Jose Rubén Zamora, periodista guatemalteco y presidente de “El Periódico”, ya cumplió más de tres meses detenido por un supuesto caso de lavado de activos, que a criterio de entidades sociales obedece a un montaje jurídico por dirigir uno de los medios más críticos hacía la administración del presidente Alejandro Giammattei.

El respaldo hacía Zamora no es exclusivo de periodistas y gremiales guatemaltecos, su caso es una muestra sobre cómo algunos gobiernos tratan de censurar la libertad de expresión mediante ataques sistemáticos a la prensa independiente. A esa conclusión llega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el caso del periodista. 

La SIP decidió nombrar como uno de sus directivos para los próximos tres años a Jose Rubén Zamora, según informó Jorge Canahuati, presidente saliente de la SIP.

La decisión se tomó durante la 78 Asamblea General de la SIP, en donde también se condenaron las acciones del Gobierno de Guatemala contra la prensa independiente.

Zamora fue detenido el 29 de julio pasado en su residencia acusado de lavado de dinero por el Ministerio Público, cuya jefa y fiscal general del país, Consuelo Porras, fue sancionada en 2021 por Estados Unidos debido a “obstruir” la Justicia en Guatemala.

El patrón que la SIP ha identificado son ataques jurídicos con el apoyo del Ministerio Público (MP), y señalamientos mediáticos para generar desprestigio contra la prensa en las redes sociales usando a los “netcenters”.

“Este es el cuerpo principal que aprueba todas las políticas, cambios de estatutos y resoluciones más importantes que hay para la SIP. Ser miembro de la Junta de Directores no es solo una gran responsabilidad sino que es un gran reconocimiento”, señaló Canahuati.

Crisis regional

Los ataques sistemáticos contra la prensa, posiblemente impulsados desde las altas esferas gubernamentales parecen ser un fenómeno regional, que podría ir caminando poniendo en riesgo la libertad de expresión.

Durante la recién concluida asamblea anual de la SIP se nombraron a siete autoridades incluido presidente, vicepresidentes, secretario y representantes de comités.

Asimismo un grupo de 20 directores, dos ellos actualmente detenidos por acciones jurídicas y políticas que buscan ir limitando la libertad de expresión y crear un ambiente de censura, opinan autoridades de la SIP.

Se trata de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, de “La Prensa”, Managua, Nicaragua, periodista encarcelado durante el régimen de Daniel Ortega.

El segundo caso es el de José Rubén Zamora, de “El Periódico”, periodista detenido durante la administración de Alejandro Giammattei, a raíz de una investigación del Ministerio Público que lidera María Consuelo Porras.

La Fiscal General fue reelecta por decisión de Giammattei, y sobre ella pesan señalamientos de favoritismos en las investigaciones y de una supuesta amistad con el mandatario, según organizaciones sociales de Guatemala.

“Para el caso de Jose Rubén Zamora creo que es un respaldo a sus colegas, a todo este proceso legal que está sufriendo con perspectiva de inhibir la libertad de expresión en ese querido país de Guatemala”, agregó Canahuati.

A demás de ese respaldo, en una resolución de la SIP se pide la liberación de Zamora para enfrentar los señalamientos en su contra en condiciones que no vulneren sus derechos humanos.

El presidente saliente de la SIP concluyó una comunicación enviando un mensaje a Zamora y a las autoridades del país. “No está solo, primero; y segundo, a las autoridades exigimos que haya un proceso según la ley y que cualquier elemento de tratar de coartar la libertad de expresión sea apartado”.

Nuevas autoridades de la SIP

Junto a los 20 directores, entre los que se encuentra incluido el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, también hubo renovación en la presidencia de la sociedad de periodistas y otros cargos detallados a continuación.

