El cuerpo del creador de contenidos Jorge Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop, por fin llegó este lunes 27 de mayo a su aldea natal, en Lívingston, Izabal, tres días después de que fuera localizado muerto en una vivienda abandona de la zona 18.

El hallazgo ocurrió luego de que se denunciara su desaparición y tras la identificación de video que documentaron el trayecto de Farruko Pop, las autoridades ubicaron el inmueble donde el cuerpo fue localizado enterrado.

Se trata de un inmueble abandonado, ubicado en la 15ª. calle B final, lote 12, Asentamiento 21 de Agosto, colonia El Limón, zona 18, según las autoridades, un sector con amplios índices de criminalidad asociada a las pandillas. De acuerdo con las pesquisas, en ese mismo sector se allanaron otros dos inmuebles, en uno de ellos donde el artista habría hecho una presentación, en la otra donde su sepultado luego de haber sido asesinado.

Un tercer domicilio fue objeto de allanamiento y este se localizó al presunto responsable de la muerte de Farruko Pop y a una menor que tenía activa una alerta Alba-Keneth. La vivienda donde se localizó el cuerpo se ubica entre callejones y, de acuerdo con las autoridades, el cadáver estaba a dos metros de profundidad.

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Alfredo Danilo Rivera fue nombrado director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), cargo que, de acuerdo con el Código de Migración, deberá ostentar por los próximos 5 años, informó este miércoles 25 de abril el Gobierno.

De acuerdo con un comunicado del IGM, Rivera es contador público y auditor egresado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, especializado en niñez migrante, migración y gobernanza, periodismo digital y actualización en integración centroamericana;

Añade que Rivera ha sido consultor para organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiado (ACNUR); además, señala que se ha desempeñado en la academia, organizaciones de sociedad civil y la iglesia.

“Dentro de su recorrido profesional estuvo involucrado en el proceso de la construcción del Código de Migración de Guatemala; así mismo, fue secretario técnico del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones”, agrega.

El documento explica que, Rivera dirigirá la emisión de pasaportes en Guatemala y en los consulados en el extranjero; además, debe coordinar el control migratorio en los puestos fronterizos del país junto sus homólogos de naciones vecinas.

También debe trabajar en temas relacionados con la emisión de visas y residencias, así como la coordinación interinstitucional para la atención de las personas migrantes retornadas.

Se informó que Rivera fue nombrado por el presidente Bernardo Arévalo y juramentado por el secretario privado de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero.

“La misión del IGM es velar por el respeto al derecho humano de migrar, garantizarlo mediante la administración adecuada del derecho migratorio y la asistencia y protección oportuna de aquellas personas migrantes nacionales o extranjeras que lo requieran”, refiere el documento.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este martes los avances de sus primeros cien días de Gobierno y aseguró que no descansará hasta lograr la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, por “amenazar la democracia”, lo que generó reacciones de la Fiscalía.

“Algunos actores como el Ministerio Público usan su posición para intimidar desde su trinchera al proyecto que el pueblo de Guatemala eligió para su futuro”, indicó Arévalo de León, durante un acto de conmemoración de sus primeros cien días de administración.

Arévalo de León aseguró que buscan “por la vía legal” la destitución de los actores que representen una amenaza a la democracia.

La fiscal Porras ha sido señalada internacionalmente de haber intentado revertir la victoria electoral de Arévalo de León, obtenida en las elecciones de 2023.

El presidente guatemalteco destacó que durante su gobierno se han presentado 34 denuncias por casos de corrupción sucedidos durante las Administraciones de sus antecesores y agregó que “seguirán muchas más”, indicó durante el acto realizado afuera del Ministerio de Gobernación (Interior).

Durante sus primeros cien días de Gobierno, Arévalo de León denunció anomalías en la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik por parte del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y también un posible fraude millonario en la construcción de 14 escuelas en diferentes regiones del país.

El mandatario resaltó que para lograr la lucha contra la corrupción se requiere de “un Sistema de Justicia independiente que castigue a los responsables del asalto de los recursos que son de todas y todos los guatemaltecos”.

