Este martes 11 de julio a las 4.15 horas, David Alejandro Cándido Zet, de 26 años, se dirigía a su trabajo en un centro de llamadas, pero fue asaltado por delincuentes que le dispararon para robarle su motocicleta.

Zet murió y su cadáver quedó sobre la banqueta de la calzada San Juan, en Mixco. Se supo que los asaltantes, que también viajaban en otra motocicleta, lo interceptaron y despojaron de su vehículo y luego le dispararon en el abdomen.

En la banqueta quedó el cadáver, un maletín y el casco. Los paramédicos de los Bomberos Municipales auxiliaron al joven, pero por la gravedad de las heridas murió.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) empezaron la investigación del caso y en el seguimiento, las autoridades establecieron que los asaltantes se dirigieron a la zona 7.

A cinco kilómetros y medio del lugar en el que Zet fue asaltado, la Policía encontró la motocicleta que le robaron.

En uno de los callejones de la 32 calle y 33 avenida de la colonia La Bethania, en zona 7, estaba la motocicleta, según detalla el reporte de la PNC.

Allí fue encontrada y la PNC no reportó ninguna de tención. El vehículo estaba abandonado, según la información.

Cándido Zet en las próximas semanas sería padre, pues su esposa está embarazada, así lo confirmaron algunos familiares.

Hasta mayo recién pasado, las autoridades de la PNC reportaban 453 motocicletas robadas y el 85 por ciento de las víctimas son hombres.

Asimismo, las estadísticas exponen que el día en que más ocurren robos de motocicletas son los martes, y el caso de Cándido Zet entra en ese parámetro.

La Policía ha determinado que la mayoría de los robos de motocicletas, con el 35 por ciento, ocurren en la noche.

Manuel Alexander Chox Tambriz, de 22, es uno de los 19 migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio de una sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, México, el 27 de marzo último.  Su deceso se lamenta en el idioma quiché, la lengua natal que habla su familia en la aldea Patzité, en Nahualá, Sololá.

La familia Chox Tambriz espera la ansiada noticia después de la tragedia: la repatriación de Manuel Alexander.

Lejos de la capital guatemalteca, a unos 163 kilómetros, parientes y amigos del joven concurren en la casa de la familia para expresar su solidaridad y el pesar por su muerte.

Desde hace nueve días en esa vivienda de block se reciben las visitas. En la cocina mujeres y hombres preparan tamales de masa y caldo de res, mientras que para el refresco hay pinol. Todo sea para despedir al joven víctima.

En la pared de un corredor de la casa se exhibe la fotografía de Manuel Alexander y su madre, Catarina Tambriz, por ocasiones se para a contemplar su rostro.

El joven salió el 19 de marzo último y el 25 de ese mismo mes llamó a su madre y le confirmó que había sido detenido por agentes de Migración de México, pero que había rumores de que los dejarían salir pronto. Dos días después murió en el incendio.

El padre de Manuel Alexander está en Estados Unidos desde hace 15 años y con él se encontraría en territorio estadounidense para empezar el sueño americano.

El graduado

La familia Chox Tambriz aseguró que el joven se graduó de bachiller en computación desde hace tres años, pero nunca logró encontrar un trabajo.

Su padre desde hace 15 años envía remesas, y pese a ese apoyo aún faltaba la realización del joven, quien no vio opciones de desarrollo en Nahualá y decidió migrar.

No es el único graduado en Patzité, aldea con mil 700 habitantes, y con maestros, peritos contadores y bachilleres desempleados, o en el mejor de los casos, ganando Q50 diarios en labores de agricultura.

Las otras víctimas mortales de Nahualá son Francisco Javier Sohom Tzoc, Gaspar Josué Cuc Tzinquin y Marcos Abdon Tziquin Cuc, ellos viven en aldeas en el área de boca costa de ese municipio.

Otros dos implicados en el caso Diario Militar fueron beneficiados con arresto domiciliario por el juez suplente del Juzgado de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, quien, además, les impuso algunas restricciones, como salir del país y tramitar pasaporte, informaron este jueves 2 de febrero fuentes judiciales.

Se trata del coronel en condición de retiro Jacobo Esdras Salán Sánchez y el exagente de la extinta Policía Nacional (PN) Malfred Orlando Pérez Lorenzo, cuyos abogados solicitaron esa media con el argumento de que los señalados sufren quebrantos de salud. En total, en este caso han sido beneficiados con esa medida tres de los 11 procesados.

El juez Bautista otorgó el arresto domiciliario a los procesados durante la audiencia de inicio de revisión de medidas de coerción, donde los defensores d presentaron sus argumentaciones al juzgador, entre estas informes médicos y exámenes practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Durante la audiencia, el juzgador señaló una limitante que impedía las medidas sustitutivas a favor de Salán Sánchez, porque es sindicado del delito de asesinato, pero consideró que los peligros procesales “se encuentran desvanecidos”, por lo que otorgó el arresto domiciliario.

Los procesados dejarán la prisión preventiva, pero deben cumplir con varios requerimientos judiciales.

Deben presentarse a la sede del Ministerio Público (MP) en la capital para firmar el libro de control de medidas el último día de cada mes; además, se les decretó el arraigo y si desean salir del país deberán presentar una solicitud al juzgado por medio de sus abogados.

Otro de los requerimientos que los sindicados deben cumplir es que no pueden gestionar pasaporte mientras dura el proceso judicial.

También tienen prohibido comunicarse con las partes procesales y deben pagar una caución económica de Q6 mil.

Otro beneficiado

El pasado 28 de noviembre, la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, resolvió otorgar arresto domiciliario a Toribio Acevedo, otro de los sindicados en el caso Diario Militar

El sindicado estaba en prisión preventiva y procesado por delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

El 23 de mayo recién pasado Acevedo fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en los crímenes registrados en el llamado Diario Militar.

El caso Diario Militar

En mayo de 2021, las fuerzas de seguridad capturaron a 11 militares y agentes de la PN en condición de retiro, señalados de presunta participación en los asesinatos, desapariciones forzadas y delitos contra deberes de la humanidad que están contenidos en el caso denominado “Diario Militar”, que fue desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 1999.

En el documento, también llamado “Dossier de la Muerte” y elaborado por inteligencia militar, están descritos los casos de al menos 183 de personas que fueron considerados como “enemigos del Estado” y que fueron desaparecidas o asesinadas en la década de 1980.

El conflicto armado interno en Guatemala, que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, dejó al menos 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

El presidente de la República Alejandro Giammattei fue citado otra vez por el juez pesquisidor del segundo antejuicio que presentó contra el diputado Aldo Dávila, por supuesta discriminación, informaron fuentes judiciales este miércoles 21 de diciembre.

El mandatario deberá presentarse el próximo 6 de enero a las 10 hora a la Sala Primera de Mayor Riesgo, para ratificar la petición de retiro de inmunidad contra el diputado.

En la primera ocasión el mandatario no se presentó y ratificó la denuncia por escrito.

De acuerdo con la información, el mandatario comparecerá de nuevo ante el vocal 2 de la Sala Primera de Mayor Riesgo, quien escuchará los argumentos del mandatario para denunciar a Dávila por supuesta discriminación.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó el pasado 14 de diciembre que dio trámite a un antejuicio presentado por Giammattei en contra del diputado Dávila, quien enfrenta otro proceso de retiro de inmunidad por una primera denuncia del mandatario.

Según la denuncia, el 20 de agosto de 2021, el diputado Aldo Dávila se presentó a un costado de la Casa Presidencial y con un altoparlante se habría burlado del mandatario e insultado.

Además, el 30 de noviembre del 2020, Dávila estaba en Quetzaltenango y también habría discriminado al mandatario por un padecimiento que le afecta en su movilidad.

Detalles

El presidente Alejandro Giammattei ratificará por escrito una denuncia contra Dávila por supuesta difamación.

En el caso ya fue nombrado el juez pesquisidor, Marvin Reyes Lee, y ambas partes están citadas; sin embargo, el mandatario hará su argumentación por escrito.

El recién pasado 3 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió avalar la denuncia que el presidente interpuso contra el diputado por referirse a las “supuestas preferencias sexuales” del mandatario de forma reiterada a través de mensajes difundidos en redes sociales.

Dávila tendrá que enfrentar un proceso de antejuicio, porque la CSJ aceptó la denuncia que Giammattei interpuso.

La petición presentada por el mandatario es por supuesta injuria y difamación en la que habría incurrido Dávila.

En esa ocasión, la información que oficializó la CSJ afirmaba que se admitió para su trámite la petición de retiro de inmunidad luego de que los magistrados votaron por mayoría.

A finales de noviembre pasado, el legislador Dávila presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la resolución de la CSJ al avalar la denuncia que el presidente Giammattei interpuso contra el diputado por referirse a las “supuestas preferencias” del mandatario.

El parlamentario indicó en esa ocasión que la denuncia promovida en su contra “es espuria, política e ilegítima, hay una clara interferencia de poderes, porque no había pasado en la historia del país”, refirió Dávila, quien detalló que en su contra pesan 48 denuncias por parte de funcionarios.

Hace seis meses, el Tribunal de Mayor Riesgo B, que preside la jueza Jeantte Valdés decidió absolver al exdiputado Julio Juárez, quien fue acusado del crimen contra periodista Danilo López, pero esa resolución fue apelada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

El 13 de mayo pasado, Juárez juntó sus manos y cerró los ojos al escuchar que el Tribunal lo absolvía del crimen contra el periodista. En esa audiencia varias personas se le acercaron e hicieron una oración en agradecimiento por esa resolución que lo libraba de culpa en el caso.

Valdés, en esa sesión calificó las pesquisas de la Feci como “un mal trabajo” de investigación y agregó que la hipótesis se basó “en un contexto político”. Esa tesis señalaba que Juárez dio la orden de asesinar a López.

En el juicio contra Juárez se presentó al testigo Marco Tulio Cano Reyna y el Tribunal cuestionó que en su declaración nunca fue claro sobre que el exdiputado haya pagado por la comisión del crimen, como lo aseguró la Fiscalía.

Para el MP, el caso tuvo resultado negativo, pues la tesis de que el 10 de marzo de 2015 un diputado haya ordenado el crimen contra López fue débil ante los jueces.

Investigación

El jefe de la Feci, José Rafael Curruchiche, ha anunciado que se investigará a los fiscales que estuvieron a cargo del caso.

“La denuncia se presentó al tener conocimiento de la posible negligencia en el actuar de los fiscales que realizaron la investigación”, aseguró Curruchiche.

Esa denuncia fue trasladada a la Fiscalía de Asuntos Internos.

En enero pasado, el Ministerio Público (MP) no sindicó al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, de lavado de dinero pese a que había indicios en el Caso Libramiento de Chimaltenango. Esa falencia ha dejado a un auxiliar fiscal procesado y tres más bajo sospechas, según el juez Décimo Penal, Jimi Bremer Ramírez.

Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal del MP, fue ligado a proceso penal este martes 24 de mayo por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes. Es el primer procesado de la “carente” sindicación hacia Benito por la Fiscalía contra la Corrupción en la audiencia de primera declaración del 28 de enero pasado.

El auxiliar fiscal estuvo en prisión provisional y quedó procesado pese a no haber participado en la audiencia del exministro de Comunicaciones. Asimismo, ocho meses antes de que se presentara la sindicación en contra de Benito había dejado la Fiscalía contra la Corrupción, cambio que avaló la fiscal general Consuelo Porras.

Byron Batres, abogado de Pantaleón, en la audiencia de este martes expuso al juez que la “cadena de custodia” exponía que entregó todos los expedientes al agente fiscal y auxiliares que se encargaron de la investigación del caso, pero Bremer aclaró que causaba sospecha “que en 45 minutos” cómo se registraron esas actas y no se hubiese podido entregar gran cantidad de expedientes.

Al final de la audiencia, Pantaleón obtuvo medidas sustitutivas con arresto domiciliario, registrar su huella dactilar en la sede central del MP cada ocho días, prohibición de visitar la Fiscalía contra la Corrupción y caución de Q10 mil.

Además, el juez durante la audiencia instó a la Fiscalía de Asuntos Internos del MP a continuar la investigación, pues hay otros fiscales que conocieron el proceso contra Benito, aunque no dictó lo conducente.

Según las actas de cadena de custodia, Pantaleón entregó el expediente a la auxiliar fiscal Melanie Pérez, luego a ella se le concede licencia por maternidad y conoce el caso Ada Winter, auxiliar fiscal.

Estos cambios fueron bajo la tutela de la agente fiscal Leslie Pineda y son estos tres empelados más que serían investigados si la Fiscalía de Asuntos Internos amplía sus pesquisas como lo sugirió el juzgador.

El beneficiado

Mientras tanto Benito sigue ligado a proceso penal solo por fraude y la Fiscalía contra la Corrupción no ha impulsado una reforma de delito para quizá agregarle más hechos.

Pineda y Winter fueron las que sindicaron al exministro de Comunicaciones el 28 de enero último, y ese señalamiento fue “carente” para la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León.

En esa audiencia la jueza señaló una “pobre” argumentación de las fiscales para señalar a Benito e incluso les ejemplificó que con el expediente que tenían pudieron sindicar al exfuncionario de lavado de dinero, incluyendo a las empresas constructoras Conasa y Renova Ingenieros. Empresas que habrían sido favorecidas con el proyecto del Libramiento de Chimaltenango.

