Ciudad Guatemala
El pasado 17 de enero se aprobaron en primer debate las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, mediante las cuales se busca dejar en libertad a quienes ya fueron condenados y que se deje de perseguir a quienes cometieron delitos de guerra.
“Esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos crímenes de lesa humanidad”, advirtió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho en Guatemala”, expresó haciendo referencia a que el contenido actual de la ley ha sido base legal para los juicios.
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También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que al aprobarse la normativa pueda haber represalias contra las víctimas, testigos, jueces e incluso organizaciones que han promovido la justicia por los delitos del pasado.
“Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”, aseguró.
36 años de guerra
La Ley de Reconciliación Nacional ha estado en vigor desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y ha sido reconocida internacionalmente como un modelo legislativo de la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones a los derechos humanos.
Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno (1960-1996) 250 mil personas murieron o fueron desaparecidas.
Un tema que aún es sensible para cientos de familias es la desaparición de sus seres queridos durante el conflicto, específicamente en la época de los años ochenta, en el que miles de personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas acusadas de subversión por parte de las fuerzas represivas del Estado.
Quienes promueven la iniciativa aseguran que es necesario un perdón por los 36 años de conflicto armado interno, para que organizaciones dejen de lucrar con la guerra.
“Nosotros los soldados no somos matones ni asesinos, combatimos terroristas. Únicamente defendimos a Guatemala”, argumentó el diputado oficialista Estuardo Galdámez.
Entre los oponentes está la familia Molina Theissen, que en 2018 vio cumplirse su sueño de justicia por la desaparición del adolescente Antonio Molina Theisse y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe, ocurrida en 1981.
Por este caso fueron condenados cinco militares a 33 y 58 años de cárcel, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.
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