• Presidente: Michael Greenspon, The New York Times, New York, NY.
• Primer vicepresidente: Roberto Rock, La Silla Rota, Ciudad de México, México.
• Segundo vicepresidente: José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador.
• Secretaria: María Eugenia Mohme,Grupo La República, Lima, Perú.
• Tesorero: Juan Pablo Illanes,El Mercurio, Santiago, Chile.
• Presidente del Comité Ejecutivo: Gabriela Vivanco,La Hora, Quito, Ecuador.
• Presidente Comisión de Nominaciones: Jorge Canahuati,Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras.

El nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon (The New York Times) se ha comprometido a que la organización “siga siendo un faro contra la oscuridad del autoritarismo” y a luchar por la sostenibilidad de los medios, con un pago justo de las plataformas.

En su primer discurso como presidente, en la clausura de la asamblea que la SIP ha celebrado en Madrid entre el 27 y el 30 de octubre, el ejecutivo estadounidense ha reafirmado la promesa que le hizo el pasado viernes a la hija de Juan Lorenzo Holmann Chamorro: no olvidar que su padre, como otros periodistas nicaragüenses, sigue encarcelado.

“Nuestra misión permanece esencial como lo fue cuando nos fundamos hace 80 años”, ha remarcado el director global de Licencia e Innovación impresa del New York Times, que ha tomado el relevo de Jorge Canahuati, (Grupo OPSA, Honduras).

Una misión fundamental ante el “renacimiento del autoritarismo” y la profusión de líderes “que prefieren dar la espalda a la libertad de sus ciudadanos y usar los medios como chivos expiatorios”.

*Con información de EFE

El destino de la persecución penal para los próximos cuatro años será definido este lunes 16 de mayo, fecha en la que se espera que el presidente Alejandro Giammattei comunique a quién eligió como nuevo fiscal general.

Pese a que la Comisión de Postulación entregó varias semanas atrás la lista de candidatos, el mandatario consideró prudente dos rondas de entrevistas con los profesionales y meditar su decisión.

Expertos aseguran que la importancia del fiscal general equipara a la de Presidente de la República, ya que es quien debe de definir una persecución penal objetiva, sin sesgos y cuyo único fin sea la justicia.

Dejar este puesto en manos equivocadas podría traer como consecuencias la criminalización, sesgos y hasta confrontación social por aquellos que puedan considerar que las investigaciones responden a líneas ideológicas, según analistas.

María Consuelo Porras, actual fiscal general, termina su período constitucional de cuatro años este martes 17 de mayo. Ella busca su reelección para continuar al frente del MP.

La profesional fue incluida en la lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que a criterio de esa dependencia norteamericana, Consuelo Porras es un actor a favor de los grupos pro corrupción.

Pese a que recibió una buena calificación por la Comisión de Postulación, no fue incluida en la lista de los mejores candidatos, sino hasta que hubo una orden de la Corte de Constitucionalidad que la Comisión la incluyó en la nómina.

De momento, el mandatario esperó hasta el último minuto para compartir su decisión, misma que desde ya está generando incertidumbre en varios sectores de la sociedad guatemalteca.

Buscará tranquilidad

Aunque la Comisión de Postulación desarrolló una evaluación técnica de los candidatos, la última parte se juega en el campo político y depende exclusivamente del presidente.

Pero Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), tiene claro que el mandatario se va a inclinar por el candidato con el que considere se podrá trabajar en armonía.

“El presidente como humano que es se va a inclinar por aquella persona que le represente tranquilidad, aquella persona con la que se tenga intuición que se podrá trabajar de manera afín. Por eso el trabajo de la Comisión de Postulación es vital, ya que se debe de seleccionar personas con un alto perfil técnico”, señaló.

Persecución ideológica

Restaurar un tejido social fragmentando por la división que ha generado el MP podría ser posible si el presidente toma la decisión correcta, eso según la percepción de Ricardo Méndez Ruiz, director de Fundación Contra el Terrorismo.

“Lo que esperamos es que el presidente analice que es lo que más le conviene al país. La luz de la historia de 12 años para acá muestran de forma clara que se necesita, hemos visto una gran diferencia entre la gestión de Consuelo Porras con la gestión de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Estas últimas  vendieron el MP a intereses ajenos a la administración de justicia”, señaló.

