“Ante el inminente vencimiento de un plazo fatal y porque hay una fuerte cantidad de personas que están en trámites de su documento de identificación”, se planteó la acción dijo el abogado Julio César Godínez, coordinador de la Asesoría Jurídica de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Debe expulsarse

En este caso se solicita a la CC que se retire del ordenamiento jurídico las tres frases “a más tardar el dos (2) de enero de dos mil trece (2013)”, “a partir del dos de enero de dos mil trece; a partir de esa fecha”, contenidas en el artículo 22 del decreto 39-2010, que reformó el artículo 92 transitorio de la Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), decreto 90-2005.

El procurador argumentó que de no expulsarse esas frases del artículo, se contraviene la Constitución de la República.

Sugiere prórroga

El presidente Otto Pérez Molina aseguró ayer que el Congreso tendrá la responsabilidad si se quedan más de 400 mil guatemaltecos “indocumentados”, por lo que sugirió que bien podría aprobarse una extensión a la vigencia de la cédula o un documento temporal.

El G-4, integrado por De León, de la PDH; el rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez; el arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian, y el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, Jorge Morales, manifestó su preocupación porque no hay una acción en ese sentido que permita obtener una solución a la problemática.

Falta un millón

Godínez resaltó que de continuar vigente esta ley, se dejaría sin identificación y “sin vida civil” aproximadamente a un millón de connacionales.

Añadió que se calcula que 500 mil personas no han obtenido el Documento Personal de Identificación (DPI), y otra cantidad similar está pendiente de que se le entregue.

Prensa Libre pudo constatar ayer que en los lugares de emisión de la capital, en donde se llevan a cabo los trámite para la obtención del DPI, hay largas filas de ciudadanos que intentan gestionarlo.