Ciudad Guatemala
Organizaciones sociales, indígenas y la PDH solicitaron este miércoles dejar sin efecto el proceso para revocar la inmunidad a tres magistrados que frenaron el fin del mandato a la Cicig.
Las entidades buscan que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, frene el proceso para levantar los fueros a tres jueces de esa misma entidad por un caso diplomático.
El trámite fue autorizado la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y posteriormente trasladado al Congreso, donde el equilibrio de fuerzas es favorable a Morales.
Juan Castro, miembro del Bufete de Abogados Mayas, dijo a periodistas que la CSJ no debió avalar el proceso al considerar que es “espurio” y que “busca desestabilizar” a la corte constitucional.
El 9 de enero la CSJ admitió una demanda interpuesta en diciembre por la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de los jueces de la CC Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras.
La ADN interpuso la demanda al considerar que los magistrados habrían incurrido en prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad por frenar el retiro del embajador de Suecia, Andrés Kompass, ordenada por el gobierno.
Según el Gobierno, el diplomático europeo cometió una “injerencia” en asuntos internos del país. La CSJ consideró que la CC “se excedió en cuanto a sus funciones” porque la Constitución “permite al Ejecutivo conocer acerca de la política exterior”.
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El Congreso tiene pendiente conocer el proceso y decidir si retira la inmunidad a los jueces para que sean investigados.
Los tres magistrados han revertido controversiales decisiones de Morales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a Naciones Unidas, que junto con la fiscalía han pedido investigar al gobernante por sospechas de corrupción en las finanzas del partido que lo llevó al poder en 2015.
La última resolución de la CC fue suspender el cierre anticipado de la Cicig ordenado por Morales.
“Estamos apoyando la labor que ellos (magistrados) han realizado en beneficio de la población guatemalteca para resguardar el Estado de derecho y su lucha contra la corrupción”, dijo Rosa García, abogada de las Autoridades Ancestrales Indígenas mayas del poblado de Totonicapán (oeste).
Con información de: AFP
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