Así lo explicó el secretario de la Corte, Martín Guzmán, durante la presentación de este proyecto, que busca conservar los 79 mil documentos identificados en un plazo de entre cuatro y seis meses con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

El fin, agregó Guzmán, es dotar de “seguridad y certeza jurídica” a esa documentación digital y físicamente, pues hay sentencias “históricas” que marcaron un antes y un después.

Un ejemplo es la sentencia de oficio que “trajo abajo” las disposiciones del expresidente Jorge Antonio Serrano Elías cuando disolvió los poderes del Estado y “quiso concentrar en el Ejecutivo los otros dos poderes”, el Legislativo y el Judicial.

Serrano Elías -1991-1993-, exiliado en Panamá desde 1993, está acusado en Guatemala de los delitos de violación de la Constitución, rebelión, desacato, usurpación de funciones, abuso de autoridad, peculado y abandono de cargo, entre otros, tras protagonizar un autogolpe de Estado, conocido popularmente como el “Serranazo”, el 25 de mayo de 1993.

Guzmán también relató cómo además de los expedientes políticos los hay sociales, como los que se relacionan con los conflictos mineros e hidroeléctricos, una gran causa de conflictividad en el país sobre todo con las poblaciones indígenas, que en su mayoría denuncian que no son consultados sobre la instalación del proyecto.

En la presentación de este proyecto participó el presidente de la Corte, Neftaly Aldana, quien destacó la evolución que está teniendo el Tribunal con la implementación de instrumentos “electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones” para dar mayor agilidad y eficiencia, además de más alcance geográfico.

El responsable del proyecto de la USAID, Alejandro Sánchez, señaló por su parte que se facilitará el acceso a expedientes “con gran valor histórico que marcaron la diferencia” y que deben ser conservados para la cultura nacional.