Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), resaltó que el 90 por ciento de las extorsiones son planificadas desde los centros carcelarios del país y existen personas intermediarias afuera que las controlan y coordinan, y que para ello utilizan a mujeres y menores.

Refirió que muchos se involucran por voluntad, porque familias completas han integrado las pandillas, o que algunos son obligados, y considera necesario denunciar esos ilícitos.

“Al hablar de pandillas y de extorsiones, hablamos de crimen organizado, el cual ha tenido la capacidad de contaminar las instituciones del mismo Estado, entonces se debe hacer una investigación de inteligencia también para determinar si en estas redes criminales hay personas que ejercen una función y que se desarrollan dentro del mismo Estado, para obtener lucro o lavado de dinero”, indicó.

El experto señaló  que muchas veces los menores de edad y mujeres no tienen conocimiento profundo de la organización, solo obedecen órdenes, y al momento de la captura no proporcionan información y los que están involucrados tampoco, por ello considera que deben utilizarse métodos especiales para llegar a los cerebros de las redes. Enfatizó que se debe ejercer el control total de las cárceles y establecer mejores mecanismos para erradicar este flagelo, así como implementar mejoras para los custodios penitenciarios.

Acuña resaltó que hay errores que se deben corregir, por ejemplo el informar que al día siguiente se continuaría con los operativos, porque con esto se alertó a los cabecillas para que escaparan o se ocultaran. “El crimen organizado tiene capacidad reorganizativa a corto plazo. A estas alturas ya están pensado quién va a sustituir a esta persona. Creo que debe ser un trabajo constante”, refirió.