Un juez de Mayor Riesgo retomó este miércoles 4 de enero el caso Construcción y Corrupción, una trama de cobro de sobornos en el que está implicado y procesado el exministro de Comunicaciones del gobierno del extinto Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi.

En esta fase del proceso penal, el juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, es quien deberá de decidir si los acusados van o no a juicio por este caso de corrupción, que implica como artífice de un mecanismo de cobro de dádivas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Empresarios del sector de la construcción se sentaron este miércoles frente al juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, y escucharon la acusación que expusieron fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) por su vinculación al caso Construcción y Corrupción.

El proceso estuvo estancado por varios meses debido a los cambios de jueces.

Acompañados de sus abogados, los empresarios comenzaron la etapa intermedia en la que el juez decidirá si van a juicio o no.

En cada acusación había un denominador común que mencionó el fiscal de Feci: “Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones.

Entre los constructores que escucharon acusación en etapa intermedia están Elder Vásquez Quevedo y Julio Roberto de La Peña.

Los fiscales reiteraron que los empresarios de la construcción pagaron dádivas a Sinibaldi cuando fungía como ministro de Comunicaciones, los aportes se hicieron de 2012 a 2014.

El caso se define como un mecanismo de pagos de dádivas a Sinibaldi para que este gestionara y facilitara el pago de deuda de arrastre a empresas constructoras.

Los pagos se recibieron por medio de un entramado de empresas vinculadas a Sinibaldi.

La Policía Internacional (Interpol) notificó a la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público (MP) que capturó en Francia al empresario de la construcción Joseph Ahimas, vinculado con la constructora israelí Solel Boneh y quien desde 2018 estaba prófugo, pues es requerido como parte de la investigación del Caso Construcción y Corrupción 2.

Ahimas fue detenido bajo los cargos de cohecho activo y lavado de dinero y ahora le corresponde a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) gestionar su extradición.

“La Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público fue notificada por Interpol de la aprehensión en Francia de Joseph Ahimas, quien es sindicado en el caso Construcción y Corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad realizará los requerimientos para iniciar el trámite de extradición”, informó el MP.

De acuerdo con el expediente en el que se vincula a Ahimas señala una presunta estructura criminal que habría operado en el Ministerio de Comunicaciones, y cuyo objetivo habría sido recibir sobornos por las obras adjudicadas dentro de esa cartera.

El caso

Las pesquisas de la Fiscalía, en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción, dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio de 2017, cuando se estableció la existencia de una supuesta estructura corrupta en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente preso.

Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.

Las empresas Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores para lavado de dinero u otros activos, según la investigación.

Según el MP, Sinibaldi compró bienes a través de grupos de empresas de cartón. La investigación abarcó tres grupos empresariales, cuyo factor común es que eran controlados por Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany, de Sinibaldi.

Cuando se trata de obras públicas millonarias, todos los caminos pasan por el Congreso de la República. La facultad legislativa para aprobar préstamos e incluso emitir leyes específicas para la ejecución de obras es la llave del tesoro público.

Este mecanismo lo han entendido los principales caudillos políticos de las últimas décadas. El 14 de agosto de 2018, una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tiró de uno de los hilos de la trama detrás de la aprobación de la construcción de ruta en la Franja Transversal del Norte, una carretera que uniría Izabal con Huehuetenango.

Este proyecto fue adjudicado por Q1 mil 748.9 millones, según registros del Ministerio de Finanzas, y que luego de ajustes, según el índice de precios al consumidor costará Q2 mil 594.72 millones, Q845.85 millones más de lo previsto, siempre y cuando se cumplan los plazos de finalización.

La investigación detallaba pagos a Alejandro Sinibaldi por parte de la constructora israelí Solel Boneh y SBI International Holdings —otra de las entidades de la compañía— en el 2009, cuando era diputado por el cancelado Partido Patriota (PP) y más tarde, en el 2013 y en el 2014, cuando era ministro de Comunicaciones.

Los pagos del 2009, sin embargo, corresponden a una modificación, realizada desde el Congreso junto a otros diputados, del decreto con el cual se creó el proyecto vial. 

