El oficialismo en el Congreso de la República reformó la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y ahora los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) podrán ejecutar en año electoral los fondos no utilizados durante este año y obviarán la grabación digital de proyectos en áreas rurales.

Con 98 votos a favor, los diputados aprobaron este miércoles 1 de junio las reformas a la Ley de Presupuesto propuestas por los oficialistas Shirley Rivera, presidenta del Congreso, y Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas, respaldados por varios integrantes de las bancadas aliadas.

Con las modificaciones, ahora los Cocode podrán ejecutar en 2023 los fondos no usados este año y podrán obviar la grabación digital de proyectos en algunas áreas rurales.

Los parlamentarios reformaron dos artículos de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (decreto 16-2021), y de esa cuenta eliminaron el último párrafo del artículo 41, “Saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo”, y modificó el proceso de fiscalización de la obra en los departamentos contemplado en el artículo 82 de la misma normativa.

“Lo que quiere hacer el Congreso es que este año los saldos de caja no regresen al fondo común. Queremos que se queden en los Consejos de Desarrollo”, explicó Leal previo a la aprobación de las reformas.

Agregó que el objetivo era que el próximo año los Codede reciban completo el techo presupuestario para ejecutar obra nueva y negó que la medida sea populista, en el marco de una precampaña electoral y que con ello se pretenda obtener el apoyo de los alcaldes.

El diputado Samuel Pérez, del bloque Semilla y quien no votó a favor del dictamen, dijo que esa acción está vinculada con la aprobación de los Q3.2 mil millones de ampliación presupuestaria que recibió este año el Ministerio de Comunicaciones, que son para campaña política a favor del oficialismo.

Los diputados también aprobaron una enmienda para incluir proyectos de infraestructura en la Gran Cruzada por la Nutrición, que tiene una asignación de Q290 millones, por lo que diputados de oposición cuestionaron que esos fondos sean ejecutados por los Codede.

Reformas

Artículo 1. Se deroga el último párrafo del artículo 41 del Decreto número 16-2021 del Congreso de la República, ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós.

Artículo 2. Se adiciona último párrafo al artículo 82 del Decreto número 16-2021 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, el cual queda así:

“Se exceptúa de la implementación de grabación digital aquellos proyectos que, por tener ubicación en el área rural, carezca de servicios adecuados para su implementación y funcionamiento, el archivo de tales proyectos podrá estar compuesto de fotografías que muestren el avance progresivo de los mismos”.

Artículo 41. Saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo. Los Consejos Departamentales de Desarrollo que dispongan de recursos trasladados como aporte del Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores en cuentas monetarias, deberán reintegrar de oficio dichos saldos durante el mes de enero del ejercicio fiscal vigente a la cuenta monetaria GT24BAGU01010000000001100015 “Gobierno de la República, Fondo ComúnCuenta Única Nacional”, a través de transferencia bancaria vía Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

Deberá informar de lo actuado a la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Tesorería Nacional para los efectos correspondientes.

Cuando dispongan de saldos en cuenta corriente constituida en la Cuenta Única del Tesoro -CUT- de recursos trasladados como aporte del Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores, deberán enviar un informe indicando los contratos pendientes de pago a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal vigente a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, quien realizará un informe tomando en cuenta que los contratos con más de cinco (5) años que no cuenten con movimiento y los saldos que no constituyan obligaciones de pago en la cuenta corriente, sean trasladados al fondo común.

Con base en el informe se faculta a la Dirección Financiera para solicitar a la Dirección de Contabilidad del Estado, para que realice el débito de la cuenta corriente del Consejo correspondiente.

Aquellos proyectos que los Consejos Departamentales de Desarrollo tengan saldos en la Cuenta Única del Tesoro y no hayan sido desembolsados los pagos correspondientes a las Unidades Ejecutoras, previo a que el Ministerio de Finanzas Públicas realice desembolsos a los mismos, deberá utilizar dichos saldos.

Con información de Enrique García

Se presentó el quinto informe de observación de medios el resumen ejecutivo abarca del 1 al 15 de abril de 2019 que incluye a los candidatos con mayor cobertura, tanto en menciones como en notas exclusivas dedicadas a ellos, el informe resalta a Thelma Aldana y Sandra Torres. en ambos casos, la cobertura ha sido predominantemente neutra. el tema general que domina la agenda electoral es la judicialización, con notas que abordan la presentación de una solicitud de amparo de semilla ante la corte de constitucionalidad en contra de la decisión del tribunal supremo electoral y de la corte suprema de justicia de denegar la inscripción de Thelma Aldana.

El otro tema judicial tiene como protagonista a Sandra Torres, candidata de la unidad nacional de la esperanza,  quien solicitó medidas de protección en contra de los fiscales de la FECI.  En lo referente a la segunda, la 5to informe de observación de medios doses periodo del 01 al 15 de abril de 2019 2 fiscalía especial contra la impunidad presentó una apelación en la corte de constitucionalidad contra la decisión de la corte suprema de justicia de rechazar la solicitud de antejuicio que presentó contra torres. torres, a su vez, denunció a los fiscales de la FECI ante un tribunal de turno, apelando a la ley contra el femicidio, y el juzgado decretó medidas de protección para la candidata. otros hechos relevantes fueron la visita de torres al secretario general de la organización de estados americanos, Luis Almagro, quien en su cuenta oficial de twitter le dio un espaldarazo a la candidata de la une y, a la vez, pidió que no hubiese intervención extranjera en el proceso electoral.

Vea un resumen de informe:

En conclusión, la cobertura del proceso electoral es predominantemente neutra. en términos de la información divulgada, no parece haber un sesgo sistemático en contra de candidato presidencial alguno. se reportaron 2 muertes violentas y una agresión física. el tema que domina la cobertura, junto con notas generales del proceso electoral, es la judicialización. la cobertura de los grupos socialmente marginados es baja, lo cual refleja un desinterés por parte de los candidatos de abordar los temas de interés para esos sectores y de los medios por promoverlos. Los infomerciales continúan teniendo presencia el consorcio albavisión.

El proceso electoral iniciará con la convocatoria a elecciones generales que se realizará el 13 o 20 de enero de 2019. Para esa fecha, habrá iniciado el último año de gobierno de Jimmy Morales y empezarán a surgir prohibiciones establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El artículo 223 establece en 17 incisos lo que no se puede hacer, limitaciones que alcanzan a funcionarios públicos. El literal “E” prohíbe usar los recursos y bienes del estado para propaganda electoral.

El “F” prohíbe a los funcionarios y empleados públicos dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, así como emplear su autoridad o influencia a favor o en perjuicio de determinado candidato y organización política.

Pero el inciso con una prohibición más específica es el “H”, este determina que los empleados, funcionarios públicos así como contratistas del Estado no pueden informar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones, tampoco pueden participar de cualquier forma en publicidad o propaganda de las actividades, gestión u obras realizadas.

Esto quiere decir, que a partir de la segunda semana de enero el presidente Morales, sus ministros, diputados, alcaldes y demás funcionarios no podrán aparecer públicamente para hacer entrega de obras, y estarán limitados a realizar su trabajo sin publicitarlo.

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También estará prohibido que usen colores y tipografía que identifique a una organización política en actividades, documentos, publicidad, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se identifique o de a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales.

Además no podrán denominar obras, proyectos o cualquier actividad pública con el nombre de un funcionario, mientras no haya transcurrido dos periodos de haber dejar el ejercicio del cargo.

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