La denuncia de la Fiscalía en contra de Pantaleón surge de la nota periodística de Prensa Libre que se publicó el 29 de enero último en la edición impresa, que se tituló: “Jueza señala fallos del MP y liga a Benito a proceso”.

En la nota se describieron las carencias que cometieron Pineda y Winter, incluso se expuso que la jueza aseveró en esa audiencia que no se le expusieron los chats extraídos de celulares que ella misma autorizó revisarlos.

Dichos mensajes fueron encontrados en un teléfono celular de José Mario Muñoz Estrada, quien fue coordinador de Supervisión de Construcciones de la Dirección General de Caminos.

Más hallazgos

Pantaleón en la audiencia fue informado que Pineda ha interpuesto una nueva denuncia en su contra y se detalló que se encontraron nuevos expedientes voluminosos que los últimos auxiliares fiscales supuestamente no tenían.

La Fiscalía aún tiene desafíos en el caso porque no está claro quién del MP manipuló expedientes y qué tipo de indicios, mientras tanto no hay sindicación por lavado de dinero.

Ciudadanos y activistas que integran un movimiento de apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez brindaron una conferencia de prensa en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y confirmaron que Luciano Colorado, el hombre que fue ultimado el miércoles último en el Anillo Periférico, zona 3; estaba vinculado a la organización.

según los activistas, Luciano estaba en el lugar del ataque porque invitaba a personas del asentamiento El Incienso a participar en la manifestación a favor del juez Gálvez del viernes.

Los miembros del movimiento, entre ellos la exdiputada Sandra Morán, conformaron que Colorado llevaba playeras para regalar a las personas que se integrarían a la manifestación, cuando fue ultimado, asimismo piden una investigación del caso porque no descartan sea una amenaza para el resto de los simpatizantes del juez Gálvez.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó recientemente los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a 9 exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes por el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles “los que vive” y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a 9 exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Oscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.

Con información de EFE

El Juzgado Tercero Pluripersonal Penal levantó la reserva del caso contra la exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Siomara Sosa, y la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) Leily Santizo, la cual impedía conocer los detalles de la investigación.

Ahora al expediente judicial podrán acceder todas las partes involucradas en la investigación; además, las audiencias que se desarrollen serán públicas y con presencia de medios de comunicación.

Este caso estuvo con reserva judicial desde febrero pasado, cuando fueron detenidas las exfiscales contra la corrupción.

El Ministerio Público (MP) no dio detalles del proceso y únicamente fueron cuentas anónimas de Twitter que anticiparon los allanamientos y los hechos que la Fiscalía indagaba.

Las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa fueron ligadas a proceso penal el siete de marzo pasado a petición del Ministerio Público (MP) por el delito de colusión, informaron fuentes judiciales.

Ambas fueron parte de procesos de alto impacto que tienen tras las rejas a políticos, empresarios y narcotraficantes que fueron detenidos durante operativos coordinados por dichas instituciones, que marcaron un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Las profesionales fueron ligadas a proceso en el Juzgado Tercero y fueron beneficiadas con arresto domiciliario, pero pagaron una caución económica de Q10 mil.

“Nos ligaron a proceso con un delito menos grave, puesto que el Ministerio público había pedido obstrucción de justicia, pero el juez consideró que no se llenaban los requisitos para este delito tan grave que está tipificado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y nos han dejado únicamente por colusión, un delito menos grave, también nos han otorgado medidas sustitutivas para que nos podamos defender en libertad durante este proceso”, señaló Santizo al concluir la audiencia de esa fecha.

Días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación por los casos que, según su percepción, son parte de un plan de persecución judicial en contra de jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

En una sala de audiencias reducida, el juez Décimo Penal escuchó las últimas argumentaciones de la defensa del auxiliar fiscal, Estuardo Pantaleón, quienes señalaron que hubo manipulación de evidencias que incriminaban al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y testimonios en los que auxiliares fiscales señalaron a la agente fiscal, Leslie Pineda, de manipular el expediente.

Los abogados defensores de Pantaleón expusieron una cronología del caso. El exauxiliar fiscal sindicado de ocultar información dejó la Fiscalía contra la Corrupción el 3 de agosto de 2021 y entregó sus actuaciones a la auxiliar fiscal Melany Pérez.

Tres meses después, el 11 de noviembre del mismo año, por una licencia de maternidad, Pérez deja el caso y entrega el expediente de investigaciones a la agente fiscal Leslie Pineda.

Los abogados defensores de Pantaleón señalaron actuaciones sospechas cuando en las actas de cadena de custodia, el 29 noviembre aparecen firmas de Pineda recibiendo a las 16.04 horas recibiendo 13 expedientes del caso. Según Byron Batres, abogado del auxiliar fiscal, era imposible recibir esa cantidad de expedientes en pocos minutos porque cada uno debe de ser revisado con minuciosidad y asegurarse del contenido para tener certeza legal.

