Los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes estadounidenses escribieron este viernes a los presidentes de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras para que sus Gobiernos se aseguren de que el banco BCIE no contribuye a perpetuar la “dictadura” en Nicaragua.

“Dados los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Ortega-Murillo, urgimos a su país a hacer uso de su liderazgo como miembro fundador del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para garantizar que sus préstamos no perpetúan la consolidación de la dictadura en Nicaragua”, dijeron.

La misiva de los presidentes de los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara Baja, el demócrata Robert Menéndez y el republicano Michael McCaul, fue dirigida a los líderes de Honduras (Xiomara Castro), Guatemala (Alejandro Giammattei), Costa Rica (Rodrigo Chaves) y El Salvador (Nayib Bukele).

El texto les insta a “usar su voz” y a votar para que el BCIE aumente su transparencia y el escrutinio sobre los préstamos efectuados al Ejecutivo nicaragüense.

En los últimos años, según recuerdan, esa entidad ha aprobado unos US$3 mil 500 millones en financiación para iniciativas que iban a ser puestas en marcha bajo los auspicios del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.

Esos fondos llegan en un momento de “creciente condena global a las violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua, criticaron los dos legisladores.

La misiva les solicita ejercer un mayor control sobre los préstamos de ese banco al país hasta que Ortega y Murillo se comprometan a emprender negociaciones en favor de una gobernanza democrática, un respeto de los derechos humanos y una hoja de ruta que conduzca a unas elecciones libres y justas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.

Ortega fue reelegido en esos comicios para un quinto mandato, su cuarto consecutivo y el segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Los legisladores apuntaron que aunque la liberación a principios de febrero de 222 prisioneros políticos hizo pensar en una eventual apertura política, la decisión de expulsarlos del país con destino a Estados Unidos y de quitarles la nacionalidad acabó con esa esperanza.

La Universidad de San Carlos (Usac) se juega la obtención de un préstamo por US$120 millones de parte del Banco Centroamericano para la Integración Económica (BCIE) en el Congreso de la República, y el visto bueno de los legisladores lo deben conseguir antes de que arranque octubre.

Dicho préstamo, aprobado el año pasado según el Acuerdo 3-2019, está encaminado a financiar obras de infraestructura, tanto en edificación como en mantenimiento. Sin embargo, al momento de su planteamiento no existían algunas unidades académicas que ahora sí, y viceversa, por lo que el artículo 5 de tal documento, en el que se contempla la operatividad de los fondos, ha de ser derogado.

Y la potestad de hacerlo la tiene el Congreso.

De momento ya fue conocido en primer debate, faltan dos; pero de acuerdo con los plazos que maneja las casa de estudios, necesitan tal derogación, como muy tarde, el 30 de septiembre, con posibilidad de apelar ante el BCIE para presentarla antes del 20 de octubre.

En la agenda para las plenarias de esta semana aún queda por delante la interpelación al ministro de Desarrollo, y el rector de la Usac, Murphy Paiz, dice que el préstamos está “prácticamente perdido”.

Mantienen toma de la rectoría

Un grupo de alumnos de la Usac, quienes no se identifican con la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), mantiene tomadas las instalaciones de la rectoría de la casa de estudios desde el pasado 10 de septiembre. Ellos se oponen a la aprobación del préstamo, argumentando que sería endeudar innecesariamente al país, y que los fondos están “demasiado centralizados”, pues el 63% de ellos iría a la sede metropolitana.

“Es un nuevo concepto para sacar mayor productividad de la economía. El Gran Área Metropolitana (GAM) ya tiene pérdidas de competitividad. Tiene muy buenos hospitales, muy buenas escuelas, talento humano, un buen aeropuerto, pero la movilización urbana es imposible“, destacó el economista de nacionalidad hondureña.

En el pasado mes de octubre el BCIE aprobó a Costa Rica un crédito por 550 millones de dólares, el más grande de la historia de la entidad, que se invertirá en la construcción de un ambicioso tren eléctrico de pasajeros que conectará las principales ciudades del país.

