El gobierno de Nicaragua anunció este lunes un polémico plan con apoyo internacional para el "retorno voluntario asistido" de personas que salieron del país en medio de las protestas antigubernamentales que estallaron hace un año.
La presidencia indicó en un comunicado que instituciones públicas “garantizarán las condiciones del retorno voluntario (…) y plenas garantías y seguridad” a quienes se acojan a la repatriación.
La iniciativa fue recibida con desconfianza por opositores, que advirtieron de la falta de garantías para quienes acepten regresar al país después de sufrir persecución.
Según el gobierno, el plan de retorno contará con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En medio de la polémica que suscitó el anuncio oficial, la OIM publicó en su sitio web que hubo una solicitud del gobierno y que aceptó analizarla una vez que conozca el programa a detalle.
El organismo regional con sede en Costa Rica aclaró que “espera” cooperar en el retorno voluntario de los migrantes nicaragüenses en el contexto de un plan “concertado” en el que también participen organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave.
Organismos de derechos humanos calculan que entre 50.000 y 80.000 personas huyeron de Nicaragua bajo amenazas, persecución y desempleo, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril de 2018.
La represión a las manifestaciones hundió al país en una grave crisis política y económica que persiste un año después.
Las autoridades darán asistencia para los trámites de documentación, migración y aduanas a quienes regresen a Nicaragua, según el gobierno, que garantiza “condiciones de dignidad y seguridad física y jurídica” a su llegada.
La propuesta del gobierno de Daniel Ortega ya había sido rechazada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en la negociación con las autoridades para superar la crisis.
– Engañoso –
La alianza emitió un comunicado donde consideró “infructuoso que el gobierno continúe con campañas estériles y engañosas”. También demandó que se muestre “verdadera voluntad” liberando a todos los presos políticos, restableciendo los derechos y garantías para avanzar en la mesa de negociación en los temas de justicia y adelantar las elecciones de 2021.
El exvicecanciller José Pallais, miembro de la ACJD, explicó a la AFP que la iniciativa oficial había sido descartada porque “ellos quieren que (los exiliados) regresen sin ningún mecanismo de protección”.
“Esta es una publicidad engañosa que no resuelve el problema de fondo de los exiliados, como es su seguridad. Solo les dicen regresen y aquí van a estar felices”, manifestó.
Pallais recordó que el gobierno descartó como garantes del diálogo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que indicaría que no pretende acatar sus compromisos.
Igualmente, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos sostuvo en un comunicado que para un retorno seguro de los exiliados se requiere “establecer un proceso de transición, desarmar a los paramilitares, liberar a todos los presos políticos y el restablecimiento pleno de las garantías y derechos de todos los nicaragüenses”.
La oposición estima que unas 800 personas han sido detenidas en el marco de las protestas, mientras que el gobierno cifra las detenciones en 350.
Con información de: AFP