos clave para cumplir con dicha norma es presentar los avances a un ente certificador. “Aquí no es solo que el productor diga que no hace esto o sí hace lo otro, sino más bien demostrar el cumplimiento ante una norma frente a un ente certificador que pueda dar fe del cumplimiento”, afirma Baccaro.

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El Pacto Verde es una estrategia de la Unión Europea para convertirse en la primera zona neutral de carbono para el 2050, explica Yolanda Mayora, gerente de Sostenibilidad de Agexport. Dicha estrategia incluye diversas normas, entre ellas, el reglamento de deforestación, el cual permite que solo productos libres de deforestación sean importados a los países miembros de la Unión Europea. Si Guatemala no demuestra ante el cliente europeo que cumple con esta disposición, advierte Mayora, dejarán de comprar al país.

“Es una ventaja que tenemos a mediano plazo. Estamos accediendo a un mercado europeo bastante competitivo”, resalta Baccaro, quien añade que se debe obtener un valor diferenciado para los productores. Durante el 2025, se exportó café por más de US $46 millones, según datos compartidos por Agexport.

Guatemala podría acceder a un mercado competitivo si logra acoplarse de manera correcta al reglamento. Finca cafetalera de la marca Real Café que exporta producto a Europa. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

¿Cómo va Guatemala?

La Unión Europea comenzará a exigir la comprobación del cumplimiento del reglamento de deforestación el 30 de diciembre del presente 2025. Para Guatemala, esta medida impactará en siete productos: café, cacao, aceite de palma, caucho, madera, ganado y soja, según Yolanda Mayora.

De acuerdo con datos compartidos por Carlos Baccaro, aproximadamente el 25.1% del café producido en Guatemala se exporta al mercado europeo. Baccaro afirma que el país ya ha avanzado en el cumplimiento de la trazabilidad y la sostenibilidad requeridas en las áreas correspondientes. Destaca que es esencial presentar este cumplimiento ante un ente certificador europeo que lo respalde.

Mayora señala que se ha brindado apoyo a mil productores de café y cacao para facilitar la geolocalización de las parcelas, con el objetivo de demostrar que no se ha deforestado desde 2020, año a partir del cual la Unión Europea exige la nula deforestación.

“Conservar la biodiversidad y los bosques es algo que compartimos”, resalta Mayora, quien agrega que se espera demostrar que, durante la expansión agrícola, no se han sacrificado áreas boscosas. También destaca que una de las ventajas para Guatemala es que la mayor parte de la producción de cacao y café se realiza bajo sistemas agroforestales.

Según datos compartidos por Agexport, las empresas que pertenecen al Comité de Cafés Diferenciados han recibido cursos y capacitaciones, Agexport explica que estos se realizan sin certificaciones.

¿Qué es el Pacto Verde?

En relación con el Pacto Verde, Yolanda Mayora aclara que la regulación no está dirigida específicamente a Guatemala, sino a todos los compradores europeos que buscan importar productos de otras regiones hacia Europa.

Según Mayora, estos compradores deben cumplir tres condiciones:

Demostrar que los productos están libres de deforestación. Para ello, Guatemala debe geolocalizar y georreferenciar las parcelas de producción y comparar las imágenes desde el 2020 hasta la fecha, con el fin de probar que no ha habido deforestación.
Contar con una prueba de legalidad. El país debe demostrar a los compradores que el producto cumple con todas las normas y leyes aplicables, incluidas posibles condiciones medioambientales y aspectos laborales, agrega Mayora.
Implementar una declaración de debida diligencia. Esto implica presentar un documento mediante el cual el importador se hace legalmente responsable de verificar que los productos importados cumplen con las dos condiciones anteriores.

Carlos Baccaro afirma que la aplicación de esta norma implica asumir diversas responsabilidades, entre ellas la social, ambiental y el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Señala que los productores deben considerar el manejo adecuado del suelo, evitar su degradación, implementar una gestión responsable del agua y cumplir con normas sobre el uso de químicos y pesticidas, así como abandonar prácticas perjudiciales para el ambiente.

Guatemala deberá proporcionar a los importadores documentación que pruebe que se ha producido e l producto sin deforestación del bosque. Finca cafetalera de la marca Real Café que exporta producto a Europa. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Pequeños productores

En cuanto a los pequeños productores, Yolanda Mayora señala que aún hay quienes no cuentan con las posibilidades ni el conocimiento necesario para cumplir con este requisito. Principalmente, destaca la dificultad de acceder a herramientas tecnológicas que permitan georreferenciar sus parcelas.

“Los exportadores sí tienen un marco certero y las condiciones que les permiten producir, pero los pequeños productores necesitan muchas veces otro tipo de incentivos, capacitación y asistencia técnica”, amplía Mayora, quien subraya que este rol debería ser asumido por el Estado.

