Ciudad Guatemala
En vez de prepararse para votar por su esposo, Juan Sebastián Chamorro, en las elecciones del domingo en Nicaragua, Victoria Cárdenas cuenta el tiempo transcurrido desde que lo detuvieron.
“El último día que lo vi fue hace cinco meses, cuando lo secuestraron en mi casa en horas de la noche, sin orden de captura y sin orden de allanamiento”, dice Cárdenas a BBC Mundo.
Ocho patrullas llegaron al lugar aquel 8 de junio, agrega. Policías armados saltaron los muros y tomaron por sorpresa a ella y a Chamorro, que se preparaban para cenar.
“Él estaba de rodillas con las manos arriba, decía que no estaba huyendo y que por favor no me hicieran nada a mí”, relata. “No sé cuántos lo habrán agarrado; es como que lo desaparecieron, porque fue tan rápido que no lo vi”.
Así, Chamorro pasó a ser uno de los siete potenciales candidatos opositores a la presidencia de Nicaragua arrestados y que este domingo no podrán competir con Daniel Ortega, que busca casi sin rivales un cuarto mandato consecutivo.
En total la justicia, a la que acusan de actuar al servicio de Ortega, ordenó este verano más de una docena de detenciones en base a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación, aprobada en diciembre de 2020.
Los precandidatos detenidos son apenas un subgrupo de lo que muchos llaman “presos políticos” en el país centroamericano, y quizá también la mayor señal de la deriva autoritaria de Ortega y de Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta del país.
Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, otro de los precandidatos presos, sostiene que la votación del domingo será “una farsa electoral” para “legitimar una dictadura”.
“Mis candidatos están presos injustamente por haber defendido su derecho ciudadano de elegir y ser electos, entonces para nosotros este proceso electoral tiene que ser desconocido”, dice Valle a BBC Mundo.
“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, entre otros.
“Tortura psicológica”
En Nicaragua había 159 “presos políticos” hasta fines de octubre, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos avala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La mayoría de ellos fueron arrestados durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, que dejó al menos 328 muertos.
Pero otros ya habían sido encarcelados antes de aquellas manifestaciones.
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Y cerca de 40 figuras políticas y cívicas fueron detenidas desde mayo, incluidos los siete precandidatos, empresarios o líderes estudiantiles como Lesther Alemán, quien en 2018 reclamó en la cara a Ortega que cesara la represión y se rindiera.
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Enfrentan cargos como “traición a la patria”, conspiración contra la “integridad nacional” o lavado de dinero, delitos que en el país pueden ser castigados con varios años de cárcel.
Ortega justificó en junio la ola de detenciones de opositores argumentando que eran “criminales” que quieren derribar a su gobierno.
Pero expertos legales y defensores de los derechos humanos afirman que los presos enfrentan acusaciones fabricadas y juicios sin mínimas garantías del debido proceso, a tal punto que varios pudieron ver brevemente un abogado recién semanas o meses después de su encarcelamiento.
El gobierno de Nicaragua declinó las peticiones de entrevista hechas por BBC Mundo en las semanas previas a las elecciones.
Buena parte de los detenidos desde mayo están en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, también llamada el Chipote, incomunicados, con apenas dos visitas familiares permitidas hasta ahora y alimentación deficiente, según distintas fuentes.
“Félix (Maradiaga) ha perdido 45 libras (unos 20 kilos) en estos últimos cuatro meses”, dice Valle desde Estados Unidos, donde está solicitando asilo político y ha recibido noticias de su esposo por las dos visitas que le hizo su hermana en esa cárcel.
“También nos comentó que hay interrogatorios constantes (y) que esa es una parte bastante difícil porque representa una tortura psicológica”, agrega.
Una abogada que ha trabajado con la situación de los presos en el Chipote y prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias del gobierno asegura que “el deterioro de la salud es evidente en todos”.
“Rehenes electorales”
En Nicaragua han sido apresados incluso excompañeros de armas de Ortega durante la revolución sandinista como Hugo Torres, quien en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel al actual presidente.
“Todos son rehenes electorales y están ahí bajo el control del régimen, que intentará utilizarlos eventualmente como una moneda de cambio”, señala Carlos Fernando Chamorro, un periodista nicaragüense que en los años 80 fue jefe de propaganda sandinista.
Cristiana Chamorro era quizás la candidata con más chances de derrotar a Daniel Ortega.
Chamorro está desde junio exiliado en Costa Rica, donde mantiene sus críticas al gobierno de Ortega. Su hermana Cristiana Chamorro, quien era favorita para las presidenciales del domingo, fue puesta bajo arresto domiciliario también en junio. Y su hermano Pedro Joaquín lleva cuatro meses encarcelado en el Chipote.
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Los tres son hijos de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las urnas en 1990 para convertirse en la primera mujer electa presidenta en América Latina, y de Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado durante la dictadura de los Somoza.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el jueves la liberación inmediata de los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, así como de otra docena de presos en Nicaragua.
Pero esta fue la tercera emisión de medidas provisionales por parte de ese tribunal en favor de opositores presos en Nicaragua desde junio, y pocos esperan que el gobierno cumpla las órdenes antes o en seguida después del domingo.
“La razón por la que están presos no sólo fue para anular la vía electoral; también fue para descabezar un movimiento de resistencia cívica: hay muchos otros presos que no eran candidatos presidenciales”, dice Carlos Fernando Chamorro a BBC Mundo.
“No está en los planes de la dictadura suspender el Estado policial. En todo caso, eso está en los planes de la oposición, del movimiento prodemocracia, que necesita ejercer una presión política suficiente para lograrlo”, añade el director de la revista Confidencial.
Nicaragüenses exiliados en Costa Rica se han manifestado en contra del gobierno de Ortega.
Cárdenas, por su lado, recuerda que después que se llevaron a su esposo detenido aquella noche de junio, varios policías allanaron su hogar durante cuatro horas.
“Desde ese momento yo no pude volver a mi casa. Sentí mi intimidad, mi familia, mi privacidad totalmente violentadas”, dice.
El 23 de junio se mudó junto con su hija a Estados Unidos. Pasó 84 días antes de recibir noticias del paradero de su esposo. Y no ha podido regresar a Nicaragua para visitarlo en el Chipote, explica, porque ella misma fue acusada de “traición a la patria”.
“Después del domingo lo que va a haber es una dictadura con un gobierno ilegítimo”, acusa. “Lo que cabe en este momento es la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”.
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