Ciudad Guatemala
El Congreso de la República interpuso una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte de Consitucionalidad que otorgaron un amparo provisional que frenó el proceso legislativo para reformar la Ley de Reconciliación Nacional.
El Congreso considera que el amparo, emitido la semana pasada, le prohíbe “una de sus atribuciones constitucionales”.
Los magistrados denunciados son Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco De Matta Vela, por los delitos de violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
La comisión permanente le “requiere a la Corte Suprema de Justicia de forma urgente e inmediata remita las actuaciones al órgano competente para conocer el retiro de antejuicio”.
El 19 de julio el Congreso fue notificado por la Corte de Constitucionalidad del amparo provisional para que se suspendiera el procedimiento de formación, sanción y promulgación de ley que corresponde a la iniciativa de ley 5377.
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A criterio de la Comisión, el amparo “erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar, inobservando flagrantemente uno de los pilares básicos de una democracia: la separación de poderes”.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado Fernando Linares Beltranena y ya fue discutido en segundo debate en el pleno del Parlamento guatemalteco.
De ser aprobada, la ley absolvería a personas condenadas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), aplicando retroactividad de la ley.
También modificaría el artículo 5 para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura.
Con información de: Carlos Álvarez.
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