Ciudad Guatemala
Catalina Vargas fue vista por última vez el pasado lunes 17 de julio.
Desde entonces nadie ha tenido noticias de la activista de 60 años, una madre que intenta dar con el paradero de su hijo desde hace tres años en el estado de Guanajuato, en el centro de México.
La Fiscalía General de Guanajuato informó sobre la desaparición de Vargas a través de una ficha que precisa sus datos, características físicas y cómo iba vestida en el momento en que fue vista por última vez.
La ficha indica que es una mujer morena y delgada, de cabello lacio y oscuro con canas. Vestía una blusa blanca con flores azules, un pantalón de mezclilla azul claro y unos zapatos café el lunes que desapareció.
La activista pertenece al colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, una organización que agrupa a unas 30 familias que buscan a sus parientes en el municipio homónimo.
Vargas se sumó a este colectivo en la búsqueda de su hijo Luis Antonio Rodríguez Vargas, quien tenía 30 años cuando desapareció el primero de enero de 2020.
“Estamos a la espera de que nuestra compañera aparezca con vida y exigimos que se haga la búsqueda”, le dijo a una televisora local Rocío Gómez González, vocera del colectivo.
Al igual que Vargas, otras madres buscadoras han desaparecido o han sido víctimas de ataques en el intento por descubrir el paradero de sus familiares en México, que registra más de 110.000 desaparecidos.
El caso más reciente fue el de Teresa Magueyal, una activista de 65 años que falleció el pasado 2 de mayo, cuando dos hombres en moto dispararon contra ella a quemarropa mientras se trasladaba en una bicicleta en la ciudad de Celaya, también en el estado de Guanajuato.
Protección para las víctimas y los investigadores
El jueves 20 de julio, el mismo día en que las autoridades confirmaron la desaparición de Vargas, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas llamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a “implementar con carácter de urgencia” una política para prevenir y erradicar las desapariciones.
El comité pidió a las autoridades mexicanas “fortalecer de manera inmediata el sistema de protección a víctimas para garantizar la seguridad de sus familiares y acompañantes”.
También exigió “garantizar la protección permanente de los servidores públicos dedicados a la búsqueda e investigación y a establecer un programa integral para su seguridad”.
“Ahí está nuestra preocupación, Guanajuato”, dijo López Obrador en marzo pasado, luego de que las autoridades del estado reportaran 36 asesinatos en un fin de semana, durante una de las peores olas de violencia que ha vivido la localidad en los últimos años.
Sin embargo, las desapariciones son un problema de alcance nacional, que se repite en varias localidades de México.
En su informe más reciente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU refirió el caso de un atentado contra funcionarios de la fiscalía y la policía de Jalisco ocurrido el martes 11 de julio, en el que murieron seis personas y 12 resultaron heridas mientras buscaban los cadáveres de personas presuntamente desaparecidas.
Un informe difundido por el comité en mayo de 2022 asegura que se registró un “crecimiento exponencial de las desapariciones” en México entre 2006 y 2021, cuando tuvo lugar la llamada “guerra contra el narco”.
“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal”, señala el documento.
“Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, añade.
Etiquetas: