Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán informaron este viernes 20 de octubre que cambiarán de estrategia para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, lo que implica que algunos bloqueos sean levantados; sin embargo, no aclararon cuáles y a partir de cuándo.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones, dijo que la medida no es total y que se declaran en asamblea permanente en los pueblos para analizar las nuevas acciones a tomar.

Detalló que “las manifestaciones pacíficas” continúan, así como el plantón frente a la sede central del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1 de la capital.

“Circular información que a nivel de los 48 Cantones se han suspendido los bloqueos, que nosotros miramos como puntos de manifestación, si bien es cierto no es que sea totalmente, estos parcial, es para una reorganización porque creemos necesario para que también otros sectores vean la buena voluntad de los pueblos indígenas ancestrales”, agregó Pacheco.

“La resistencia va a seguir solo que con otras estrategias. En su momento ustedes se darán cuenta de cuál va a ser la metodología, porque todavía no nos ha informado”, dijo Pacheco.

Los líderes dijeron que habían convocado a conferencia “por los rumores que había” de que se estaban levantando las protestas. 

Agregaron que otros pueblos se les unirán en las manifestaciones, principalmente en la capital, por lo que era necesaria la reorganización. 

“La resistencia va a seguir, solo que con otras estrategias, en donde creemos e invitamos a aquella población que en un momento han dicho que ‘los bloqueos son lo que no me deja apoyarlos’, pues los invitamos a que ahora se unan con nosotros”, agregó Pacheco.

“Lo que sí les pedimos es que las manifestaciones sean pacíficas y públicas y que respeten todos los derechos porque nosotros no queremos crear una inestabilidad social”, añadió el líder indígena.

Respecto a los lugares donde se habilitará el paso, Pacheco enfatizó que “va a ser en algunos puntos que se va a suspender la concentración, pero en su momento los daremos a conocer, porque las bases no nos han indicado”.

Contra la confrontación

Aseguró que el movimiento no se debilitó y que “la resistencia continúa y lo que estamos evitando es que en algún momento se caiga en confrontación como malintencionadamente están buscando.

Sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto del plantón frente al edificio de Gerona, Pacheco dijo que se acató la orden y se liberaron los accesos del edificio. “Nosotros con esto demostramos la buena voluntad de los pueblos indígenas en llevar esta manifestación pacífica como se ha venido haciendo”, expresó.

Las manifestaciones y bloqueos dieron inicio el 2 de octubre, cuando grupos de guatemaltecos se lanzaron a las calles en rechazo a las acciones del Ministerio Público dirigidas a investigar a Movimiento Semilla, agrupación que le dio la victoria a Bernardo Arévalo para la presidencia.

Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; la fiscal auxiliar de esa unidad, Cinthia Monterroso, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

La semana recién pasada se llegó a bloquear más de un centenar de rutas en todo el país, afectando con ello las actividades comerciales en gran parte del territorio nacional.

La Junta Directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán publicaron ayer un comunicado en el que se declaran en paro nacional y convocan a los diversos sectores de la población a “unirse a favor de esta lucha”.

“Nos declaramos en paro nacional indefinido desde el día lunes 2 de octubre de 2023 haciendo una convocatoria a todos los ciudadanos y organizaciones del país” a sumarse a la protesta, publicaron los líderes indígenas.

El conglomerado indígena dijo que la decisión se tomó debido, principalmente, a que no recibieron ninguna respuesta acerca de los memoriales entregados el pasado 18 de septiembre a varias de las instituciones estatales del país.

En sus demandas, los 48 Cantones exigían la renuncia inmediata de la fiscal general, María Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana.

La convocatoria sale a luz este sábado 30 de septiembre, horas después de que el Ministerio Público allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral y se llevó por la fuerza varios documentos relacionados a los comicios.

Además, la junta directiva confirmó los bloqueos contemplados a escala nacional a partir de este lunes en protesta contra Porras, Curruchiche y Orellana, “quienes con sus acciones arbitrarias están atentado en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y su orden constitucional”, dice la misiva.

Los 48 Cantones también aluden al Congreso de la República, que sigue aprobando leyes que  “atentan contra la vida, salud, bienes y recursos no renovables”.

La tarde de este sábado también convocó a manifestaciones pacíficas la vicepresidente electa por el Movimiento Semilla, Karin Herrera, y el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien advirtió de que el golpe contra la voluntad del pueblo seguía en marcha.

