Los principales desafíos del nuevo presidente en Guatemala serán la corrupción y narcotráfico:

A ello se sumará la reconciliación del Estado con los derechos humanos, después de que en 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la incluyera en su capítulo IV al igual que a Venezuela y Nicaragua.

“Guatemala está bajo un retroceso grave y la mayoría de personas que juzgamos casos de corrupción y delitos de lesa humanidad hemos tenido que salir del país”, dijo a EFE esta semana el reconocido exjuez de casos de alto riesgo Miguel Ángel Gálvez, quien se encuentra exiliado por persecución en su contra.

Gálvez, con una amplia trayectoria en el país centroamericano, fue quien envió a juicio al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) por corrupción y también manejaba un caso de alto impacto sobre delitos de militares en la guerra interna al momento de exiliarse.

Quizás el rasgo más marcado de la corrupción en Guatemala es la cooptación del sistema judicial, ya que el país centroamericano no ha renovado a sus magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro años, como establecía la ley.

Y está comprobado que su elección en 2014 (cuando tomaron posesión, hace casi 10 años), fue manipulada por el político Manuel Baldizón, quien recién volvió a Guatemala tras cumplir una pena por lavado de dinero en Estados Unidos.

“El sistema democrático está debilitado porque no se han elegido altas cortes, y el daño es muy difícil de remediar”, subrayó Gálvez.

Un país desigual

Con una pobreza del 59 % de sus 18 millones de habitantes, incluidos casi un 20% de su población en pobreza extrema, el panorama no es alentador para Guatemala, uno de los países más desiguales del continente americano, según diversos organismos internacionales.

Debido a esa pobreza y hambruna, por la cual murieron 68 niños de desnutrición en 2022, y por la violencia que se cobra cada año la vida de al menos 4 mil personas, la población decide migrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Durante los últimos tres años, Guatemala ha visto cómo decenas de exfuncionarios y empresarios acusados de integrar redes de corrupción han sido dejados en libertad, mientras jueces y fiscales que estuvieron a cargo de estos procesos se ven obligados a salir al exilio.

Precisamente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la semana pasada que en Guatemala hay un evidente retroceso en materia de independencia judicial, mientras el periodista más reconocido y combativo del país, José Rubén Zamora Marroquín, se mantiene encarcelado desde el 29 de julio por un supuesto caso de lavado de dinero.

Uno de los contendientes a la presidencia, el diplomático Edmond Mulet, aseguró a EFE en una entrevista, a principios de junio, que “combatir la corrupción y detener el deterioro del sistema democrático”, son los principales desafíos que afronta el país centroamericano.

Mulet añadió que Guatemala está en camino de convertirse “en Nicaragua”.

Los candidatos y sus propios desafios

Las encuestas dan como favoritos a la exprimera dama Sandra Torres y a Mulet, con la hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, en un tercer lugar.

Sin embargo, sobre los tres principales candidatos los expertos coinciden en que hay más sombras que luces y una muestra son las alianzas de sus partidos políticos con el oficialismo en el Congreso durante los últimos cuatro años.

El ganador de las elecciones presidenciales heredará un Gobierno que descendió en el ranking mundial de corrupción y se ubica en las peores cuatro naciones del continente americano, según los datos de la organización Transparencia Internacional, difundidos en 2022.

Además, entre sus principales desafíos está dirigir un país donde predominan altos niveles de corrupción estatal y narcotráfico.

Según cálculos de diversas entidades, el 90 por ciento de las drogas que se dirigen hacia Estados Unidos transitan por Guatemala y al menos una decena de políticos vinculados al narcotráfico fueron avalados para competir en los comicios por parte del Tribunal Supremo Electoral.

De la misma manera, durante la campaña electoral al menos una decena de políticos ligados al narcotráfico fueron inscritos para competir por diputaciones y alcaldías.

El analista y exministro de Gobernación (2010-11) Carlos Menocal ya había advertido en declaraciones este año a EFE que “en estas elecciones hay narcotraficantes que no solo están financiando a los partidos, sino que también están compitiendo por llegar a un cargo público”.

Solo desde 2019 a la fecha, más de 150 supuestos narcotraficantes guatemaltecos han sido detenidos en el territorio del país centroamericano con órdenes de extradición de Estados Unidos.

Justamente, la situación se complica para la próxima Administración a nivel exterior, ya que deberá retomar la confianza en términos de cooperación con EEUU, su principal socio comercial, que retiró su apoyo económico al Ministerio Público (Fiscalía) tras la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

Las elecciones guatemaltecas tendrán lugar el próximo domingo con 9,3 millones de personas facultadas por el Tribunal Supremo Electoral para emitir su voto y así designar al presidente y vicepresidente para el período 2024-2028, además de un nuevo Congreso, Parlamento Centroamericano y 340 alcaldías.