Ciudad Guatemala
Fueron más de 100 quemaduras de cigarrillo las que quedaron en su espalda.
Los torturadores de la monja estadounidense Dianna Ortiz inventaron un juego de preguntas en el que la mujer siempre perdía y el castigo era una marca más en su cuerpo.
Sucedió en Guatemala en noviembre de 1989, cuando la religiosa fue violada y torturada durante 24 horas, en un caso conmocionó al país centroamericano.
Esa nación estaba entonces en plena guerra civil, en la que se enfrentaban guerrillas marxistas y el ejército, respaldado por Estados Unidos.
Ortiz falleció el 19 de febrero en su país. Pese a que su secuestro permanece impune, su calvario y lucha posteriores se convirtieron en noticia en todo el mundo cuando denunció que un estadounidense vinculado a la embajada había sido cómplice de su secuestro.
El viaje
Ortiz nació en el estado de Nuevo México e inició su vida religiosa a los 17 años.
Tenía 29 cuando se mudó al país centroamericano para ayudar en la enseñanza de lectura y escritura a niños de bajos recursos.
La monja católica realizaba ese trabajo con comunidades indígenas cuando comenzaron las amenazas anónimas.
Fue elegida como objetivo precisamente por ese trabajo con los indígenas, que estaban en la mira de los militares por sus presuntas simpatías con las guerrillas de izquierda.
Algunas de las cartas de amenaza se las entregaron en diferentes lugares que visitaba para demostrarle que la estaban siguiendo.
Pat Davis, quien en 2002 coescribió con Ortiz el libro “The Blindfold’s Eyes: My Journey from Torture to Truth” (Los ojos vendados: mi viaje de la tortura a la verdad), señala que por ello no se puede considerar que lo sucedido con Dianna fuera un error o una confusión, como se llegó a señalar al principio.
“Nunca dejó de buscar justicia por lo que le pasó a ella y a otras víctimas de tortura. Incluso volvió a Guatemala para intentar esclarecer qué pasó, pese a que los fiscales decían que estaba haciendo un show”, indica Davis a BBC Mundo.
Davis ahora trabaja en la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, una organización civil con sede en Washington de la que Ortiz formó parte.
El día del secuestro, Dianna se encontraba en una casa de retiro espiritual. Fue trasladada a la fuerza hasta un predio que después sería identificado como una dependencia de la policía.
Ese 2 de noviembre de 1989 “fue devastador, le cambió la vida”, cuenta Davis.
Además de las violaciones y las numerosas quemadas de cigarrillo, sus tres captores metieron su cabeza en una fosa con cuerpos en descomposición y personas agonizantes.
Ella contó muchas veces que nunca pudo olvidar el olor que la invadió en ese momento.
Pero tal vez lo peor fue cuando la obligaron a hundir un machete en el cuerpo de una persona que se encontraba gravemente herida.
Los torturadores lo filmaron todo y se cree que el objetivo era poseer ese video para chantajearla.
Durante aquel calvario, Ortiz llevaba los ojos vendados, algo que la desesperaba aún más al escuchar los gritos de otras personas.
“Alejandro”
Ortiz relató muchas veces que, cuando ya había pasado 24 horas secuestrada, otra persona ingresó en la habitación y ordenó detener las torturas.
Pero ella notó algo en su acento que le llamó la atención y hasta el último día de su vida sostuvo que se trataba de un ciudadano estadounidense.
Alejandro, como se hacía llamar, la subió en un vehículo y le aseguró que la llevaría con una persona que la ayudaría a llegar a la embajada de EE.UU.
En el camino, él le sugería que perdonara a sus torturadores y que olvidara lo sucedido, pese a que su secuestro ya era noticia en Guatemala y Estados Unidos.
Le dijo que todo era una confusión y que en realidad la persona buscada era una mujer indígena que llevaba su mismo apellido.
Repleta de dudas y temiendo por su vida, optó por lanzarse del automóvil y correr hasta encontrar un lugar donde refugiarse.
Aquella huida también fue cuestionada por los investigadores de su caso, dado que consideraban difícil que una mujer que había pasado un día entero de torturas y que apenas hablaba español hubiese logrado realizar un acto así.
Su sospecha de que un estadounidense estaba involucrado fue el primer indicio de todo lo que Ortiz ayudaría a descubrir después.
48 horas después del peor día de su vida, subía en un avión para retornar a Estados Unidos.
