Guatemala es uno de los países que más han caído en percepción de corrupción y se ubica en el puesto 149, según TI
La salida de la Cicig en 2019 y la gestión opaca durante la pandemia empeoraron la calificación del país, según el reciente informe de la ONG.
Guatemala es uno de los países que más han caído en la clasificación de percepción de corrupción, ocho puntos desde 2012, revela el Informe de Transparencia Internacional (TI) publicado este miércoles.
Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI recoge la opinión que diversos organismos e instituciones tienen del sector público de cada país, clasificando a las 180 naciones analizadas de 0 (más corrupto) a 100 (menos corrupto) según su sistema.
En el caso de Guatemala (25 puntos), la salida en el 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y la gestión opaca del gobierno durante la pandemia “son prácticas que afectan a la percepción que hay de la lucha contra la corrupción”, dijo a la AFP Luciana Torchiaro, responsable regional de TI para América Latina.
Venezuela, Estados Unidos y varios países de América Central son percibidos como cada vez más corruptos, según el informe anual, que detalla el impacto de este flagelo en los sistemas de salud en plena pandemia.
En Nicaragua (22), la percepción de la corrupción ha empeorado en siete puntos desde 2012 y es la tercera peor del continente americano.
Otra situación preocupante es la de Honduras (24), donde la gestión de la epidemia reveló la existencia de contratos opacos en la compra de hospitales móviles y de precios inflados en equipamientos médicos.
En América Latina, Venezuela (15), Haití (18) y Nicaragua (22) son los países donde la corrupción está más presente, mientras que Uruguay (71) y Chile (67) se mantienen desde 2012 como los mejores alumnos del continente.
TI resalta el trabajo de Perú (38), donde la aprobación de dos leyes para impedir que los condenados por corrupción accedan a cargos públicos y para mejorar la transparencia en las finanzas públicas sugieren una mejora de la lucha contra este flagelo.
Guyana (41) y Ecuador (39) son los países latinoamericanos que más han mejorado su nota desde 2012, 13 y 7 puntos respectivamente.
En el caso de Venezuela, es el quinto país con el sistema más corrupto del mundo y su nota no deja de empeorar desde 2013. Ese país perdió por la corrupción “al menos US$5 mil millones en las últimas dos décadas, lo que afecta directamente a la salud de los venezolanos”, dijo Torchiaro.
En el mundo, Dinamarca (88), Nueva Zelanda (88) y Finlandia (85) son los países que salen mejor parados del estudio, un podio invariable desde 2012. En el lado contrario, Siria (14), Somalia (12) y Sudán del Sur (12) son los países con los índices de corrupción más elevados. La media mundial de este ranking es 43.
TI centró su informe de 2020 en el impacto que la corrupción ha tenido en la gestión de la epidemia de coronavirus. Los países con niveles más altos de corrupción dedican menos recursos a la salud, lo que afecta los servicios públicos esenciales.
El caso de Estados Unidos
Por su parte, la percepción de la corrupción pública en Estados Unidos (67) también empeora, y el informe de TI le atribuye la nota más baja desde 2012.
La oenegé señala en particular los obstáculos que la administración Trump puso para supervisar los casi US$900 millones destinados a luchar contra los efectos del covid-19.
“El covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, declaró Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI, citada en el informe.
Según un informe publicado por TI en 2019, la corrupción en el mundo le cuesta a los sistemas públicos de salud US$500 mil millones cada año.
La contracara de esto es Uruguay, que según el informe de TI tiene la inversión en salud “más alta de la región”, lo que le permite tener “un buen sistema de seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar el covid-19”.
Esta oenegé internacional creada en Alemania hace 25 años recomienda a los gobiernos “reforzar las instituciones supervisoras, promover procesos de contratación abiertos y transparentes y garantizar el acceso a la información” para atajar la corrupción en los sistemas públicos.