En esa ocasión, según Batres, debió ser Pérez quien entregaba esa documentación, pero no podía serlo porque el 11 de noviembre había dejado la Fiscalía por una licencia obtenida.

El juez Décimo Penal, Jimi Rodolfo Bremer, en su libreta anotaba los hallazgos de los abogados.

En un informe del 4 de febrero, la auxiliar fiscal, Ada Winter, quien estuvo en la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones, en el documento aclaró que la agente fiscal “Leslie Pineda tuvo asignado en el Sicomp -Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público- el presente expediente, tiempo prudencial y suficiente para revisar las diligencias que constan en el mismo y poder continuar el diligenciamiento del mismo, en virtud de que ya tenía conocimiento del caso y que la evidencia que consta en el presente expediente, toda vez que presentó la segunda acusación del expediente y medios de impugnación. La licenciada Leslie Pineda firmó y otorgó su visto bueno, avalando de ese modo todo lo que consta en el acta de entrega. Por último, respetuosamente solicito que se me asigne a otra unidad fiscal a la brevedad posible, toda vez que he sido víctima de la mala fe de la licenciada Leslie Pineda para evadir su responsabilidad dentro del presente expediente -el que sindica a José Luis Benito-”.

En el mismo informe, Winter aseveró que el expediente Libramiento de Chimaltenango “fue manipulado por la auxiliar fiscal dos Melany Pérez y la agente fiscal Leslie Pineda, por lo cual no es viable darle cumplimiento al requerimiento en cuanto remitir copia digital del expediente, ni mucho menos hacer un inventario de un expediente”.

En la audiencia el abogado Batres cuestionó: “Cómo es posible que los fiscales que investigan el caso contra Pantaleón no se dieron cuenta de esta manipulación”.

En la sala de audiencias se usó un retroproyector que expuso en una pared blanca los informes, la cronología y las actas de cadenas de custodia con esas irregularidades en el manejo de evidencias.

Como un As bajo la manga, el abogado presentó un informe de las actuaciones que hizo en el caso Pantaleón, documento avalado por la jueza de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, allí se clara que, “el auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón no ocultó a la juzgadora la inspección ocular de aparatos telefónicos en virtud de que se puso a la vista de la jugadora dicha inspección y captura de pantallas”.

Según el abogado Batres, esa información fue la que pidió la jueza Silvia de León en la audiencia de primera declaración el 28 de enero último, cuando cuestionó una “sindicación complaciente” a Benito que dirigió Pineda.

En el informe de actuación la jueza Silvia de León afirmó que “el auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón sí manejaba la investigación por cuanto conocía la misma, evidenciándose en las audiencias que compareció”.

Batres luego de exponer las falencias del MP concluyó: “Acá primero capturaron y después se pusieron a investigar los señores fiscales”.

Héctor Medina, un perito del Ministerio Público (MP) que este lunes 25 de abril explicó la manera en que se extrajo información de computadoras y celulares que fueron confiscados en el Caso La Línea, en el que hay 30 acusados y figura el exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El perito expuso ante el Tribunal de Mayor Riesgo “B” algunos métodos de defraudación aduanera que detectaron con el funcionamiento de La Línea.

“En su mayoría lo que traían eran encomiendas. Estas entraban por la aduana de Santo Tomás y podía venir importación de juguetes con apartados pequeños, pero traían el furgón completo”, explicó Medina.

En la audiencia, el perito también expuso que al extraer información de una computadora se confirmó la comunicación entre algunos de los acusados y detalló que “hay un informe financiero que ya nos habla de dónde viene la cuenta, acá tenemos el mensaje que se realizaba entre las personas. Acá tenemos a Ricky que le decía que el contenedor 2604502535 y ya dan los datos específicos”.

Uno de los informes expuestos por Medina en el juicio se desprende de información hallada en una computadora decomisada en la Boutique Emilio, propiedad de Roberto Ramírez.

“En la computadora encontrada en la Boutique Emilio, propiedad de alias ´Ricky´ (Roberto Ramírez) y en este se especificaba el número de póliza y lo que pagaban. Este dinero entraba a Corpobol y era el dinero que usaba la segunda estructura y era cuando estaba como líder Francisco Javier Ortiz, alias el ´Teniente Jerez´”, concluyó el perito del MP.

En esta etapa del debate el MP está presentando testigos y entre ellos figuran investigadores del caso.