El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lazó este lunes 12 de febrero la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), un mecanismo que tiene como objetivo fortalecer la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y que, de acuerdo con la autoridad electoral, llega en un momento “trascendental” debido a la crisis política que se vivió luego de las elecciones generales de 2023.

La CAME es un espacio regulado en la LEPP y que se instala luego de haber concluido el proceso electoral y se integra por los magistrados del TSE, un representante y suplente de cada partido político vigente, representantes de organizaciones sociales e instituciones académicas acreditadas ante el órgano electoral.

Blanca Alfaro, presidenta del TSE, destacó que a pesar los incidentes que se dieron durante el proceso electoral 2023 se puede decir “misión cumplida”, porque todos los funcionarios electos tomaron posesión en las fechas establecidas.

También agregó que, con base en lo acontecido en el proceso electoral 2023 es necesario que en la CAME se discuta sobre inclusión, voto en el extranjero y su fortalecimiento, distritos electorales, financiamiento a los partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones políticas y su fortalecimiento.

“Debemos evitar a toda costa que a una organización política se le trate como una organización criminal. Una organización política debemos cuidarla porque es de bien común y debemos volverla a elevarla a esos estándares constitucionales”, añadió Alfaro.

Afirmó que han recibido ocho propuestas de reformas a la LEEP y 42 organizaciones y 12 partidos políticos están inscritos. Además, dijo que luego todo queda en manos del Congreso de la República.

“No podríamos ir como país a un evento electoral con la judicialización que tuvimos en el 2023, y también necesitamos la modernización de elevar un Tribunal Supremo Electoral con una justicia especializada”, detalló Alfaro al hacer mención sobre el “mal uso” que se le da al amparo.

También señaló que “la democracia hoy en día está pasando por un momento muy difícil (…) la democracia evita dictadores y caudillos, las democracias están perdiendo su espíritu, están perdiendo la lucha. Estamos en un declive de descomposición de la democracia”.

“El proceso de la democracia es todos los días, no podemos quedarnos estáticos y por eso es en cumplimiento del artículo 256 bis de la LEPP” se lanza la CAME, dijo Alfaro.

Arévalo se pronuncia

Al lanzamiento de la CAME asistió el presidente Bernardo Arévalo, quien destacó tres puntos que, a su criterio, deben ser analizados en la CAME.

“Debemos llamar la atención sobre tres problemas que hemos identificado y a los que hay que empezar a darle solución en el marco de este mecanismo: la exclusión cuestionada de candidatos a cargos de elección popular, la judicialización innecesaria y mal intencionada de los asuntos electorales y partidarios y el cuestionamiento sin fundamento de los resultados electorales”, dijo Arévalo.

El mandatario detalló que hay posibilidades limitadas dentro del marco legal para “ajustarlo y prevenir que estas situaciones se repitan”.

“De nuestra responsabilidad, de nuestra disciplina, de nuestra tolerancia mutua y de nuestra intención real y consecuente de convivir en igualdad y libertad depende la viabilidad de la democracia”, refirió Arévalo.

Respecto al lanzamiento de la CAME, Arévalo comentó: “Estamos llevándolo a cabo a solo meses del intento mezquino de una minoría autoritaria de socavar las bases de nuestra constitución y a pocas semanas del triunfo popular de una gran mayoría que, para sorpresa de muchos, mostró un ferviente compromiso con la democracia, un pueblo valiente que le ha dicho al mundo con claridad que no vivirá bajo el autoritarismo”.

Experiencia

Se informó que en el 2019 se llevó a cabo el primer ejercicio en el que se presentaron 78 propuestas de reformas a la LEPP y se sistematizaron mil 41 planteamientos; sin embargo, por diferentes factores, entre ellos la pandemia, las reformas a la LEPP no se concretaron.

El TSE informó que en el 2019 la mayoría de las propuestas se enfocaron al fortalecimiento de la autoridad electoral, financiamiento político y régimen de medios, proceso electoral, sistema de organizaciones políticas y justicia electoral.

En esta segunda ocasión, desde finales de septiembre de 2023 se presentó el cronograma de trabajo a las organizaciones políticas, posteriormente se realizaron reuniones con representantes de diferentes sectores para explicar la metodología de trabajo y de cómo presentar propuestas, así como el cronograma en el que se tiene previsto desarrollar las mesas de consulta participativa del 5 al 21 de marzo.

Sugerencia

De acuerdo con el TSE, del 18 de enero al 29 de febrero, sectores de la sociedad guatemalteca podrán ingresar al portal came2024.org.gt para hacer sugerencias en busca del “fortalecimiento y modernización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el contexto del trabajo de la CAME”.

Anteriormente, Alfaro hizo un llamado a sectores académicos, organizaciones de sociedad civil y partidos políticos para que se sumen a ese proceso y presenten sus propuestas.

Además, dijo que quienes que no pertenezcan a una organización política, social o académica y quieran aportar en la CAME pueden ingresar a la página web y en la sección “comentarios” pueden dejar sus aportes.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal aceptó este jueves 8 de febrero la recusación planteada por el Ministerio Público (MP) en contra de la jueza Wendy Coloma, quien tenía a cargo el proceso que se sigue en contra de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), informaron fuentes judiciales.

El TREP fue adquirido por el TSE por Q148 millones 850 mil 250, pero la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre, y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

Los cuatro funcionarios salieron del país luego de haber perdido su inmunidad, pero el pasado miércoles su abogado defensor, César Calderón, presentó un escrito en la judicatura mediante el cual los togados se ponían a disposición de la justicia; sin embargo, el MP recusó a la jueza Wendy Coloma.

Pese a la resolución de la Sala, el caso contra los magistrados seguirá en el Juzgado Duodécimo de Instancia Penal, pero será la jueza Karen Jeanette Chinchilla quien se haga cargo del proceso.

Por lo anterior, Calderón señaló que reingresará el memorial mediante el cual los togados se pone a disposición del juzgado.

Calderón indicó que evacuaron la audiencia y que se opusieron a los argumentos presentados por la Fiscalía.

“El Ministerio Público dice, en primer lugar, qué hay un interés de la jueza en resolver este caso y en segundo, que ha externado opinión. Ambas cosas son falsas”, indicó Calderón.

Calderón tildó de falsos los argumentos planteados por el MP. “La jueza ni siquiera ha entrado a conocer cuestiones de fondo. Simplemente es el pretexto del Ministerio Público para atrasar este asunto, hacerla cansada y hacerla difícil”.

La denuncia

Cuatro días después de la primera vuelta de elecciones se presentó una denuncia en contra de los magistrados titulares y suplentes por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.

El primer aspecto en la denuncia es que en el contrato suscrito Datasys, S.A., empresa a la que se le adjudicó el servicio del TREP, debía hacerse cargo de los planes de contingencia en caso de falta de conectividad, falla de la energía eléctrica y otros imprevistos.

Señala que el 25 de junio el software falló cerca de la 21:30 horas, provocando que la conferencia de prensa que el pleno brindó se reprogramara.

Además, indica que el 25 de junio por la noche, las juntas electorales del distrito Central y Guatemala solo habían procesado 10 actas, aunque el TREP daba cifras mayores a las que se pueden alcanzar con 10 actas.

Otro aspecto que cuestiona la denuncia es que el TSE no puede delegar la transmisión de resultados preliminares a un tercero por ser una función pública.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) otorga al Tribunal la función de la transmisión de los resultados preliminares, aunque la responsabilidad de la custodia del voto, del conteo y resultados finales recae en las juntas electorales.

Otra irregularidad que consta en la denuncia es que el TSE no tuvo acceso al código fuente y LOG, que se refiere a los archivos secuenciales de una base de datos.

En el Congreso

Además, por falta de quorum este jueves se levantó  la sesión en el Congreso de la República y no se logró elegir a los magistrados suplentes del TSE.

Aún no hay consensos en todas las bancadas sobre los perfiles de los próximos magistrados.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) presentó este 8 de febrero el Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE) que estará integrado por 440 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y que tendrá a su disposición 400 motocicletas y dos autopatrullas.