Junta Directiva de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, publicó este 26 de octubre de 2022 un comunicado en el que solicita que se de dictamen desfavorable y se retire del debate legislativo la iniciativa de ley 6155, denominada ley para uso racional y legítimo de la fuerza, que fue presentada por los diputados Boris España y Vitelio Lam.

En el comunicado, se detalla que España, de la bancada Todos y presidente de la Comisión de Gobernación presentó el 19 de octubre la iniciativa denominada “Ley para uso racional y legítimo de la fuerza, la cual aún no se ha leído en el Pleno y remitido a Comisión.

Detalla que aun cuando la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, le dio su palabra a la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán que no se volvería a someter a discusión la iniciativa 6076 con sus respectivas enmiendas, que fue engavetada, ahora el diputado España presentó esta nueva.

Esa iniciativa 6076 o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala fue engavetada por decisión de la junta directiva del Congreso de la República, según lo confirmó el 23 de agosto de 2022, según lo confirmó el diputado Marvin Estuardo Alvarado, quinto secretario de dicha junta.

Esto se dio luego de presión social y rechazo de varios sectores, incluyendo los 48 Cantones, que habían exigido que dicha iniciativa no se conociera más.

El comunicado de los 48 Cantones explica que luego de una  la revisión breve realizada a la nueva iniciativa 6155, “debe expresarse enfáticamente que a pesar de que presenta una redacción más articulada y coherente y que excluye a la SAAS e incorpora 2 capítulos referidos a la gradación del uso de la fuerza y a un proceso disciplinario y sancionatorio por excesos del uso de la fuerza, tal propuesta abarca el mismo sentido, objeto y ámbito de la Iniciativa 6076”.

El documento detalla que: “las razones de peso para afirmar lo anterior es porque la 6155 tiene como objeto dar las pautas y reglas para el uso racional y legítimo de la fuerza por la fuerzas de seguridad (entendiendo por estás a la PNC; Guardia Penitenciaria y Ejercito)”.

Además, estipula además que el ámbito de aplicación  será: ”Cuando exista una amenaza o vulneración del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los DDHH” y en las definiciones desarrolla el mismo concepto de agresión, amenaza y fuerza letal y no letal.

“Como fuerza diferenciada que desarrollaba la 6076. En conclusión, la amenaza que esta norma sirva para reprimir o coartar expresiones de protesta ciudadana se mantiene plenamente”.

El comunicado de la organización añade que aunque el Gobierno y las bancadas aliadas al oficialismo defienden que en la nueva iniciativa se han incorporado artículos que desarrollan una serie de principios como necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia para la aplicación de la fuerza, cuando se da lectura al principio de legalidad, esta señala que las fuerzas de seguridad podrán actuar en defensa propia o de defensa de otras personas con la amenaza inminente de muerte o lesiones graves o el mantenimiento de los estados de calamidad.

Puntualiza que en el capítulo de la graduación de la fuerza, establece que pueden existir conductas de colaboración, resistencia y agresión, incluyendo la agresión activa y alta peligrosidad, como los niveles del uso e instrumentos de la fuerza paras la reducción física de movimientos y la fuerza letal.

Acciones rescatables de la iniciativa

Los 48 cantones añaden en su documento que lo rescatable de la iniciativa 6155 es que incorpora un capítulo de responsabilidades en el que los mandos de seguridad deberán velar porque el uso de la fuerza por parte de sus subordinados.

Además que estas sean bajo las normas constitucionales y los acuerdos internacionales y que en caso de incumplimiento deberán activar el proceso disciplinario y sancionatorio y se establece la obligatoriedad de la denuncia.

Conclusión

Según los 48 Cantones, “la Iniciativa 6155 es una versión actualizada y mejorada de la 6076 y en ese sentido debe demandarse que, al remitirse a la comisión específica, se le dé un dictamen desfavorable y en base al compromiso de la presidenta del Congreso a los 48 Cantones de Totonicapán se retire del debate legislativo tal propuesta.

Representantes de los 48 Cantones recibieron este martes 23 de agosto un documento firmado por varios integrantes de la Junta Directiva del Congreso en el que hace constar que engavetan la iniciativa sobre el uso de fuerza en protestas. 

Tras varias horas de espera, y luego de haber rechazado dos borradores previos, finalmente la delegación se retiró del Congreso al recibir y estar de acuerdo con un tercer documento. 

