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Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Wed, 29 Oct 2025 06:10:00 +0000

Guatemala

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Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Cuatro de las 12 universidades con facultad en Ciencias Jurídicas renuevan a sus decanos que tendrán voz y voto en las elecciones de segundo grado.

29 de octubre de 2025 | 00:10h

El 2026 será un año clave para la justicia y la academia es uno de los pilares del proceso. A meses de que se activen las comisiones de postulación, algunas universidades han cambiado a sus decanos.

Los académicos participarán en la postuladora que tendrá que elegir a los candidatos al nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Se espera que el Congreso convoque a ambas comisiones de postulación en enero del próximo año, para que luego cada una de las mesas comience su proceso de integración.

Debido a la coincidencia en el término del mandato del TSE y del fiscal general, los decanos de las facultades de derecho tendrán una participación simultánea en las dos comisiones, tanto la del TSE como la del MP.

En la comisión que nomina candidatos a TSE participan dos decanos, el de la Universidad de San Carlos y un representante de las universidades privadas.

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El proceso de comisiones de postulación más reciente fue el de las actuales autoridades del Poder Judicial. La comisión para la Corte Suprema de Justicia y la de las Cortes de Apelaciones.

En las dos postuladoras, la mayoría de decanos fue un balance contra los comisionados del Organismo Judicial (OJ) y del colegio de abogados, quienes a criterio de organizaciones, buscaron entrampar las dos comisiones.

Pero esa integración de decanos ya no será la misma para el 2026. Hasta ahora cuatro universidades han registrado cambios de decanos. Fuentes, que prefieren el anonimato, no descartan que la academia haga otros movimientos de cara a las futuras elecciones de segundo grado.

El grupo de académicos quedó en la mira de las actualidades autoridades del MP cuando se opusieron a votar por María Consuelo Porras, cuando por orden constitucional finalmente fue incluida en la nómina y reelecta para un nuevo periodo que está por finalizar.

Los cambios

A dos meses que sean convocadas las nuevas comisiones de postulación, la Universidad Rafael Landívar (URL); Universidad del Istmo (UNIS); Universidad Mesoamericana; y Universidad de Occidente cambiaron a sus decanos de las facultades de derecho.

La URL tuvo como decano a Hugo Rolando Escobar Menaldo, un académico que a criterio de las organizaciones fiscalizadoras veló por mantener la objetividad y la transparencia en las distintas comisiones de postulación que tuvo la oportunidad de integrar.

Escobar Menaldo figura en una denuncia anonima que recibió e MP. Fotografía: Prensa Libre.

Dicha casa de estudios este año decidió sustituirlo por Julio César Cordón Aguilar. Fue secretario de Política Criminal durante en el primer periodo de María Consuelo Porras, presentó su renuncia el 5 de diciembre de 2019 porque ocuparía un puesto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La UNIS mantuvo en las pasadas comisiones de postulación al decano Alejandro Arenales Farner, cuyo desempeño en las comisiones del 2024 fue más apegado al de la mayoría de decanos, a diferencia del 2022, durante el proceso de postulación al cargo de Fiscal General.

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El nuevo decano es Pablo Alberto Maldonado Ericastilla, con experiencia como asesor de compañías como Energuate, Multi-inversiones S.A. y de Banco del Café S.A.

La Universidad Mesoamericana cambió a su decano Luis Fernando Cabrera, uno de los académicos más activos en las audiencias públicas de las comisiones de postulación para renovación de Cortes del 2024, mediante iniciativas para promover la transparencia en las distintas votaciones.

El nuevo directivo es Nery Anleu, que según registros públicos en 2024 y 2025 prestó servicios profesionales al Congreso, asignado a la subjefatura del bloque legislativo Azul.

La Universidad de Occidente tenía como decana a Ana Mercedes Suasnávar quien en el 2022 estuvo a favor de incluir en la nómina de candidatos a la Fiscal General, María Consuelo Porras.

Los decanos sustittuidos fueron clave en la pasada renovación de Cortes, apuntan organizaciones (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Pero en el 2024, a diferencia de otros procesos de postulación, sus votos fueron apegados al criterio de la mayoría de decanos, apoyando en el balance y fuerza que demostraron los académicos para la renovación de las Cortes, según grupos fiscalizadores.

Ella fue reemplazada por José Ángel Donald González Cuevas, quien fue asesor de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas) de 2017 a 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales.

Fuentes cercanas a la academia señalan que Universidad Mariano Gálvez es otra casa de estudios que estaría evaluando un cambio en su decanatura de derecho, cargo que hasta hoy ocupa Luis Antonio Ruano Castillo.

En las postuladoras de 2024 se opuso a la intención de admitir a los magistrados electos por el Congreso en noviembre de 2023 como aspirantes por pate de la carrera judicial. Fue uno de los más enfáticos en buscar el cumplimiento de las leyes en las sesiones de la comisión, apuntan algunas organizaciones.

Son investigados

En el marco de las pasadas comisiones de postulación del 2024, un grupo de decanos fue sujeto de una investigación por parte del MP, de la que a la fecha se desconocen avances.

Una denuncia anónima que ingresó al ente investigador el 10 de julio del año pasado, señaló que algunos de los académicos habían sostenido una reunión con Thelma Aldana, exfiscal general.

La supuesta reunión se habría desarrollado en El Salvador, y el denunciante anónimo sospecha que el fin pudo ser buscar apoyo para potenciales aspirantes a ocupar puestos de control en el Organismo Judicial.

Entre los decanos denunciados estaban Escobar Menaldo de la URL y Cabrera de Mesoamericana, dos académicos de los cuatro que hasta ahora han sido sustituidos por las universidades.

“Están dañando la confianza en Guatemala y eso afecta a todos”, dice Anabella Morfín

Wed, 29 Oct 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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“Están dañando la confianza en Guatemala y eso afecta a todos”, dice Anabella Morfín

Jurista asegura que la responsabilidad personal penal no debería afectar la personería de un partido político.

Fátima Najarro

29 de octubre de 2025 | 00:05h

Conteo de votos en la segunda vuelta del 20 de agosto, en la que fue electo el binomio de Semilla para la presidencia de Guatemala, según datos no oficializados. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla)

Anabella Morfín, fundadora del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), comentó en entrevista con Prensa Libre que la certeza del proceso electoral y la participación ciudadana están en riesgo por las acciones judiciales recientes vinculadas al Movimiento Semilla.

Resaltó que al crear un partido político se le da vida a una persona jurídica y que la responsabilidad al cometer un delito o acto es personal, y no debiera derivarse a terceras personas. La abogada recuerda que en el 2023 ya se discutió que todas las resoluciones en materia electoral y sanciones respecto al proceso electoral le competen exclusivamente al TSE.

¿Cómo interpreta las recientes acciones en las que un juez solicita la nulidad del partido político que ganó la elección presidencial?

Desde el punto de vista estrictamente legal, que es desde el cual debe verse todo este proceso, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que toda impugnación debe hacerse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ante el Registro de Ciudadanos, que le compete conocer las denuncias que haya sobre actos que presenten algún tipo de irregularidad o que adolezcan de un eventual acto político.

Creo que las cosas se han desnaturalizado. Aquí hubo una deliberada manipulación de la ley al aplicar normas que no estaban diseñadas para aplicarse a partidos políticos.

Hay algo que no debe perderse de vista, y es que, por ningún motivo, cualquier hecho o acto punible que se hubiese ejecutado, la responsabilidad penal es personal, y a las que se debe sancionar es a las personas que hubieren cometido esos ilícitos. No a la entidad, porque desnaturaliza totalmente la razón de ser del derecho.

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¿Cree que toda esta situación afecta tanto a la supremacía del TSE como a la certeza en el proceso electoral?

Tenemos un proceso electoral que está basado en la confianza ciudadana en la participación de personas que son ajenas a los partidos políticos, que con mucha dedicación y compromiso, y en todo caso en ejercicio de un derecho cívico-político y como ciudadanos, integran esas juntas receptoras de votos y participan como voluntarios.

Yo me estoy preguntando y estoy muy preocupada sobre lo que va a pasar cuando el TSE convoque a elecciones para integrar el Tribunal, que ya va a pasar en noviembre: quiénes van a querer postularse que sean personas correctas, probas, con un limpio historial de vida y, en todo caso, en quienes confiemos.

Por supuesto que afecta a la población. En primer lugar, le llega la información a medias; segundo, no la comprende totalmente; tercero, hay, a través de las redes sociales, mucha desinformación malintencionada.

Entonces, todo eso afecta no solo el desempeño del TSE, no en cuanto a la organización del próximo proceso electoral, sino a su propia integración y al interés de la población que vaya a querer involucrarse dentro del proceso electoral a través de la junta receptora de votos, porque los han criminalizado en lugar de reconocer que están haciendo un aporte importante a nuestro país.

Con las fortalezas y con las debilidades estructurales del TSE, ¿es posible poner en duda la constitución de un partido que ya participó en dos procesos electorales?

Realmente no es factible que se pretenda hacer, por lo que ya decía: que el ámbito penal lo que tiene que verificar es la comisión de actos reñidos con la ley en contra de las personas que los cometieron individualmente consideradas.

Por supuesto que, si cometieron ilícitos, que se sancionen. Nadie está diciendo que no lo haga, pero no se puede, en ámbito penal, hacer o pretender cancelar o declarar la nulidad de la existencia de un partido político, porque eso le dio vida en primer lugar a una persona jurídica.

Esa persona jurídica participó en un proceso electoral y eso no lo podemos borrar de la pizarra, y que, solo con borrarlo, ya no existe, porque eso tiene consecuencias.

Para declarar la nulidad de la existencia de ese partido político, eso sí o sí le corresponde al público ente facultado por la Constitución y por la ley de rango constitucional, que es el Tribunal Supremo Electoral, y ellos no lo han hecho.

Hemos observado que ha sido un acoso espantoso. Una serie de acciones en contra de personas, en contra de las instituciones.

Desde su lectura, ¿cuál podría ser el interés de esta resolución del juez?

Si somos objetivos, hemos observado que ha sido un acoso espantoso. Una serie de acciones en contra de personas, en contra de las instituciones, nos ha demostrado que lo que hay es un deliberado interés de que quienes están gobernando no puedan lograr sus objetivos.

No percibe uno más que eso: un deliberado interés de perjudicar a quienes nos están gobernando y de desacreditarlos, porque quizás lo ven como una amenaza para el proceso electoral próximo.

Sí que nos han hecho un grave daño. Es terrible, porque es una oportunidad para nuestro país de que las cosas se encaucen y se reencauce, que las instituciones se fortalezcan, porque hay una debilidad institucional espantosa en todos los órdenes.

Afecta la confianza del país, y eso nos hace daño a todos; nos afecta económica, social y culturalmente.

¿De qué manera puede el TSE fortalecer o blindar el sistema electoral para evitar situaciones similares en el futuro?

Reformas a la ley electoral, en este momento, sería absolutamente improcedente pensarlas, porque ya estamos a las puertas de que se haga la convocatoria para la integración del TSE; ya no es oportuno.

La ley electoral tiene un muy claro y determinado procedimiento para la revisión de los resultados, para hacer valer las impugnaciones, para determinar los momentos y la calificación de los documentos, la facultad de las personas y los plazos en que se pueden hacer tales impugnaciones. Eso lo dice claramente la ley.

Lo que ha pasado es que se ha ignorado todo esto, se ha manoseado la LEPP y se ha pasado por alto la integración del TSE.

Ejecutivo analiza reformas a ley que libran a las iglesias de la obligación de contar con estudios de impacto ambiental

Tue, 28 Oct 2025 22:14:34 +0000

Guatemala

Ejecutivo analiza reformas a ley que libran a las iglesias de la obligación de contar con estudios de impacto ambiental

La Presidencia de la República también está a la espera del decreto 11-2025, ley Antipandillas, que califica como positiva para el país.

Carlos Gómez

28 de octubre de 2025 | 16:14h

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, explicó que el decreto 9-2025 ya esta siendo analizado por el equipo legal del Organismo Ejecutivo. (Foto Prensa Libre. Byron Baiza).