Desacreditada
Las secuelas de su secuestro no solo le dejaron huellas en su cuerpo y la necesidad de recibir ayuda psicológica.
También tuvo que practicarse un aborto dado que quedó embarazada por las violaciones.
“Sentí que no tenía elección. Si hubiera tenido que dejar crecer dentro de mí lo que los torturadores me dejaron, me habría muerto”, dijo Ortiz años después a la fundación Robert Kennedy, que promueve los derechos humanos.
En aquellos meses, diferentes teorías surgían desde Guatemala para desacreditarla.
Y en Estados Unidos tampoco recibió el apoyo que ella esperaba para esclarecer su caso. Una investigación del Departamento de Justicia se cerró por falta de pruebas.
“Ella en ese momento se sintió decepcionada, traicionada e indignada. Todo al mismo tiempo”, cuenta Pat Davis.
Pero Ortiz no se rindió y en Washington se dedicó a ayudar a las víctimas de la violencia amparada por el Estado y a la campaña por la desclasificación de documentos que exponían la relación de Estados Unidos con la violación de derechos humanos en Guatemala.
Como parte de una demanda en 1991 contra el ministro de Defensa guatemalteco Héctor Gramajo, el juez concluyó que Ortiz había sido víctima de una “indiscriminada campaña de terror” que afectó a miles de civiles.
La comisión de la verdad creada por la ONU como parte del acuerdo de paz que en 1996 puso fin a 36 años de guerra civil confirmó que la CIA (la agencia de inteligencia de Estados Unidos) y otras “estructuras” del gobierno estadounidense dieron apoyo directo e indirecto a “operaciones de Estado ilegales”.
“Mantener los privilegios”
La conmoción que causó su caso en Guatemala sirvió para que se prestara atención a las violaciones de derechos humanos en ese país.
Así lo explica a BBC Mundo el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Nery Rodenas, quien sostiene que el episodio de Ortiz caló hondo en la conciencia de muchos ciudadanos.
Y destaca que la lucha de la monja católica por terminar con la impunidad en los crímenes durante la guerra civil y el conflicto armado (1960-1996) fue algo “histórico” para la defensa de los derechos humanos en Guatemala.
“Se confirmó que pese a la llegada de gobiernos elegidos en las urnas, seguían operando grupos clandestinos como los escuadrones de la muerte y que algunos tenían relación con Estados Unidos”, afirma.
Rodenas explica que en aquel momento estas organizaciones armadas tenían en la mira a líderes indígenas, guerrilleros y otros miembros de izquierda.
“El objetivo era mantener los privilegios, no solo de élites empresariales y políticas, sino también de las jerarquías militares”, indica.
Perdón a Guatemala
Durante la década de los 90, la administración del presidente Bill Clinton desclasificó alrededor de 20.000 documentos con información sobre el papel de Washington en asuntos internos de Guatemala desde 1954, cuando se produjo la invasión que precipitó la caída del presidente Jacobo Árbenz.
En 1999, Clinton pidió disculpas a Guatemala y afirmó que “el apoyo a las fuerzas militares y las unidades de inteligencia que participaron en la violencia y la represión generalizada fue incorrecto, y Estados Unidos no debe repetir ese error”.
Más de 250.000 personas fallecieron durante el conflicto en el país centroamericano, la mayoría a manos de los militares, de acuerdo a las comisiones que investigaron los delitos en ese periodo.
Tanto Rodenas como Davis coinciden en que aquella masiva desclasificación de documentos (aunque muchos de ellos estaban tachados) y las disculpas de Clinton se produjeron gracias al trabajo incansable de Ortiz y de otras personas que sufrieron violencia estatal.
En Estados Unidos, Ortiz hizo una larga huelga de hambre, participó en vigilias y trabajó con diferentes organizaciones civiles que se dedicaban a luchar contra la impunidad en Guatemala y a apoyar a las víctimas.
Incluso retornó a Centroamérica dos veces y tuvo que revivir su pesadilla en la reconstrucción de su secuestro.
En 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado guatemalteco que pagara una compensación “adecuada y justa por los daños causados” a la monja, algo que no sucedió.
En la última etapa de su vida, Ortiz trabajó en el movimiento católico Pax Christi, pero no se alejó de las organizaciones de apoyo a víctimas de tortura.
“Dianna era increíblemente fuerte, con un alto sentido moral y un fuerte carácter, al mismo tiempo que era muy generosa con los demás”, recuerda Pat Davis.
Falleció por cáncer el 19 de febrero.
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