Román Molina, director ejecutivo de la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima), afirma que es necesario invertir para cumplir con los estándares de inocuidad. Sin embargo, aclara que dichas inversiones pueden ser “básicas” y “sencillas”.

Según Molina, desde Agrequima se han impulsado programas de capacitación dirigidos a todos los productores de la cadena agrícola. Este programa, explica, beneficia tanto a pequeños productores como a grandes agroindustrias.

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Precios y trámites son desafíos

Según Román Molina, el principal reto será el cambio cultural. “Si la gente está dispuesta, las inversiones en realidad no son tan fuertes”, comenta, y añade que han trabajado con distintas cooperativas que han tenido éxito y se han beneficiado a raíz de las certificaciones. Molina asegura que quienes cumplen con las normas de sostenibilidad han accedido a mejores mercados e incrementado sus ingresos.

Por su parte, Cristian Morales señala que uno de los desafíos de producir café sostenible es el manejo de los precios, ya que, según afirma, este tipo de producción eleva los costos, al diferenciarse del manejo tradicional.

En la misma línea, Yolanda Mayora destaca que existen obstáculos dentro del ámbito legal. “Todavía hay mucha informalidad en el campo, y esto afectará la meta final”, advierte, al tiempo que subraya que el Estado debe establecer el marco legal e infraestructura necesarios. Mientras tanto, añade, el sector privado debe asumir el compromiso de innovar, invertir y garantizar el acceso a los mercados.

Mayora también señala que es necesario facilitar los procesos administrativos. “En la medida en que los trámites sean digitales, habrá menos obstáculos burocráticos y el proceso será más sencillo”, afirma. Además, considera que el Estado puede ofrecer financiamiento a los pequeños productores para impulsar decisiones orientadas hacia procesos productivos más sostenibles.

“Para nosotros es un reto implementar estas acciones. Sin embargo, tenemos clara la importancia de la sostenibilidad que debemos mantener: cumplir con la trazabilidad y con la norma de la Unión Europea”, concluye Carlos Baccaro.

A pesar de que seguir esta normativa requiere mayores costos, quienes la siguen podrían tener mayor acceso a mercados y valor agregado. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Riesgo del país

Otro aspecto a considerar, agrega Yolanda Mayora, es la clasificación que los europeos asignarán a cada país en materia de riesgo. Guatemala será calificada como de riesgo alto, medio o bajo. Actualmente, el país se encuentra en una categoría de riesgo estándar, lo cual representa una desventaja frente a otras naciones.

Según la norma, en función de dichas clasificaciones, los compradores europeos deberán realizar más auditorías y presentar mayor documentación para respaldar la legalidad del producto y la debida diligencia. Esto, de acuerdo con Mayora, no favorece a Guatemala, sobre todo porque algunos países vecinos ya han sido clasificados como de riesgo bajo.

Guatemala deberá cumplir procesos más rigurosos de documentación, análisis de riesgo y auditoría sobre los embarques que contengan los productos exportados.

Mayora afirma que se buscará que Guatemala obtenga la clasificación de riesgo bajo. “Tenemos toda la evidencia de que, aunque antes del 2020 sí hubo deforestación, se han hecho esfuerzos para recuperar la cobertura forestal”, asegura.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

UE ofrece 8 millones de euros para que pequeños productores cumplan con pacto verde

Thu, 21 Aug 2025 11:59:00 +0000

agro

UE ofrece 8 millones de euros para que pequeños productores cumplan con pacto verde

Daniel Bloemers, jefe de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea para Centroamérica, afirma que Guatemala muestra progreso en la implementación del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación y destaca el papel clave de los pequeños productores en este proceso.

Ximena Fernández

21 de agosto de 2025 | 05:59h

La Unión Europea cuenta con diversos programas para que los pequeños productores guatemaltecos puedan cumplir con normativas del Pacto Verde. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Daniel Bloemers, jefe de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea para Centroamérica, asegura que Guatemala registra avances importantes en la implementación del reglamento sobre deforestación impuesto a los importadores pertenecientes a la UE. Señala que un punto clave es conocer los programas colaborativos que ofrece la Unión Europea para una implementación más ágil de dicha norma.

La Unión Europea busca alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Para ello, se elaboró el Pacto Verde, un conjunto de políticas e iniciativas para transformar la economía europea en moderna, competitiva y eficiente, según Bloemers. Estos objetivos se promueven desde el 2011, explica Bloemers.

En ese contexto, se desarrolló el reglamento sobre deforestación de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar que los productos clave comercializados en el mercado dejen de contribuir a la deforestación y degradación forestal.

