Organizaciones civiles accionan penalmente contra el Ministerio de Comunicaciones por negligencia en el manejo de daños en rutas

La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad y  la organización Acción Ciudadana, accionaron penalmente contra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pues aseguran que están preocupados por la “negligencia y la gran corrupción con que se ha manejado la infraestructura vial del país”.

Las organizaciones emitieron un comunicado, el que titularon “El agujero llamado corrupción conlleva el colapso de la infraestructura del país”, y aseguran que tomaron acciones por el mal manejo que dicho ministerio le ha dado a la emergencia en carreteras.

“En los últimos meses se ha evidenciado un aumento sin precedentes del presupuesto destinado al mantenimiento de las carreteras del país, ampliaciones presupuestarias que con la aprobación del estado de Calamidad aprobado por el Congreso el día de ayer llega a la exorbitante cantidad de 4 mil millones de Quetzales”, se lee en el documento.

Señala que pese a las grandes cantidades de dinero que supuestamente se han invertido en el mantenimiento de las carreteras, en pocos días de lluvia se ha visto el colapso de importantes tramos de la red vial, como ejemplo el puente Petapilla, Chiquimula; el km 15 de la ruta al Pacíficel libramiento de Chimaltenango y un derrumbe en San Lucas Sacatepéquez, entre otros.

“Pareciera intencional que se deje a merced del clima a las carreteras, esto para justificar la aprobación de un estado de Calamidad que permite robar a manos llenas y restringir derechos constitucionales”, agrega el documento.

Acciones legales

Según las organizaciones, por ese motivo decidieron accionar penalmente contra el Ministerio de Comunicaciones y por eso tomaron estas acciones:

1. Denuncia penal por la mala gestión y posibles contrataciones anómalas en las obras de mantenimiento del puente Petapilla que comunica Zacapa y Chiquimula.
2. Solicitud dirigida a la Contraloría General de Cuentas para verificar la mala gestión del hundimiento de la ruta hacia el Pacífico.

“Exigimos que las autoridades locales y del gobierno central asuman su obligación para atender la emergencia y no seguir afectando a la población. Los hacemos responsables que cualquier perdida humana que derivado del mal manejo de la crisis se derive”, se lee en el comunicado.

También exigen al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas que deduzcan responsabilidades a los funcionarios, que, ya sea de forma intencional o de forma negligente, hayan contribuido en el colapso de red vial y sus consecuencias en el desarrollo del país.