La mayor movilización ciudadana contra el gobierno cubano en décadas dejó decenas de jóvenes en prisión.
El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad y mejores condiciones de vida, en la mayor movilización ciudadana contra el gobierno en seis décadas.
Aunque casi todas las marchas fueron pacíficas, se produjeron episodios de violencia y caos, desde vehículos policiales volcados hasta brutales cargas de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, en varios puntos del país.
Uno de esos lugares fue el barrio de La Güinera, donde se produjo el único muerto de las protestas: Diubis Laurencio, un hombre de 36 años al que disparó un agente.
El suceso ocurrió cuando centenares de vecinos que participaban en la manifestación espontánea contra el gobierno intentaron tomar la estación de policía del barrio, según la versión oficial.
La Güinera es uno de los suburbios más pobres y segregados de la capital cubana, con calles a medio pavimentar y construcciones precarias o semiderruidas que aglomeran a familias enteras.
“Aquí somos el 80% negros. Nosotros los negros tenemos menos posibilidades, menos familiares abogados, menos familiares de la cúpula”, se queja Wilber Aguilar, vecino de La Güinera y padre del joven cubano Wagniel Luis Aguilar, de 22 años, sentenciado a 12 de cárcel por haber participado en las protestas.
Como Wagniel Luis, decenas de jóvenes de este barrio fueron detenidos, procesados y condenados a largas penas de prisión.
Jóvenes que no tienen a nadie que los defienda excepto sus padres y madres, según ONGs y familiares que han denunciado graves irregularidades que dejan en total desprotección a los acusados en los juicios del 11-J.
Wilber Aguilar emprendió su propia cruzada con una serie de videos que se volvieron virales para pedir la libertad de su hijo de 22 años que tiene una discapacidad intelectual y, asegura, se unió a la manifestación atraído por las masas y sin una motivación en especial.
En su entrevista con la BBC en La Habana -lejos de su casa en La Güinera para evadir la vigilancia de agentes del gobierno- aseguró que el juicio a Wagniel Luis fue “un montaje”, ya que el juez no tomó en cuenta los informes periciales sobre su condición intelectual.
El joven tiene “un diagnóstico de deficiencia intelectual no atendido ni tratado adecuadamente durante la fase judicial ni durante la fase ejecutiva de la sentencia”, confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige su liberación y las de “todos los presos políticos” en Cuba.
Le cayeron 12 años de cárcel por varios cargos, el más grave sedición, una figura reservada a delitos contra la seguridad del Estado o sublevaciones organizadas que se castiga “con privación de libertad de diez a 20 años o muerte”, según el Código Penal cubano.
“¿Cómo cree que a un muchacho negro, de La Güinera, que cursó el noveno grado en una escuela especial, lo van a acusar de sedición? Eso es una gran mentira que fabricaron ahí”, lamentó el padre.
La directora ejecutiva de la ONG jurídica Cubalex, Laritza Diversent, explicó a BBC Mundo que las autoridades cubanas imponen cargos de sedición para crear un “efecto ejemplarizante e inhibitorio” entre los ciudadanos y dejar claro que “la protesta es un acto que atenta contra la seguridad del Estado”.
“Esto lo hacen especialmente en comunidades pobres como la Güinera, donde la gente tiende más a salir a la calle a protestar porque no tiene nada que perder”.
Para Cubalex y otras organizaciones no es casualidad que La Güinera, con apenas 25.000 habitantes, acumule un centenar de encierros por los sucesos de hace un año, según datos del colectivo Justicia 11-J.
En toda Cuba los detenidos por el 11-J suman 1.484, de los que el 60% han sido procesados por la vía penal y 701 se encuentran en prisión, la mayoría condenados en juicios sumarios y ordinarios, según Cubalex.
Por su parte, la fiscalía cubana cifró en más de 700 los manifestantes procesados y contabilizó en su último informe de junio 381 condenados por varios delitos, entre ellos 36 que recibieron penas de hasta 25 años de cárcel por sedición.
La BBC también habló con otro de los arrestados del 11 de julio de 2021, Leonardo Fernández Otaño, investigador en el Centro Loyola y la Academia de Ciencias de Cuba.
Fernandez Otaño no fue arrestado en La Güinera sino en el céntrico barrio del Vedado.
“Fui manifestante del 11 de julio y estuve 6 meses en prisión domiciliaria. Al final el proceso se sobreseyó por privilegios; por ser yo de una clase media en Cuba, por ser intelectual, por ser blanco”, reconoció.
Él fue parte del grupo de artistas e intelectuales que se congregaron el día de las protestas frente a la sede de la televisión pública cubana (ICRT). Todos fueron arrestados y se les imputaron cargos, pero en las semanas o meses siguientes quedaron libres.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado el trato discriminatorio de las autoridades según la clase social y la raza de los manifestantes.