“Esta Junta Directiva (…) atendiendo las prioridades del país, no agendará más la iniciativa 6067, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, en ninguna propuesta del orden del día que esta Junta Directiva proponga a la instancia de Jefes de Bloque”, consigna el documento.

Los representantes de las comunidades indígenas de Totonicapán exigieron de manera presencial en el Parlamento que la iniciativa de ley 6076 no se concretara.

Dicha iniciativa, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, pone en riesgo derechos constitucionales, de acuerdo a diversos expertos.

Uno de los representantes de las comunidades indígenas, Geovany Rosales, aseguró ante diversos diputados que la iniciativa de ley “trata de disolver y de atacar a un derecho que tenemos” como lo es manifestarse.

Rosales, presidente de los 48 cantones, junto a otros miembros de la organización, ya habían llegado al Congreso la semana pasada para manifestar su oposición a la posible normativa.

Específicamente, los representantes indígenas se hicieron presentes en el Congreso el 17 de agosto para dialogar con la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Rivera y prometieron volver en la presente semana.

Es por ello que este martes arribaron al Congreso, en el centro de la Ciudad de Guatemala, y expresaron nuevamente su rechazo a la iniciativa de ley.

Según diversas fuentes del Organismo Legislativo, por el momento la iniciativa de ley no se encuentra en la agenda de los próximos días, pero no se descarta que pueda incluirse próximamente mientras no esté archivada.

Lo representantes también exigían un documento en el que se hiciera constar expresamente que la ley será engavetada.

Compromiso

Tras haber recibido el documento, Rosales dijo que se haría público para que lo conocieran todos los guatemaltecos. 

“Esta es la única forma en que lo vamos a hacer valer”, agregó.

“Si todos nos enteramos de lo que hoy está sucediendo en el Congreso de la República, porque la parte final (del documento) es clara (…) es entendido que no la van a promover más y existe un compromiso de los señores que forman parte de la Junta Directiva”, expresó.

La polémica ley

De acuerdo con diputados opositores, la ley confunde en cuanto al uso de la fuerza por parte de diversas entidades de seguridad, como la Policía Nacional Civil y el Ejército, además de la guardia presidencial.

De igual forma, la normativa hace “legítimo” el derecho de defensa de las fuerzas de seguridad durante protestas y manifestaciones, como ha señalado el legislador Bernardo Arévalo, de la agrupación Semilla, nacida de las manifestaciones contra la corrupción en 2015.

A la polémica normativa le falta aún una aprobación final por parte del Congreso, compuesto por 160 legisladores (la gran mayoría perteneciente al oficialismo) para convertirse en ley, siempre y cuando el presidente del país, Alejandro Giammattei, no la vete.

La iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala fue engavetada por decisión de la junta directiva del Congreso de la República, según lo confirmó este martes 23 de agosto el diputado Marvin Estuardo Alvarado, quinto secretario de dicha junta.

Explicó que para este martes la junta directiva se había comprometido con Los 48 cantones de Totonicapán para informarles qué ocurriría con la iniciativa 6076, puesto que esa organización comunitaria había exigido que dicha iniciativa no se conociera más.

Los 48 cantones consideraban que esta iniciativa violaba derechos constitucionales, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros y por eso no debía ser aprobada, o de lo contrario a población tomaría medidas correspondientes.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades.

Los líderes comunitarios estuvieron en el palco diplomático del Congreso y tuvieron que esperar hasta la madrugada del jueves 17 para ser escuchados por la junta directiva del Congreso, que les ofreció que este martes 23 les informarían de qué ocurría con dicha iniciativa.

El diputado Alvarado, informó este 23 de agosto que de 8.00 a 10.00 horas tuvieron reunión de junta directiva y que por un consenso absoluto y mayoritario decidieron que la iniciativa 6076 quedara fuera del conocimiento y que por eso se había engavetado para que no se vuelva a conocer.

Señaló que luego de la decisión que tomaron como directiva del Congreso, esta fue enviada a la instancia de Jefes de Bloques y ellos dieron el aval total para que esta iniciativa sea archivada.

Carlos López Maldonado, primer vicepresidente de la junta directiva del Congreso, comentó que la semana pasada esa iniciativa de ley generó discusión y mucho debate en el pleno, por lo cual se consideró que lo mejor era no incluirla en la agenda y “básicamente, pues que se quede ahí en el proceso, ya no avanzar y con eso atendiendo la petición de los 48 cantones… No, ya no se tiene previsto enviarla a la Corte de Constitucionalidad para que evalúe la inconstitucionalidad”, comentó.

