Teodora Vásquez llama a cambiar severa ley antiaborto en El Salvador

La salvadoreña Teodora Vásquez pasó 11 años encarcelada bajo la severa ley antiaborto en su país, y al salir por una conmutación de pena, hace un dramático llamado a las autoridades de su país: cambien esa legislación que considera injusta.

“Debe cambiarse la ley para que todo esto no suceda más, porque no quisiera yo de mi parte que más mujeres como yo ingresen a ese lugar (presidio), no lo merecemos”, declaró Vásquez en entrevista con la AFP.

El pasado 15 de febrero, luego de permanecer diez años y 11 meses en la cárcel, Teodora, de 34 años, fue liberada luego que la Corte de Justicia le conmutara la pena que purgaba desde 2007 tras un parto intempestivo que la llevó a ser condenada por “homicidio agravado”.

En El Salvador hay 27 mujeres encarceladas por abortos, muchas de las cuales sufrieron emergencias obstétricas, por una legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.

“Pido que se verifique todo eso (el encarcelamiento) y que se pueda de alguna manera ver cómo hacemos entre todos para que las mujeres no tengan que entrar más a cárceles”, reflexiona Teodora.

El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece una pena de dos a ocho años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

Teodora pide a las autoridades que revisen cada caso de mujeres que tuvieron emergencias obstétricas para que “lleguen a fondo de la realidad de lo que pasó”.

Testimonio de la cárcel

Para Teodora, los 11 años que pasó encarcelada fue una etapa de angustia y desesperación donde hasta “la más fuerte llora”.

“Fueron los momentos más tristes, más angustiosos, porque en el penal se vive una gran desesperación, ahí no cualquiera sale sano de ese lugar, no cualquiera sale normal”, comenta Teodora con lágrimas en sus ojos.

El haber perdido a su recién nacida en julio de 2007, según Teodora, “me ha marcado para siempre, porque me sentía orgullosa que iba a ser madre de dos hijos, para mí eso era lo más emocionante, pero lastimosamente mis sueños fueron frustrados”.

“Decir cárcel es lo más fácil que pueda haber, pero vivirlo en carne propia a uno lo marca para siempre, es lo peor que le puede pasar”, confiesa.

La mayor impotencia que sintió en la cárcel fue no poder acompañar en el inicio de su vida a su hijo que dejó de cuatro años.

“El no poder tener contacto con él es lo que a mí más me llenaba de tristeza y dolor”, cuenta.

Cuando el abogado que defiende su causa le adelantó que su pena había sido conmutada “a mí me devolvió la vida, me devolvió la sonrisa, la felicidad completa”, dice Teodora con júbilo.

El día en que fue liberada Vásquez, en una comunidad rural del empobrecido municipio de Tacuba, en el oeste del país, su familia le esperaba con un almuerzo y ropa que le habían comprado.

Pobres y abandonadas

Teodora advierte que en El Salvador “las mujeres pobres están abandonadas” por el sistema público hospitalario, que en lugar de ayudarlas, las denuncia cuando sufren emergencias obstétricas.

“Una mujer que tenga dinero y que quiera realizar un aborto, busca una clínica y lo hace, no pasa nada. Pero una mujer pobre hace eso y va a parar a la cárcel”, afirma.

Ante ese trato desigual, Teodora dice que lo justo es “que haya igualdad, porque no podemos pesar unas más que otras, somos mujeres y no somos nada diferentes”.

Mientras estuvo encarcelada, Teodora cursó desde cuarto grado de escuela primaria hasta completar el bachillerato, y obtuvo 30 diplomas de diferentes oficios con los cuales busca trabajo para ayudar a su familia.

Pero también anhela estudiar derecho en una universidad para defender a las mujeres.

“Es uno de mis mayores sueños, es algo que yo me he propuesto, luchar por ellas, quiero luchar por ellas”, cuanta sobre su deseo de ser abogada.

La dureza de la ley salvadoreña trascendió en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus y a la que se le impidió abortar a pesar de que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir al nacer.

El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después.

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