La presentación se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución en una actividad en la que participó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien le presentó la nueva unidad motorizada al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Jiménez comentó, en una conferencia posterior al evento, que el GECE estará integrado por 400 agentes de la PNC y por 400 motocicletas, y que el despliegue de los agentes se hará por fases.

Puntualizó que, en la primera fase, que comenzó este jueves, el GECE estará operando en las zonas 6 y 12 de la capital y en Villa Nueva.

Recalcó que la creación de este grupo no es una acción aislada, sino que es parte de una estrategia de seguridad en donde se está priorizando el combate a las extorsiones.

Explicó que este es parte del plan que se tienen también de requisar las cárceles del país y otras que se tienen contempladas y que se informarán pronto.

En la presentación en la Plaza de la Constitución, Jiménez expresó que el GECE es una unidad élite motorizada que tiene el desafío de contrarrestar los delitos que aquejan a la sociedad guatemalteca, haciendo énfasis al flagelo de las extorsiones.

“La Policía Nacional Civil enfrenta el desafío permanente de transformarse acorde a las nuevas necesidades sociales. Es por ello que, este grupo especial, nace entre la función estratégica de personal policial de la Subdirección general de investigación criminal y la Subdirección general de operaciones, que son pilares fundamentales para el logro significativo e innovador de las políticas de la Policía Nacional Civil”, dijo Jiménez.

Mencionó que el combate a las extorsiones es una directriz del presidente Arévalo para afrontar los problemas de la seguridad que nos aquejan a toda la sociedad guatemalteca.

“Comprender y operar sobre la complejidad de los fenómenos que ocurren en las sociedades modernas requiere de un compromiso constante con la formación continua de profesionales, así como la constante actualización de conocimientos, métodos y técnicas para enfrentar estos nuevos desafíos”, expresó Jiménez en su discurso.

Afirmó que este es un paso importante ante la creciente demanda social que reclama instituciones cap capaces de construir y garantizar la seguridad, sin resignar derechos ni libertades.

Nuevo esfuerzo contra la violencia

El presidente Arévalo, reconoció en su discurso en la Plaza de la Constitución que la PNC, con su servicio, con su esfuerzo y con su trabajo diario hacen de Guatemala un país más tranquilo y más seguro.

Señaló que el GECE es un nuevo esfuerzo de combate a la violencia, una política de seguridad que se encargará de combatir uno de los delitos que más afecta al pueblo de Guatemala, como son las extorsiones.

“Desde hace varios años y quizás décadas, las extorsiones han mantenido en angustia a miles de familias guatemaltecas. Los extorsionistas acaban con la paz de hombres y mujeres, trabajadores, sobre la base de amenazas, de insultos, de atropellos, con los que aterrorizan a comerciantes pequeños y medianos empresarios y a ciudadanos comunes para arrancarles la riqueza que generan con su trabajo honesto de cada día”, expresó Arévalo.

Aseguró que los extorsionistas son agentes del miedo que impiden el desarrollo de los pueblos y limitan las libertades y los derechos de los ciudadanos.

“Enemigos de mi gobierno”

“Por eso son y serán -los extorsionistas- enemigos de mi gobierno, un gobierno llamado a asegurar el bienestar y a favorecer las oportunidades para todas las y los guatemaltecos”, puntualizó el mandatario.

Arévalo afirmó que el ministro Jiménez ha demostrado que sí se puede combatir a los extorsionistas de frente y sin miedo.

“En nuestro gobierno las requisas en las cárceles se han vuelto parte de la realidad cotidiana. Con estas requisas queremos asegurar el aislamiento de los reos y detenidos que, desde el interior de las prisiones, amenazan y realizan agresiones, ordenan agresiones y asesinatos en contra de quienes cada día salen a trabajar para sostener a sus familias en las calles”, enfatizó Arévalo.

Comentó que a partir de ahora los esfuerzos hechos adentro de las cárceles – para combatir las extorsiones- tendrán un complemento en las calles.

“Serán los encargados -los policías del GECE- de devolverle la paz a las familias y de asegurar la prosperidad a las comunidades de nuestro país”, afirmó Arévalo.

