Mauricio Víquez, exsacerdote acusado de abusos sexuales contra menores y violación en Costa Rica, llevaba seis meses en fuga.
Pero el pasado domingo fue finalmente apresado en la localidad mexicana de San Nicolás de los Garza por parte de la Policía Federal de este país.
Sobre él pesaba una solicitud de extradición y una orden de captura internacional de Interpol emitida el pasado 19 de febrero.
Víquez, de 54 años, será presumiblemente extraditado a Costa Rica, donde se enfrenta a una causa penal por los delitos de abuso sexual, violación calificada y corrupción agravada cometidos contra un menor, según el diario costarricense La Nación.
Aunque hay al menos otras ocho acusaciones por abusos sexuales contra monaguillos de las localidades de Tres Ríos y Patarrá que se presentaron por la vía canónica, explica el Semanario Universidad.
Y La Nación asegura que otras tres presuntas víctimas lo denunciaron por vía judicial tras entrar en vigor en abril una ley que amplía los plazos para que puedan acudir a la justicia los menores víctimas de abuso sexual. Estos presuntos abusos se habrían producido hace 20 años.
Dos de sus presuntas víctimas habían viajado a México para intentar encontrar Víquez, que fue finalmente localizado gracias al rastreo del uso que estaba haciendo de las redes sociales a través de su segundo nombre, Antonio.
La investigación se inició tras recibir la línea confidencial del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) dos llamadas alertando de que el exsacerdote se encontraba en México y aportando un perfil de una red social que supuestamente estaba utilizando.
El caso de los presuntos abusos cometidos por Víquez ha recibido mucha atención en Costa Rica.
El actual arzobispo de San José, José Rafael Quirós, y el arzobispo emérito Hugo Barrantes fueron acusados de haber encubierto a Víquez, que fue suspendido en 2018 a pesar de que, según varias presuntas víctimas, las primeras denuncias en su contra se hicieron varios años antes.
Por esto, dos de sus presuntas víctimas denunciaron a Quirós ante el Vaticano por encubrimiento.
Según El País, Víquez fue denunciado por primera vez en 2003 pero continuó celebrando misas durante 15 años más e incluso oficiando como portavoz de la Iglesia en temas relacionados con la familia.
El Vaticano lo expulsó definitivamente del sacerdocio el 25 de febrero pasado y en mayo perdió el puesto que tenía como docente en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica.
Había temores de que el caso por el que lo requieren las autoridades costarricenses, la presunta violación de un niño de 11 años, prescribiera este mes de septiembre, cuando se cumplen 10 años desde que la víctima alcanzó la mayoría de edad.
Pero la captura de Víquez anula ahora esta posibilidad de prescripción.
Fiscales y policías judiciales irrumpieron en marzo en el corazón administrativo de la Iglesia católica en Costa Rica, la Conferencia Episcopal, para allanar las instalaciones del Tribunal Eclesiástico y la Curia Metropolitana en el marco de dos investigaciones contra dos sacerdotes por presuntos delitos sexuales, uno de ellos Víquez.
La Iglesia católica de Costa Rica pidió perdón en marzo por las “faltas que dolorosamente han sido cometidas” por sus miembros, después de que salieran a la luz denuncias contra varios sacerdotes por pederastia.
“Sin querer juzgar el pasado, admitimos humildemente que no siempre se ha dado la atención debida a estos delitos, ni su lugar a las víctimas ni a sus familias”, declaró la Conferencia Episcopal.