Afirmó que la decisión fue tomada en conjunto entre junta directiva y la instancia de Jefes de Bloques, pues era lo más sensato para no crear conflictividad social.

Añadió que la mayoría de jefes de bloques coincidieron en que lo mejor era no agendar la iniciativa en las en las sesiones de esta semana.

El @CongresoGuate da marcha atrás y engaveta la controversial iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y ha recibido críticas de expertos y sectores por facilitar la represión de protestas ciudadanas.

¿Está de acuerdo con la decisión?

@CongresoGuate pic.twitter.com/g1xGdNX5aE

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 23, 2022

Integrantes de la junta directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, tuvieron que esperar hasta la madrugada de este jueves 18 de agosto para ser recibidos por una comitiva de la directiva del Congreso de la República para conocer qué ocurriría con la iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades.

Los líderes comunitarios de los 48 cantones habían manifestado su rechazo a esa iniciativa de ley porque consideran que viola preceptos constitucionales, donde se consagran derechos fundamentales de los guatemaltecos, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros.

La organización había emitido un comunicado ese mismo día en el que exigía que la iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, no fuera enviada a la CC y que en la sesión plenaria de ese miércoles los diputados votaran para que esta se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas.

Los líderes de 48 cantones llegaron al Congreso a eso de las 13 horas de miércoles, para participar en la plenaria, pero trabajadores del Congreso les impidieron el ingreso al palco de visitas. Les argumentaron que para permitirles el acceso, la Presidencia del Legislativo tenía que enviar una carta.

Luego de la negativa para entrar al palco de visitas, las autoridades indígenas ingresaron al palco de prensa, pero minutos después, personal del Congreso los trasladó al palco de diplomáticos, donde hablaron con la presidenta Shirley Rivera.

Allí, Rivera les dijo que el “análisis jurídico” que les prometió sobre la 6076 es la solicitud de opinión a la CC, pero la agrupación exige que esta se desconozca definitivamente.

La sesión del Congreso fue suspendida, porque no se aprobó el orden del día, pero Miguel Gutiérrez, vicepresidente de los 48 Cantones, advirtió de que permanecerían allí hasta que la junta directiva los atendiera y les informara sobre el estado de la iniciativa de ley 6076.

Los reciben pasada la media noche

Los dirigentes de los 48 cantones se quedaron dentro del Congreso y no fue hasta las 0.15  horas de este jueves que fueron atendidos por una comitiva de la junta directiva de ese organismo.

En una trasmisión en Facebook, los líderes comunitarios informaron que a esa hora llegaron representantes del Congreso para platicar con ellos e informarles la situación de dicha iniciativa de ley.

Les informarán el martes

El presidente de los 48 cantones, Giovanni Rosales Tzoc, explicó que la comitiva les indicó que el próximo martes les tendrán una respuesta sobre la solicitud de anulación de la iniciativa que pretende regular el uso de la fuerza pública y por eso abandonaron el Congreso para retornar a Totonicapán.

“Como pueblo y como representantes del mismo estamos vigilantes. La postura nuestra sigue siendo la misma… porque la lucha continúa”, dijo Rosales en la transmisión.

“Nosotros seguimos pidiendo y exigiendo a los señores diputados y a la junta directiva del Congreso de la República de Guatemala la anulación completa de esta iniciativa 6076, que atenta directamente contra la vida de los guatemaltecos que hacemos uso de este recurso constitucional como lo es la manifestación”, expresó Rosales.

“Aquí está el poder del pueblo de Totonicapán, porque la lucha, señores, está basada en las consignas claras que nos enseñaron los abuelos; velar por el bien común y hoy queremos hacer valer nuestra voz, a través de esta petición para que se le dé de baja a esta iniciativa 6076 que trata d combatir directamente a los manifestantes, utilizando la fuerza del Estado para poder reprimir las manifestaciones”, señaló.

Trabajadores del Congreso impidieron este miércoles 17 de agosto el paso al palco de visitas a los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, que exigen que se archive la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública.

Los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán no pudieron ingresar al palco de visitas del Congreso de la República, desde donde tenía previsto observar la discusión sobre el futuro de la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y que hace unos días esa organización pidió a la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, que fuera archivada.

