Ciudad Guatemala
"Alguien (…) pensó que no íbamos a reclamar su nombre, que iba a pasar como una desconocida, que iba a ser una más entre tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así".
“A Fátima no la vamos a olvidar, Fátima tiene que ser un nombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos, de desigualdad, de gente que no le importa que sea una más”.
Sonia López, tía de Fátima -la niña de 7 años que se convirtió en una de las últimas víctimas de feminicidio en México- gritó estas palabras poco después de saber que su sobrina había sido torturada y asesinada.
El cadáver de Fátima apareció en una bolsa el pasado fin de semana en Ciudad de México tras haber sido secuestrada a la salida de la escuela el pasado 11 de febrero.
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La brutalidad de su muerte y la “cadena de errores” de las distintas instituciones que llevaron su caso y que aún se investigan causaron una enorme indignación y convirtieron a Fátima en otro de los rostros de una lacra que continúa desangrando a México.
Y es que cada día, según cifras del informe de 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), al menos tres menores de edad mueren en el país a causa de una violencia que va en aumento y que las autoridades no logran detener.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está siendo objeto de innumerables críticas por una sociedad que le reclama actuar frente a los brutales feminicidios que azotan el país y que ya se han convertido en una de las mayores crisis de su gobierno.
Aunque AMLO prometió combatir “con toda la fuerza que tiene el gobierno”, la tía de Fátima fue vocera con su improvisado testimonio de la creencia de buena parte de los mexicanos: que los crímenes de mujeres y niñas no se investigan lo suficiente y sus nombres acaban en una larga lista de víctimas hasta que quedan en el olvido para las autoridades.
Las alarmantes cifras
Y es que aunque el asesinato de Fátima logró atraer la atención dentro y fuera de las fronteras mexicanas, lo cierto es que los casos de niños que pierden la vida por causa de la violencia se cuentan por miles en México.
Según cifras del informe de la REDIM, cada día asesinaron a 3.6 menores de edad como promedio desde el año 2000 al cierre de 2019, calificado como “el año con el mayor número de homicidios dolosos en la historia del país”.
En un país con unos 40 millones de personas entre 0 y 17 años de edad, las niñas y adolescentes mujeres supusieron una de cada de diez víctimas de feminicidios entre enero de 2015 y julio de 2019.
Las desapariciones también van a peor. Con datos de 2012 a 2018, el informe reveló que diariamente se perdía el rastro de cuatro niños en el país.
Pero tras conocerse el último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la cifra promedio durante el año pasado ascendió hasta siete, según subraya la REDIM a BBC Mundo.
“Es lamentable que ocho de cada diez niños no salgan a la calle o vayan solos a la escuela por inseguridad porque les puede pasar lo mismo que a Fátima. La violencia permea todos los ámbitos de nuestra vida”, dice el director ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez García.
Además de los asesinatos a manos de familiares o conocidos, algunos de estos niños fueron víctimas tras verse inmersos en redes de trata de personas o, especialmente, en grupos de crimen organizado.
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), destaca que “no es una única forma de violencia la que lleva a estas muertes, pero todas llevan a una insensibilidad por los problemas de infancia”.
Por estados, la REDIM destaca cómo la violencia ya no solo se concentra en la frontera norte del país sino que se ha desplazado hacia el centro y sur.
Así, Guanajuato es la entidad que en los últimos cinco años concentra más homicidios contra niños y adolescentes. También Puebla, el estado de México, Veracruz y Guerrero, que la REDIM vincula con el crecimiento de plantación de amapola y del tráfico en aumento de fentanilo, un potente opiáceo cuyo consumo se extendió en Estados Unidos en los últimos años.
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“Pero no tienes que vivir en un lugar donde esté el crimen organizado, no tienes que andar en malos pasos. Cualquier niña como Fátima puede ser víctima de hechos criminales en total impunidad”, alerta Pérez García.
¿Cuáles son las causas?
Para tratar de entender las causas de estas alarmantes cifras, los analistas consultados coinciden en la falta de compromiso por parte de las autoridades a la hora de desarrollar una estrategia frente a la violencia contra la infancia y de hacer cumplir las leyes ya vigentes.
“La Ley de Desaparición establece que se debe hacer una búsqueda inmediata de niños solo con el reporte de desaparición, sin carpeta de investigación. Eso no sucede ahora, como vimos en el caso de Fátima, forzando a la familia a esperar 48 o 72 horas”, señala Pérez García.