Este es un extracto de la conversación que tuvo el representante de esa región con Guatevisión.

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¿Cómo está actualmente el estatus del avance del reglamento?
El reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea en junio de 2023. Ya está oficialmente en vigor. Las próximas fechas importantes serán el 30 de diciembre de este año, que será la fecha de entrada en aplicación para las grandes empresas, y próximamente el 30 de junio del año próximo, 2026, para las micro y pequeñas empresas.

Los productos incluidos en ese reglamento son el aceite de palma, el bovino, la soya, el café, el cacao, la madera y el caucho, además de los productos derivados de esas materias primas. Lo que habrá que comprobar a partir de las fechas que acabo de mencionar es que cualquier producto de estos que se introduzca en el mercado de la Unión Europea esté libre de deforestación, o sea, que el producto no contenga materias primas que provengan de tierras que hayan sido deforestadas después de finales del año 2020.

También se tomará en cuenta que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción, y en ese caso se analizará que los productos cumplan con la legislación guatemalteca.

¿Cómo observa actualmente el mercado nacional guatemalteco con las exportaciones a Europa?
En el caso específico de Guatemala, hemos visto muy buenos avances de preparación. Hemos venido trabajando de la mano con el sector productivo, también con organizaciones no gubernamentales, en el marco de varios proyectos de cooperación y de capacitación financiados por la Unión Europea.

Estamos muy conscientes de que estos preparativos pueden ser complejos y que el reglamento de deforestación es un reglamento ambicioso. Pero vemos muy buenos avances y estamos seguros de que los meses que nos quedan hasta la fecha de entrada en aplicación nos darán la posibilidad de completar y finalizar los preparativos necesarios.

¿Han identificado desafíos de oposición o resistencia al cambio en este sector productivo?
Estamos muy conscientes de que se trata de un reglamento complejo y ambicioso, pero hemos visto que las oportunidades que nos ofrece ese reglamento sobre deforestación han venido contribuyendo a aumentar también la concienciación sobre el papel que nuestro consumo desempeña en el impulso de la deforestación.

Hemos visto de manera clara que la asociación y el trabajo en conjunto de todos los actores —sea el sector productivo, las autoridades y los propios socios de la Unión Europea— es de suma relevancia, porque estamos conscientes del gran desafío que el reglamento significa y que es necesario abordar de manera conjunta.

Por eso la Unión Europea ha venido apoyando este esfuerzo en toda Centroamérica a través de varios proyectos y programas, sobre todo en el marco de la agenda de inversiones Global Gateway.

Los programas son solo un componente que va de la mano con amplios diálogos que hemos venido encaminando con las partes interesadas, con los países socios, a través de lo que llamamos la plataforma multisectorial sobre deforestación.
Hemos puesto a disposición del público amplios documentos explicativos. Por ejemplo, un documento de preguntas frecuentes disponible en español y que responde a más de 80 preguntas planteadas frecuentemente por las partes interesadas y las administraciones.

Además, ya estamos en la fase de implementación y de pilotaje del sistema de información que se utilizará para la transmisión de todos los documentos necesarios para la implementación del reglamento.

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¿Cuáles son los proyectos que desde la Unión Europea pueden apoyar a los pequeños productores que buscan seguir exportando a este sector?
En el caso de Guatemala, hay ocho proyectos importantes. Hemos encaminado un programa llamado Cero Deforestación y trazabilidad digital en Guatemala. Es un programa dedicado a los sectores de cacao, café, palma y caña, con un presupuesto estimado de €3.5 millones. Es un presupuesto considerable que busca aumentar específicamente la contribución del sector privado en Guatemala a la producción sostenible, libre de deforestación y trazable en varias cadenas de valor agrícolas.

Estamos conscientes de la gran importancia que tienen los pequeños productores en Guatemala y es por eso que este programa se dedica específicamente a las necesidades de esos pequeños productores.

Otro programa específico es Ver Crecer. Se trata de un programa que sostiene las cadenas de suministro verdes y agrícolas en Guatemala, y que está enfocado en los sectores de cacao, café, palma, caña y madera. Tiene un presupuesto de alrededor de €4.4 millones y busca apoyar el desarrollo económico inclusivo de Guatemala, promoviendo la adopción de principios y estándares acordados internacionalmente.

Los programas de apoyo están centrados en los sectores de cacao, café, palma, caña y madera. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Entonces sí estamos efectivamente poniendo énfasis en nuestro trabajo con las pymes.

Asimismo, tenemos el programa Café y Bosques, que es un programa regional que contribuye a coordinar y armonizar iniciativas de conservación y de producción sostenible en la región centroamericana. Lo que reafirma el compromiso con la recuperación verde de Centroamérica y también la promoción de mejores estándares para la comercialización del café y otros productos.