“Esta política de la que ustedes son instrumentos se enfocará en combatir las extorsiones en aquellos lugares que concentran la mayor cantidad de denuncias, siendo estas zonas de la ciudad de Guatemala y de los municipios vecinos.  En estas zonas, a partir de hoy  estarán ustedes circulando, patrullando en las zonas más afectadas por las extorsiones, con estas unidades motorizadas para disuadir a quienes quieran continuar cometiendo este delito y capturar de forma inmediata a quienes los  estén cometiendo, complementando así el atinado esfuerzo de aislamiento de estos criminales que ya se está llevando a cabo por nuestro aparato de seguridad adentro de las cárceles”, le dijo el presidente Arévalo a los agentes de la PNC.

Apoyo de Estados Unidos

Arévalo también agradeció al gobierno de Estados Unidos por la donación del equipo que usarán los agentes del GECE.

“El gobierno de los Estados Unidos de América ha respondido a nuestra solicitud de apoyo para poder nosotros responder a las necesidades del pueblo de Guatemala. Tengan todos ustedes la certeza de que esta colaboración verá sus frutos en una sociedad más segura, más tranquila, una sociedad que camina hacia adelante y en donde la gente puede trabajar en paz”, dijo el mandatario.

Por su parte Jiménez dijo sobre la cooperación de Estados Unidos, que era importante señala que este Gobierno ha iniciado otra vez el flujo de cooperación de EE. UU. con Guatemala en materia de seguridad, tanto de combate al crimen como prevención.

Además, esto incluye también acciones en combate al narcotráfico y una agenda bastante amplia, pero que se darán a conocer

El Juzgado Duodécimo Penal aceptó un oficio enviado por cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ponerse a disposición de la jueza a cargo del proceso por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero el Ministerio Público (MP) recusó a la juzgadora, informaron este miércoles 7 de febrero fuentes judiciales.

Dicho sistema fue adquirido por Q148 millones 850 mil 250 y cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes luego de haber sido desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre salieron del país y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

De esa cuanta que este miércoles, el abogado César Calderón, quien auxilia a los togados, confirmó que presentó el oficio donde ellos se ponen a disposición de la jueza Wendy Coloma, una acciona que fue aceptada por la judicatura, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos recusó a la juzgadora.

Ante la recusación, la Sala Primera de Apelaciones deberá resolver si la jueza podrá continuar o no conociendo el caso contra los magistrados.

Se tiene previsto que el jueves próximo los magistrados de la Sala tengan audiencia para conocer la recusación, audiencia en la que participará el abogado Calderón como representante de los cuatro togados.

Blanca Alfaro, magistrada presidente del TSE, indicó que Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco siguen fuera del país.

La magistrada Irma Palencia es señalada de supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas de fraude.

Embargo

El pasado 1 de febrero, una Sala ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de haber vendido al TSE el sistema TREP.

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Con la resolución de la Sala, también se ordena al TSE detener el pago pendiente de Q40 millones que el ente electoral tiene pendiente de realizar, equivalente al 30 por ciento del costo total.

Por su parte, representantes de Datasys S.A., dicen que no hubo sobrevaloración en los costos por los servicios que otorgó al TSE en las elecciones de 2023, y sus abogados trabajan en las acciones legales que presentarán en contra de los señalamientos.

Modificaciones

Además, Alfaro informó este miércoles que ya se concretó el primer acercamiento con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República luego de la crisis electoral que se vivió en el país.

Agregó que se hacen los primeros análisis para las modificaciones que sean necesarias para que las elecciones de 2027 se lleven a cabo sin complicaciones.

Señaló que se debe hacer modernización del artículo 256 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “para hacer los cambios a nuestro sistema político electoral para que en las elecciones 2027 contemos con un documento robusto que pueda hacer de nuestra democracia lo que todos deseamos, el sustento para una paz duradera y sostenible“.

“Quiero manifestarles que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado”, respondió este miércoles 7 de febrero la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, a la pregunta de periodistas sobre si se había reunido con el expresidente Alejandro Giammattei en Casa Presidencial.

