La exvicepresidenta se negó a firmar los resultados del estudio socioeconómico que le presentó una trabajadora social que la visitó mientras daba inicio el juicio de Agua Mágica.
Una organización criminal operó dentro de instituciones estatales claves, así como en empresas creadas con el objetivo de obtener de forma ilícita la concesión del proyecto de limpieza y saneamiento del lago de Amatitlán, y de esta manera agenciarse de un beneficio económico del contrato valorado en Q137 millones.
Michelle Martínez autorizó la tranferencia del techo presupuestario de más de Q2 millones para AMSA, sin saber que era para el Proyecto del agua "mágica" que ahora tiene a más de una decena de personas en prisión.
Durante el debate del caso Lago de Amatitlán, Brenda Tello, perito propuesto por el Ministerio Público (MP), aseguró al Tribunal de Mayor Riesgo C que la sustancia que se pretendía verter era “una base fuerte o corrosiva”.
La testigo continuó su relato indicando que incluso era tal el interés y las presiones para agilizar la búsqueda de presupuesto para pagar el agua mágica que hasta recibió una llamada del expresidente.