El Organismo Ejecutivo ya analiza el decreto 9-2025, que contiene reformas a la Ley del Medio Ambiente, aprobadas por el Congreso a finales de septiembre, según indicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.

El decreto fue remitido al Ejecutivo la semana anterior y los equipos legales de la Presidencia ya revisan su contenido para determinar cuáles son las posibles inconstitucionalidades, afirmó Palomo durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura.

“En cuanto a la mal llamada Ley de Protección del Medio Ambiente, como anunció el presidente el viernes pasado, ya ingresó esta iniciativa para el análisis de los equipos legales y técnicos correspondientes, pero tanto el presidente como la ministra de Ambiente han manifestado su preocupación por lo que esta ley ocasiona y los embates que genera en la política ambiental del país, al margen de que incumple con estándares internacionales y compromisos que Guatemala ha adquirido en el marco de varios acuerdos y tratados internacionales”, indicó el secretario.

Palomo aseguró que, una vez se tome una decisión respecto de la sanción, modificación o veto del decreto, será dada a conocer.

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Antes de que el decreto fuera remitido por el Congreso a la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) efectuó un análisis técnico. En él, según el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, se detectaron serios vicios de inconstitucionalidad.

De acuerdo con Rodas, la normativa contradice mandatos expresos de la Constitución Política de la República y vulnera convenios internacionales, lo que podría ocasionar inestabilidad jurídica para las inversiones en el país.

El funcionario indicó que el decreto contraviene los artículos 4 y 97 de la Carta Magna. El primero establece el derecho de igualdad para todos los habitantes. “El decreto vulnera este principio al eximir a ciertos sectores, sin criterios técnicos claros, de la presentación del instrumento ambiental”, explicó.

También aseguró que se viola el artículo 97, que obliga al Estado, las municipalidades y los habitantes a propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación y mantenga el equilibrio ecológico.

“La reforma deja de considerar el daño ambiental que genera todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad”, argumentó.

Al hacerlo, se genera una “externalidad económica”; es decir, el costo de descontaminar y tratar los desechos producidos se traslada de forma injusta a la población en general, “quien termina pagando los platos rotos de un desarrollo insostenible”, indicó Rodas. Añadió que el texto del decreto, al hacer referencia específica a lo “comercial”, parece excluir de responsabilidad ambiental a un sector clave de la actividad económica.

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Esta ambigüedad, sumada a la exención de evaluaciones, abre la puerta a que se autoricen y construyan obras sin los controles ni requerimientos ambientales adecuados, lo que implica un riesgo latente de degradación de ecosistemas y afectación a comunidades, puntualizó el funcionario, quien comentó que por esa razón el Marn recomendará al presidente vetar el decreto.

Respaldo a la Ley Antipandillas

Respecto del Decreto 11-2025, que contiene la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, conocida como “Ley Antipandillas”, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia indicó que cuenta con el respaldo del presidente Bernardo Arévalo.

“El presidente ha aplaudido el esfuerzo del Congreso de la República al aprobar esta iniciativa de ley”, aseguró.

También indicó que hasta el momento no ha ingresado este decreto al Ejecutivo para su revisión. Una vez recibido, se hará el análisis correspondiente, enfocado en dos aspectos fundamentales: “su conformidad con la Constitución y su efectividad práctica”, indicó.

Palomo afirmó que esta “es una ley que contribuirá a los esfuerzos para poder combatir este flagelo que sabemos afecta a la mayoría de la población guatemalteca”. Añadió que el análisis final se hará “en base al cumplimiento de la Constitución, sus disposiciones y la efectividad que va a tener para el combate de las maras”.

Diputados de oposición fallan en su intento por incluir elección de Junta Directiva en agenda legislativa

Tue, 28 Oct 2025 19:45:25 +0000

Política

Diputados de oposición fallan en su intento por incluir elección de Junta Directiva en agenda legislativa

La oposición intentó sin éxito incluir en la agenda legislativa la elección del primer secretario del Congreso, pero el oficialismo frustró el movimiento al cerrar la sesión.

César Pérez Marroquín y Douglas Cuevas

28 de octubre de 2025 | 13:45h

El presidente del Congreso, Nery Ramos, levanta la sesión antes de que se vote la moción para incluir la elección del primer secretario. (Foto Prensa Libre: @CongresoGuate)

Diputados de oposición intentaron este martes 28 de octubre modificar la agenda legislativa para incluir la elección de la Junta Directiva del Congreso para el 2026; sin embargo, no lo lograron porque no fue posible integrar la directiva actual.

La intención de los diputados de Vamos, Valor y la UNE era modificar la agenda para elegir a quien ocupe la primera secretaría de la Junta Directiva; sin embargo, no lo consiguieron, ya que el actual presidente del Congreso, Nery Ramos, levantó la sesión.

Fue el diputado Sergio Celis, de Cabal, quien presentó la moción para incluir como punto la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.

El diputado oficialista José Carlos Sanabria pidió buscar consensos para la elección del primer secretario y solicitó una verificación de quorum antes de que se votara por la moción para cambiar la agenda de la sesión plenaria; sin embargo, no se logró debido al cierre de la misma.

Se dijo que la oposición propondría a la diputada Helen Ajcip para ocupar el cargo de primera secretaria, vacante desde la salida de Karina Paz.

Además, parlamentarios opinaron que la intención de la oposición era medir fuerzas para intentar elegir a la nueva Junta Directiva; sin embargo, no se conocen nombres de diputados que estarían interesados en ocupar esos cargos en el 2026.

Es decir, la oposición medía fuerzas para comprender el panorama que enfrentará ante una eventual elección de la nueva Junta Directiva.

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Guatemala toma la presidencia del Parlacén en medio de disputa legal

Tue, 28 Oct 2025 19:12:51 +0000

Guatemala

Guatemala toma la presidencia del Parlacén en medio de disputa legal

Karla Gutiérrez asumió este martes 28 de octubre la presidencia del Parlamento Centroamericano para el periodo 2025-2026, pese a la oposición del partido UNE, por el cual fue electa en el 2023.

Douglas Cuevas y María Paula Carranza

28 de octubre de 2025 | 13:12h

La nueva presidenta integra la bancada Guatemala y sustituye a Carlos Hernández de El Salvador.

La nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacén) tomó posesión y ejerció su carácter supranacional, desestimando resoluciones judiciales que intentaron impedir que la nueva presidenta asumiera el cargo.

El Parlacén es ahora presidido por Karla Gutiérrez, de la bancada Guatemala, cuya elección fue ratificada por la Asamblea Plenaria del organismo, pese a objeciones planteadas durante la sesión.

Gutiérrez llegó al Parlacén luego de las elecciones generales del 2023, electa por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la misma agrupación que intentó impedir su investidura como presidenta.

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Pulso legal

La noche del 27 de octubre, el partido UNE obtuvo dos amparos provisionales que ordenaban que Gutiérrez no tomara posesión. Las acciones se fundamentaban en la expulsión de la diputada centroamericana del partido, lo que la inhabilitaba para integrar la Junta Directiva.

Sin embargo, ese restricción para ocupar cargos directivos como diputado independiente aplica en el Congreso de la República, donde ha sido utilizado como base para evitar que diputados sin partido integren su Directiva.

Las acciones legales de la UNE buscaban que ese mismo criterio se aplicara en el Parlacén; sin embargo, Carlos Hernández, presidente saliente, afirmó que las resoluciones nacionales no pueden interferir en el funcionamiento de un órgano internacional.

El presidente saliente durante el proceso de transicicón.Fotografía: Prensa Libre.

“Es un organismo supranacional y, por lo tanto, todas sus actuaciones deben basarse en el respeto al derecho comunitario. Los temas internos no tienen ninguna vinculación, ya que el Parlacén no está supeditado a decisiones nacionales”, explicó el presidente saliente antes de ceder su lugar a Gutiérrez.

Elecciones atípicas

Karla Gutiérrez al tomar posesión afirmó sentirse tranquila, aunque aseguró haber sido víctima de violencia desde su elección. “He sido víctima de ataques, de violencia de género simbólica y de violencia política”, declaró.

Gutiérrez sostuvo que las resoluciones legales que intentaron frenar su juramentación carecen de competencia, y recordó que existen precedentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre los límites de jurisdicción de jueces y salas.

“Existe un acuerdo de la CC, el 1-2013, que establece que una sala departamental no es competente para otorgar esos amparos; en todo caso, puede admitirlos, inhibirse y trasladarlos al órgano competente”, explicó.

Junta Directiva electa del @PARLACEN sigue con su toma de posesión pese a amparos provisionales en contra. Se respaldan en la jerarquía del Parlacen y en un acuerdo de la @CC_Guatemala del 2013, qué fija la competencia de judicaturas nacionales. pic.twitter.com/3BtQYrmVzu
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 28, 2025

La Junta Directiva del Parlacén tiene un periodo de un año. Sin embargo, la resistencia registrada en esta ocasión fue inusual: “Estas elecciones fueron atípicas e históricas”, afirmó.

Al igual que su antecesor, Gutiérrez sostiene que las resoluciones de juzgados nacionales no tienen carácter vinculante, dado que el Parlacén se rige por normativas propias.

“Yo estoy tranquila. Recuerden que el Parlacén, por ser un órgano internacional, tiene su propia normativa. En este caso, un tratado constitutivo, y nuestro órgano superior es la Asamblea Plenaria”, concluyó.

Arévalo se reúne con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA

Tue, 28 Oct 2025 18:02:53 +0000

Guatemala

Arévalo se reúne con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA

El presidente Bernardo Arévalo se reunió este martes con Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, para denunciar los intentos de revertir los resultados electorales de 2023 y judicializar la política en Guatemala.

Carlos Gómez

28 de octubre de 2025 | 12:02h

El presidente Bernardo Arévalo y el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich se reunieron la tarde de este martes en el Palacio Nacional de la Cultura. (Foto Prensa Libre: SCSPR).

El presidente Bernardo Arévalo se reunió este martes 28 de octubre con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Sebastián Kraljevich, para conversar acerca de la situación actual que atraviesa el país que ponen en riesgo los resultados electorales.

Dentro de los temas abordados, según informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, esta la resolución del juez Fredy Orellana que ordena la anulación del partido Movimiento Semilla, que el presidente ha valorado como “una clara amenaza al orden constitucional y democrático”.

Arévalo también informó al funcionario de la OEA sobre las acciones del sistema judicial y del Ministerio Público que considera como “judicialización de la política”.

En cuanto al seguimiento de la orden de Orellana, que se considera un intento de golpe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, afirmó que desde la semana anterior comenzaron a realizarse las gestiones correspondientes para solicitar una reunión del Consejo Permanente de la OEA, con el fin de conocer los acontecimientos y la situación por la que atraviesa el país.

En este sentido, la vicepresidenta del Consejo Permanente de la OEA, Alejandra Solano, representante permanente de Costa Rica, realizó la convocatoria para una sesión extraordinaria del Consejo, que se llevará a cabo a las 10 a.m. (hora de Washington), 8 a.m. (hora de Guatemala), el próximo jueves 30 de octubre, “con el objetivo de analizar las graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala”, indica la convocatoria.

La respuesta de la OEA a la solicitud presentada por la Misión Permanente de Guatemala para la realización de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, fue remitida el pasado lunes según confirmo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Reunión privada

El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich, arribó a Guatemala el pasado lunes y, según se informó, con base en una agenda programada anterior a la crisis actual. Según informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la reunión con el presidente Arévalo se realizó de forma privada la tarde de este martes en el Palacio Nacional de la Cultura.

