Las fuerzas de seguridad practicaron una diligencia judicial este miércoles para detener a varias personas señaladas de invadir terrenos, pero un grupo de unas tres mil personas mantiene retenidos a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según orden de la jueza de San Benito, en el allanamiento fueron capturadas 11 personas y se decomisó un camión, tres picops, una pistola y ganado.

La Policía constató que estas personas se habían posicionado en áreas donde se encuentra el Centro de Operaciones Interinstitucional El Tigrillo, en donde se encuentran delegaciones de la PNC, Ministerio Público, Conap y del Ejército, que habría sido destruido.

De acuerdo al reporte de la PNC, los detenidos son:

• Jose Emilio Monroy Salvador, de 42 años, por poseer en cautiverio un ave en peligro de extincion,  usurpación de áreas protegidas, entre otros.
• Juan Jose Morales Maldonado, por el delito de usurpación de áreas protegidas.
• Aureliano Garnica López, por usurpación de áreas protegidas.
• Beneran Ramos Mantar, 54.
• Walter Otoniel Lucero Machamé
• Óscar Ovidio Galdámez Sosa
• Román Antonio Aguilar Barrera
• Carlos Enrique Morales Oliva
• Samuel Casasola Salguero
• Fredy Rolando Lima González
• Juan José Morales

Las aprehensiones y decomiso causaron que los campesinos en El Naranjo Frontera retuvieran y desarmaran a varios agentes. La juez se hizo acompañar de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

En la página de Facebook Noti Impacto Petén publicaron los siguientes videos sobre lo que ocurre en el lugar:

Algunos pobladores decidieron liberar a las vacas confiscadas cuando las trasladaban hacia el paso del río San Pedro, lo que causó más tensión en el lugar. Además, esta mañana se suspendió el servicio de transporte de pasajeros de El Naranjo hacia la zona central de Petén.

De manera no oficial se sabe que algunos vehículos bloquean la ruta y que piden la presencia del gobernador departamental, Víctor Sigüenza, y de otras autoridades de gobierno. Además, se presume que para liberar a los agentes exigen que dejen en libertad a los capturados.

Los campesinos exigen que dejen en libertad a los capturados ya que los consideran inocentes. Según una fuente en el lugar, la juez a cargo de la diligencia y otras autoridades que le acompañan llegaron al otro lado del río San Pedro, conocido también como Santa Marta, límite entre La Libertad y San Andrés, donde los campesinos se han unido y les han vedado el paso.

Uno de los campesinos, quien prefiere omitir su nombre, indicó que las personas que las autoridades retuvieron son trabajadoras y que buscan oportunidades de desarrollo.

De acuerdo a información proporcionada por las autoridades, los campesinos ya liberaron a los agentes retenidos luego de que un juez competente dictó medidas sustitutivas a los campesinos detenidos, para evitar confrontación y mantener el orden. Sin embargo, las autoridades no logran salir del área por la toma del ferry que cruza el río San Pedro y el bloqueo unos metros adelante sobre la ruta.

https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1044621682164543488

El vicemandatario afirmó que el comentario de Velásquez “es una declaración que verdaderamente deja mucho que lamentar de parte de un comisionado”.

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Campesinos de El Mozote, en el noreste de El Salvador, reclamaron este jueves hacer cumplir las medidas de reparación por la más grande masacre de la historia reciente de América Latina, en la que mil personas fueron ejecutadas por el ejército en 1981.

“Le pedimos a la Corte que siga supervisando para que se dé total cumplimiento de la sentencia en todas las medidas de reparación, y que no nos dejen solas a las víctimas”, declaró a la AFP la presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Dorila Márquez.

En la plaza central de El Mozote, 200 km al noreste de San Salvador, Márquez encabezó a un grupo de mujeres, ancianos y jóvenes de la comunidad en un emotivo acto de “dignificación” de las víctimas, en presencia de los jueces Raúl Zaffaroni (Argentina) y Humberto Sierra (Colombia), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El tribunal con sede en San José de Costa Rica condenó al Estado Salvadoreño por la masacre, la más grave de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), y ordenó medidas de reparación.

Los cupables de la masacre

La Comisión de la Verdad creada en 1993 por la ONU para investigar los crímenes de la guerra, culpó de la masacre a un grupo de militares, entre los que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia. Ambos murieron en 1984, cuando un helicóptero fue abatido por la guerrilla. La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 tras la firma de acuerdos de paz.

La matanza fue perpetrada entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 por soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército en El Mozote y comunidades adyacentes.

Las 986 víctimas fueron ejecutados por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista. Entre ellos se cuentan 558 niños, según un reciente censo.

Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona, luego de que sus casas y cultivos fueron quemados en el operativo de “tierra arrasada”.

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