¿Cómo podrían los pequeños productores ser parte de estos programas de apoyo?
El punto principal de entrada y contacto para cualquier parte interesada sería siempre la delegación, la embajada de la Unión Europea en la ciudad de Guatemala, tanto como mi equipo de alcance regional en la sede de San José, Costa Rica. Desde ahí, cubrimos toda la región centroamericana en lo que se refiere a elementos económicos y comerciales.

No duden en ponerse en contacto con nuestros colegas que representan a las embajadas de la Unión Europea en la región, para que nosotros les podamos poner en contacto con los equipos, consultores y especialistas que están contribuyendo a los diferentes componentes de los programas que les mencioné.

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¿Cómo podría Guatemala acelerar este proceso del reglamento y llegar a las fechas límite con todo listo y seguir exportando a la Unión Europea?
Es importante contar con un diálogo estrecho entre todos los actores: autoridades, las asociaciones sectoriales, las asociaciones industriales y los representantes de los pequeños productores, para asegurar que haya un flujo eficiente de información, y que todos los interesados del sector privado y público estén al tanto de toda la información que se está ofreciendo, y que tengan conocimiento de todas esas oportunidades de cooperación técnica y capacitación que está ofreciendo la Unión Europea.

¿Podría haber efectos en los tratados comerciales que se tienen actualmente vigentes si, en caso, no se cumple con la normativa que exige la UE?
En la lógica de aplicación de dicho reglamento, los responsables del cumplimiento de los requisitos son los actores, las empresas, los que llamamos operadores, que introducen este producto específico en el mercado de la Unión Europea.

Está claro que, para lograr ese cumplimiento, se requiere una cooperación muy fluida a lo largo de toda la cadena de suministro con los productores, las diferentes asociaciones y los intermediarios que tengan un papel en esa cadena de suministro, además del apoyo de las autoridades relevantes. Pero no es responsabilidad de las autoridades públicas del Estado de Guatemala que un cierto cargamento que llegue a la Unión Europea sea conforme con los requisitos del reglamento. Esa es la responsabilidad del operador específico.

Dicho eso, nos enmarcamos una vez más en el pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea que hemos venido implementando desde hace ya 12 años, y este pilar comercial del Acuerdo de Asociación birregional sigue constituyendo una plataforma esencial para el diálogo interinstitucional sobre estos temas.

Por ejemplo, durante las reuniones más recientes de la institucionalidad que se celebraron a finales de junio de este año en San José, Costa Rica, se celebró una reunión del subcomité relevante que llamamos la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible, en la cual se discuten, entre los seis países de Centroamérica y la Unión Europea, todos los temas relevantes respecto al comercio y sostenibilidad. A lo largo de estos últimos años, esas discusiones institucionales han sido un vehículo de suma relevancia para promover y avanzar ese diálogo. El intercambio de conocimiento seguirá siendo un punto muy importante en el proceso de implementación, para tener retroalimentación sobre las prácticas de aplicación y para dialogar sobre éxitos, posibles retos y posibilidades de seguir mejorando en la implementación.

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Otro elemento es que la institucionalidad del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica no se limita al diálogo entre autoridades, sino que también incluye varios mecanismos de involucramiento del sector productivo, también de representantes de trabajadores y también del sector de organizaciones no gubernamentales.

Tenemos establecidos en cada país de Centroamérica y en la Unión Europea lo que llamamos grupos consultivos, que acompañan la implementación de dicho título de comercio y desarrollo sostenible de nuestro Acuerdo de Asociación a lo largo de los años, y que son vehículos muy importantes para la transmisión de información, preocupaciones y sugerencias respecto a políticas e iniciativas relevantes en ese conjunto.

Más allá de estos grupos establecidos, tenemos también una vez al año lo que llamamos el foro de diálogo con la sociedad civil, donde se abre esta plataforma a todos los interesados de ambas regiones.

A comparación de las otras regiones centroamericanas, ¿cómo considera que Guatemala va en el proceso de adopción del reglamento?
Me parece que hay que ver cada caso en específico, porque aunque nosotros tengamos un alcance regional y estemos contribuyendo activamente a la integración centroamericana, vemos que la situación de partida es diferente en cada país. Los diferentes sectores afectados —sea café, cacao, aceite, madera— tienen pesos diferentes en las economías y en las canastas de exportación de cada país. Hay mecanismos institucionales diferentes en cada país, y por eso también no se pueden copiar muy fácilmente mecanismos de un país a otro.

Vemos en todos los países de la región grandes esfuerzos por parte de las autoridades, por parte de asociaciones del sector productivo, y que son difíciles de comparar.