Una fuente del Ejecutivo indicó que entre los temas abordados por el presidente y el representante de la OEA se encuentran:

El seguimiento a la solicitud hecha por el presidente a la unidad nacional y al diálogo entre los distintos sectores del país para abordar la situación nacional.
El respeto a los resultados electorales de 2023, así como el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La independencia que debe prevalecer entre los poderes del Estado y la no judicialización de la política, esto derivado de los procesos y las investigaciones iniciadas por parte del MP, y las resoluciones judiciales con las que se busca separar de sus cargos al presidente Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, diputados y alcaldes electos por el Movimiento Semilla.
Así como los temas que serán abordados durante la sesión que se realizará el jueves 30 de octubre durante la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

Por aparte, la solicitud realizada por el Ejecutivo para que el Consejo Permanente de la OEA celebre la reunión extraordinaria se hizo con base en lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, creada en 2001, la cual es el mecanismo de apoyo para los países miembros cuando consideren que existen amenazas a la democracia en sus territorios.

Con ello, se busca alertar a los países miembros sobre lo que el canciller Carlos Ramiro Martínez calificó como un “deterioro en los últimos días de la situación que estamos viviendo en Guatemala”, en referencia a los intentos de obstrucción judicial y política denunciados por el presidente Arévalo.

A criterio del Ejecutivo, la nueva orden emitida por el juez Fredy Orellana pone en riesgo el sistema democrático, y “fue emitida por un juez al que la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no mover de juzgado”, indico el mandatario.

En su mensaje a la nación emitido el domingo, Arévalo solicitó a las autoridades del Poder Judicial la destitución de Orellana, a quien tacho de ser un “sicario” de las leyes, para alterar la voluntad popular.

“El juez Fredy Orellana –un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras– intenta forzar al TSE a distorsionar los resultados de las elecciones de 2023, motivando la destitución inconstitucional de un alcalde, de 23 diputados electos por el Movimiento Semilla, de la vicepresidenta de la República y de su presidente”, enfatizó.

El presidente hizo un llamado a todos los ciudadanos a fijar una postura a favor de la defensa de la democracia, incluyendo a políticos, jueces, militares, civiles y población en general.

El presidente @BArevalodeLeon se reunió con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la @OEA_oficial, Sebastián Kraljevich, para exponer los graves hechos perpetrados por el Ministerio Público y el juez Orellana, que amenazan la democracia, así como los temas que… pic.twitter.com/t4EfggdBU8
— Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) October 28, 2025

Sala de Izabal y juzgado de Alta Verapaz suspenden juramentación de Karla Gutiérrez como presidenta del Parlacen

Tue, 28 Oct 2025 04:04:48 +0000

Política

Sala de Izabal y juzgado de Alta Verapaz suspenden juramentación de Karla Gutiérrez como presidenta del Parlacen

Dos resoluciones judiciales suspendieron la toma de posesión de Karla Gutiérrez como presidenta del Parlacen, tras amparos provisionales otorgados a la UNE.

César Pérez Marroquín y Douglas Cuevas

27 de octubre de 2025 | 22:04h

Sede del Parlacén en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP/ Hemeroteca PL).

Una Sala de Apelaciones de Izabal y un juzgado Civil de Alta Verapaz dieron con lugar amparos provisionales solicitados por la dirigencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y dejaron en suspenso el acto de toma de posesión de Gutiérrez como presidenta del Parlacen.

Por un lado, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgó el amparo provisional a Lourdes Teresita de León, secretaria general de la UNE, lo cual frenó la juramentación.

La agrupación política se opuso a la elección de Gutiérrez por haber sido expulsada del partido, y argumenta que enfrenta las mismas prohibiciones que los diputados del Congreso, por lo que sería considerada independiente y, en consecuencia, con los mismos impedimentos.

“Se otorga el amparo provisional solicitado por Lourdes Teresita de León Torres, quien actúa en su calidad de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional y representante legal del partido político Unidad Nacional de la Esperanza. En tal virtud, y dada la naturaleza o función preventiva de la presente acción constitucional de amparo, se deja en suspenso, de manera inmediata y provisional, el acto reclamado, por lo que la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) deberá abstenerse de girar órdenes que atenten contra la amenaza cierta, futura e inminente. Asimismo, se le ordena abstenerse de dar posesión y juramentar como presidenta de la Junta Directiva a la persona aludida”, señala la resolución.

Además, un juzgado de Primera Instancia de Alta Verapaz otorgó otro amparo provisional a favor de la UNE y ordenó dejar en suspenso la toma de posesión de Gutiérrez como presidenta del Parlacen por la bancada Guatemala.

“Se otorga el amparo provisional solicitado por la postulante en la calidad con que actúa en la presente acción constitucional de amparo (…) Por lo tanto, se ordena a la autoridad denunciada lo siguiente: A los integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que cumplan con su función y se limiten a hacer lo que la ley les impone, de manera que se abstengan de darle posesión y juramentar a la diputada de la bancada Guatemala en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, como presidenta de la Junta Directiva 2025-2026 del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y de esa cuenta evitar la vulneración de los principios de legalidad y sujeción a la ley de los funcionarios públicos, pues la mencionada diputada fue separada del partido político que la postuló”, indica la resolución.

En tanto, el actual presidente del Parlacen, Carlos Hernández, acusó de usurpar funciones y cometer fraude de ley a algunos integrantes de la Junta Directiva saliente, por una comunicación enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se exponen limitaciones para que la nueva directiva asuma el cargo.

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La CC no tiene fecha para conocer las acciones contra la orden del juez Fredy Orellana

Mon, 27 Oct 2025 23:21:38 +0000

Guatemala

La CC no tiene fecha para conocer las acciones contra la orden del juez Fredy Orellana

La acción del juzgador, a criterio del presidente Bernardo Arévalo, abogados y diputados oficialistas, busca alterar la elección democrática del 2023.

Douglas Cuevas

27 de octubre de 2025 | 17:21h

Leyla Lemus es presidenta de la CC desd el pasado 14 de abril y es quien propone las agendas del pleno constitucional. Fotografía: Prensa Libre.

El presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional lo que calificó como un nuevo intento de golpe de Estado, pidiendo incluso la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) para preservar el sistema democrático.

La solicitud del mandatario se da tras un fallo del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien ordenó declarar la nulidad de todo lo relacionado con Movimiento Semilla.

El Organismo Ejecutivo y los 23 diputados oficialistas advierten que el fondo de esa resolución es desconocer la adjudicación de cargos, y junto a algunos abogados independientes, solicitaron el apoyo de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Pero pese a los riesgos que podría ocasionar la resolución de Orellana, la Corte que preside la magistrada Leyla Lemus no ha programado la discusión de recursos legales que buscan reconfirmar los resultados electorales del 2023.

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La diputada oficialista Andrea Reyes, y el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, presentaron memoriales a la CC con el fin de que se emitan nuevas instrucciones para mantener los resultados electorales.

Solicitaron una debida ejecutoria a una sentencia de amparo a favor de un grupo de ciudadanos, que hace dos años consiguieron el respaldo constitucional para la transición del Gobierno.

Aunque exista ya un fallo de ese tipo en sentencia, la resolución de Orellana es contraria a esos criterios constitucionales, según Reyes y Ortiz, quienes están a la espera de conocer el criterio de la CC al momento de resolver.

Este domingo, Lemus pidió informes al Organismo Ejecutivo y al Congreso, para determinar si a la presente fecha se han respetado los resultados de las votaciones de hace dos años.

Advierte de peligro

El presidente Bernardo Arévalo envió un informe a la CC para explicar que, aunque se cuenta con el respaldo en sentencia de la Corte, la reciente resolución del juez Orellana es un peligro para el sistema democrático.

“Pretender que un juez penal puede dictar la nulidad absoluta de un partido político no afecta únicamente a sus miembros, sino a todo el sistema republicano, democrático y representativo del Estado de Guatemala”, explicó el presidente.

El mandatario reiteró que es necesario que se reafirmen las medidas que ya dictó la CC hace dos años, y así permitir el respeto absoluto a los resultados electorales.

“No solo el Ejecutivo se vería afectado, sino todos los participantes del proceso, por incidir directamente en la sumatoria de los votos realizadas por las Juntas Receptoras de Votos, la consolidación de las mismas Juntas Electorales Municipales y juntas Electorales Departamentales”, refirió.

La intención, según el análisis del gobernante, es trastocar “la integración del Organismo Ejecutivo, Organismo Legislativo, Consejos Municipales y el Parlamento Centroamericano en el período constitucional en curso”.

El presidente @BArevalodeLeon expone directamente a la @CC_Guatemala que la resolución del juez Fredy Orellana busca alterar el resultado de las elecciones generales del 2023. El informe fue entregado ayer, pero el caso no ha sido programado para discusión en la Corte. pic.twitter.com/kyLHLHJ9BU
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 27, 2025

No profundizan

A diferencia del informe enviado por el Organismo Ejecutivo, el del Congreso no profundiza en los alcances que podría tener la resolución del juez Orellana, a pesar de que a ellos como organismo de Estado se les notificó de la resolución.

El Legislativo cumplió con la entrega de su informe a la CC este domingo a las 20.25 horas, añadiendo una voluminosa cantidad de expedientes relativos a actas de sesiones de comisión permanente previó al cambio de gobierno, actas de sesiones del 14 de enero del 2025 y la actual integración del quorum legislativo.

En el documento, el parlamento se enfoca en decir que a la fecha se ha cumplido con la resolución de la CC y que fueron notificados de la orden del juez, haciendo una trascripción de la misma sin ningún tipo de análisis o valoración.

¿Puede la CC detener otro golpe de Estado? Gabriel Orellana analiza la denuncia del presidente Arévalo

Mon, 27 Oct 2025 22:30:00 +0000

Guatemala

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¿Puede la CC detener otro golpe de Estado? Gabriel Orellana analiza la denuncia del presidente Arévalo

El constitucionalista Gabriel Orellana analiza el impacto de la denuncia del presidente Bernardo Arévalo ante la OEA, sobre un nuevo intento de golpe de Estado.

Evelyn Boche Ventura

27 de octubre de 2025 | 16:30h

Personas reaccionan a la transmisión de la posesión nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo en Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala el 14 de enero del 2024. (Foto Prensa Libre: EFE/ Bienvenido Velasco)

El presidente Bernardo Arévalo denunció este domingo 26 de octubre un nuevo intento golpe de Estado, a partir de una resolución judicial que ordena la anulación del Movimiento Semilla, el partido que lo llevó a la presidencia. La resolución ha sido recurrida ante la Corte de Constitucionalidad mediante un recurso que busca que se cumpla con la sentencia que garantizó la toma de posesión de Arévalo, el 14 de enero del 2024.

En entrevista con Prensa Libre, el embajador y constitucionalista Gabriel Orellana, que actualmente integra el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), analiza cuáles deberían ser los alcances y el papel que juegue la Corte de Constitucionalidad (CC) en los próximos días.

¿Qué eco tiene en el foro de la OEA la denuncia del presidente Bernardo Arévalo de un nuevo intento de golpe de Estado?

Hay que reconocer, y no podemos soslayar, que Guatemala tiene una imagen ya muy perfilada en el Sistema Interamericano.

Y especialmente tenemos que recordar que la defensa de la democracia en el Sistema Interamericano está basada en la Carta Democrática Americana, la cual, en gran medida, tiene históricamente dos protagonistas muy marcados: Perú y Guatemala.

Recordemos que desde la época anterior a la actual Constitución, Guatemala ya había dado motivos para que la Organización de Estados Americanos tuviera cierta presencia en el país, por allá en los años 80, cuando llegó como secretario general Baena Soares —asume en 1984, luego de haber estado de misión diplomática en Guatemala—.

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Se nota alguna preocupación, y también se puede percibir que ya a nadie le extraña que la situación del gobierno y la administración del presidente Arévalo se vea torpedeada periódicamente por elementos que ya todos conocemos.

Hay conciencia de que la situación amerita, o debería tener, vigilancia por lo menos de los Estados miembros.

Sabemos que Guatemala es un enfermo en recuperación y que está otra vez al borde de una recaída.

“Guatemala es un enfermo en recuperación y que está otra vez al borde de una recaída”.

En Guatemala, ¿cuál debe ser el rol de la Corte de Constitucionalidad?

Esa pregunta es interesantísima, no solo desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva jurídica; porque Guatemala estableció un precedente que ha sido muy elogiado en la literatura constitucional y procesal constitucional. Recordemos que, con motivo del golpe de Estado del presidente Jorge Serrano, la Corte de Constitucionalidad intervino de oficio.

