Ciudad Guatemala
La petición del retiro de inmunidad, a la cual dio trámite la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se remonta a un caso de corrupción del 2014, investigado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según la Fiscalía, unos 62 diputados del extinto Partido Patriota estarían implicados en el cobro de coimas a cambio de sus votos en el Legislativo.
La investigación apunta a que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti habría sido una de las intermediarias para dichos pagos.
La petición del retiro de la inmunidad por parte del MP y la Cicig estaría dirigido contra:
- Estuardo Galdámez, diputado y candidato presidencial de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
- Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.
- Juan José Porras, diputado.
- Haroldo Quej, diputado.
- Boris España, diputado.
- Gustavo Arnoldo Medrano, diputado.
- Mirna Figueroa de Coro, diputada.
- Marco Antonio Orozco, diputado.
Entre los delitos que se imputa a los señalados se encuentra cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución.
La Corte designó a los jueces pesquisidores para los expedientes, quienes deberán emitir un informe con la recomendación de retirar o no la inmunidad a los funcionarios. Sin embargo, la CSJ no reveló los nombres de las designaciones.
La decisión de retirar o no la inmunidad a los diputados será de la CSJ luego de recibir el informe de los pesquisidores.
En el caso del ministro Valladares Urruela la Corte remitirá el expediente al Congreso para que conforme una comisión pesquisidora. Esta deberá citar a las partes y emitir su informe, que luego será conocido en el pleno de diputados para decidir si despojan de la inmunidad al funcionario.
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