El pasado 30 de enero, trascendió que Porras, quien en dos oportunidades ha eludido reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, acudió en 11 oportunidades a Casa Presidencial para reunirse con Giammattei, según registros de la Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos (SAAS).

La última reunión, según esos registros, fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas, lo que comprueba que las visitas al exmandatario eran constantes, contrario a lo que actualmente ocurre con Arévalo, pues el último intento de acercamiento con Porras duró 15 minutos, pues la jefa del Ministerio Público (MP) se retiró sin que se tocaran los temas previstos.

Porras reconoció este miércoles esos acercamientos, pero enfatizó que todos fueron para concretar reuniones de trabajo y que incluso algunos fueron convocados por el exvicepresidente Guillermo Castillo.

“Quiero manifestarle que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien, creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado, y en este sentido, no va a ser realmente la excepción, porque con el actual señor presidente -Bernardo Arévalo-, las reuniones que sean necesarias de coordinación las va a seguir haciendo el Ministerio Público”, dijo Porras en una conferencia de prensa luego de haber sostenido una reunión con autoridades del Ministerio de Gobernación.

Agregó que como lo dijo la SAAS, dichas reuniones tenían un objetivo puntual. “En primer lugar quiero manifestarles que no todas fueron con el señor expresidente. Tres de ellas están registradas por reuniones convocadas por el exvicepresidente de la República, porque él era el que coordinaba Conabed -Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio-, y yo soy miembro como Ministerio Público del Conabed”.

Además, dijo que fue convocada para conversar sobre un convenio anticorrupción para analizar un proyecto de obras inconclusas, en las que además participaron representantes de varias instituciones del Estado.

También dijo que tuvo dos reuniones con el exmandatario cuando eran las entrevistas a candidatos a fiscal general. El señor presidente nos convocó y en dos oportunidades yo también me apersoné”.

“Igualmente tuvimos una reunión de Consejo de Seguridad, que no me dejara mentir el señor ministro de gobernación, que cuando se hace necesario, pues obviamente me invitan para poder participar. Entonces, esa otra reunión de trabajo. Y otra reunión de trabajo se relacionó al tema contra la trata de personas. Como ustedes pueden advertir son reuniones de trabajo eminentemente”, concluyó la Fiscal.

Acuerdos

El Gobierno de Guatemala acordó este miércoles buscar líneas de trabajo interinstitucional con el MP, dirigido por Porras, señalada de supuestamente haber intentado impedir la investidura del presidente, Bernardo Arévalo.

“La colaboración y el trabajo conjunto con el Ministerio Público es un elemento esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad en este nuevo Gobierno”, declaró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, después de la reunión con la fiscal Porras.

En una prueba de fuerza, el presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo Gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público supuestamente intentara evitar el cambio de mando, desde el 12 de julio pasado con una serie de acciones judiciales en su contra.

De acuerdo con Jiménez, el presidente Arévalo le indicó que tenían “que fortalecer el trabajo técnico y operativo con el Ministerio Público”.

La fiscal general y el ministro Jiménez aseguraron que continuarán con una serie de reuniones técnicas la próxima semana “con el objetivo de darle seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”.

“Dentro de los acuerdos alcanzados, se establecieron puntos de contacto entre ambas instituciones y se ha propuesto reuniones para la revisión y ejecución de los convenios de cooperación vigentes”, explicó Porras.

En días pasados, Arévalo expresó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras, debido al papel que desempeñó para intentar revertir su victoria electoral.

Mientras tanto, Porras, sancionada por Estados Unidos, respondió, hace dos semanas, que no dejará su cargo y que concluirá su mandato hasta 2026.

Seguridad y narcotráfico

De acuerdo con la fiscal Porras, el Ministerio Público se comprometió a trasladar al ministro del Interior y de la Defensa los avances de la creación del Centro Integrado Nacional contra la Narcoactividad en Guatemala, “para que el proyecto continúe avanzando”.

Otro de los acuerdos entre el Gobierno de Arévalo de León y la Fiscalía General ha sido avanzar en la capacitación técnica de agentes policiales, así como generar avances para lograr ejecutar más de 8.000 órdenes de captura pendientes.