El reglamento sobre deforestación es solo una normativa de varias que aglomera el Pacto Verde. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

¿Se tiene proyectado cuál será el siguiente reglamento a entrar en vigencia del Pacto Verde en los próximos años?
Efectivamente, el Pacto Verde es un conjunto muy amplio de políticas e iniciativas que tienen como objetivo común la transformación de la economía europea en una economía más moderna, más competitiva y más eficiente.

Otros ejemplos importantes a los cuales habrá que prestar atención, y en los cuales ya estamos trabajando muy de la mano con nuestros socios centroamericanos, son la directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad, que también busca fomentar un comportamiento empresarial que sea sostenible y responsable. Es un instrumento importante que entrará en aplicación en los próximos años.

Otro mecanismo de gran visibilidad es el mecanismo de ajuste en frontera de emisiones de carbono. Este tiene menos relevancia en Centroamérica, porque la composición de la canasta exportable es diferente aquí.

Vemos que esa agenda legislativa sigue siendo bastante dinámica. En los últimos meses, recientemente, hemos visto varias iniciativas por parte de la Comisión Europea para simplificar y agilizar reglamentos y directivas que se están encaminando.

Seguimos prestando muchísima atención desde la sede de la Unión Europea en Bruselas, y desde todas nuestras embajadas en el mundo, a la retroalimentación y a las necesidades de nuestros socios para seguir mejorando, agilizando e implementando conjuntamente la legislación que esté en vigor o que esté a punto de entrar en aplicación.

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Proyectos de nueva energía podrían bajar tarifas, pero dependerán de permisos municipales

Fri, 15 Aug 2025 11:59:00 +0000

Energía

Proyectos de nueva energía podrían bajar tarifas, pero dependerán de permisos municipales

El éxito de las licitaciones de generación y transmisión de energía dependen de la colaboración entre inversionistas, autoridades nacionales, gobiernos locales y comunidades.

Ximena Santiago

15 de agosto de 2025 | 05:59h

Con las licitaciones de la PEG-5 y PET-3, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica estima que Guatemala tendría una cobertura superior al 90% o 95% . (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Los planes de expansión de generación (PEG-5) y de transmisión (PET-3) ya están en marcha. El 23 de abril del 2025 inició el período para obtener las bases de licitación.

El PEG-5 busca contratar hasta 1,400 megavatios de potencia garantizada y hasta 150 megavatios de potencia instalada. Pueden participar proyectos de generación con recursos renovables y tecnologías no renovables con bajas emisiones de CO₂.

Carlos Colom, expresidente de la CNEE, plantea que, una vez entren en operación las centrales de generación y las líneas de transmisión, el país debería beneficiarse con tarifas más estables y competitivas, así como con mayor eficiencia en la transmisión y distribución de electricidad. Sin embargo, antes de eso, Colom reconoce que hay que superar un importante desafío: “permisos y licencias, estudio de impacto ambiental, licencias municipales, permisos adicionales del gobierno, autoridades portuarias, derecho de vía y aspectos sociales con comunidades”, indica.

Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), espera que en esta licitación se logre adjudicar al menos el 50% a nuevas plantas con energía renovable. “Esto sería un camino para avanzar hacia la transición energética que esperamos ver en Guatemala para el año 2040”. El inicio de suministro será a partir del 1 de mayo del 2030, 2031, 2032 y 2033.

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En el caso del PET-3, el objetivo es contratar una o varias empresas para desarrollar la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de transmisión, por un plazo de 15 años. Este contempla 14 nuevas subestaciones eléctricas y más de 500 kilómetros de líneas nuevas en Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa.

Ambas licitaciones van de la mano. “De nada sirve que logremos atraer inversión en plantas de generación si no hacemos las inversiones en las líneas de transmisión, y viceversa: de nada sirve tener las líneas de transmisión si no tenemos la generación necesaria para cubrir la demanda”, resalta Raúl Bouscayrol, miembro de la Gremial de Grandes Usuarios.

Luis Romeo Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), compara la transmisión con las grandes carreteras que permiten el tránsito de productos. “Tienen dos efectos. Uno es permitir que la generación que se desarrolla en ciertos lugares se lleve hacia los centros de carga. Los centros más importantes están en el centro del país y algunos departamentos. Esa es una de las funciones. La otra, menos visible pero fundamental, es la calidad, porque si no tenemos líneas de transmisión el sistema eléctrico es mucho más frágil”, indica Ortiz.

Josué Figueroa, subgerente de regulación de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (Eegsa), anticipa que en el futuro se robustecerán las líneas de transmisión. “Nosotros estaríamos realizando las inversiones, planificando los circuitos correspondientes y haciendo las maniobras efectivas para ubicar la demanda en el mejor circuito posible, de manera que reciba la mejor calidad del producto”, asegura. La CNEE estima que Guatemala tendría una cobertura superior al 90% o 95% en todo el país.