El titular de la REDIM también critica que la falta de interés del actual gobierno por este tema se visibiliza en el hecho de que ninguno de sus 25 proyectos prioritarios a nivel nacional incluya a la infancia.
“Esto significa invisibilidad, no está en sus prioridades y lo desprecian. La situación de niños y adolescentes les está saltando literalmente en la mesa con los datos y casos paradigmáticos, y ellos solo dan respuestas superficiales para intentar tranquilizar”.
Azaola también apunta a fallos en las actuaciones de las instituciones y a la dedicación insuficiente de recursos para tratar de frenar esta violencia.
“El caso de Fátima pone en evidencia las fallas que ocurren todos los días con unas autoridades negligentes, poco competentes, ineficientes… pero que, por otra parte, están desbordadas por el numero de casos y no cuentan con mucho apoyo, sin que ello lo justifique”, le dice a BBC Mundo.
Pero los expertos también apuntan a otras características de buena parte de la población mexicana que también influyen para agravar el problema, como la pobreza o el machismo.
Según Azaola, en el caso de los niños que se unen a grupos de delincuencia organizada “hay que ver las circunstancias en sus casas de violencia, de abandono, de padres desbordados con empleos precarios y un bajo nivel educativo que reproducen la pobreza intergeneracional”.
“Es ahí donde tiene que entrar el Estado para proteger a esos niños que no están siendo protegidos por sus padres”.
Según el informe de la REDIM, más de 3,7 millones de niños y adolescentes viven en extrema pobreza.
Su director ejecutivo apunta a cómo “una sociedad profundamente machista” como la mexicana hace que se normalice la violencia contra las mujeres y contribuyó en los últimos años al aumento de feminicidios de menores de edad como en el caso de Fátima.
Martín Pérez considera que el Estado no es ajeno y también lo tilda de machista y de ser “cómplice de los perpetradores haciéndolos antihéroes”, como en el reciente caso de Ingrid Escamilla en el que aún se investiga si fueron agentes quienes filtraron las fotos de su cadáver.
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“Eso da cuenta de la dificultad cultural de nuestro país para superar el machismo y reconocer a niñas y mujeres como personas con igualdad de derechos. Es un proceso largo pero aún más difícil cuando el propio Estado las revictimiza con esta violencia institucional”.
Duras críticas a AMLO
Después de que casos como el de Ingrid o Fátima se convirtieran en símbolos de la crisis de feminicidios en México, el presidente López Obrador enfrenta a diario duras críticas por su actuación al respecto.
Varias protestas se tomaron las calles en los últimos días para exigir justicia para las asesinadas y critican que AMLO no responda con acciones claras para atajar el problema sino, más bien, tratando de responsabilizar a gobiernos anteriores del problema.
“Por convicciones y principios, estoy en contra del feminicidio. Es inaceptable, aborrecible”, dijo López Obrador hace unos días en una conferencia de prensa en la que se comprometió a combatirlo “con todos los medios y con toda la fuerza que tiene el gobierno para erradicarlo”.
“Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Lo más eficaz es procurar entre todos; desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor”, añadió.
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Sin embargo, Azaola opina que “el presidente simplemente reprocha y no quiere que esto suceda, pero no articula un programa o política concreta”.
“Está más bien en la línea de un sermón, de que esto no debe hacerse, más que en la de alguien a cargo del Estado que se preocupa por sus ciudadanos”, critica.
El responsable de la REDIM acusa a AMLO de mostrar una “complicidad machista” tras polémicas declaraciones del mandatario como cuando dijo que los medios manipulan los feminicidios o cuando responsabilizó de casos como el de Fátima“al proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal”.
“Son expresiones lamentables y violatorias a su rol de jefe de Estado. Son cosas que ofenden a las víctimas y da cuenta que desde las más altas esferas del gobierno prefieren ser cómplices de estas acciones de impunidad”, concluye Martín Pérez.
El Congreso aprobó este martes aumentar en cinco años las penas de prisión por feminicidio y el gobierno aseguró que no descarta crear una fiscalía especializada en este delito, pero no parece ser suficiente para apaciguar una de las mayores crisis desde que AMLO iniciara su mandato hace poco más de un año.
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