El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizó un operativo con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el que se ejecutaron órdenes de aprehensión contra exdiputados de la UNE y la solicitud de antejuicio contra diputados y la candidata a la presidencia Sandra Torres.
La FECI y CICIG presentaron solicitudes de antejuicio y se emitieron citaciones a primera declaración en el caso Financiamiento Electoral Ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante la campaña electoral 2015, señalaron las autoridades de la fiscalía.
La investigación reveló que los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE, han sido cuantificados en Q. 19,531,753.10. Por este caso se solicitó el retiro de la inmunidad de la candidata presidencial de la agrupación política Sandra Torres por el delito de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
Jefe de Feci Juan Francisco Sandoval solicita antejuicio en contra de la candidata presidencial Sandra Torres de la UNE. pic.twitter.com/wjNXqyiU3W
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) February 6, 2019
Según lo revelado por las autoridades, el partido de la UNE utilizó tres empresas durante la campaña de 2015 para financiar ilícitamente la misma.
Se indicó que las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. funcionaron como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
La investigación estableció que a través las entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña a nombre del partido político, por medio de un cheque a nombre de MAARIV, S.A .
Según la investigación los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó un total de Q 3.458.407.84 a las cuentas de MAARIV S.A. y de PROHABSA, los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al candidato vicepresidencial Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy día diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A. representada legalmente por el señor Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE y de la entidad Compañía Agricola Industrial Solesa, S.A. vinculada a la familia del candidato vice presidenciable, señor Mario Roberto Leal Castillo.
Las conclusiones de la investigación se basan en el análisis de evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del TSE, entidades bancarias e informes de análisis y criminal de CICIG.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 6, 2019
Según lo indicado por las autoridades la investigación conjunta del MP con apoyo de la CICIG, se derivaron del caso “Traficantes de Influencias”, que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presentó.
La solicitud a la candidata a la presidencia Sandra Torres, se realizó debido a que los candidatos gozan de inmunidad desde el momento que son inscritos por el Registro de Ciudadanos del TSE.
En total se giraron 11 ordenes de captura pero solo se logró capturar a cuatro personas:
1. Juan Pablo García Castro
2. Víctor De Jesús Duarte Mendoza
3. Gustavo Adolfo Alejo Cámbara
4. Guillermo Alejando Sierra Sierra