Méndez Ruiz añadió que el mal manejo que tuvo el MP generó una división social que la fecha se mantiene, ya que hubo una serie de ataques jurídicos por razones ideológicas.

“Hubo una persecución penal selectiva que trajo consecuencias graves al país, una de ellas es una confrontación ideológica y una politización de la justicia terrible. Vemos con Consuelo Porras un MP independiente y que no se inclina por ninguna corriente, tampoco protege ni defiende al Gobierno”, precisó.

Sin esperanzas

Sectores de la sociedad civil temen lo peor al momento que el presidente anuncie quien será el próximo fiscal general.

Eleonora Muralles,  directiva de la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), explicó que la nula elección de Cortes y la elección de rector, pueden ser una muestra de lo que se espera.

“No esperamos nada bueno. Hubo una serie de situaciones dentro de la Comisión de Postulación que entorpeció el proceso, no cabe duda que hubo ataques contra comisionados, cambios en decanaturas; para cerrar con broche de oro la CC obligó a incluir a la señora Consuelo Porras”, indicó.

La misma lectura sostiene Álvaro Montenegro, integrante de Alianza por las Reformas, quien considera que por los últimos pronunciamientos oficiales pareciera que el presidente estaría confirmando la continuidad de Consuelo Porras.

“Son preocupantes las últimas declaraciones del presidente, prácticamente se burla de la comunidad internacional y de las acciones de Estados Unidos, hasta parece que finalmente se va a inclinar por la continuidad de la actual Fiscal General, María Consuelo Porras”, comentó.

Este lunes 16 de mayo la fiscal general, Consuelo Porras, estará presentando su cuarto informe de labores en una actividad prevista que comience a las 11 de la mañana en un hotel de la zona 10.

El Gobierno buscará alternativas después de que el Pleno del Congreso decidió no respaldar el decreto gubernativo 6-2021, un estado de Calamidad que a criterio de varios diputados no tiene ningún efecto en la reducción de contagios del covid-19.

Tras la sesión plenaria del viernes donde el oficialismo fracasó en su última oportunidad por aprobar la medida de Excepción, el Ejecutivo informó que según sus criterios legales las disposiciones se pueden seguir aplicando, incluido un toque de queda que comienza a las 10 de la noche.

Ese anunció despertó reacciones en contra, afirmando que cualquiera de las restricciones de llegar a ser aplicadas sin existir un estado de Calamidad podrían ser consideradas ilegales y hasta inconstitucionales, según varias fuentes.

Pero en la reunión de Gabinete de este medio día, según una fuente del Ejecutivo, el mandatario y sus ministros analizarán medidas a tomar por la no ratificar del acuerdo gubernativo, donde se presume que hasta se podría presentar un nuevo estado de Calamidad.

Accionan ante la CC

Una de las bancadas que se opone al análisis jurídico de la Presidencia en torno a la no ratificación del acuerdo gubernativo 6-2021 es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El bloque parlamentario presentó esta mañana una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y los congresistas afirman que continuar con esas medidas sería ilegal.

“Deben de ser restablecidos los derechos de manera urgente por la CC. Esto lo hacemos porque hemos escuchado de parte de varios funcionarios del Estado que dicho estado de Calamidad sigue vigente, a pesar que el Congreso de la República no lo aprobó. Les advertimos a todos los funcionarios, de cualquier dependencia del Estado, que cualquier acción financiera, económica, amparada bajo ese estado de Calamidad es de carácter ilegal”, explicó el diputado Orlando Blanco.

Acerca del toque de queda, que según el Gobierno sigue vigente, el parlamentario añadió: “Sus derechos están restituidos, no pueden ser detenidos por expresar sus opiniones, no pueden ser detenidos por manifestarse, no pueden ser detenidos por movilizarse a cualquier hora”.

Mientras la periodista Andrea Domínguez realizaba una entrevista a uno de los manifestantes que estaban en la Plaza Central de manera pacífica se comenzó a escuchar detonaciones y bombas de gas lacrimógeno empezaron a caer en el centro de la plaza.

