Ciudad Guatemala
A mitad de una sesión virtual de la Suprema Corte de Justicia de México, el magistrado presidente interrumpió el asunto que trataba para hacer un anuncio al mediodía del martes.
“Acabo de recibir una terrible noticia. Fue ejecutado el señor juez de distrito Uriel Villegas Ortiz junto con su señora esposa, Verónica Barajas“, dijo el ministro Arturo Zaldívar.
Un crimen cometido en la casa de las víctimas, donde estaban sus dos hijas menores de edad y una empleada, las cuales no resultaron heridas, según las primeras investigaciones.
El ataque ha generado preocupaciones por la falta de garantías para los jueces que dirigen procesos judiciales relacionados con crímenes federales graves.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez -quien en el pasado fue ministra de la Suprema Corte-, señaló que el juez estaba haciendo su trabajo. “Murió por hacer su trabajo”, dijo y señaló que llevaba casos de “personajes de la delincuencia organizada”.
Villegas había encabezado procedimientos por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y robo de combustible. Uno de ellos en contra de un hijo del poderoso capo Nemesio Oseguera, uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido: “Un crimen atroz, condenable”, dijo este miércoles.
“Estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la república y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina desde la céntrica ciudad de Puebla.
Zaldívar demandó a las autoridades “su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias”, además de una investigación para dar con los responsables.
¿Qué se sabe del crimen?
La mañana del martes, hombres armados ingresaron a la casa del juez Villegas en la ciudad de Colima, la capital de estado homónimo en el oeste de México.
Según las primeras investigaciones, abrieron fuego en contra del juez y su esposa y huyeron.
En el domicilio también estaban dos niñas, hijas del matrimonio, así como una empleada. Ellas no sufrieron lesiones.
Villegas Ortiz había sido reasignado a un tribunal federal en Colima en enero pasado, luego de haber encabezado otro juzgado durante tres años en el vecino estado de Jalisco.
Colima, cuyo territorio y población es una de las más pequeñas del país a nivel estatal, tuvo la tasa más alta de homicidios en 2019, 8,9 por cada 100.000 habitantes, indican las cifras oficiales.
Según fuentes citadas por el diario El Universal, el juez Villegas había renunciado a la seguridad permanente que le ofrece el Poder Judicial en 2019 al considerar que “ya no la requería”.
La Fiscalía General de la República informó que se encargaría de la investigación.
#FGRInforma La Fiscalía General de la República asume plenamente investigación del asesinato de un Juez Federal y su esposa en la ciudad de Colima. En cuanto existan datos que puedan hacerse públicos se darán a conocer.
— FGR México (@FGRMexico) June 16, 2020
Contra el crimen organizado
La renuncia a sus dos guardaespaldas y un auto blindado, de los que disponía las 24 horas del día, se dio un año después de que Villegas abriera un procedimiento judicial sobre Rubén Oseguera González, “el Menchito”.
Se trata del hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, quien es el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los hombres más buscados por la justicia de México y EE.UU.
El juez Villegas había iniciado uno de cuatro procedimientos que a la postre derivaron en la extradición a Estados Unidos de “el Menchito”.
En Jalisco también se encargaba de audiencias preliminares y órdenes de aprehensión de delitos como narcotráfico, huachicol (robo de hidrocarburos) y lavado de dinero.
Al especializarse en el Sistema Penal Acusatorio, tomó una vacante en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima.
Luego del crimen, el CJF dijo en un comunicado: “La actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios”.
En su informe anual de 2019, el ministro Zaldivar detalló que 91 jueces contaban con protección personal y casi todos usaban chaleco antibalas al ejercer sus funciones.
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