Expertos de la organización estudiaron en 2017 durante seis semanas los anuncios publicados en línea por particulares (en portales de libre acceso) en cuatro países europeos: Francia, Rusia, Alemania y Gran Bretaña.
En total, se censaron 11.772 especímenes de especies salvajes amenazadas en 5.381 anuncios y mensajes publicados en 106 portales de venta en línea y cuatro redes sociales, por una cantidad estimada en 3,2 millones de euros, según el informe. Pero es “probable” que los mensajes identificados en las redes sociales (6,2%), incluidos por primera vez en la encuesta IFAW (Fondo Internacional para la Protección de los Animales), no sean más que una “parte” del total.
Según el estudio, el 80% de los especímenes propuestos estaban vivos, principalmente reptiles (sobre todo tortugas, marinas y terrestres, que representan el 45% del total de los anuncios) y pájaros (loros grises de Gabón o de la Amazonia, rapaces, ocas…), pero también animales más grandes como yaks salvajes u orangutanes en Rusia, leones, jaguares y osos en Alemania.
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El comercio de algunos de esos animales protegidos está totalmente prohibido, mientras que otras especies están reguladas por normas de venta muy concretas que incluyen la posesión de permiso. Esto afectaría, por ejemplo, a objetos de marfil de antes de 1947 con un certificado de autenticidad o un documento que pruebe que una tortuga de Hermann fue criada legalmente en Europa en cautividad.
Sin embargo, hay anuncios que pueden ser legales. Según estudios anteriores, “entre el 10% y el 20% de los anuncios son considerados legales” porque se menciona la documentación que hay, indicó a la AFP Céline Sissler-Bienvenu, directora de IFAW para Francia y África francohablante.
Aunque IFAW subraya el “precioso trabajo” de algunas páginas web para luchar contra el tráfico, insta a reforzar la legislación actual para combatir “específicamente” ese comercio en línea.
Hay que “informar a los usuarios sobre la legislación y el estado de las especies, sobre el riesgo que asumen” y sobre el hecho de que “pueden alimentar, sin saberlo, redes criminales organizadas”, destacó Céline Sissler-Bienvenu.
Se transmitido la información recabada a las autoridades pero es “demasiado pronto” para tener una respuesta, apuntó, precisando que informes precedentes desembocaron en procesos judiciales.