De acuerdo con los líderes indígenas, los trabajadores del Congreso que les impidieron el acceso les informaron que para poder pasar debían enviar una nota a la Presidencia del Congreso.

Luego de la negativa para entrar al palco de visitas, las autoridades indígenas ingresaron al palco de prensa, pero minutos después, personal del Congreso los trasladó al palco de diplomáticos, donde hablaron con la presidenta Shirley Rivera.

Rivera les dijo que el “análisis jurídico” que les prometió sobre la 6076 es la solicitud de opinión a la CC.

La junta directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán publicó este miércoles un comunicado en el que exige que la iniciativa 6076, que daría vida a la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, no sea enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que imita opinión respecto a posibles inconstitucionalidades y que en la sesión plenaria el Congreso de la República los diputados voten para que se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas.

Añaden que el 11 de agosto pasado la junta directiva del 48 Cantones y las Cinco Juntas, en representación del pueblo de Totonicapán, presentaron un oficio a Rivera, en el que manifestaron su “repudio y rechazo total” a la iniciativa de ley 6076, ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.

Además, refieren que la presidenta del Congreso “asumió la responsabilidad por medio de un documento, escrito firmado y sellado por su persona” y se comprometió en no agendar más la iniciativa 6076 desde la instancia de Jefes de Bloques. 

[plr_terecomendamos link_format=”2″ post_id=”12798523″ /]

Así fue como el personal del @CongresoGuate le negó la entrada al palco de visitas a los @48CantonesToto.

Las autoridades indígenas exigen que los diputados archiven la iniciativa 6076 y no le pidan opinión jurídica a la @CC_Guatemala sobre su viabilidad.

Escuchen: pic.twitter.com/f37i05dRrZ

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 17, 2022

Varias agrupaciones, conglomerados indígenas y estudiantiles anunciaron que protestarán pacíficamente este jueves 29 de julio en diversas partes del país contra el gobierno de Alejandro Giammattei y contra la decisión de la fiscal general, Consuelo Porras, de destituir a Juan Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial contra la Corrupción.

En un comunicado, los 48 Cantones de Totonicapán convocaron este martes a manifestarse pacíficamente “en conjunto con todos los pueblos, organizaciones y demás entes que quieran sumarse, ante la coyuntura actual y la no accesibilidad del Gobierno ante el clamor del pueblo”.

La junta directiva de los alcaldes comunales exigen en la misiva la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei “como responsable de la situación actual del país” en todo sentido, principalmente “la alta corrupción a nivel de gobierno”.

También exigen la destitución de la fiscal General, María Consuelo Porras, “por las acciones realizadas y su parcialidad en en los procesos de impacto en contra de la corrupción”.

El pasado 24 de julio, durante una asamblea en la que estuvieron representantes de los pueblos maya, garífuna y xinca, así como de la sociedad civil y estudiantes, los dirigentes de los 48 Cantones ya habían advertido de acciones si Porras no presentaba su renuncia.

Este lunes, el Parlamento Xinca también anunció que efectuarán protestas el próximo jueves en repudio al despido del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval y en contra de la justicia “tomada” por un “Estado represor”.

El Parlamento Xinca, que representa a dicha etnia en el sureste del país, exigió las renuncias tanto del presidente Giammattei, como de la fiscal general Porras, por haber urdido la “toma” de las instituciones y anular la independencia de poderes, aseguraron.

“El próximo jueves 29 de julio vamos a cerrar el país, vamos a hacer un paro nacional en cada comunidad, en cada territorio en distintos puntos estratégicos porque como pueblo de Guatemala estamos indignados y ya no queremos seguir viviendo en un Estado represor”, indicaron en un comunicado.

En tanto, la Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché informó en redes sociales que se unirán a las protestas pacíficas de este jueves, “contra el estado fallido, exigiendo la renuncia de Giammattei y la fiscal General.

La Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, también informó el lunes que se sumaban a la protesta y que se declaraban en asamblea permanente “para acuerpas las demandas colectivas”.

AEU se suma

La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda informó en sus redes sociales que también se unirán a las manifestaciones.

Comunicaron que este martes sostuvieron una reunión con la junta directiva de los 48 Cantones para determinar las acciones a tomar.

En un acto celebrado este lunes 12 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura, los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán reiteraron su apoyo al derecho a manifestarse en el país.