En septiembre del año pasado, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura presidencial.

La Fiscalía intentó cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, e incluso trató de anular los resultados electorales de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto pasados.

Arévalo de León, de 65 años, se convirtió en el primer presidente progresista de Guatemala y existen grandes expectativas sobre su Administración, debido a sus promesas electorales de hacer frente al deterioro democrático y a la corrupción estatal del país centroamericano.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en representación del presidente Bernardo Arévalo, se reunió con la fiscal general, Consuelo Porras, este miércoles 7 de febrero en la sede del Ministerio Público (MP).

Esta reunión se llevó a cabo después de dos intentos fallidos de concertar una cita entre el presidente y la funcionaria.

Jiménez propuso dialogar con la fiscal general sobre metodologías y estrategias institucionales para abordar delitos relacionados con extorsiones y narcotráfico, como se detalla en una carta publicada en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Por su parte, Porras “lamentó” en un video previo a la reunión que Arévalo decidiera no asistir y en su lugar enviara al ministro Jiménez.

“[…] Yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder informar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación, porque es lo más importante: privilegiar el poder servirle a Guatemala. Entonces le diría yo, señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público”, dijo Porras un día antes del encuentro.

Autoridades de seguridad se reúnen con Porras

La reunión entre Porras y Jiménez, contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo al jefe de la Policía Nacional Civil y de los jefes de las principales unidades del Ministerio Público.

Jiménez encabezó la reunión junto a funcionarios de seguridad nacional. Entre los participantes se encontraban Claudia Palencia, viceministra de Seguridad, Werner Ovalle, del Quinto Viceministro de Antinarcóticos y David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil.

Además, se encontraba Sergio Vela, director del Sistema Penitenciario, y Edwin Medina, encargado de Comunicación Social de Gobernación.

En la reunión se acordó priorizar políticas interinstitucionales para la atención de las víctimas de delitos con mayor incidencia.

Se destacó la importancia de la articulación de las distintas fiscalías para la investigación y persecución estratégica del delito de extorsión, así como el trabajo antinarcótico y otros delitos que afectan la seguridad de los guatemaltecos, especialmente en las poblaciones fronterizas.

La Fiscal General agradeció al Ministro Jiménez su disposición a participar en esta reunión y expresó que le hubiese gustado contar con la presencia del señor Presidente de la República, como representante de la unidad nacional, https://t.co/TfJmLmo6eW pic.twitter.com/bLMzmjtHy6

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 7, 2024

Desencuentro anterior

El 29 de enero, Arévalo de León citó a Porras a una reunión en el Gabinete de ministros. Sin embargo, la fiscal general asistió durante solo 10 minutos y se retiró sin atender las consultas del presidente, argumentando que no era la forma legal de establecer comunicación.

Antes de asumir la presidencia a principios de 2024, Arévalo afirmó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras.

Porras, sancionada por Estados Unidos por alentar la corrupción y socavar la democracia, fue acusada en septiembre por Arévalo de estar detrás de un intento de golpe de Estado en su contra.

Con información de EFE.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó este viernes 2 de febrero una invitación para reunirse la próxima semana con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien el nuevo gobernante le ha pedido que renuncie.

Arévalo, quien juró al cargo el 15 de enero, ha pedido en varias ocasiones la dimisión de Porras, quien impulsó investigaciones que habrían puesto en riesgo la transición presidencial y que fueron criticadas por la comunidad internacional.

El pedido de renuncia ha sido rechazado por la funcionaria, cuyo mandato culmina en 2026. Arévalo carece de facultades para removerla de su cargo.

“Se informa que el presidente Arévalo a través de un oficio delegó al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para atender la reunión convocada por la fiscal”, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un mensaje enviado a los medios.

El ministro asistirá el próximo miércoles 7 de febrero a la cita en la fiscalía acompañado del director de la Policía Nacional Civil, informó la Secretaría.

Precisó que “el Sr. Presidente, a diferencia de lo que ocurría con la citación a la fiscal en la Junta de Gabinete, no está obligado a asistir a la reunión, por lo que ha delegado al ministro de Gobernación”.