Destaca alianzas diplomáticas

“Hemos tenido una alianza importante con diferentes actores internacionales, como el presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos, de quienes hemos recibido una oferta de cooperación para el desarrollo de más de US$130 millones “, destacó Arévalo de León.

Además, el mandatario indicó que con la Unión Europea está negociando acuerdos y tiene contacto con países amigos “que están apoyando la lucha frontal del pueblo de Guatemala por la democracia”.

El camino de transición hacia la presidencia de Arévalo de León se vio marcado por una crisis política protagonizada por la Fiscalía que intentó, por medio de distintos casos penales, revertir su victoria electoral, tras vencer sorpresivamente a la clase política tradicional del país.

Cuestiona señalamientos

Luego de las afirmaciones del mandatario, el Ministerio Público (MP) se pronunció al respecto y descalificó los señalamientos.

“El Ministerio Público rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, este día durante la presentación de las acciones impulsadas en los cien días de su gobierno”, señala el MP en un comunicado.

Agrega que “este señalamiento se suma a una serie de ataques sistemáticos intimidatorios de los cuales el personal del Ministerio Público ha sido objeto, mediante un patrón reiterativo de coacción y violación de sus derechos humanos, ante los cuales con anterioridad la institución responsabilizó a las autoridades correspondientes de cualquier situación que atente contra la integridad, la vida y la seguridad de los funcionarios y empleados del Ministerio Público”.

La Fiscalía detalla que lamenta que en un discurso en el que se esperaba ver resultados y acciones desarrolladas en su beneficio, se utilice para “promover propaganda política de manera continuada”.

“Es por ello que se insta al Ejecutivo y a todas las instituciones que lo conforman a ejecutar los recursos con transparencia, responsabilidad y acrecentar los esfuerzos para dar los resultados que la población espera y se merece para que de esta forma podamos tener una Guatemala próspera, segura, fuerte y firme..”, concluye el documento.

Tres presuntos responsables de haber atacado a balazos a los integrantes de una familia y causado la muerte a dos de ellos en La Máquina, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, fueron capturados este lunes 22 de abril, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, los presuntos asesinos fueron detenidos en el kilómetro 218 de la ruta a la playa El Tulate, Retalhuleu.

“La denuncia ciudadana y la rápida respuesta policial permitió la aprehensión de tres presuntos responsables de asesinar a dos personas en La Máquina, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu”, detalla la PNC. 

Los capturados son Kevin Danilo Sánchez, de 23 años; Roberto Israel Bercián Chacaj, 21; y Benito Enrique Estrada Cuéllar, 22.

El ataque contra la familia se registró el pasado domingo 21 de abril.

Se dijo que los capturados se transportaban en un mototaxi sin placas y se les incautó municiones y mariguana; además, la PNC señaló que el piloto de dicha unidad huyó al darse cuenta de la acción policial, pero fue alcanzado. “En un compartimento oculto, se le incautó un arma de fuego sin licencia y municiones”, detalla el informe.

Ninguno de los tres capturados tiene antecedentes policiales.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, indicó que “ninguna acción delictiva debe quedar impune” y que la denuncia anónima al 1561 de Crime Stoppers proporciona “insumos valiosos para actuar de forma más contundente”.

Por su parte, Pedro Cruz, director de Crime Stoppers Guatemala, señaló que “la valentía ciudadana al denunciar genera acciones contundentes de las fuerzas de seguridad”.

“¿Conocen delincuentes y cómo operan? Llamen al 1561 o ingresen a tupista.gt, agentes especializados de PNC reciben sus denuncias anónimas, las investigan y actúan para atrapar a los delincuentes”, refirió Cruz.  

La muerte violenta supuestamente en manos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de un hombre de origen canadiense y la desaparición de un vecino de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, mantiene en vilo a las autoridades del Gobierno, quienes este lunes 22 de abril ofrecieron todos los recursos disponibles para capturar al jefe y subinspector de la subestación, Edy Leonel Vásquez Rabanales, quien es señalado de ser uno de los responsables de los hechos.