Unas doce empresas ya han adquirido las bases de la licitación según la Junta Licitadora, lo que podría ser indicio de interés de los inversionistas por ingresar al mercado.

Al aumentar la inversión en líneas de transmisión, Bouscayrol asegura que “se logran crear circuitos, anillos y redundancias que permiten evitar apagones o microapagones que pueden poner en riesgo los equipos electrónicos modernos”.

La PET-3 Contempla 14 nuevas subestaciones eléctricas y más de 500 kilómetros de líneas nuevas en Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

“El crecimiento de la energía eléctrica generalmente es un buen indicador para los países. Eso dice que hay dinamismo en la economía, más empleo, mejores condiciones para la población y mayores oportunidades de desarrollo”, asegura Colom. Añade que para el 2031 el país debería apostar por crecimientos superiores al 5%.

Una de las grandes novedades de este paquete de licitaciones es que la PEG-5 plantea la generación de hasta 700 megavatios en Guatemala por medio del gas natural, lo que conlleva inversiones millonarias en infraestructura portuaria para su importación.

Obstáculos en generación y transmisión

Para que todo lo anterior suceda, el mayor desafío son los trámites necesarios para construir la infraestructura que permita la generación y transmisión de energía derivada de las licitaciones. “Permisos y licencias, estudio de impacto ambiental, licencias municipales, permisos adicionales del gobierno, autoridades portuarias, derecho de vía, aspectos sociales con comunidades”, enumera Colom.

“Toda esa tramitología, esa burocracia que no permite que los trámites sean fáciles, simples y objetivos, puede hacer que estos proyectos tarden más de lo previsto en instalarse e iniciar operaciones”, menciona Bouscayrol.

Juan Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas encargado del área energética, señala que debe mejorarse la seguridad jurídica, sobre todo en la transmisión. “Tal vez no tanto en la generación. Lo que nos causa problemas es el pago de los derechos de vía, que al final es pagar por pasar. Pero hay complicaciones con los alcaldes y con las licencias municipales”, agrega.

Perdomo resalta que los trámites se complican más para las líneas de transmisión. “Nuestro país necesita una verdadera conciencia sobre la urgencia que estas redes significan, no solo para más generación, sino para interconectar al país con la nueva generación y con la que ya está en construcción, que espera autorizaciones para conectarse”.

Rudolf Jacobs, director de la junta directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), considera importante que el Estado acompañe el desarrollo de las inversiones en dos sentidos. “Primero, en la tramitología y permisología, apoyando a los inversionistas en la obtención de los permisos críticos para pasar las líneas en áreas protegidas o municipales. Segundo, mediante un acompañamiento real del gobierno central y de los gobiernos locales”, indica.

Figueroa propone abordar estos desafíos identificando a los líderes comunitarios y conversando con gobernadores y alcaldes, según corresponda. “Hay que explicar adecuadamente de qué se trata todo esto, y con el apoyo del gobierno central llevar esa información desde el nivel más alto hacia el más bajo, para que todos entiendan que esto es desarrollo para el país”. Añade que se “debe trabajar de manera conjunta con alcaldes, entidades de gobierno, Cocodes y todos aquellos grupos de interés a quienes, de una u otra forma, impactará el proyecto”.

Tecnologías que vendrían con la PET-3 y PEG-5

La PEG-5 habilita contratación de generación renovable, de bajas emisiones y proyectos híbridos con almacenamiento; PET-3 contrata más de 500 km de líneas y 14 subestaciones en 4 lotes para reforzar la red, conectar nueva generación y ampliar cobertura.

Tecnologías renovables en PEG-5: solar fotovoltaica, eólica onshore, hidroeléctrica (de pasada y con embalse) y geotérmica, todas elegibles para aportar potencia garantizada y energía asociada según bloques horarios y perfiles de entrega.
Tecnologías de bajas emisiones en PEG-5: centrales a gas natural u otras que cumplan límites de emisiones iguales o inferiores al gas natural, orientadas a brindar energía firme y flexibilidad sin cupos tecnológicos predefinidos.
Proyectos híbridos con almacenamiento: integración de renovables con BESS para desplazar energía, dar cumplimiento a curvas de entrega y aumentar potencia firme bajo esquemas de contratos por diferencias y bloques de demanda.
Alcance de transmisión: más de 500 km de nuevas líneas en 69–230 kV para aliviar saturaciones, optimizar flujos y conectar polos de generación con centros de consumo.
Subestaciones nuevas: 14 subestaciones adicionales con bahías de línea y transformación, coordinadas con la entrada de nueva generación para mejorar confiabilidad y capacidad de interconexión.
Estructura por lotes: cuatro lotes que escalonan ejecución y priorizan corredores estratégicos, sincronizados con cronogramas de adjudicación y puesta en operación de proyectos de PEG-5.