Familias manifestaban pacíficamente

Entre el Pasaje Aycinena y la Catedral Metropolitana en la zona 1 había un grupo de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes habían movilizado usando la fuerza hasta este punto a los manifestante del Congreso de la República, es acá donde continúan lanzando bombas de gas, pero que también dirigen al centro de la plaza.

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Esto provocó que incluso niños resultaran intoxicados por el gas arrojado en el centro de donde todo se realizaba pacíficamente y donde cabe resaltar que también se habían instalado bloqueadores de señal para evitar realizar alguna transmisión en vivo desde ese lugar.

Bran firmó un convenio con la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, para participar en la “coordinación” de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que resguardan el municipio.

El jefe edil dijo que por medio de esa modalidad podría pasarse el polígrafo de los agentes y determinar si están relacionados con el crimen organizado. “De esa manera pediríamos el cambio de los elementos para que se resuelva lo que los vecinos piden”, expresó Bran.

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Agregó: “Todos los días recibo cientos de mensajes sobre que asaltan en La Comunidad, pero solo tenemos 350 policías, pero la mitad está de turno y la otra de descansando, eso me hace imposible poder lograr esa demanda del vecino en seguridad, hemos pedido a poyo de la PNC, pero no lo tenemos como quisiéremos”.

Bran agregó que también invitó al candidato Alejandro Giammatei, pero este no aceptó y “se burló de él”. “Con este acuerdo no quiere decir que vamos a mandar, si no coordinar, ya que esto puede significar una baja en la estadística de violencia”, dijo Bran.

En tanto, Torres afirmó que el acuerdo es posible, según la Ley de Descentralización y está dispuesta a asumir el compromiso para que se haga esa coordinación.

“El articulo 7 y 8 de esa ley permite descentralizar hasta ocho temas y no solo de seguridad, hay otros temas que se pueden tratar con esa ley”, precisó.

“La gente está siendo violentada en varios lugares de Mixco y la gente está preocupada”, señaló la presidenciable.

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Torres indicó que también se modificaría en el Congreso la ley de la PNC para hacer posible este acuerdo y mencionó que con Bran se discutió la posibilidad de volver a utilizar las fuerzas combinadas con el Ejército.

En La Terminal

Por otro lado, Giammattei visitó hoy, 11 de julio, el mercado La Terminal, en la zona 4 capitalina, donde ofreció la construcción de parqueos, una escuela y brindar mayor seguridad en el lugar.

Los ofrecimientos los hizo durante un mitin en las instalaciones del mercado, en el que aprovechó para reunirse con la junta directiva del mismo.

“Nosotros venimos a contarles lo que vamos a hacer como próximo presidente del país, no venimos a prometer sino a contar lo que vamos a hacer porque vamos a ganar las elecciones y transformar la productividad del país que tanto anhelamos y esta gente tanto espera, gente trabajadora que se levanta todas las madrugadas, que trabaja todo el día sin descanso, no están esperando bolsas, ellos construyen oportunidades”, indicó el candidato mientras recorría el mercado.

Con quema de cohetillos y bombas pirotécnicas le dieron la bienvenida en la Terminal, donde decenas de simpatizantes lo esperaban mientras ondeaban banderas de la agrupación política.

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Giammattei también visitó varios puestos del mercado en los que fue saludado por familias enteras que viven del comercio.

Los inquilinos advirtieron que si al ganar la Presidencia y no cumple se movilizarían frente al Palacio Nacional para protestar.

Durante la gira, Alejandro Giammattei, candidato presidencial del Partido VAMOS, visitó vía terrestre Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho y San Pedro Sacatepéquez. Su discurso se basó en la falta de empleo, seguridad, vivienda y mal estado de las carreteras.

Giammattei fue acompañado por los candidatos a las alcaldías de los municipios del departamento de Guatemala y candidatos a diputados del distrito central.

Para los mítines, los asistentes recibieron alimentos como platillos de carne asada. También hubo actividades lúdicas para los niños.