En el encuentro se dio la entrega de la silla de Atanasio Tzul, líder indígena del pueblo k’iche’ y figura principal del levantamiento de 1820. En la sesión también estuvo presente el mandatario Alejandro Giammattei y funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes.

Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, advirtió de que si se imponen medidas de restricción por medio de un estado de Prevención o se prohíbe manifestar convocarán a protestas. Agregó que la manifestación es el único medio en donde las peticiones del pueblo pueden ser escuchadas.

“No se vayan a enojar cuando manifestemos, porque hay una creencia en este país de que el Estado y el Gobierno aún puede resolver el problema, pero recuerden mis palabras: el día que no haya manifestaciones, ese día el Gobierno habrá dejado de ser funcional para la gente”, dijo Toc en su intervención.

Advirtió de que, si la situación no mejora, saldrán a manifestar, “independientemente de si hay estado de Prevención o no” y que no aceptarán condicionamientos ni presiones del Gobierno.

“Para mí es difícil venir hoy, porque se pueden especular muchas cosas, pero es mi deber moral y mi responsabilidad. Nos llevamos la silla, pero no solo queremos la silla, sino desarrollo para todos”, agregó, al aclarar que su presencia allí no respondía a cuestiones políticas.

Indicó que la silla, para Atanasio Tzul, representaba el lugar para pensar y reflexionar. “Hoy, después de 201 años, los 48 Cantones seguimos más fuertes y convencidos de que este país merece una oportunidad”, expresó.

Venimos a traer la silla porque le pertenece al pueblo de Totonicapán, y más que una silla, era el trono donde él se sentaba para tomar decisiones, entonces cuando se quita el trono, también se pierde la fuerza y el poder”, agregó.

Toc dijo que están molestos porque como autoridades les han solicitado el apoyo para hacer llamado a la población a que se vacunen contra el covid-19; sin embargo, han referido que el Ministerio de Salud no les ha garantizado que cuenta con las vacunas suficientes para sus comunidades si ellos hacen la convocatoria.

En tanto, Giammattei, que anunció recientemente que impondrá el estado de Prevención, dijo que hay que tener objetivos comunes para avanzar hacia el desarrollo.

“Hablo, no solo de la industria y comercio, sino de la niñez. Los niños, por décadas, han crecido sin alimentación, pero ahora se les está llevando alimento a los niños de más de seis meses, para así tener una generación donde no haya desnutrición”, resaltó.

“Ustedes, nosotros, todos, nos sentimos orgullosos. La silla (de Atanasio Tzul) no representa más que un símbolo, pero es un símbolo de un gobernante y sobre el cual debemos construir la Guatemala diferente. La silla ha estado en poder del Estado, pero le corresponde tenerla a ustedes y se la damos para que nos recuerden que estos símbolos nos van a ayudar a alcanzar la paz y los cambios que se necesitan”, dijo Giammattei.

Las cinco juntas directivas que integran los 48 cantones de Totonicapán confirmaron este lunes una manifestación pacífica para el miércoles 9 de diciembre.

La movilización es “en contra de los actos y resoluciones del Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo que atropellan al pueblo de Guatemala”, por lo que líderes comunitarios y pobladores de Totonicapán están llamados a manifestarse, según un comunicado de los 48 cantones.

Están llamados a unirse al movimiento, previsto para las 6 d la mañana y en el que habrá bloqueos de rutas, todos los vecinos y comerciantes del pueblo. En esta oportunidad y a causa de la pandemia de coronavirus la participación será voluntaria.

“A todo el pueblo de Totonicapán del área urbana y rural se solicita

su apoyo y respaldo a esta lucha en el sentido de no abrir sus

negocios de toda clase durante ese día de la manifestación”, señala el comunicado.

Además, refiere que todos los participantes deben cumplir con las normas de bioseguridad como el uso de mascarilla, aplicación de alcohol en gel y guardar el distanciamiento social.

Se informó que todos los participantes deben portar sus documentos de identificación y si se pertenece a alguna organización se debe portar la respectiva credencial.

La movilización y bloqueo de carreteras está programada para las 6 de la mañana en las siguientes ubicaciones:

• Salida a Panquix
• Centro de Totonicapán
• Chuipatán (entre el límite de Chipuac y La Nueva)
• La Pistola
• Cuatro Caminos

En los últimos días, varios sectores han mostrado su inconformidad con el Gobierno y los diputados, tras la aprobación de un presupuesto para el 2021 de Q99 mil 700 millones, mismo que fue archivado por el Legislativo.