La invitación para una “reunión de trabajo” fue hecha por Porras el lunes 29 de enero, horas después de que esta abandonara un encuentro con Arévalo y su Gabinete al argumentar impedimentos legales para participar en él.

Porras, de 70 años, es señalada por la comunidad internacional de “socavar” la democracia en Guatemala al supuestamente haber puesto en riesgo la investidura de Arévalo con cuestionadas investigaciones.

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Estas maniobras fueron calificadas por Arévalo, sociólogo de 65 años, como un intento de “golpe de Estado” para evitar que asumiera el poder con su promesa de combatir la corrupción.

La fiscal está sancionada desde 2021 por Estados Unidos que la considera “corrupta” y este viernes 2 de febrero  la Unión Europea le prohibió a ella y otros cuatro funcionarios judiciales el ingreso a su territorio por “socavar la democracia y el Estado de Derecho” en Guatemala.

Tres semanas después de haber asumido el poder, varias dependencias del Ejecutivo han comenzado a informar sobre hallazgos relacionados con contrataciones que se hicieron de último minuto y uso indebido de recursos de las entidades.

La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, explicó que en la Vicepresidencia se inició una evaluación de todo el personal para determinar si existen o no contrataciones irregulares bajo la figura que ahora ella administra, pero hasta ahora no se han encontrado contratos nuevos.

“Toda aquella persona que cumpla con sus funciones y se hace presente al sitio de labores no tiene por qué ser removida”, indicó Herrera.

Otra dependencia que hizo auditorías es el Ministerio de Desarrollo, donde, según el ministro Abelardo Pinto, ya se encontraron alrededor de 50 contratos de personal con menos de 5 meses de haber sido emitidos pese a que en transición se pidió a la administración del presidente Alejandro Giammattei, que no se hicieran compromisos laborales de este tipo.

“Los emitieron en agosto, por ejemplo, o septiembre del año pasado y los volvieron a renovar este año verdad, entonces esos contratos con menos de 6 meses de vigencia sí hemos estado revisándolos y algunos los hemos estado rescindiendo”, explicó Pinto.

Al recién asumir, la cartera emitió una nota para ordenar que todos los vehículos que son propiedad del Ministerio sean de uso laboral y parte de las evaluaciones incluye hacer una revisión detallada de la flota que se estima en unos 300 automotores.

El ministro enfatizó que las auditorías aún continúan y esperaría que estén finalizadas a mediados de febrero.

En el Ministerio de Agricultura también existieron anomalías en contratos. El 31 de enero se rescindieron 256 compromisos laborales aprobados a principios del año, la mayoría era de personal nuevo, es decir que nunca había trabajado en la entidad.

Según el Departamento de Comunicación Social de la cartera, aún continúa el proceso de auditoría interna y se detectó que había otros 90 contratos que las autoridades anteriores no alcanzaron a firmar.

La cartera aclaró que el proceso de transición no fue efectivo, pue solo hubo una reunión de trabajo.

En el Ministerio de Trabajo se detectaron “51 vehículos tipo picop 4×4 al servicio de la Inspectoría General de Trabajo, que se encontraban en uso a tiempo completo, incluidos fines de semana y días festivos por parte del personal, sin ningún control de kilometraje, gasolina o ubicación” explicó el Departamento de Comunicación de esa cartera.

Ante ello, desde el vicedespacho Administrativo Financiero se ordenó restringir el uso de los carros en horas no laborales a menos que las circunstancias lo demanden.

Al consultar a la Vicepresidencia si se tenía un informe global sobre este tipo de contrataciones y anomalías en otras dependencias, se informó a los periodistas que deben consultar después de la sesión de gabinete del próximo lunes.

Una Sala ordenó este jueves 1 de febrero el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys, encargada de haber vendido por Q148 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público (MP).

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

Además, en la misma resolución la Sala le ordena al TSE que frene el pago de Q40 millones pendientes a la empresa Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Órdenes de captura

Como parte de la investigación, el MP solicitó el retiro de la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el 30 de noviembre pasado y posteriormente se giró orden de captura en su contra.

