Por qué piden rendición de cuentas al gobierno de EE. UU. por transferencias o traslado de equipo militar a Guatemala

Debido a la reciente transferencia de equipo militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos al gobierno de Guatemala, la congresista estadounidense Norma J. Torres envió una carta a principios de esta semana al secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, y al secretario de Estado, Antony Blinken, llamando a una mayor supervisión y acción con respecto a las transferencias recientes.

La carta de la congresista también sigue a un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. (GAO, por sus siglas en inglés) que encontró que el gobierno de Guatemala usó Jeeps militares provenientes de los EE. UU. “para intimidar a los funcionarios de la embajada estadounidense en 2018”.

La misiva señala: “En ninguna circunstancia se debe utilizar el equipo militar donado por Estados Unidos para socavar la democracia y la libertad de expresión. Tampoco debe usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas firmes para evitar que estos actos atroces sucedan. Esta es una cuestión de buena política, seguridad nacional y sentido común”.

Desde 2021, Torres ha presionado para que se restrinjan las transferencias de equipos militares a países con un historial de abusos contra su propio pueblo, incluida Guatemala.

La congresista también ha pedido al gobierno guatemalteco que retorne los Jeeps en respuesta al incidente de 2018. Para su petición ha usado la etiqueta #ReturntheJeeps.

Señaló que si bien la transferencia actual utiliza fondos anteriores a estas restricciones, los Departamentos de Defensa y de Estado aún no se han comprometido a limitar la transferencia de equipo militar a Guatemala y, como lo indica el informe reciente de la GAO, no han implementado ninguna política para registrar y responder al mal uso del equipo militar provisto por los EE. UU.

Como integrante del Comité de Asignaciones, la Congresista Torres aseguró la inclusión de $61.5 millones para esfuerzos anticorrupción y estado de derecho en América Central en un proyecto de ley de financiación del gobierno a principios de este año.

La misiva de la congresista dice la siguiente manera. Estimado secretario Blinken y secretario Austin:
Escribo para expresar mi profunda decepción y oposición a la transferencia de equipo militar adicional al gobierno de Guatemala por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sin tener en cuenta el impacto en el pueblo de Guatemala, y sin que los Departamentos de Defensa y de Estado realicen los cambios necesarios en sus sistemas de monitoreo de uso final para equipo militar. Sin reforma, los planes y esfuerzos actuales están socavando la democracia y el estado de derecho en Centroamérica.

Indicó que el 13 de octubre, el Departamento de Estado anunció la transferencia de 95 vehículos, entre camiones y motocicletas, al Ejército de Guatemala por parte del Departamento de Defensa.

El valor total de estos artículos fue de unos 4.4 millones de dólares. “Me preocupa que, sin salvaguardas adicionales, este equipo esté listo para un uso indebido adicional por parte de los militares”, señala.

Recordó que en 2018, “el ejército guatemalteco hizo mal uso de los jeeps militares provistos bajo este programa para hostigar e intimidar a los manifestantes, activistas de derechos humanos e incluso al personal del Departamento de Estado de los EE. UU. Estos problemas no se investigaron a fondo hasta que recibieron la atención tanto de la prensa como de mi oficina”.

Agregó: “El resultado fue que ninguno de estos jeeps ha sido confiscado, aunque los jeeps que se dirigían a Guatemala han sido retenidos en una instalación estadounidense en lugar de ser transferidos al gobierno guatemalteco. Según tengo entendido, todos estos jeeps permanecen en Guatemala. Y lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, sigue habiendo informes sobre el uso indebido de estos vehículos contra manifestantes y comunidades indígenas para aplastar la disidencia y robar tierras de comunidades vulnerables”.

Torres afirmó que estos eventos revelaron una preocupante falta de transparencia, rendición de cuentas y supervisión del equipo militar transferido a otros países.

“Es por eso que incluí lenguaje en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2022 que exige un estudio de la GAO sobre el monitoreo del uso final de equipos militares por parte del Departamento de Defensa y Estado en el Triángulo Norte. El informe, titulado “El DOD y el estado necesitan políticas mejoradas para abordar el uso indebido de equipos”, se publicó el 2 de noviembre de 2022”.

Se mostró consternada al ver lo que el informe descubrió. La GAO concluyó que los Departamentos de Defensa y de Estado no tienen políticas establecidas para registrar las denuncias de uso indebido, ni el Departamento de Defensa tiene políticas establecidas para investigar el uso indebido en absoluto para ciertos tipos de equipos.

Además, en el caso de Guatemala, aunque los Departamentos estaban al tanto del uso indebido por parte del gobierno guatemalteco de los jeeps militares que se les proporcionaron, ninguno de los Departamentos registró con precisión esa información y no tenía políticas para guiar futuras investigaciones.

El informe indicó que el Departamento de Defensa no implementó un monitoreo de uso final mejorado en equipos sensibles porque no mantiene una fecha precisa en la que los equipos entran en esa categoría.
“Estos son problemas serios. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el equipo militar donado por los Estados Unidos para socavar la democracia y la libertad de expresión. Tampoco debe usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas firmes para evitar que estos actos atroces sucedan. Esta es una cuestión de buena política, seguridad nacional y sentido común”, enfatizó Torres.

Añadió la carta: Se han impuesto restricciones adicionales a la transferencia de equipo militar desde 2021. “Si bien entiendo que los fondos utilizados para la transferencia actual son anteriores a estas políticas, dadas las noticias que han surgido en los años posteriores, creo firmemente que una supervisión y la regulación debe ocurrir en todos los fondos apropiados para las transferencias militares a Guatemala y otras naciones con un historial de abuso contra su propio pueblo”.

“Insto a los Departamentos de Defensa y de Estado a que se comprometan a limitar la transferencia de equipo militar a Guatemala, así como a otros gobiernos centroamericanos que hagan mal uso de equipo militar contra sus pueblos, hasta que se establezcan mecanismos de supervisión adicionales para todos los fondos asignados, independientemente de la año en que fueron apropiados”, reiteró Torres.

La congresista cree que el Departamento de Defensa debería implementar inmediatamente todas las recomendaciones hechas por la GAO en su informe.

“No entiendo las objeciones del Departamento a estas recomendaciones y creo que el Departamento de Defensa debería estar sujeto a un estándar de conducta más alto que el que está ocurriendo actualmente con respecto al monitoreo del uso final”, sugirió.

Se consultó a Presidencia respecto de lo indicado por la congresista Norma Torres, pero indicaron que trasladarían la consulta y aún se espera respuesta.