La lucha contra la corrupción que se vivió en Guatemala en el 2015 fue una tarea titánica para instituciones como el Ministerio Público, sus funcionarios y empleados.

Un hecho que lo refleja es la orden de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio al Estado de Guatemala para brindar seguridad a la fiscal general, Thelma Aldana, quien indica que su vida cambió a partir de las investigaciones de los casos La Línea, TCQ y Cooptación del Estado de Guatemala.

Aldana afirmó que junto al ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, se ha coordinado la estrategia de seguridad.

“Es el ministro de Gobernación quien se encarga del diseño del esquema de seguridad, y realmente se han cumplido a cabalidad las medidas cautelares que fueron decretadas por la CIDH”, indicó.

En el 2009, cuando integró la Corte Suprema de Justicia, y en especial en el 2011, cuando presidió el Organismo Judicial, Aldana también contó con seguridad pública, derivado de su cargo.

La Fiscal señala que no se puede comparar esa situación con las condiciones a las que está sujeta por orden de la CIDH.

“Antes, la guardia de la Corte me llevaba a un lugar específico, como mi casa, y después se iba. A veces yo les pedía a los agentes que se retiraran. Ahora es una vigilancia de 24 horas, los siete días”, manifestó.

“Mal necesario”

Uno de los aspectos que Aldana reconoce es la pérdida de la privacidad y de actividades tan sencillas y citó como ejemplo el conducir su vehículo.

“Como Fiscal General  no puedo transportarme en mi propio vehículo, sino en uno de la institución. Es otra persona quien lo maneja. Desafortunadamente, las estructuras criminales no dejan que una persona pueda movilizarse por sus propios medios”, enfatizó.

“Su peor crisis”

La cadena noticiosa alemana Deutsche Welle (DW) publicó en su página web el pasado 8 de octubre una nota titulada “Guatemala: ¿Se repite la crisis de poder?”, en la cual señala que ha transcurrido menos de un año del gobierno de Jimmy Morales y su imagen ha percibido serio desgaste.

La nota refleja las investigaciones contra José Manuel Morales Marroquín y   Samuel Everardo Morales, hijo y hermano del   mandatario, así como del hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera, sospechosos de hechos delictivos.

“Ante nuevas acusaciones de corrupción contra familiares suyos y de su vicepresidente, el Gobierno del mandatario y actor cómico —Jimmy Morales— está pasando por su peor crisis”, indica la publicación.