La Fiscalía confirmó el 11 de enero pasado órdenes de captura contra la magistrada Irma Palencia por supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son señalados de fraude.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del referido sistema.

Informe de la CGC

Además, el 24 de noviembre del 2023, la Contraloría General de Cuentas (CGC) encontró posibles inconsistencias en la forma en que el TSE, utilizó los Q500 millones destinados para la preparación del evento electoral del 2023.

La CGC comenzó a indagar alrededor del TREP, herramienta usada en las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto del 2023.

Este sistema fue adquirido a un costo de Q148 millones 850 mil 250, cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, las acciones de fiscalización detectaron que desde noviembre del 2022 el TSE comenzó con la compra de equipo de computación que se acoplaría con los requerimientos que haría la empresa a cargo del contrato del TREP meses después.

Entre ese equipo se detallan 5 mil 965 escáneres y 8 mil 676 computadoras portátiles, según los hallazgos preliminares, que se adquirieron para uso del sistema.

La idea principal del TSE, según detallan los hallazgos preliminares de la CGC, sería desarrollar su propio sistema informático, del que hasta finales de 2022 no se tuvo un avance significativo.

Datasys, la empresa que ofreció el servicio y a la que finalmente se adjudicó, informó a la CGC que el total del costo del Trep se dividió en 26 puntos.

Las posibles inconsistencias en la compra del TREP, según los hallazgos de la CGC, revelan una mala calidad del gasto en la adquisición de una solución informática y adquisición de componentes tecnológicos adicionales para el proceso electoral 2023, que “exceden las necesidades reales del país”, que habría repercutido en un “detrimento de los intereses del Estado”.

Este martes 30 de enero se llevó a cabo la primera reunión del año entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de los partidos políticos, donde se les planteó que tienen hasta el 29 de febrero próximo para presentar sus propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Esa recomendación se hizo en el seno de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que comenzará con la discusión de las propuestas en marzo próximo.

Los partidos deben crear un usuario en la página de la CAME para designar a sus representantes y para presentar sus propuestas sobre temas como el sistema electoral, justicia electoral, fortalecimiento electoral, financiamiento y medios de comunicación.

Además, los partidos en su mayoría se refirieron a aspectos como la “exageración” de las multas que reciben por infracciones a la LEPP.

Para la CAME se ha convocado a todos los partidos que participaron en las elecciones 2023 y den sus aportes, incluso los cancelados.

“Justicia electoral”

La LEPP necesita cambios que permitan una aplicación adecuada en “justicia electoral”, según opinó en septiembre pasado un grupo de analistas de cara a la futura CAME.

Esta mesa que se integra por múltiples sectores sociales se encarga de proponer reformas a la LEPP después de cada evento electoral, por lo que, a criterio de los entrevistados, el reto de la siguiente CAME será mayúsculo.

Las elecciones generales de Guatemala, tanto en primera vuelta del 25 de junio, como en segunda vuelta del 20 de agosto, fueron objeto de amparos, apelaciones, denuncias y discursos que buscaban levantar la percepción de un supuesto fraude.

“Hay que asegurar que el TSE sea figura que organiza, que supervisa y que brinda justicia electoral, que no está sujeto a cualquier tipo de escrutinio ilegal de una sala o de un ciudadano anónimo que pueda poner en vilo todo el proceso electoral”, señaló Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep).

“Ahora hay que meterse de lleno a la CAME, la vez pasada la CAME fue un evento muy triste, no se llegó a aportar cosas técnicas ni de fondo”, recordó María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Otra necesidad latente para mejorar los procesos electorales en Guatemala, y evitar otra crisis como la vivida recientemente, indican las fuentes, será posible toda vez se fortalezcan los partidos políticos, que tienen que incentivar la participación.

Hidalgo, considera que los partidos políticos tienen que estar presentes siempre, y no una vez cada cuatro años para pedir el voto.

Indica que el rol de una agrupación partidaria es fijar posturas sobre situaciones nacionales, emitir propuestas e incentivar que la población quiera participar en la política, algo que a la fecha no se da y que debe quedar regulado de mejor manera en una mejorada LEPP.