Cronograma de las licitaciones

Desde abril, se han organizado jornadas informativas en el orden de la Licitación Abierta PEG-5. Este es parte del cronograma:

10 de octubre de 2025: Fecha límite para entregar solicitudes de aclaraciones a las Bases de Licitación.
31 de octubre de 2025: Fecha límite para dar respuestas a las solicitudes de aclaración de las Bases de Licitación o preguntas y para la emisión de Adendas a las Bases de Licitación.
21 de noviembre de 2025: Fecha de presentación y apertura de Ofertas Técnicas.
15 de enero de 2026: Fecha de evaluación económica de las ofertas.
30 de enero de 2026: Fecha de adjudicación.
Hasta tres (3) meses posteriores a la adjudicación: Fecha límite para la suscripción de cada Contrato de Abastecimiento.

Fuente: Ager

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Proponen traer gas natural licuado con tuberías submarinas o con barcos anclados en el mar

Thu, 14 Aug 2025 12:00:00 +0000

energía

Proponen traer gas natural licuado con tuberías submarinas o con barcos anclados en el mar

La licitación PEG-5 plantea la generación de hasta 700 megavatios en Guatemala por medio del gas natural, lo que conlleva inversiones millonarias en infraestructura portuaria para su importación

Ximena Santiago

14 de agosto de 2025 | 06:00h

La PEG-5 busca contratar hasta mil 400 megavatios, de los cuales se espera que la mitad sea respaldada con gas natural. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) analiza qué puertos (y en qué tipo de infraestructura) podrían recibir gas natural licuado (GNL) de cara a la quinta licitación del Plan de Expansión de Generación de Electricidad (PEG-5).

La PEG-5 busca contratar hasta mil 400 megavatios de potencia garantizada y hasta 150 megavatios de potencia instalada para cubrir la demanda de las distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (Eegsa) y de Energuate (Deocsa y Deorsa).

Según Juan Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas, en Puerto Quetzal “hay un área interesante”, pero sería necesario construir un gasoducto submarino de entre 4 y 5 kilómetros para llevar el gas desde el mar hasta tierra.

Castro explica que, en cualquier puerto del Atlántico o el Pacífico, el sistema consistiría en un buque tanque —unidad flotante de almacenamiento y regasificación— que transporta el GNL, lo convierte en gas y lo envía por un gasoducto hacia tierra, desde donde se conduciría a plantas de generación para su uso como combustible. Añade que, en el caso de Santo Tomás, el millón de BTU sería más barato porque no se requeriría dar la vuelta al canal de Panamá.

El gas natural licuado se obtiene al enfriar gas natural a unos –160 °C, lo que reduce su volumen 600 veces, según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager). Se transporta en embarcaciones, luego se regasifica y se utiliza para generar electricidad.

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Mar o tierra: Las dos alternativas

Consultado el vicealmirante José Antonio Lemus, presidente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), indica que una opción para la infraestructura del GNL sería similar a la del gas propano en Puerto Quetzal, donde una tubería pasa por el fondo de la dársena y llega a los depósitos ubicados en el área de la finca portuaria.

Lemus también menciona que otra alternativa es ubicar el buque mar afuera, amarrado a boyas que se conecten a una tubería para descargar hacia depósitos en tierra. Aunque considera viable la construcción de la infraestructura para GNL, opina que, debido a la limitada capacidad interna, la opción mar afuera sería la más conveniente. Precisa que esta conducción requiere autorización del Ministerio de la Defensa, ya que implica el tendido de tuberías en mar territorial y excede la competencia de Puerto Quetzal.

Raúl Bouscayrol, miembro de la Gremial de Grandes Usuarios, considera que el GNL podría importarse de Estados Unidos. “Vamos a crear una dependencia que se moverá de acuerdo con los precios mundiales del gas. Eso implica cierto nivel de riesgo, ya que el país dejaría de ser autosuficiente para generar energía y dependería de un recurso importado”, indica.

Luis Ortiz Peláez, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), asegura que se abre la posibilidad de que el gas natural ingrese al país de forma directa con la generación de base —la que soporta toda la demanda durante las 24 horas, los 365 días del año—. Ortiz resalta que se unirían “algunas tecnologías de hidroeléctricas que puedan tener embalses, pero también un acompañamiento de otro tipo de tecnologías renovables, energía solar especialmente”.

