Las quejas se refieren a más de Q90 millones erogados para la construcción de viviendas para víctimas de la guerra interna, así como supuestas malversaciones por parte de comunas de Quiché y Huehuetenango.

David Gaitán, coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac) de AC, señaló en conferencia de prensa que a pesar de haber hecho denuncias, la CGC no ha dado ninguna respuesta ni señalado si hay avances.

“Sabemos que no se han iniciado las auditorías”, afirmó el director de Alac, luego de haber presentado un memorial a la CGC, en el que se requiere información sobre el avance de las auditorías.

Gaitán también criticó las nuevas políticas para presentar quejas, debido a que no se permiten de forma anónima. “Esto desincentiva las denuncias de corrupción, además de pedir hasta evidencia”, añadió.

Se llamó en reiteradas ocasiones al celular de la contralora general Nora Segura, para obtener su posición ante las críticas, pero no respondió.

También se solicitó al Departamento de Comunicación de la CGC una postura al respecto, pero Allan Martínez, coordinador de esa unidad, señaló que no habría.

Las denuncias

El 28 de febrero último, Alac pidió a la CGC efectuar auditorías a cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG), por usar fondos públicos para la edificación de casas para víctimas de la guerra, según convenio entre el Programa Nacional de Resarcimiento, el Fondo Nacional para la Paz y la Secretaría de la Paz.

“Las ONG fueron encargadas de hacer las licitaciones y ejecutaron los fondos, pero la mayor parte de los beneficiarios denuncian anomalías en las edificaciones, casas incompletas y otras sin construir”, afirmó Gaitán.

Otra de las quejas fue que vecinos de Chinique, Quiché, pidieron a la CGC investigar al exalcalde Luis Ambrocio López Chamorro, contra quien presentaron una denuncia en el Ministerio Público por supuestas anomalías, como malversación, peculado y fraude, entre otros delitos.

Se expuso que los pobladores, incluso, presentaron evidencias en las denuncias. “Sin embargo, a la fecha no han recibido respuesta por parte de la Contraloría sobre la petición que hicieron, y AC se adhirió a esta solicitud y pidió intervención”, afirmó Gaitán.

La tercera queja fue presentada por la Municipalidad de Jacaltenango, Huehuetanango, que pidió una auditoría a las obras y compras de la anterior administración, por considerar que hay sobrevaloración en la construcción de proyectos, como carreteras, compra de maquinaria y mejora de un barrio, entre otros rubros.

“También nos adherimos a la petición y solicitamos que se dé respuesta a la solicitud ya presentada”, añadió el analista.

Recordó que, según el artículo 28 de la Constitución, las autoridades están obligadas a tramitar y resolver las peticiones.