Es decir, se rompió un esquema procesal muy acrecentado y muy tradicional, en el sentido de que ningún tribunal opera si no es a petición de parte. ¿Por qué? Porque se supone que los tribunales son imparciales.

Guatemala marcó la pauta porque intervino de oficio invocando la norma que define que la Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de velar por la vigencia del orden constitucional.

Sobre esta base y sobre la norma del principio de legalidad, decidieron anular y declarar inconstitucionales las medidas de hecho que había tomado el presidente Serrano. Se recordará que entonces se vino aquella crisis, porque no tenían acceso al Diario Oficial y no se podía publicar esa sentencia.

Pero, una vez conjurado ese problema de la publicación, lo interesante —repito, y no me cansaré de insistir— es que reivindicó para la Corte de Constitucionalidad un principio que la hizo destacar en el mundo jurídico, como es el hecho de que la Corte de Constitucionalidad, lo resumo, es guardiana de la constitucionalidad de la República de Guatemala. Así de sencillo.

En otras palabras, si llegara nuevamente a darse un golpe de Estado —Dios no lo quiera—, el punto es que si la Corte no actúa, estaría faltando no solo a la letra muerta de la Constitución, sino a una heroica gesta que tuvo y que tiene gloria en los anales de la literatura constitucional, de que un tribunal de esta categoría tiene la calidad de gestor, de buen gestor, de la defensa constitucional de un país.

¿La Corte tiene el poder para anular cualquier tipo de decisión para defender el Estado de derecho, no precisamente de un gobierno?

Sí. De la constitucionalidad, del Estado de derecho de un país que viene marcado, obviamente, por la Constitución.

¿Este papel es un freno o un mecanismo de reconfiguración política?

Tiene dos aristas, que son como las dos caras de una moneda. Se le llama técnicamente un poder-deber.

Es decir, que no solamente tiene la facultad de hacerlo, sino la obligación de actuar. O sea, que el compromiso que tiene es enorme, trascendental y podríamos decir que es casi como el equivalente de lo que sería un ejército en defensa de la soberanía exterior del país, pero en defensa de la Constitución. Nada más y nada menos.

¿Cómo puede un árbitro constitucional sortear ciertas posiciones, por ejemplo, como que no acatar una orden judicial es procurar impunidad?

Aquí hay algo muy interesante: ya la Corte se pronunció tiempo atrás, hace poco más —después de las elecciones—, la Corte ya lo defendió. No podemos soslayar que personas versadas en derecho, personas que no pueden, por su mismo mandato legal, alegar ignorancia, costumbre o desuso de la ley; y, por otro lado, personas que juraron lealtad a la institución: no juraron lealtad a un gobierno específico, a un partido político en especial, sino a la Constitución.

O sea, si ellos se cruzaran de brazos y no hicieran nada por conjurar un golpe de Estado como el que ocurrió en el caso de Jorge Serrano, pues prácticamente habrían cometido perjurio. Habrían faltado a la Constitución y no pueden alegar que no tenían esa gorda obligación.

¿Cómo se debe entender esa intervención sin interpretar que se están sustituyendo funciones o interfiriendo con funciones del MP y del sistema judicial?

Bueno, en este momento la situación no ha generado un grado de crisis tal que pueda ameritar una intervención oficiosa de ellos. Hay acciones constitucionales que están en desarrollo, y en tanto ellas se estén desarrollando, podríamos decir que, mal que bien, la vida político-jurídica del país está discurriendo por los cauces normales.

El punto sería cuando esto pudiera hacer crisis y, en algún momento, hipotéticamente, la Corte Suprema desconociera al presidente o algo así. Pero a veces la crisis puede llegar casi al borde de la muerte a un paciente, pero mientras esté vivo y esté bajo control médico —digámoslo así— no hay por qué llegar a medidas extremas.

Lo que nos queda por el momento es confiar en que, como dijo el almirante Nelson, llegado el momento ellos sabrán cumplir con su deber frente a la patria, porque no nos queda otra. ¿Cómo? Si no, pues ya sería un golpe de Estado consumado.

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¿Cómo se interpretaría una inacción de parte de la CC, a la luz de algunas resoluciones en las que se validan decisiones cuestionadas?

Sí, lo que usted dice es muy cierto, muy válido y muy típico de que ocurra. Pueden haber criterios que no compartamos, que discrepemos, es cierto, pero por el momento, creo que la situación aún no amerita una acción tan severa. Pero no se puede bajar la guardia.

Pero me hace recordar un reciente discurso de la presidenta de la CC, Leyla Lemus, en el que —palabras más, palabras menos— dijo que en algunos momentos las cortes constitucionales debían reivindicar la soberanía. Esto eventualmente puede servir de base para justificar la negativa de acatar decisiones de la Asamblea General de la OEA o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la constitucionalidad de un país por la Carta Democrática Interamericana.

Ese planteamiento podría estar pavimentando una actitud de la CC en la que se rehusaría al cumplimiento de resoluciones del Sistema Interamericano en materia democrática.

Registro de Ciudadanos no declaró la nulidad del Movimiento Semilla

Mon, 27 Oct 2025 22:12:06 +0000

Guatemala

Registro de Ciudadanos no declaró la nulidad del Movimiento Semilla

El director del Registro de Ciudadanos, Sergio Antillón, afirmó que la figura de “anulación” no existe en la legislación guatemalteca.

Douglas Cuevas y Oscar Vásquez

27 de octubre de 2025 | 16:12h

El TSE fue notiicado de la orden del juez el pasado viernes. Fotografía: Prensa Libre.

El pasado viernes, el juez Fredy Orellana dio dos horas al Registro de Ciudadanos para declarar la nulidad de todo lo actuado por Movimiento Semilla, pero las autoridades electorales aseguran que esa figura legal no existe.

La resolución del Juzgado Séptimo Penal se emitió a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que asegura contar con pruebas de un proceso fraudulento en la constitución del partido oficial.

La nulidad ordenada por el juez, según el presidente Bernardo Arévalo, busca alterar el orden constitucional y desconocer los resultados electorales obtenidos por Movimiento Semilla.

Durante un evento, Sergio Antillón, director del Registro de Ciudadanos, señaló que, en el tiempo estipulado de dos horas, enviaron un informe al juez Orellana detallando el estatus del partido.

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“Lo que hicimos fue ratificar todos los extremos vertidos en una resolución emitida el 28 de noviembre del año pasado, donde se daba cumplimiento a lo ordenado por el juez”, explicó Antillón.

Ante preguntas de periodistas, Antillón remarcó que “el partido está cancelado desde esa fecha, como fue requerido inicialmente”, indicando que respondieron al juez Orellana.

También enfatizó que la figura legal indicada en la resolución del pasado viernes, según su análisis, no existe. “En la legislación nuestra no existe el término anulación”, afirmó.

Al ser consultado nuevamente sobre si el Registro de Ciudadanos había dictado la suspensión, Antillón subrayó: “Si no está contemplado dentro de la ley, nosotros no tenemos más alcance que lo que la norma nos establece”.

Alfaro: “Para mí, el tema está concluido”

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, recordó ayer que los resultados de las elecciones del 2023 no se pueden anular.

Alfaro aclaró que los cargos elegidos en las urnas no pueden ser revocados, a pesar de que Semilla fue suprimido, tal y como lo estableció la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país.

“Para mí, el tema —de los resultados— está concluido. Han dicho la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia que se respetan los resultados que vinieron de las juntas receptoras de votos, de las juntas municipales y de las juntas departamentales, y se respetan los cargos que fueron adjudicados”, indicó la presidenta del ente electoral.

Además, sugirió que es momento de pensar en las elecciones del 2027, cuya convocatoria está a 14 meses.

Caso Semilla

El Ministerio Público (MP) investiga el caso Corrupción Semilla por supuestas anomalías en el proceso de creación del partido político que ganó las elecciones en el 2023, según informó el ente investigador.

Producto de ese caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ha conseguido sentencias mediante procesos de aceptación de cargos, junto con medios de prueba documental que derivaron, el pasado viernes, en el requerimiento de nulidad de la agrupación política.

El Organismo Ejecutivo señaló que la resolución de Orellana busca alterar los resultados electorales, los cuales, además de contar con el respaldo ciudadano, tienen una sentencia constitucional.

¿Qué es la Carta Democrática Interamericana y por qué Guatemala recurre a la OEA?

Mon, 27 Oct 2025 19:03:01 +0000

POLÍTICA

¿Qué es la Carta Democrática Interamericana y por qué Guatemala recurre a la OEA?

La Carta Democrática Interamericana permite a la OEA actuar frente a amenazas a la democracia. Guatemala vuelve a invocarla ante una crisis institucional.

Glenda Burrión

27 de octubre de 2025 | 13:03h

Misión de observación de la OEA en Guatemala durante 2023, reunida con el entonces presidente Alejandro Giammattei (izquierda). A la derecha, el presidente Bernardo Arévalo en 2025 junto a funcionarios, solicitando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana el 26 de octubre. (Foto, Prensa Libre: Gobierno de Guatemala)

El domingo 26 de octubre de 2025, el presidente Bernardo Arévalo solicitó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, sustentada en la Carta Democrática Interamericana, para exponer ante el continente las graves amenazas a la Constitución y a la democracia en Guatemala.

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento político, asegura la OEA, que refuerza el compromiso de los Estados miembros con la defensa de la institucionalidad democrática.

Aunque no constituye un tratado formal, tiene relevancia política e institucional, ya que reconoce que los países de las Américas asumen una responsabilidad colectiva de vigilancia y respaldo al sistema democrático regional.

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Antecedentes en Guatemala de la Carta Democrática

Guatemala ha activado el mecanismo en no menos de diez ocasiones, según los registros oficiales de la OEA que documentan hasta el 2016. A esa cifra deben sumarse otras dos solicitudes recientes.

En el 2023, cuando las autoridades ancestrales, el entonces presidente electo Bernardo Arévalo y los embajadores ante la OEA de Antigua y Barbuda, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos apelaron al artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana.

En esa ocasión, denunciaron el “intento arbitrario e ilegal” del Ministerio Público (MP) de judicializar el proceso electoral, y reiteraron su llamado a las autoridades guatemaltecas para respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

En respuesta, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una misión especial a Guatemala para observar el proceso de transición de gobierno, confirmando la disposición del organismo de acompañar el fortalecimiento democrático.

Ahora, el presidente Arévalo ha solicitado nuevamente la intervención de la OEA, esta vez al amparo del artículo 20 de la Carta Democrática, tras las acciones promovidas por el juez Fredy Orellana, a solicitud del MP, el pasado 24 de octubre, las cuales —según expertos “buscan distorsionar los resultados de las elecciones de 2023”.

De acuerdo con información obtenida por Prensa Libre, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá el 30 de octubre de 2025 para discutir la situación democrática en Guatemala, tras la solicitud del presidente Bernardo Arévalo.

Propósito de la Carta Democrática Interamericana

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 por los Estados Miembros de la OEA durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General en Lima, Perú, tras el compromiso asumido en la Declaración de Québec durante la III Cumbre de las Américas.

Su propósito es fortalecer y preservar las instituciones democráticas en el continente americano, definir los elementos esenciales de la democracia, su vínculo con el desarrollo integral y el combate a la pobreza, y establecer mecanismos de defensa ante amenazas al orden constitucional.

El documento también promueve la educación cívica, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la labor de las misiones de observación electoral, pilares que garantizan elecciones libres, periódicas y justas.

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Estructura de la Carta Democrática Interamericana

La Carta se compone de seis capítulos, cada uno dedicado a un eje fundamental para el funcionamiento y preservación de la democracia en las Américas:

Capítulo I: La democracia y el sistema interamericano.
Establece que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Capítulo II: La democracia y los derechos humanos.
Destaca la importancia del respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción como condiciones esenciales para una sociedad democrática.

Capítulo III: Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza.
Señala que la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo humano son requisitos para consolidar una democracia efectiva y participativa.