Inversión en nueva infraestructura

Para una planta de generación como las que se espera con la PEG-5, Carlos Colom, expresidente de la CNEE, estima que el componente de infraestructura de gas —para almacenamiento, regasificación y ciertos elementos del transporte— requeriría una inversión aproximada de entre US$250 millones a US$300 millones. “Sería poco realista pensar que esas inversiones las realice la autoridad portuaria o el Estado. Creo que lo más sensato sería facilitar que el sector privado las haga, cumpliendo con las reglas. Si hay que pagar tarifas, que se paguen, y que sea una ecuación ganar-ganar”, añade.

“Se requiere una línea de transmisión que lleve la energía eléctrica desde los puertos a los centros de consumo. Allí es importante que el sistema tenga esa capacidad. Se necesita infraestructura en puertos, de transmisión, y si se va a transportar el gas por carretera —porque la planta de generación debió ubicarse lejos del puerto y no hay gasoductos—, eso, en mi criterio, será muy difícil por los temas de derecho de vía”, detalla Colom.

Cuando se inicien los trabajos de construcción de la infraestructura que el sector privado necesite para el GNL, según Rudolf Jacobs, director de la junta directiva de la CIG., se requerirá de “permisología, tramitología y acompañamiento del Estado”. Colom añade que será necesario coordinar con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), el MEM y la CNEE.

CIG: Apuesta debe asumirse “con cautela”

Bouscayrol indica que se trata de una buena tecnología a precios accesibles. “Es importante que tengamos esa energía de transición que puede ser el gas natural, y creo que de las energías fósiles es la que menos contamina, la más limpia”, agrega.

La apuesta en esta licitación es el gas natural; a criterio de Bouscayrol, debe asumirse con cautela, para no hacer una inversión demasiado grande. “Digamos, la generación en más de 500, 600 o 700 megavatios, sentiría que es algo atrevido y arriesgado, porque estamos haciendo una apuesta muy específica en una sola tecnología que, como país, no hemos desarrollado”. Argumenta que Guatemala genera poco gas natural, por lo que tendría que importarlo.

Colom, por su parte, considera que la opción de promover la llegada del gas natural es “muy inteligente”. “El reto es que las reglas del juego permitan que haya interés en presentar ofertas, ya que no es fácil atraer inversiones en algo como el gas natural a un país como Guatemala”.

Otro de los desafíos que percibe Buscayrol es cómo incluir el GNL en la actividad portuaria. “En Guatemala tenemos una crisis portuaria: barcos estacionados que no logran atracar ni descargar. El GNL vendrá conectado a un puerto y deberá descargarse o contar con un gasoducto que ingrese al puerto. Hay soluciones. Una podría ser una planta flotante, como la que existe en El Salvador, donde la infraestructura portuaria necesaria es menor”, propone Jacobs.

Sin importar en qué puerto se importe el GNL, “cada uno tiene sus retos y temas importantes por resolver. Si aún no hemos solucionado el tema del ingreso de contenedores y productos a granel, es probable que un importador de gas ejerza mayor presión sobre nuestro sistema portuario”, concluye Bouscayrol.

Prensa Libre intentó obtener la versión de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla —dado que la salida del Caribe es recomendada por costos en la logística del gas natural— pero no se obtuvo respuesta a las solicitudes de entrevista.

Energía “abundante”

El MEM plantea que con esta licitación se busca seguridad energética, calidad, suficiencia y un precio razonable. “Se están jugando mil 400 megavatios, de los cuales se espera que la mitad sea respaldada con gas natural. Esto responde, en principio, a un proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por búnker, diésel o carbón”, indica Castro.

En esta licitación pueden participar todos los recursos renovables y tecnologías no renovables cuyas fuentes tengan factores de bajas emisiones de CO₂, como el gas natural. Ricardo Chacón, vicepresidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), considera que el gas natural es el combustible que permitirá una transición energética para promover el desarrollo de más energía renovable. “El bloque complementario puede ser mezclado con plantas existentes, adicionando energía renovable para suministrar esa demanda del bloque complementario de las distribuidoras”.

Con la PEG-5, la CNEE espera que el país cuente con energía abundante, suficiente para acompañar el crecimiento de la demanda. “En Guatemala, cuando se agrega nueva generación, los precios tienden a ir a la baja por las tecnologías y otras fuentes energéticas”, asegura Ortiz.

“Es una apuesta grande y totalmente necesaria para lograr el desarrollo y crecimiento económico”, asegura Bouscayrol, de la Gremial de Grandes Usuarios. El suministro comenzará a partir del 1 de mayo de el 2030, el 2031, el 2032 y el 2033. La contratación podrá ser de 15 años para plantas nuevas o en operación con inversiones adicionales, y de hasta cinco años para las plantas en operación que no hagan inversiones adicionales.

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