La propuesta impulsada por el presidente, Carlos Alvarado, y la primera dama, Claudia Dobles, forma parte de los esfuerzos por avanzar hacia la descarbonización de la economía de un país reconocido mundialmente por su protección a la naturaleza, biodiversidad y sostenibilidad ambiental.

Mejorar los cuellos de botella en carretera, disminuir la congestión vial y la cantidad de vehículos por habitantes, es uno de los principales retos del país para continuar con su agenda verde.

Alta congestión vial

Datos del 2018 del Programa Estado de la Nación (académico) revelan que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con más vehículos por cada 1,000 habitantes (231 unidades), solamente superado por Argentina (315) y México (278).

Además, el uso del autobús (34%) y del vehículo privado (33%) son los principales medios para trasladarse al trabajo. Mientras que el sector transporte es responsable del 66% del consumo de hidrocarburos y el 54 % de las emisiones de carbono en el país.

El impacto económico asciende a un 3.8 % del Producto Interno Bruto cada año debido a los lentos desplazamientos para ir a laborar, así como la pérdida de productividad del talento humano que debe pasar horas en atascos viales, que también sacrifica parte de su calidad de vida y tiempo en familia.

En contraste, el tren eléctrico interurbano tendría una capacidad para 600 personas por tren, contaría con 84 kilómetros de longitud y uniría a las ciudades de San José, Cartago, Heredia y Alajuela, ubicadas en el área metropolitana y las más pobladas del país, mediante un servicio con frecuencias de 5 minutos, dispondrá de cerca de 42 estaciones y 10 nodos de conexión con rutas de autobús.

Con este panorama, según Mossi, el tren eléctrico resolverá problemas de conectividad, eliminará vehículos de las calles, y permitirá contar con un sistema más eficiente que facilitará la interacción con una variedad de medios de transporte como las bicicletas, los autobuses, carros, taxis y peatones.

“Es algo innegable para un país que ha avanzado tanto en la agenda ambiental y que ha acercado al mundo a este tema, que busque acercar a sus ciudadanos a sus trabajos de una manera eficiente, amigable con el ambiente y que se beneficien todos (…) No hay banco de desarrollo que no esté recomendando buenas inversiones de tan alto impacto para impulsar la actividad económica”, dijo el experto.

Oposición

El crédito del BCIE será el aporte estatal al proyecto, cuyo valor total se calcula en unos 1,550 millones de dólares, y que se planea desarrollar mediante una alianza público-privada.

El préstamo, que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, es duramente criticado por algunos sectores y diputados, quienes hablan de falta de estudios de factibilidad y dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto.

Además, sectores de oposición consideran que hay problemas más urgentes que atender como el déficit fiscal, la reactivación económica, el desempleo, la crisis sanitaria por el COVID-19 y el elevado endeudamiento.

El presidente ejecutivo del BCIE respondió que el debate interno es “bueno” y que lo respeta, y que Costa Rica debe tomar el “el tiempo que sea necesario” para que sea un proceso donde todo el mundo esté claro sobre lo que hay que hacer y lo que viene.

“Hay una crisis sistemática que se ha arrastrado por años y un sobreendedudamiento, pero en este caso, este proyecto -sobre otros que pueda tener Costa Rica- tiene muy bajo costo financiero y no va a agravar la situación de deuda, pero nuevamente Costa Rica selecciona. A mí me encantaría que Costa Rica cumpliera su meta y demostrara no solamente a Centroamérica, sino también al mundo que se pueden hacer las cosas y hacerlas bien”, expresó Mossi.

El financiamiento del BCIE contractualmente solo puede ser utilizado para el tren eléctrico de pasajeros. Es por un plazo de 25 años, con cinco años de gracia y no tiene comisión de compromiso, lo que significa que al Gobierno costarricense no se le acumularán cargos financieros adicionales durante la ejecución del proyecto.