De acuerdo con la notificación el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (Calas) fue amparada de manera definitiva por la CSJ, la cual determinó que con la autorización del proyecto de explotación minera para la extracción de oro y plata en La Puya se violaron derechos de los pobladores, al no efectuar una consulta popular, para que la población manifestara su apoyo o rechazo a las labores.

La mina está ubicado en la aldea La Puya, entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,

La CSJ ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) anular el expediente identificado como LEXT-054-08, entre esa dependencia y la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), en el cual consta la autorización para efectuar los trabajos extractivos.

La resolución fue emitida por unanimidad por los magistrados de la CSJ y se advierte al MEM de que, de no acatar la orden, se impondrá una multa de Q1 mil.

En el análisis del caso y resolución participaron nueve magistrados titulares —Silvia Valdez, Vitalina Orellana, Delia Dávila, Josué Baquiax, Nery Medina, Sergio Pineda, Silvia García, José Pineda y María Morales—, así como cuatro suplentes —Carlos Paiz, Manfredo López, Gustavo Dubón y Freedyn Fernández—.

Los magistrados titulares que no integraron la CSJ para conocer el caso fueron Ranulfo Rojas, presidente del Organismo Judicial; Blanca Stalling, Néster Vásquez y Douglas Charchal.

Antecedentes

El pasado 22 de febrero, la CSJ notificó el amparo provisional a Calas, con el que se ordenó suspender de manera temporal las operaciones mineras.

En noviembre del 2011, el MEM otorgó la licencia de explotación minera a Exmingua, pese a gestiones de pobladores cercanos al proyecto  en las cuales se señalaban vicios en el procedimiento.

Cuatro años duraron las protestas de pobladores de la localidad y activistas de derechos humanos para evitar que la empresa continuara, y formaron un campamento en las afueras. Las autoridades intentaron desalojarlos en varias ocasiones.