Retiro de PNC de Nahualá luego de enfrentamiento “evidencia debilidad del Gobierno” y permite impunidad de grupos armados, afirman analistas

Las fuerzas de seguridad se retiraron este lunes 3 de enero de Nahualá, Sololá, donde pese a un estado de Sitio, el domingo último grupos de pobladores atacaron a la Policía y el Ejército, una decisión que analista califica de “penosa y vergonzosa”, pues evidencia debilidad institucional.

Contingentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala que formaban parte de un operativo implementado durante el estado de Sitio, decretado por el Gobierno el 20 de diciembre último tras la matanza de 13 personas durante un conflicto entre esta población y Santa Catarina Ixtahuacán, fueron atacados a balazos, con piedras, machetes y bombas caseras por los pobladores.

Este lunes 3 de enero, tanto el Ejército de Guatemala como la PNC anunciaron que los elementos y agentes que estaban destacados en Nahualá fueron retirados de ese municipio para evitar más conflictividad social en el área.

Reiteraron que, debido a eso en Nahulá, no hay presencia de la PNC ni del Ejército y se está esperando el inicio del diálogo entre autoridades y vecinos para que de nuevo puedan ingresar las fuerzas de seguridad a cumplir lo que establece el estado de Sitio.

De acuerdo con Carlos Menocal, exministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, la “replegada” de las fuerzas de seguridad “es penosa y vergonzosa” porque eso demuestra debilidad institucional del Estado, al tiempo de destacar que en esas comunidades hay presencia de grupos armados dedicados a robos y atracos de camiones con mercadería”.

“Es preocupante porque no puede ser posible que las fuerzas de seguridad se retiren y no puedan imponer la gobernabilidad y la paz en el lugar”, señaló Menocal, quien reiteró que en ese caso las autoridades hubieran aplicado todo el peso de la ley para tomar el control.

Sin embargo, dijo que “lo más preocupante fue que las fuerzas de seguridad se retiraron replegándose”.

“No es solo enfrentamiento entre comunidades, sino que hay presencia de crimen organizado y grupos armados y eso se evidencia con los enfrentamientos de ayer, donde algunos videos -publicados en redes sociales- dan cuenta que hay personas que tienen hasta fusiles de asalto”, agregó Menocal.

Dijo que “no fue correcto el retiro porque evidencia una debilidad institucional de parte del Estado, una debilidad de parte del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, lo que permite que los grupos armados sigan actuando con total impunidad en el área”.

Dijo que en la zona de conflicto confluyen varias cosas: “primero el área limítrofe y segundo, mucha presencia de grupos armados dedicados a robos, asaltos en ruta y atracos de transporte de mercadería y confluyen grupos armados dedicados al trasiego de mercados ilícitos y estos grupos están en el entorno de las comunidades y toman partida en la situación”.

El analista considera que las unidades de inteligencia del Estado no han incursionado en el área, por lo que es un escenario donde no se sabe quiénes son los actores.

“A los grupos armados les interesa la ingobernabilidad y la inestabilidad, porque de alguna manera las comunidades toman a esos grupos armados y algunas veces prestan de sus servicios y eso los empodera en el área y al final los protegen como sucede con los narcotraficantes”, añadió.

En tanto, Mario Mérida, analista en temas de defensa, considera que no hay claridad sobre cuál es el origen de problema, en el que el Estado ha tomado parte del conflicto como un tercer involucrado.

Considera que las fuerzas de seguridad lo que debieron hacer en este caso es determinar cuál es el origen del conflicto y tener claro quiénes son las personas que “verdaderamente representan a los pueblos, saber si efectivamente la resolución de este conflicto está a cargo de las autoridades ancestrales o de otros grupos como los Codedes”.

“No sabemos si realmente están representando los intereses de las personas o de particulares que están detrás de esa situación”, agregó Mérida, quien dijo que “el Estado terminó involucrado como un tercero interesado en que se resuelva la situación, lo que hace más complejo el tema”.

A criterio de Mérida, solo hay dos cosas por hacer, judicializar el caso y respetar la resolución de un juez o que el Gobierno pida colaboración a un organismo como el PNUD para que sea un ente ajeno, porque “el Gobierno ya no es ajeno porque ha tenido que entrar, que reprimir y ha capturado personas y eso complica la resolución del conflicto”.

“Tengo esa enorme incertidumbre de cuál es la verdadera razón por la que dos comunidades se han venido enfrentando ancestralmente, pero periódicamente hay picos en donde la situación se agrava y llegan a ocurrir muertos y heridos y al final el Gobierno sale derrotado de ahí con un camión quemado, un picop quemado, soldados y policías heridos”, dijo el analista.

A diferencia de Menocal, Mérida no se atreve a señalar que grupos del crimen organizado sean los responsables del conflicto y que “no se pude apelar como un antecedente histórico”.

Asegura que las mesas de diálogo ya no tienen credibilidad y recuerda que el vicepresidente Guillermo Castillo aparentemente dejó arreglado todo, pero no se le ha vuelto a ver.

“Esas no son comunidades pujantes, hay pobreza, la gente vive con el día día y adelantarse a hacer criterios antes de tener establecido un contexto real de sí existe poder y control de las autoridades ancestrales y no los Codedes es otro tema que hay que investigar, para saber con quiénes han está negociando la resolución del problema”, reiteró.

En los dos municipios del departamento occidental de Sololá, la PNC tiene desplegados al menos 600 agentes, apoyados por militares, luego de que el presidente Alejandro Giammattei, decidiera el 20 de diciembre, en Consejo de Ministros, decretar el estado de Sitio durante 30 días.

La medida fue adoptada luego del asesinato de 13 personas el 18 de diciembre pasado en la aldea Chiquix, del municipio de Nahualá.

Según manifestó el mandatario al declarar el estado de Sitio, la matanza, fue “obra de un grupo ilegal armado y organizado que actuó contra civiles y fuerzas de seguridad mediante la ejecución de una emboscada en la que se cometió un asesinato múltiple de hombres, mujeres y niños en total desafío al Estado de Derecho”.

Hechos como el ocurrido en Nahualá “ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras”, enfatizó Giammattei, quien agregó que “las fuerzas del orden perseguirán a los responsables del ataque hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia”.

Entre las víctimas mortales se encuentran una niña de 8 años, dos menores de 5 y 14 años; cinco mujeres de 20, 27, 30, 40 y 43 años; un hombre de 78 años y dos más de 55 y 56 años.

Con información de EFE