Capítulo IV: Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
Define los procedimientos de intervención de la OEA cuando el orden democrático de un país miembro está en riesgo. En casos extremos, puede incluso suspender al Estado afectado de su participación en el organismo.

Capítulo V: La democracia y las misiones de observación electoral.
Reconoce las misiones electorales como herramientas esenciales para asegurar la transparencia y legitimidad de los comicios.

Capítulo VI: Promoción de la cultura democrática.
Promueve la cooperación entre Estados, sociedad civil y partidos políticos para fomentar una cultura democrática más allá del acto electoral.

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El papel de la OEA en la crisis guatemalteca

La solicitud del presidente Arévalo marca un nuevo capítulo en la relación entre Guatemala y la OEA. El artículo 20, dentro del Capítulo IV, de la Carta Democrática permite al Consejo Permanente actuar cuando se produce una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el ejercicio legítimo del poder.

En ese contexto, la OEA podría enviar misiones de observación política, emitir resoluciones de respaldo a la democracia guatemalteca y convocar a la Asamblea General si la crisis se agrava, tal y como ha sucedido en otras ocasiones que otros países han convocado la carta.

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Guatemala busca, por tanto, preservar el orden institucional, proteger la voluntad popular expresada en las urnas y evitar una ruptura democrática.

Guatemala solicita sesión extraordinaria en la OEA ante “crisis política y deterioro” de la situación nacional

Mon, 27 Oct 2025 16:43:26 +0000

Guatemala

Guatemala solicita sesión extraordinaria en la OEA ante “crisis política y deterioro” de la situación nacional

En medio de tensiones internas, Guatemala recurrió a la Organización de Estados Americanos para alertar sobre lo que el Gobierno califica como intentos de obstruir la transición democrática, según indico el canciller Carlos Ramiro Martínez.

Carlos Gómez

27 de octubre de 2025 | 10:43h

El canciller Carlos Ramiro Martínez, brindo detalles sobre la solicitud hecha a la OEA para que se realice una reunión del Consejo Permanente para conocer al situación en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Como un llamado a la comunidad internacional, debido a los recientes acontecimientos ocurridos en el país, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, con el objetivo de analizar la situación que atraviesa Guatemala.

El anuncio fue hecho por el canciller Carlos Ramiro Martínez durante la conferencia de prensa celebrada este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

El objetivo central de esta solicitud, según explicó el ministro, es “ir a exponer cuál es la situación que estamos enfrentando en Guatemala desde la semana pasada”.

Martínez comentó que la gestión busca, más allá de una simple denuncia, “abrir una posibilidad de diálogo en el marco de los Estados miembros de la OEA para compartir con ellos los sucesos de los últimos días”, subrayando así un enfoque de construcción de consensos y apego al derecho internacional.

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El canciller también brindó un recuento sobre esta acción diplomática. Indicó que, desde el jueves y viernes de la semana pasada, su cartera ha mantenido contactos directos con las altas autoridades de la Secretaría General de la OEA. Como resultado de esas gestiones, el domingo reciente se giró la solicitud formal a la presidencia del Consejo Permanente.

Aunque las oficinas de la organización en Washington estaban cerradas, la misión fue trasladada de inmediato a la Misión Permanente de Guatemala, para su presentación prioritaria este lunes en el primer horario laboral, afirmó el canciller. “Nosotros quisimos dejar todo puesto sobre la mesa para que hoy –lunes– en el primer momento se pudiera dar”, expresó Martínez.

La expectativa del Ejecutivo es que esta sesión extraordinaria pueda concretarse a lo largo de esta misma semana, posiblemente el jueves 30 de octubre. Con ello, se busca alertar a los países miembros sobre lo que el canciller calificó como un “deterioro en los últimos días de la situación que estamos viviendo en Guatemala”, en clara referencia a los intentos de obstrucción judicial y política denunciados por el presidente Arévalo en su mensaje a la nación del domingo, en donde señaló a la fiscal general, Consuelo Porras, y al juez Fredy Orellana de liderar “una red corrupta” para anular la voluntad del pueblo de Guatemala.

Esta situación también ha captado la atención al más alto nivel de la OEA. El canciller Martínez confirmó que, tras la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, sostendría una llamada telefónica con el secretario general de la organización, Albert Ramdin, quien, aseguró, ha estado “muy preocupado y dándole seguimiento a esta situación”. Añadió que esa preocupación ya se manifestó mediante un comunicado de prensa oficial emitido por la OEA el día anterior, en el cual la organización expresó su alarma por los hechos en el país.

Asimismo, Martínez indicó que este lunes llegará a Guatemala el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich. Aunque su visita responde a otro evento, su agenda se ampliará con el objetivo de reunirse con el presidente Arévalo este martes 28 de octubre, ocasión en la que se le expondrá de primera mano la situación del país. “Por supuesto vamos a aprovechar la visita para exponerle a él esto”, señaló el canciller.

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Recordó también que, meses atrás, Guatemala solicitó a la OEA el envío de una “misión especial para el fortalecimiento de las instituciones democráticas”. Explicó que dicha misión tiene como tarea principal acompañar los procesos de elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo de Justicia previstos para principios del próximo año.

“No hay ninguna injerencia. El Estado lo pidió, como otros Estados han solicitado este tipo de mecanismos”, aseguró Martínez, quien subrayó que se trata de una herramienta de apoyo solicitada voluntariamente para transparentar procesos clave.

En cuanto a la solicitud de convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, esta representa una estrategia diplomática del gobierno del presidente Arévalo frente a lo que calificó como “graves amenazas a la Constitución y a la democracia”. El Ejecutivo busca internacionalizar la situación, ejercer presión y obtener respaldo de la comunidad hemisférica en defensa del orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, afirmó el canciller.

Según Martínez, esta semana se perfila como una “semana abierta al diálogo con la comunidad internacional”, en un esfuerzo por contrarrestar las acciones internas que buscan debilitar la transición democrática.

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Ejecutivo apela a la defensa pacífica de las instituciones democráticas

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, explicó que, durante su mensaje a la nación el pasado domingo, el presidente Arévalo realizó los llamados formales a las instancias correspondientes ante la situación derivada de la resolución emitida por el juez Fredy Orellana.

“El presidente también hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia a evaluar, conforme a la ley, la destitución de un juez –Orellana– que ha estado comprometido con actos deliberadamente contrarios a la Constitución y que han tergiversado el texto de la Constitución”, afirmó el secretario.

Asimismo, detalló que se ha exhortado a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que conozca y resuelva los recursos presentados durante el fin de semana, con el objetivo de hacer efectivo el amparo que, en 2023, permitió la defensa de la democracia y de los resultados electorales.

“La Corte de Constitucionalidad tiene esos instrumentos en la Ley de Amparo para hacer cumplir una resolución que claramente está siendo violada por el juez Orellana”, subrayó Palomo, y dejó claro que la estrategia del Ejecutivo se lleva a cabo por las vías legales e institucionales.

Respecto del llamado a la acción realizado por el presidente Arévalo en su mensaje a la nación, Palomo fue enfático al aclarar su naturaleza y objetivo. En ese sentido, desmintió que se tratara de una convocatoria a un acto específico o una manifestación en un lugar determinado. En cambio, lo definió como un llamado estratégico a la cohesión social y a la defensa pacífica de las instituciones.

“La defensa de la democracia es un proceso continuo, no es algo que se agota en un instante. El llamado al pueblo de Guatemala, a las asociaciones civiles, a las asociaciones académicas, al sector privado, a los actores políticos, a los diputados, es a unirnos en la defensa de la democracia a través de diferentes manifestaciones”, expresó Palomo.

“Esta es una manifestación de unidad, porque este es un esfuerzo colectivo que no es, como dijo muy bien el presidente, por un gobierno o por la suerte de un partido político, es por la defensa de nuestras instituciones democráticas”, puntualizó el funcionario.

En 2026 se renuevan TSE, CC y MP: lo que está en juego para la justicia en Guatemala

Mon, 27 Oct 2025 06:03:00 +0000

Guatemala

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En 2026 se renuevan TSE, CC y MP: lo que está en juego para la justicia en Guatemala

Organizaciones advierten que las elecciones de segundo grado se inclinan a favor de grupos corruptos, por lo que piden una ardua fiscalización como contrapeso.

Douglas Cuevas

27 de octubre de 2025 | 00:03h

La comisión de fiscal general para el periodo 2022-2026 durante una de las votaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Desde las sombras y con total hermetismo, magistrados, fiscales, operadores y abogados ya están en negociaciones políticas para alcanzar puestos de poder en las elecciones de segundo grado, cuyos nombramientos impactarán el sistema de justicia.

El próximo año deberán renovarse las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el fiscal general del Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Desde el 2014 no coincidían procesos de elección de segundo grado. En aquella ocasión se trató del TSE y de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.

El principal reto del 2026 será concretar un proceso de elección objetivo y transparente en medio de los intereses políticos del año preelectoral, apuntan analistas.

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La responsabilidad de las elecciones de segundo grado recae en diferentes instancias. Participan los magistrados de la CSJ —quienes no han definido su segunda elección presidencial y nombraron de manera directa a magistrados en cuatro nuevas salas de apelaciones—, así como de los 160 diputados del Congreso, que por mayoría decidieron incrementarse el salario, eliminar controles en la emisión de licencias ambientales y autorizar gastos exprés a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural.

Algunos integrantes de la Junta Directiva y jefes de bloque durante una rueda de prensa en defensa de su aumento de sueldo. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

El presidente Bernardo Arévalo también tiene voz en estas decisiones. Un mandatario que permaneció en silencio durante varios días tras la reciente crisis de seguridad que provocó la remoción de toda la cúpula del Ministerio de Gobernación.

El presidente permaneció en silencio durante la fuga de 20 pandilleros que llevó a la salida del ministro de Gobernación.. (Foto Prensa Libre: cortesía )

Además, participan el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), influenciado por operadores políticos, y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac, encabezado por el rector Walter Mazariegos, señalado por estudiantes de haber llegado al cargo de forma fraudulenta.

Todas las instituciones y funcionarios con poder de decisión están altamente cuestionados, y su nivel de credibilidad no es el ideal para enfrentar estas elecciones, consideradas por diversas fuentes como más relevantes que las presidenciales.

A dos meses de que se inicien los procesos formales, una resolución judicial sobre la conformación de un partido político se discute en la CC. Lo que resuelva la Corte definirá los resultados electorales puestos en duda por una investigación penal.

En un contexto en el que próximamente se elegirá a autoridades de importantes instituciones “hay que prestar atención a este tipo de actos antidemocráticos”, advierte Juan Pablo Muñoz de Alianza por las Reformas, porque “es señal de que algunos jueces y el MP van a querer intervenir ilegítimamente para que el sistema de justicia se mantenga cooptado, como lo está actualmente ”, agregó.

En dos de los tres procesos de renovación se aplica la Ley de Comisiones de Postulación, que según fiscalizadores podría abrir la puerta a procesos más objetivos y menos discrecionales.

Comisiones de Postulación

La renovación del TSE dependerá del pleno del Congreso, que deberá elegir a la próxima magistratura para el periodo 2026-2032 a partir de una nómina de 20 candidatos.

Esa lista será elaborada por una comisión de postulación, que evaluará a los aspirantes e incluirá a quienes considere idóneos, pero es justamente en ese proceso donde la ciudadanía puede incidir.

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Observadores internacionales como Jaime Chávez Alor, del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, en una entrevista reciente con Prensa Libre, afirma que las comisiones de postulación son un buen modelo que en la práctica “se ha pervertido”, porque grupos de interés político-gremial o que procuran impunidad han acaparado esos espacios.

Chávez también identifica las presiones externas a las comisiones. Otros observadores, en condición de anonimato, aseguran que, aunque el proceso arranca oficialmente en el 2026, ya están en marcha acuerdos, negociaciones y acercamientos con miras a ocupar espacios en las comisiones y/o asegurar candidaturas.

Ese tipo de cabildeos se produce en reuniones privadas y ajenas a los espacios de decisión oficial, como se ha evidenciado en procesos anteriores. Al menos tres investigaciones denominadas Comisiones Paralelas documentaron reuniones alternas a diferentes procesos.