Los cuatro agentes de la PNC que fueron capturados el pasado viernes por este caso fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva este lunes, en momentos en que el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, inauguraban una comisaría en Monjas, Jalapa, donde pidieron a la población confiar en las fuerzas de seguridad y se refirieron al caso de San Andrés Itzapa.  

El presidente Arévalo calificó el hecho, que detonó en disturbios y la quema de la subestación policial, como un “lamentable episodio” para su gobierno.

“Este suceso ha causado profundo dolor en la comunidad y toda la nación, para nuestro gobierno este lamentable episodio refirma nuestro compromiso inquebrantable de rechazar cualquier forma de abuso por parte de unos pocos agentes”, dijo el mandatario.

Agregó que son acciones “inaceptables” y que su gobierno no las tolerará.

Por su parte, Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, dijo que ese hecho afectó la moral de decenas de miles de agentes de la PNC que efectúan su trabajo con base en la ley, por lo que ofreció todos los recursos disponibles para capturar al subinspector prófugo.

“Estos acontecimientos han afectado a una comunidad de bien, a la que estos malos agentes le fallaron”, dijo Jiménez.

Además, agregó que “usaremos todas las capacidades disponibles para encontrar al agente que huyó, para que junto a los otros capturados paguen sus actos”.

“Este hecho afectó la moral de decenas de miles de buenos guatemaltecos que día a día dan buenos resultados”, concluyó Jiménez.

También dijo que la PNC tiene presencia en 328 municipios con 522 subestaciones y “hemos demostrado en conjunto que podemos tener relación sana y de apoyo mutuo con la comunidad”.

Por este caso fueron detenidos los agentes de la PNC Yorleni Lisbeth Macario Ramos, Yulisa Nabely Ayala Yol, Fredy Santiago Velásquez Pérez y Mauricio Abraham Contreras Salán, ligados a proceso penal por los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. San Andrés Itzapa, Chimaltenango, Violencia en San Andrés Itzapa, Edy Leonel Vásquez Rabanales

Cuatro personas perdieron la vida este viernes 19 de abril en el fondo de dos pozos artesanales en comunidades de Sacatepéquez y Chimaltenango, reportaron los bomberos Municipales Departamentales.

En la comunidad Cojol Juyu, San Juan Comalapa, Chimaltenango, tres personas que daban mantenimiento a un pozo artesanal murieron al inhalar el humo producido por un generador de energía eléctrica, el cual fue activado en el fondo.

“Ingresaron varias llamadas a nuestra línea de emergencia, el 1554, alertándonos sobre tres personas que se encontraban inconscientes en el interior de un pozo artesanal en la comunidad Cojol Juyu del municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango”, comentó Cecilio Chacaj, portavoz de los Bomberos Municipales Departamentales.

Además, dijo que sus elementos utilizaron equipo de respiración autónoma para descender al pozo artesanal y recuperar a las personas, pero “lamentablemente ya se encontraban fallecidas debido a la inhalación de monóxido de carbono”.

Chacaj dijo que las personas fallecidas fueron identificadas como Ancelmo Cúmez Bal, de, 51 años, y su hijo Ronald Alexander Cúmez Xocop, 21, ambos originarios de San Juan Comalapa. La tercera persona fallecida no ha sido identificada, pero se trata de un hombre de unos 35 años.

Medios locales detallaron que Cúmez Bal descendió al pozo para hacer trabajos de mantenimiento, pero para hacerlo utilizó un motor de combustible, por lo que los gases que este produjo le causaron la muerte.

Su hijo, Ronald Alexander, al ver que su padre no respondía desde el fondo del pozo, decidió bajar para ayudarlo, pero corrió con la misma suerte y murió bajo las mismas circunstancias. Lo mismo ocurrió con la tercera persona que quiso ayudar a ambos, pero también falleció en el intento.

Otro caso

Otra persona perdió la vida este viernes al caer en un pozo artesanal en sector La Zarcita, zona 3 de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Los socorristas informaron en sus redes sociales que la personas murió al caer el fondo del pozo artesanal.