Aseguran que los indultos, liberaciones y sobreseimientos de las causas, habituales en barrios como el Vedado, no son para nada comunes en suburbios pobres y de mayoría negra como La Güinera.
“Quizá si mi hijo fuera de otro color ya se habría resuelto porque es un caso particular, evidente, un muchacho con discapacidad de 20 años no está para ser juzgado por un tema político. Mi hijo no pertenece a ningún partido ni está metido en la política”, lamentó Wilber Aguilar.
Aguilar aseguró haber recibido advertencias de agentes de la seguridad del Estado cubano para que detenga su campaña, pero asegura que no le importa y que seguirá usando todos los medios a su alcance para exigir justicia.
“Lo único que pido es salud para tener fuerza para luchar y poder sacar a mi hijo de ahí”, afirmó.
Otra vecina de La Güinera inmersa en una batalla para devolver la normalidad a su familia es Elizabeth León.
Elizabeth sí nos recibió en su casa, un precario habitáculo levantado con cemento, tablas de madera y planchas de hojalata sobre un tejado.
Explicó a la BBC que no tiene un hijo en la cárcel, sino tres, por las protestas del 11-J.
Relató que dos de ellos participaron en la manifestación e incluso respondieron con piedras a las agresiones de la policía -también con piedras y balas de goma, asegura-, mientras el tercero estaba durmiendo cuando los agentes irrumpieron a golpes en su domicilio.
Sus hijos se enfrentan a entre seis y ocho años de cárcel por sedición, desacato y otros delitos.
“Le pusieron sedición a todo el mundo: al que miró, al que tiró una foto…”, afirmó.
¿Justicia?
Elizabeth León también consideró que los juicios fueron “un montaje” en el que solo se tomaron en cuenta los testimonios de los agentes.
Pero no se da por vencida: “Nos hemos acercado a la fiscalía, al gobierno, entregando cartas para que se haga justicia”, sin éxito de momento.
Cubalex considera que muchos manifestantes del 11-J, especialmente los de menos recursos, “fueron juzgados sin la presencia de un abogado y las sentencias se dictan de manera oral, lo que constituye una violación de las garantías del debido proceso”, en palabras de su directora.
No se ha permitido el acceso a los juicios a la prensa extranjera o personal diplomático en Cuba, lo que ha dificultado verificar los procesos de forma independiente.
BBC Mundo solicitó al gobierno cubano su postura sobre las acusaciones de irregularidades en los arrestos, procesos judiciales y sentencias en relación con las protestas del 11 de julio de 2021, pero no obtuvo respuesta.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, aseguró un mes después de los sucesos que la Justicia cubana cumplía “estrictamente con los principales instrumentos internacionales” a la hora de procesar a los implicados.
El encierro de sus hijos ha dejado a Elizabeth León en una situación vulnerable.
“No tengo vida, ellos eran los que me mantenían. La gente me dice, toma cien pesos (un dólar al cambio informal), y con tremenda pena los acepto. Tengo que bajar mi cabeza, bajar mi orgullo y aceptarlos”.
Al principio no quería denunciar la situación por miedo a represalias, pero luego cambió de opinión: “Si no hablo, nunca se va a saber la verdad”.
“Ya no tengo miedo ninguno”, sentenció.
Según las autoridades cubanas, el 11 de julio de 2021 se produjo una sublevación de “contrarrevolucionarios” organizada y financiada por Estados Unidos para derrocar el sistema socialista de partido único vigente desde 1959.
Elizabeth como otros familiares de presos aseguran, sin embargo, que la gente salió a la calle de forma espontánea para reclamar libertad y, sobre todo, mejores condiciones de vida.
La permanente crisis económica en la que vive Cuba desde hace décadas se agudizó durante la pandemia, con las estanterías de los comercios vacías y frecuentes apagones de luz.
Esto incrementó el malestar de gran parte de los cubanos, a quienes el Estado comenzó a vender productos básicos -desde alimentos hasta medicinas o aseo- solo en dólares o euros, monedas inaccesibles para gran parte de la población.
El descontento generalizado estalló el 11-J con protestas iniciadas en la localidad de San Antonio de los Baños (a unos 30 km de La Habana) que en cuestión de horas se propagaron por todo el país hasta ser sofocadas por la policía y el ejército.
Desde entonces la situación para los cubanos ha empeorado aún más al aumentar la escasez y dispararse la inflación, lo que ha provocado un éxodo migratorio de decenas de miles de personas, sobre todo a Estados Unidos y España.
Mientras, en La Güinera, este fin de semana se observó una abundante presencia policial, aparentemente para impedir que se repita lo ocurrido hace un año.
Las entrevistas de este artículo las realizó Will Grant, corresponsal de BBC News .