La selección

La renovación del TSE dependerá del pleno del Congreso, que deberá elegir a la próxima magistratura para el período 2026-2032 a partir de una nómina de 20 candidatos. Esa lista será elaborada por una comisión de postulación, que evaluará a los aspirantes e incluirá a quienes considere idóneos, pero es justamente en ese proceso donde la ciudadanía puede incidir.

Una adecuada fiscalización ciudadana puede marcar la diferencia entre una comisión técnica y otra inclinada por presiones políticas o afinidades personales, de acuerdo con analistas.

La nómina de candidatos para fiscal general del MP también se genera por una comisión de postulación. Aunque la decisión final corresponde al presidente Arévalo.

Además de representantes gubernamentales, los académicos —en representación de las distintas universidades— han desempeñado un papel clave en este tipo de procesos, funcionando como contrapeso en las comisiones.

Por su parte, la CC se integra mediante nombramientos directos de los tres poderes del Estado, el Cang y el CSU de la Usac. No obstante, la vigilancia ciudadana puede alertar sobre aspirantes con antecedentes cuestionables o posibles vínculos con grupos de poder.

Balance desfavorable

Aunque el proceso de elecciones iniciará formalmente en enero del 2026, de manera informal algunos interesados ya están en negociaciones y ofrecimientos, según diversas fuentes.

Organizaciones alertan que, hasta ahora, la balanza en cada uno de estos procesos favorece a grupos cuestionados y vinculados a hechos de corrupción.

La comisión postuladora para el nuevo TSE será presidida por Walter Mazariegos, rector de la Usac, y enviará la nómina de candidatos a un Congreso fragmentado.

Samuel Pérez y José Carlos Sanabria son figuras clave en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, aunque han marcado distancia entre si. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila / Archivo)

Las recientes decisiones en el Congreso, como la aprobación del decreto 7-2025 —ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo— confirman que los bloques Vamos y Cabal marcan el rumbo de las votaciones.

Interés electoral

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, el principal reto de las próximas elecciones de segundo grado, descansa, desde ya, en los intereses políticos del 2027. “Ahora el problema no es tanto esto, sino la politización por ser un año antes de las elecciones generales”.

La experta señala que el pulso entre los bandos que buscan establecer un orden democrático y los otros, que pretenden destruirlo, será intenso durante todo el proceso de elecciones.

Blanca Alfaro es la única magistrada titular en funciones en el actual TSE. (Fotografía: Prensa Libre)

“Dependiendo como queda integrado el régimen electoral, la justicia constitucional y la dirección de la persecución penal, se tendrán repercusiones directas en las elecciones del 2027”, dijo.

Ibarra destaca que se están por definir posibles correlaciones de fuerzas en instituciones que ejercen el control democrático y constitucional, por lo que es necesario que existan buenas opciones.

La analista considera que es vital fortalecer la confianza en todos aquellos profesionales honestos y con valores éticos, para que se animen a presentar su papelería.

Destaca que el riesgo de una persecución y denuncia espuria puede ser alto, pero considera que el respaldo público y la vigilancia social, puede ayudar a que esos buenos profesionales, tengan el valor para postularse.

Justicia para todos

Aunque en estos procesos la mayoría ciudadanos no participa, la elección de estas autoridades tiene un impacto directo en la vida de todas las personas que viven en Guatemala.

El TSE que sea electo el otro año será el encargado de coordinar los próximos dos procesos de elecciones generales; que en caso sea una elección desfavorable para la democracia podríamos hablar de candidatos políticos excluidos de manera discrecional y hasta dudas en posibles resultados electorales.

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La elección del fiscal general del MP incide también en todos los guatemaltecos, el nuevo jefe fiscal liderará la política de persecución penal, que en los últimos años ha sido criticada por grupos sociales por aparente falta de objetividad y criterios discrecionales.

Mientras que la CC es la máxima instancia de justicia en el país que suele tener la última palabra en cualquier tipo de aspecto, ya sea político; penal; económico; y hasta familiar.

“Creo que la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación permite ir a observar y hacer presencia en sedes, se pueden dirigir cartas, pedir audiencias y hasta presentar objeciones contra aquellos que no cumplen los requisitos”, remarcó Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas.

El representante de las organizaciones destacó que este proceso puede permitir que se respeten las leyes, permitiendo un tratamiento justo para grupos sociales que permanecen excluidos y criminalizados, como los pueblos indígenas.

María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, será uno de los funcionarios que está por terminar su mandato. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Al llevarse tres procesos en paralelo, en todos está en juego el acceso de la justicia. La participación ciudadana será clave para presionar que se cumpla con todo lo que dice la constitución”, indicó.

Al igual que Ibarra, destaca que es necesario además de una vigilancia constante a las comisiones de postulación, que se brinde el respaldo social a aquellos candidatos idóneos, para que se sientan acuerpados en un proceso tan importante para el país.

Otros procesos

Además de la renovación del TSE, CC y MP, existen otras tres instituciones que también deberán de ser renovadas el próximo año, que se suman a los procesos de fiscalización ciudadana que advierten las organizaciones.

Para mayo, en una fecha todavía no clara, se tendrá que hacer la elección a lo interno de la USAC para la elección de su próximo rector, al estar por finalizar el periodo de Walter Mazariegos.

Pero en caso que este proceso se entrampe, las últimas modificaciones al reglamento de la unidad académica impiden que Mazariegos entregue el cargo al decano de mayor antigüedad, como se acostumbraba anteriormente.

También en mayo el presidente Bernardo Arévalo deberá de nombrar al nuevo Procurador General de la Nación, cargo que actualmente ocupa el abogado Julio Saavedra.

El actual Procurador asumió en enero de 2024 para terminar el periodo del actual funcionario que fue separado del cargo por haber sido nombrado por el expresidente, Alejandro Giammattei.

Para el 13 de octubre del 2026 también debe de asumir el nuevo Contralor General de Cuentas, puesto que ocupa actualmente Frank Bode Fuentes tras ser electo por el pleno del Congreso.

Este proceso de elección también funciona por medio de la Ley de Comisiones de Postulación y será clave ya que la institución que represente el nuevo Contralor será vital en las elecciones del 2027, ya que la no emisión de finiquitos podría dejar fuera a posibles candidatos.

Arévalo señala a Porras y Orellana de un nuevo intento de golpe e invoca la Carta Democrática de la OEA; MP rechaza acusación

Mon, 27 Oct 2025 01:26:16 +0000

Guatemala

Arévalo señala a Porras y Orellana de un nuevo intento de golpe e invoca la Carta Democrática de la OEA; MP rechaza acusación

El presidente Bernardo Arévalo calificó de “enemigos” del país a la jefa del MP Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana. “Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción”, dijo el mandatario. El MP rechazó los señalamientos

Douglas Cuevas

26 de octubre de 2025 | 19:26h

El presidente hizo un llamado a la unidad para defender el sistema democrático. Fotografía: Presidencia.

El presidente Bernardo Arévalo, acompañado de la vicepresidenta, su gabinete y la bancada oficial, solicitó el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para preservar la democracia en Guatemala.

El presidente solicitó aplicar la Carta Democrática ante el riesgo que sufre el sistema democrático del país, tras una orden judicial que busca, a criterio de la presidencia, alterar el resultado de las elecciones generales del 2023.

“La embestida judicial que están alzando ahora mediante acciones ilegales evidencia la misma intención: impedir el rescate de las instituciones democráticas, crear condiciones para corromper los procesos de elección de órganos de justicia y control previstos para 2026, y enterrar desde ya la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027”, advierte el presidente.

El viernes pasado el juez Fredy Orellana, titular de la judicatura séptima penal, declaró la nulidad de todos los actos relacionados al partido político Movimiento Semilla, agrupación que llevó a Arévalo a la presidencia.

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El juez instruyó mediante una orden al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a cumplir con el fallo, que también fue notificado al Congreso para que los diputados tomen las medidas “que en ley corresponden”.

El presidente solicitó aplicar el mecanismo que permite la Carta Democrática de la OEA, que implica posibles visitas de observadores, evaluaciones para la rendición de informes, recomendaciones y las medidas que consideren necesarias para preservar el sistema democrático.

La @OEA_oficial se mantiene atenta a Guatemala y reitera la importancia de respetar las votaciones del 2023 qué dejaron a @BArevalodeLeon como presidente. La postura se da tras una orden de juez que anula todo lo relacionado a @msemillagt. pic.twitter.com/wEM8Q0geYT
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 26, 2025

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala. En este marco, y como Presidente de Guatemala, he solicitado al Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización, sustentada en la Carta Democrática Interamericana”, dijo el presidente.

Pide destituir a juez

La nueva orden judicial que a criterio del Ejecutivo pone en riesgo el sistema democrático, fue emitida por un juez al que la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no mover de juzgado.

En su mensaje, el mandatario solicitó a las máximas autoridades del Poder Judicial la destitución del juez, a quien tacho de ser un “sicario” de las leyes, para alterar la voluntad popular.

El presidente hizo un llamado a todos los ciudadanos a fijar una postura a favor de la defensa de la democracia, incluyendo a políticos, jueces, militares, civiles y población en general.

“Este es un momento histórico de unidad nacional. Lo que está en juego no es el gobierno que presido o la suerte de un partido político. Lo que está en juego es el cimiento de la democracia: el respeto a la voluntad del pueblo, la oportunidad de dejar atrás el régimen de corrupción que sufrimos durante décadas, y de construir esa nación que queremos ser: una Guatemala que reconozca la dignidad de todas las personas y nos permita el bienestar en democracia, en libertad y con transparencia”, concluyó.

“Consuelo Porras y Fredy Orellana son enemigos de nuestro país. Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción, como lo reconoce la sociedad guatemalteca y el mundo que los ha declarado proscritos”, dijo el mandatario.

#CadenaNacional | Mensaje del Presidente Bernardo Arévaloalanación https://t.co/IO5GYJopOk
— Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) October 27, 2025

MP rechaza señalamientos

“El Ministerio Público rechaza categóricamente los señalamientos falsos y malintencionados vertidos por el Presidente de la República. La Constitución Política de la República establece con total claridad que el Ministerio Público tiene la función de investigar los delitos y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, sin subordinación alguna”, señaló el ente investigador, minutos después del mensaje presidencial.

“Las declaraciones del Presidente evidencian su intención de interferir en la acción penal y de procurar impunidad, intentando desacreditar a la institución que tiene el deber constitucional de investigar los hechos de corrupción que afectan al país y que involucran a instituciones y funcionarios del Ejecutivo. El MP reitera que ninguna presión política detendrá las investigaciones en curso y el cumplimiento de la ley”, señaló.

CC da 12 horas al Gobierno para explicar si se respetan los resultados electorales del 2023

Sun, 26 Oct 2025 20:12:03 +0000

Guatemala

CC da 12 horas al Gobierno para explicar si se respetan los resultados electorales del 2023

El requerimiento surge por la orden del juez Fredy Orellana, a quien señalan de poner en duda los cargos adjudicados a Movimiento Semilla.

Douglas Cuevas

26 de octubre de 2025 | 14:12h

La acción busca que nuevamente la CC respalde los resultados electorales del 2023. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Casi a mitad de su mandato, la legitimidad del Gobierno de Bernardo Arévalo continúa siendo cuestionada en los tribunales, y las dudas sobre la vigencia de los resultados electorales del 2023 han vuelto a escalar hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).

La alta corte solicitó informes circunstanciados a varias autoridades del Estado para establecer si los resultados de las elecciones generales están siendo respetados.

El viernes pasado, el juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, ordenó al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarar la nulidad absoluta de todo lo relacionado con Movimiento Semilla.

Según abogados que defendieron los resultados electorales, esa decisión buscaría declarar vacantes los cargos públicos adjudicados a dicha agrupación política.

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Esa interpretación abarcaría, según las fuentes, una alcaldía, 23 diputaciones al Congreso y los cargos de presidente y vicepresidenta de la República. Por ello, recurrieron nuevamente a la CC para que ratifique la defensa de los resultados de los comicios generales, ya protegidos por una sentencia constitucional.