Socorristas descendieron al fondo del pozo para recuperar el cuerpo de la persona, cuya identidad aún no ha sido revelada.

Los socorristas hacen un llamado a las personas que trabajan en pozos artesanales, pues estos de forma natural general gases peligrosos para los seres humanos, por lo que recomiendan descender utilizando equipo de seguridad para evitar sufrir desmayos y posteriormente la muerte.

Además, recomiendan no utilizar equipos de combustión, pues el humo que estos producen son altamente mortales al momento de quedar encerrados en el pozo artesanal.

El proceso contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, por el caso Construcción y Corrupción se encuentra en etapa intermedia, donde el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina sea enviado a juico por cuatro delitos.

El pasado miércoles, en el juzgado de Mayor Riesgo D empezó la etapa intermedia del proceso penal en contra de Sinibaldi, en el que se le señala de haber integrado una estructura que supuestamente efectuaba cobros y pagos ilegales.

Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

La jueza Abelina Cruz deberá resolver en esta etapa si envía o no a juicio el exministro de Comunicaciones.

Por lo anterior, este jueves 18 de abril el MP y la PGN solicitaron al Juzgado de Mayor Riesgo D que Sinibaldi sea enviado a juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada.

Apeló contra exasistente

Cruz Toscano dictó prisión preventiva el 12 de marzo pasado contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Sinibaldi dentro del caso Construcción y Corrupción.

La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga y seguirá proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

Juan Arturo Jegerlehner Morales, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Aneliese Mercedes Herrera Monterroso tenían la figura de colaboradores eficaces y por medio de una apelación presentada por Alejandro Sinibaldi, el juzgado la aceptó y una Sala dio con lugar el requerimiento.

En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

La sindicada en el inicio de la audiencia argumentó que no estaba de acuerdo de ser defendida por un abogado de la Defensa Pública Penal, debido a que no conocía el expediente del caso.

Ante esto, la jueza indicó que se había dado el tiempo prudente para que ella se hiciera de un abogado de confianza, extremo que no cumplió.

Declarado en rebeldía

La jueza Cruz Toscano declaró rebeldía y giró orden de captura contra Carlos Francisco Goyzueta Valladares debido a que no compareció a la audiencia sin indicar motivos de su ausencia.

Agregó que Juan Arturo Jegerlehner Morales seguirá el proceso penal mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos.

Los cadáveres de dos personas fueron localizados este miércoles 17 de abril en un microbús que fue abandonado en el km 37 de la carretera a El Salvador, informaron los Bomberos Voluntarios.

El hallazgo fue hecho luego de que los socorristas fueran alertados sobre que en ese lugar había dos cuerpos dentro de un vehículo.

Las autoridades no han revelado detalles de las víctimas y las causas de muerte.

De manera preliminar se sabe que se trata de dos hombres, cuyos cuerpos se encontraban en los asientos traseros de la unidad.

Se trata de un microbús azul con placas P-896 JPS. Detalle de ese automotor tampoco han sido revelados.

“Km 37 ruta a El Salvador, Bomberos Voluntarios de la 62 Cía de Barberena, Santa Rosa, verificaron que en el interior del microbús había dos cuerpos. El oficial de bomberos informó a las autoridades”, detallaron los socorristas en las redes sociales.

Agregaron que los paramédicos “localizaron en la orilla de la cinta asfáltica un vehículo tipo microbús color azul con placas particulares 896 JPS y procedieron a verificar que dentro de dicho automotor se localizan dos cuerpos”.

Jornada violenta

Este hecho se suma al hallazgo de otros ocho cadáveres que fueron abandonados en distintos puntos del país; así como a otras dos víctimas que perdieron la vida en ataques armados.

En total, en las últimas horas el espiral de violencia que azota a Guatemala ha dejado 12 personas fallecidas.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones aumentó la pena contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, por el caso de los Q122 millones que fueron localizados en maletas en una residencia de Antigua Guatemala, informaron este martes 16 de abril fuentes oficiales.