La primera acción fue promovida por Andrea Reyes, diputada oficialista y abogada de Movimiento Semilla; la segunda, por Edgar Ortiz, abogado constitucionalista que consiguió la sentencia a favor de los resultados del 2023.

Para profundizar en el caso, la CC solicitó un informe al presidente Bernardo Arévalo; otro a la Junta Directiva del Congreso, y un tercero al pleno del Congreso de la República, con el fin de validar la situación actual de las autoridades electas.

La resolución del juez Orellana otorgó al Registro de Ciudadanos un plazo de dos horas, el pasado viernes, para acatar la orden. Se desconoce si la autoridad electoral la cumplió. Asimismo, el juez notificó al Congreso para que adopte las medidas legales correspondientes.

La @CC_Guatemala le da 12 horas al presidente @BArevalodeLeon; Junta Directiva del Congreso; y al @CongresoGuate, para que informen si se ha respetado el resultado electoral del 2023. Los informes se piden por la acción de @edgar_ortizgt contra la resolución de Fredy Orellana. pic.twitter.com/50qd51aCcg
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 26, 2025

Juzgado no acepta amparo de la UNE contra el Parlacén por falta de competencia nacional

Sun, 26 Oct 2025 18:25:26 +0000

Guatemala

Juzgado no acepta amparo de la UNE contra el Parlacén por falta de competencia nacional

El partido político cuestiona la elección de Karla Gutiérrez Herrera como presidenta del organismo internacional, pero el juez argumenta que esa decisión no puede impugnarse en instancias guatemaltecas.

Douglas Cuevas

26 de octubre de 2025 | 12:25h

Pleno del Parlacen durante una de sus votaciones en septiembre del 2024.(Foto Prensa Libre: Parlacen).

La nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacén), presidida por la guatemalteca Karla Gutiérrez Herrera, asumirá funciones el 28 de octubre.

Un juzgado decidió no conocer un amparo promovido por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que cuestionaba dicha elección. La resolución se fundamenta en que las decisiones de organismos internacionales no pueden ser impugnadas ante tribunales nacionales.

Gutiérrez Herrera fue electa diputada al Parlacén en las elecciones del 2023 como candidata de la UNE, partido que ahora rechaza su nombramiento como presidenta. Argumenta que la elección es “ilegítima”.

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Desde el jueves pasado circularon en redes sociales versiones sobre el rechazo de la UNE a la elección de Gutiérrez. Esta posición fue confirmada por Lourdes Teresita de León, nueva secretaria general del partido y actual diputada al Congreso, quien indicó que esperaban las notificaciones legales sobre los amparos presentados.

Entre los argumentos de la UNE se sostiene que Gutiérrez Herrera fue separada y expulsada del partido, por lo que, al no estar afiliada, no puede representar a esa agrupación ni integrar la Junta Directiva del Parlacen.

Junta Directiva electa para período 2025-2026 será presidida por HD Karla Gutiérrez Herrera, por el Estado de Guatemala; como la tercera mujer guatemalteca en ocupar el cargo y la novena en presidirlo a nivel regional, desde la fundación del @PARLACEN pic.twitter.com/Iq3c67FhHM
— PARLACEN (@PARLACEN) October 22, 2025

El partido afirma que notificó esa situación al organismo regional a inicios de octubre. Según su interpretación del reglamento interno y los estatutos del Parlacén, los diputados independientes no pueden optar a cargos de dirección política, como ocurre con los congresistas del Movimiento Semilla en el Congreso de la República.

Parlacen ratifica elección

Consultada al respecto, Gutiérrez explicó que la UNE impugnó su elección ante la actual Junta Directiva del Parlacén, lo que motivó una discusión interna. Ella también presentó una apelación, que fue sometida a votación en el pleno regional.

El Parlacen ratificó, por mayoría, la elección de su nueva Junta Directiva, despejando los mecanismos de impugnación establecidos por los países miembros.

Sin embargo, el organismo fue notificado de diversas acciones legales promovidas por la UNE en juzgados nacionales, sin que se haya precisado cuántas.

A criterio de Gutiérrez, estos recursos no proceden, ya que los tribunales guatemaltecos no tienen competencia para resolver asuntos internos de organismos internacionales.

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Este mismo criterio fue adoptado por el juez Saúl Haroldo Muralles Muralles, del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Civil, al rechazar uno de los amparos, indicando que no tiene competencia para pronunciarse al respecto.

“No considera procedente la remisión de la presente acción a otro órgano del Organismo Judicial, toda vez que tampoco pueden tomar decisiones con efectos jurídicos sobre organismos internacionales”, indica la resolución legal.

Criterio compartido por la CC

La Corte de Constitucionalidad (CC) ha sostenido una postura similar. En el expediente 56-92, resolvió que no tiene competencia para conocer impugnaciones contra decisiones del Parlacén.

En ese caso, Jorge Antonio Fuentes Serrano impugnó una resolución de la Junta Directiva del Parlacén, alegando irregularidades en el procedimiento. La CC concluyó que, al ser un organismo regional con personalidad jurídica, el Parlamento puede establecer sus propios procedimientos y normas internas.

“El reglamento del Parlacén fue aprobado el 30 de enero de 1992, fecha en que entró en vigor, y desde entonces se han tramitado las impugnaciones conforme a su normativa interna”, señala la sentencia.

Actualmente, la Corte de Constitucionalidad también recibió un segundo amparo relacionado con el caso de Gutiérrez, sin que haya emitido resolución.

Juzgado no acepta resolver un amparo del @PartidoUne que busca anular la presidencia electa del @Parlacen. La resolución explica que ningún juez nacional puede resolver temas de instancias internacionales como el Parlacen. El caso se elevó a la CC para una consulta. pic.twitter.com/HENjP0rq4z
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 26, 2025

Mauricio Radford asume la secretaría general de Fuerza por Guatemala tras asamblea nacional

Sat, 25 Oct 2025 21:03:47 +0000

Guatemala

Mauricio Radford asume la secretaría general de Fuerza por Guatemala tras asamblea nacional

Mauricio Radford es elegido este sábado 25 de octubre como secretario general de Fuerza por Guatemala durante la asamblea nacional del partido, el cual busca reorganizarse para su participación en los comicios del 2027.

Sandy Pineda y Andrea Domínguez

25 de octubre de 2025 | 15:03h

El excandidato presidencial Mauricio Radford fue electo secretario general del partido Fuerza por Guatemala en la asamblea celebrada este sábado 25 de octubre del 2025. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Este sábado 25 de octubre del 2025, el partido Fuerza por Guatemala celebró su asamblea nacional, donde el excandidato presidencial Mauricio Radford fue elegido como nuevo secretario general.

La actividad es parte del proceso en la reorganización de la agrupación política de cara a los próximos procesos electorales.

Durante su intervención, Radford señaló que el partido centrará sus esfuerzos en los ejes de Salud, Educación, Seguridad y Justicia, con el objetivo de fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de vida en el país.

La asamblea contó con la presencia de figuras políticas como Jorge Castro, primer vicepresidente del Congreso, y Alfonso Alonzo, exministro de Ambiente durante el gobierno de Jimmy Morales. Aunque no forman parte del Comité Ejecutivo, ambos participaron como invitados.

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Radford aprovechó su intervención para cuestionar la situación de seguridad en Guatemala, haciendo referencia a las recientes fugas de reos en distintos centros carcelarios.

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El exministro de Ambiente Alfonso Alonzo estuvo presente en la asamblea nacional de Fuerza por Guatemala, acompañando al primer vicepresidente del Congreso de la República, Jorge Castro. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Antecedentes del partido

Fuerza por Guatemala surge como continuación del desaparecido partido Fuerza, fundado por Radford en 2011, que impulsó a Alejandro Giammattei en las elecciones de 2015.

Radford intentó competir en los comicios generales de 2019, pero la agrupación no alcanzó los votos necesarios para mantenerse vigente y fue cancelada oficialmente el 27 de febrero de 2020.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó la inscripción de Fuerza por Guatemala el 22 de agosto del 2025, según consta en el Diario de Centro América.

Contexto político

Fuerza por Guatemala se suma a un panorama político diverso. Para el proceso electoral de 2025, el TSE reporta 27 partidos políticos inscritos, junto a 10 comités y 14 grupos promotores que buscan formalizar su participación.

Entre los partidos inscritos recientemente destacan Servir y Cambio, mientras que agrupaciones históricas como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), URNG-Maíz y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) continúan activas. Este escenario refleja un sistema multipartidista con alta rotación de nuevas organizaciones y viejas estructuras que buscan mantenerse vigentes en la política nacional.

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Presentan acción contra orden del juez Orellana sobre resultados de las elecciones del 2023

Sat, 25 Oct 2025 19:41:57 +0000

Guatemala

Presentan acción contra orden del juez Orellana sobre resultados de las elecciones del 2023

El abogado Edgar Ortiz presenta una nueva acción legal para frenar la orden del juez, que considera busca afectar los cargos públicos adjudicados al oficialismo.

Douglas Cuevas

25 de octubre de 2025 | 13:41h

La acción busca que nuevamente la CC respalde los resultados electorales del 2023. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

El juez Fredy Orellana emitió una nueva orden judicial que vuelve a poner en duda los resultados de las elecciones del 2023. Por ello, el abogado Edgar Ortiz presentó una nueva acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ortiz, experto en derecho constitucional, explicó que buscan que la CC garantice, una vez más, los resultados de las elecciones generales que otorgaron la presidencia, 23 curules y una alcaldía al partido cancelado Movimiento Semilla.

El abogado presentó una debida ejecutoria para que la CC recuerde un fallo que ella misma emitió en el 2023, y que garantizó la toma de posesión de las actuales autoridades de gobierno.

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“Partimos de una sentencia de 2023. Presentamos un amparo contra diversas autoridades por la amenaza que existía de que no se consumara la toma de posesión de las autoridades electas”, indicó Ortiz.

Ese amparo se resolvió en definitiva, y ahora busca que se vuelvan a garantizar los alcances de ese fallo judicial. “Ya hay una sentencia definitiva donde se ordena respetar el proceso electoral y todas las consecuencias y efectos del mismo.”

Resolución contradictoria

El juez resolvió de manera favorable una petición hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), con base en los indicios de investigación recabados en los últimos años alrededor de Movimiento Semilla.

La tesis del Ministerio Público (MP), respaldada en un procedimiento de aceptación de cargos, señala que el partido fue creado con firmas falsificadas y con la inscripción de ciudadanos ya fallecidos.

Lo anterior hizo que el partido pasara de estar suspendido a cancelado, y actualmente se ordena la nulidad de cualquier acto emitido por la organización política. Esto abre dudas sobre los alcances legales y políticos de la nueva orden judicial.

#Urgente

Juez Fredy Orellana le da 2 horas al Registro de Ciudadanos del @TSEGuatemala para que declare la nulidad de todo lo relacionado a Movimiento Semilla. Fuentes que prefieren el anonimato, temen qué se busque declarar vacantes los puestos ganados por Semilla en el 2023. pic.twitter.com/kOk1wjlrag
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

El Registro de Ciudadanos tuvo un lapso de dos horas para cumplir la orden de Orellana, de la cual hasta ahora se desconoce si fue acatada.

También se notificó al Congreso para que tome las medidas que en derecho correspondan. El abogado Ortiz estima que esas decisiones contradicen la resolución constitucional de hace dos años.

“Esto nos trae al día de hoy, porque lo resuelto ayer por el juez Fredy Orellana entra en contradicción e incumple de forma directa lo que ya resolvió la CC en el 2023”, señaló.

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Para Ortiz, las intenciones judiciales son claras: “El juez busca afectar los cargos ya adjudicados”, lo que impactaría a todas las autoridades electas por Movimiento Semilla.

Otro punto que Ortiz destacó es que, en aquella oportunidad, la CC fue clara al especificar las competencias de cada institución: judicaturas penales en asuntos penales y Tribunal Supremo Electoral (TSE) en asuntos electorales.

“Hay una confusión del juez: confunde la jurisdicción penal para resolver materia electoral, que compete al Registro de Ciudadanos y al TSE. Eso es improcedente”, reafirmó el abogado.

A criterio de Ortiz, en caso de que las investigaciones del MP encuentren indicios sólidos para que se tomen medidas más severas contra Movimiento Semilla, estas tendrían que ser notificadas.

Es decir, el juez o el MP tendrían que reportar al TSE los nuevos hallazgos para que sea la autoridad competente quien emita órdenes o resoluciones en materia electoral.

“La nulidad, en los términos que él —Orellana— la presenta, no existe en materia electoral. Es imposible que se cumpla, porque no se puede ejecutar algo que en ley no existe”, concluyó.

Ortiz, junto a otros abogados, obtuvo el amparo que ahora busca que se garantice nuevamente. Ayer, la diputada Andrea Reyes, en representación de Movimiento Semilla, presentó otra acción similar.

La diputada Andrea Reyes, en representación de Movimiento Semilla, pide a la @CC_Guatemala que le ordene al @CongresoGuate abstenerse de atentar contra los resultados electorales del 2023, acción en respuesta a la nulidad que ordenó el juez Fredy Orellana al partido político. pic.twitter.com/WGEIqMXtvU
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

Por qué la Presidencia del Parlamento Centroamericano está en batalla legal en Guatemala

Sat, 25 Oct 2025 11:00:00 +0000

Guatemala

Por qué la Presidencia del Parlamento Centroamericano está en batalla legal en Guatemala

Constitucionalista explica que las decisiones del parlamento no pueden ser impugnadas en el país por ser órgano creado por convenios internacionales.

Douglas Cuevas

25 de octubre de 2025 | 05:00h

Pleno del Parlacen durante una de sus votaciones en septiembre del 2024.(Foto Prensa Libre: Parlacen).

El próximo 28 de octubre debe asumir la nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacén), pero la presidencia que ganó una representante de Guatemala fue impugnada en juzgados y cortes nacionales.

La elección del pleno centroamericano dejó como ganadora a la diputada Karla Gutiérrez, quien llegó al Parlacén en las pasadas elecciones del 2023 con la representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido político que ahora califica de “ilegítima” su elección, al asegurar que ella ya no forma parte de sus filas, y que desde el 3 de octubre notificaron de su situación a la institución.

La presidenta electa explicó que la UNE impugnó su elección al presentar una serie de documentos a la actual Junta Directiva del parlamento, acciones que fueron tramitadas para su conocimiento.

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Pero Gutiérrez presentó un recurso de apelación interno, que fue sometido ante el pleno del Parlacén, que ratificó su elección como presidenta, cargo que ocupará del 2025 al 2026.

Después de esa decisión, la presidenta electa dijo que han sido notificados de algunos amparos, los cuales argumentan que por estar expulsada de la UNE no puede ejercer puestos en la directiva del parlamento.

“Esta organización política lo que dice es que, como se aplica el transfuguismo acá en Guatemala, pero a los diputados del Parlacén no nos aplica”, afirmó, y que por ser un órgano regional, no se puede regir por leyes nacionales.

Por su parte, la diputada del Congreso y la nueva secretaria general de la UNE, Lourdes Teresita de León, refuta ese argumento, al decir que como diputada al Parlacén le rigen las mismas reglas que los diputados del Organismo Legislativo, según los propios reglamentos y leyes del Parlacén.

“El tratado constitutivo del Parlacén hace relación a las inhabilidades de los diputados. Las incompatibilidades serán las mismas que establecen las respectivas legislaciones nacionales para el cargo de diputado”, señaló.

El argumento de De León expone que por ese artículo se puede aplicar la misma regla que ha impedido en la décima legislatura que diputados independientes opten a cargos en la directiva del Congreso de la República.

Hasta ahora las partes no han sido notificadas de las decisiones judiciales emitidas alrededor de los amparos, que buscan dejar sin efecto la elección que hizo el Parlamento para su próxima Junta Directiva.

“No proceden”

Para el abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, las acciones legales en instancias nacionales contra decisiones del Parlacén no tienen competencia en juzgados, salas o cortes nacionales.

“Ni siquiera la Corte de Constitucionalidad puede conocer una acción de este tipo porque hablamos de cuestionar un tratado internacional, se rige por el derecho internacional”, explicó Ortiz.

El abogado y Gutiérrez coinciden en que si hubiese algún cuestionamiento relacionado al Parlacén, y no así por una elección de Junta Directiva, las posibles inconformidades se deberían presentar ante instancias internacionales, siendo una posible alternativa, la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Nicaragua.

De León indicó que no comparte los argumentos presentados por Ortiz y Gutiérrez, remarcando que aún no ha sido notificada del avance de las acciones legales presentadas.

Juez Fredy Orellana ordena la nulidad de Movimiento Semilla y emplaza al Registro de Ciudadanos para que cumpla

Fri, 24 Oct 2025 19:55:35 +0000

Guatemala

Juez Fredy Orellana ordena la nulidad de Movimiento Semilla y emplaza al Registro de Ciudadanos para que cumpla

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso también fue notificado ordenando que se cumplan “los efectos jurídicos”.

Douglas Cuevas

24 de octubre de 2025 | 13:55h

El juez también ordenó la cancelación de Movimiento Semilla, orden que acató el Registro de Ciudadanos del TSE. Fotografía: Prensa Libre.

El juez Fredy Orellana emitió una nueva orden con la que podrían ponerse en duda, una vez más, la legitimidad de los cargos ganados en las elecciones del 2023 por los entonces candidatos de Movimiento Semilla.

Orellana, titular del juzgado séptimo penal, ordenó este viernes 24 de octubre la nulidad del Grupo Promotor y del partido político Movimiento Semilla, instruyendo su inmediata aplicación.

Un primer oficio con la orden judicial fue entregado al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dependencia que está a cargo del director Sergio Antillón.

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El documento que fue filtrado a Prensa Libre señala que el juez les dio un plazo de dos horas para cumplir con su orden, de la que hasta se desconoce qué postura tomó la dependencia electoral.

Un segundo oficio fue emitido a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, informando la nueva orden del juez, para “aplicar los efectos jurídicos correspondientes”, apunta el documento.

El partido político Movimiento Semilla consiguió en las elecciones generales del 2023 ganar la elección presidencial y 23 puestos en el Congreso, así como una jefatura edil.

#Urgente

Juez Fredy Orellana le da 2 horas al Registro de Ciudadanos del @TSEGuatemala para que declare la nulidad de todo lo relacionado a Movimiento Semilla. Fuentes que prefieren el anonimato, temen qué se busque declarar vacantes los puestos ganados por Semilla en el 2023. pic.twitter.com/kOk1wjlrag
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

La agrupación fue suspendida y posteriormente cancelada, dos resoluciones electorales que fueron emitidas por órdenes del juez Orellana, quien conoce el caso Corrupción Semilla.

Las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), señaló anomalías en el proceso de creación del partido político, por anomalías en su proceso de constitución.

Los argumentos

El juez Orellana emitió la resolución por solicitud de fiscales del Ministerio Público (MP), quienes consideraron contar con los argumentos suficientes para ampliar las medidas contra la agrupación política.

“Ha habido aceptaciones de cargo y sentencias condenatorias, por eso hoy se solicitó al juez la nulidad absoluta de la inscripción del Grupo Promotor y del partido político Movimiento Semilla”, informó Rafael Curruchiche, titular de la Feci.

El jefe fiscal, indicó que todo surge desde una audiencia del 27 de noviembre del año pasado, cuando se procedió a la cancelación de la personalidad jurídica del partido.

Rafel Curruchiche lidera la fiscalía que investiga a Movimiento Semilla (Foto Prensa Libre: MP)

“El Registro de Ciudadanos tiene que hacer la anotación en el registro de personas jurídicas de los partidos políticos, ellos tiene dos horas para anotar la nulidad absoluta del partido y del grupo promotor”, detalló el jefe fiscal.

La base de la solicitud del MP se centra en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial. “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de la contravención”.

El artículo añade: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir”.

Un fallo de este tipo fue el que afectó en el 2023 al partido político Prosperidad Ciudadana, anulando sus orígenes y en consecuencia todos los actos posteriores, quedando sin efecto sus candidaturas políticas.

Curruchiche al ser consultado sobre cómo se estarían aplicando la nulidad a Movimiento Semilla, por haber autoridades electas por el partido cuestionado, indicó que será tarea del Organismo Legislativo. “Con los diputados ya será el Congreso porque ya se le notificó, en el Organismo Legislativo nosotros no podemos influir”, concluyó el jefe fiscal.

Piden respetar las elecciones

La respuesta legal de Movimiento Semilla se presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC), buscando que se ordene el respeto de los resultados electorales del 2023.

La diputada y abogada, Andrea Reyes, presentó una debida ejecutoria, buscando que la Corte aplique una resolución que en 2023 garantizó los resultados y toma de posesión de los electos.

En su escrito, Reyes pide que se le ordene al Congreso “abstenerse” de tomar decisiones que puedan tratar de poner en riesgo los resultados de las elecciones generales.

La diputada Andrea Reyes, en representación de Movimiento Semilla, pide a la @CC_Guatemala que le ordene al @CongresoGuate abstenerse de atentar contra los resultados electorales del 2023, acción en respuesta a la nulidad que ordenó el juez Fredy Orellana al partido político. pic.twitter.com/WGEIqMXtvU
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

Por su parte el diputado Samuel Pérez, ahora líder del oficialismo desde la facción de Raíces, criticó el fallo del juez Orellana, asegurando que no tiene bases el juez penal para inmiscuirse en asuntos de materia electoral.

“Lo vi en redes sociales, no tenemos el documento formal. Lo interpretamos como ridículo. Hoy, si, el juez, superó las cosas absurdas que ha resuelto, seguramente le han pagado mucho con esa resolución”, declaró Pérez.

Samuel Pérez duda que la oposición tenga éxito en el Congreso en un intento por desconocerlos.(Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos).

El diputado considera que la oposición intentará aprovecharse de la situación para volverlos a atacar de manera política y legal, pero considera que las intenciones no tendrán resultados.

“Se puede tener un debate, pero a la conclusión no hay que darles vueltas, solo el TSE puede cancelar, un juez, mucho menos puede declarar nulo lo actuado por el gobierno estos dos años”, indicó.

Táctica política

Para el analista político independiente, Renzo Rosal, la orden del juez Orellana no se debe de leer de manera individual, estima que es parte de una amplía estrategia política.

El escenario de desgaste que vive la administración de Bernardo Arévalo permitió, a criterio del experto, que la oposición optará por “bombardear” con investigaciones y acciones judiciales en un momento en que el gobierno no es bien visto.

El desgaste y la crítica por la fuga de los 20 pandilleros; los señalamientos de la supuesta corrupción presidencial de UNOPS; la ingobernabilidad del Congreso; y la antesala a elecciones de segundo grado, son a criterio de Rosal, las pautas que le permiten a la oposición acertar este golpe.

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Todo esto, considera, tiene por objetivo la próxima elección de fiscal general del MP. Cargo que elige, tras un proceso de comisiones de postulación, el presidente.

“Buscan un relevo en el presidente antes de tiempo, o bien dejarlo de manera imposibilitado que aunque él sea el elector, tenga que elegir entre candidatos que todos sean nominados por actores que quieren controlar políticamente el país”, indica el analista.

Desde el Congreso, Rosal duda que algún diputado atenté de manera frontal contra la democracia y las elecciones. “Jugar a golpistas es una etiqueta que no se querrán colocar ciertos actores, principalmente aquellos que son de una oposición más moderada o neutrales”.

Independiente de si hay o no mayoría en el Congreso para una interpretación política y jurídica por la orden de Orellana, Rosal estima que será una oportunidad que va a aprovechar la oposición.

“Yo veo que la intención de esos actores va a estar presente, es un momento que ellos esperaban. Buscaron la coyuntura favorable, pero se les aparecieron estos eventos y en momentos políticos, lo tiene que aprovechar”, concluyó.