En principio, el Juzgado de Mayor Riesgo D dictó sentencia de seis años contra Benito por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, pero como el exfuncionario se apegó al procedimiento de aceptación de cargos, la pena se le redujo a dos años, por lo que el Ministerio Público (MP) apeló el fallo.

De acuerdo con la Fiscalía, al acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, el órgano jurisdiccional redujo la pena a 2 años de prisión conmutables y le impuso multa de Q1 millón 600 mil; además, detalla que, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN) se le ordenó el pago de reparación digna consistente Q220 mil.

Sin embargo, este miércoles el MP informó que “tras el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ante el Juzgado de Mayor Riesgo grupo “D”, por la resolución en la que se dictó sentencia el 9 de febrero de 2024, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio resolvió modificarla y resolvió lo siguiente”.

“Que Jose Luis Benito Ruiz es autor responsable en el grado de consumación del delito de lavado de dinero u otros activos, cometido en agravio de la Administración Pública del Estado de Guatemala, y como consecuencia de dicho ilícito penal lo condena a la pena de seis años de prisión, misma que debe ser aumentada en una tercera parte, en virtud que haber ejercido el cargo de funcionario público, es decir, ocho años de prision inconmutables, con abono de la prisión padecida”, dice la resolución.

Agrega que “se le impone una multa al acusado José Luis Benito Ruiz, a la suma incautada rebajada en una tercera parte. En cuanto a los demás numerales quedan vigentes y en cuanto a la segunda resolución venida en grado queda sin efecto alguno por las consideraciones invocadas”.

El MP agrega que, “por unanimidad se acoge el recurso de apelación en forma parcial promovido por el Ministerio Público a través de la FECI en contra de la sentencia de fecha 9 de febrero de 2024, y la rectificación de fecha 15 de febrero del año 2024 dictada recíprocamente por la juez del Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo “D”, en consecuencia, modifica la primera resolución. Por lo que declara a José Luis Benito Ruiz, como autor responsable en el grado de consumación del delito de lavado de dinero u otros activos”.

La Fiscalía detalla que como consecuencia de dicho ilícito “lo condena a la pena de seis años de prisión, misma que debe ser aumentada en una tercera parte en virtud de haber ejercido como funcionario público, por lo que la pena queda en ocho años de prisión inconmutables. Además, se le impone una multa a la suma incautada, rebajada en una tercera parte, siendo esta de Q40 millones.

Antecedentes

De acuerdo con los antecedentes tomados en cuenta por la Sala para cambiar el delito se analiza que: Benito era el dueño del dinero incautado, o sea el tenía poder sobre el mismo, al determinarse que en la maleta 10 en uno de sus extremos tenía una etiqueta que se encontraba identificada con el nombre del exfuncionario, José Luis IB873829, el cual corresponde a la aerolínea Iberia.

Según lo investigado por MP, la aerolínea explicó que la etiqueta pertenece al boleto IB 6342, registrado a nombre de José Luis Benito, quien tenía programado un viaje para el 12 de noviembre de 2018 rumbo a Madrid.

Además, otro boleto identificado como IB6341 programado para el día 19 de noviembre del mismo año de retorno a Guatemala. Se informó que este había adquirido 7 boletos a través de una agencia de viajes, los cuales fueron pagados en efectivo por la madre de Benito, identificada como Astrid Pontzasa de Cruz.

Por lo que sala advierte, que Benito si tenía relación directa con todo el dinero, pues existe un contrato de arrendamiento como lo señala el MP, de la residencia donde ubicaron el efectivo, el cual se realizó a Inmobiliaria Las Rocas, S.A., propiedad de José Ernesto Batres González, a quien identifican como amigo directo del exministro.

En dicha residencia ubicaron un router, registrado a nombre de Luis Augusto García Betancourt, quien es trabajador de Juan Gabriel Benito Cruz, hermano del exministro.

Su relación con dos presidentes

José Luis Benito era uno de los hombres de confianza de Jimmy Morales cuando fue presidente, este comenzó su paso por el Gobierno como asesor del mandatario.

Tiempo después fue nombrado por Morales como viceministro Administrativo en Comunicaciones, para luego asumir la titularidad del Ministerio de Comunicaciones.

En su administración se construyó el libramiento de Chimaltenango que fue calificada por el propio Morales como una “mega obra”, proyectó que costó más de Q500 millones y que actualmente se está cayendo a pedazos.

La buena relación de Benito con el entonces presidente de turno le hizo posicionarse como uno de los ministros de mayor peso, pero sus buenos lazos políticos habrían trascendido de la administración estatal de FCN Nación.

Cuando Alejandro Giammattei fue electo presidente y comenzó el proceso de transición se especuló que Benito sería el único ministro en continuar con su puesto, pero ese rumor fue desvanecido apenas semanas antes que el Gobierno de tomara posesión.

El que Benito no asumiera un puesto de Gobierno no impidió que los rumores de afinidad a Giammattei desistieran, por el contrario un allanamiento registrado el 14 de octubre de 2020 en Antigua Guatemala encendió más las especulaciones y hasta ha sido señalado de haber financiado parte de su campaña política.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), aún dirigida por Juan Francisco Sandoval, localizó en una lujosa propiedad 22 maletas que se presumía por el entonces fiscal contenía dinero de aparentes sobornos.

En total la antigua Feci localizó Q122 millones, poco después los investigadores revelaron que la propiedad estaba siendo alquilada por el exministro, e incluso una de las maletas tenía su nombre, informaron las antiguas autoridades del Ministerio Público (MP).

La sospecha fue suficiente para la emisión de una orden de captura por supuesto lavado de dinero. Benito se dio a la fuga hasta el 21 de enero pasado cuando se entregó a la justicia, después que Sandoval y otros fiscales abandonaran el MP.

¿Qué pasó con el dinero?

Luego del allanamiento practicado en Antigua Guatemala que dejó la localización de Q122 millones el dinero enfrentó un proceso de extinción de dominio, que terminó dejando la millonaria suma a la administración pública.

Ante el juzgado especializado no se presentó ninguna persona o entidad a reclamar el dinero, por lo que fue entregado al Estado y finalmente fueron repartidos Q121.6 millones entre distintas instituciones, según datos de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

• Organismo Judicial: Q30,407,577.03
• Ministerio Público: Q32,434,748.84
• Ministerio de Gobernación: Q30,002,142.57
• Ministerio de la Defensa: Q8,108,687.21
• Procuraduría General de la Nación: Q 2,432,606.16
• Senabed: Q18,244,546.22

Una trabajadora de un banco del sistema fue aprehendida este martes 16 de abril señalada de haber efectuado operaciones a nombre de un cuentahabiente a quien antes le había ofrecido servicios por medio de su cuenta bancaria, pero que, pese a que el cliente se negó esta, según el Ministerio Público (MP), efectuó 16 retiros monetarios.

Se trata de Maria de Los Ángeles Ramos García, quien fue detenida bajo los cardos de haber cometido el delito de hurto agravado.

“La Fiscalía contra el Crimen Organizado en coordinación con la PNC realiza una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la zona 5 de la ciudad capital”, detalló el MP.

Agrega que, como resultado de las diligencias efectuadas por la Unidad de Delitos relacionados con Bancos, Aseguradoras y otras Entidades Financieras, se coordinó con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión de Ramos García.

“La investigación que realiza el personal fiscal establece que ella, como empleada de una entidad bancaria habría ofrecido un producto bancario a un cuentahabiente el cual rechazó el cliente; sin embargo, ella haciendo caso omiso activó el servicio y realizó 16 retiros monetarios hurtando la cantidad Q17 mil 700”, refiere la Fiscalía.

Las autoridades tratan de establecer si Ramos García está implicada en otros casos similares, por lo que hacen un llamado a la población para que denuncie hechos similares a este.

Además, piden a los cuentahabientes que no se dejen sorprender por acciones como esta y que al momento de sospechar de algún movimiento irregular que se pongan en contacto con las autoridades del banco.