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron una apelación de amparo a favor del exdiputado Óscar Armando Escribá Morales, quién es señalado en el caso Construcción y Corrupción por los delitos de concusión y fraude por sus vínculos con empresas constructoras mientras era director de Covial en los gobiernos de la UNE y el PP. 

La defensa del exdiputado había planteado el recurso legal y ahora la CC revocó la sentencia venida en grado y otorgó el amparo solicitado contra la juez Primero de Primera Instancia Penal para conocer procesos de Mayor Riesgo D, que era dirigido por Erika Aifán, quien renunció al cargo y se fue al exilio por la persecución penal que había en su contra.  

La resolución también dice que restaura la situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto al postulante, la resolución que constituye el acto reclamado.  

Añade que la autoridad denunciada, el Juzgado de Mayor Riesgo D, deberá inhibirse de conocer el recurso de reposición planteado y remitir las actuaciones al órgano competente, en un plazo de 5 días.  

Con esta resolución, ahora se podrá establecer si el expediente de Escribá debe o no resolverse en el Juzgado de Mayor Riesgo o en un juzgado ordinario.  

El encargado de determinar la acción será el Juzgado Noveno Penal.  

El caso del exdiputado 

El señalamiento de la La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP). 

El 13 de enero de 2020 Escribá Morales se entregó a la justicia por el caso que se seguía en su contra y fue enviado a prisión provisional.  

El 12 de marzo de 2020, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, ligó al excongresista por los delitos de concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial. 

El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales, el requerimiento fue interpuesto por la fiscalía desde septiembre de 2018. 

Beneficiado con arresto domiciliario  

El pasado 31 de diciembre de 2020 La Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por magistrados suplentes, favoreció al exdiputado Escribá, electo por el partido Líder, con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción. 

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), informó el jueves 7 de enero de 2021 que planteó ante la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia una acción constitucional de amparo contra la decisión de los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, que benefició al exdiputado Escribá Morales. 

En la apelación otorgada a favor de Escribá, los magistrados también separaron del caso a la jueza de Mayor Riesgo D Ericka Aifán y trasladaron el expediente al Juzgado Noveno Penal. 

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) interpuso este jueves 6 de diciembre un amparo en contra de la jueza de mayor riesgo Erika Aifán, porque conexó el caso de supuestos sobornos al periodista Juan Luis Font por parte del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi con el “Caso Construcción y Corrupción”, en el que también está vinculado el exfuncionario.

“Me informan de la Fiscalía -Feci- que efectivamente se presentó el amparo contra la resolución del 21 de diciembre donde se conexa el caso, -porque- de acuerdo con la Fiscalía se trata de hechos totalmente distintos. El caso está bajo reserva judicial”, informó el MP.

Sin embargo, se sabe que los abogados de Font buscan que el caso se incluya en el de “Construcción y Corrupción”, lo que implicaría que este sea conocido por la jueza Aifán.

El amparo lo conocerá la Sala Primera de Mayor Riesgo.

Aifán declaró la reserva en una audiencia penal en donde Font y Sinibaldi comparecieron por señalamientos de corrupción.

El exfuncionario declaró ante los agentes fiscales que Font recibió un soborno para no criticarlo durante el ejercicio periodístico, dinero que habría sido pagado con parte de las supuestas ganancias ilícitas de Sinibaldi.

Debido a que Sinibaldi figura en más de una sola carpeta judicial la juzgadora considero prudente, tras la solicitud del Ministerio Público (MP), decretar la reserva del caso para evitar que detalles de otros casos salgan a luz y afecten las investigaciones en curso.

Criticaron arraigo

Los señalamientos contra Font generaron pronunciamientos que también critican a una medida cautelar que tiene desde el pasado seis de diciembre, se trata de una orden de arraigo, lo que le impide salir del país hasta que evolucione el proceso de investigación.

Algunas gremiales a favor del periodista calificaron de injusta la medida cautelar en su contra por ser emitida antes de ser ligado a proceso, pero este tipo de resoluciones legales son frecuentes en torre de tribunales.

Se trata de una medida de prevención para evitar que una persona sospecha pueda abandonar el país mientras avanza el proceso de pesquisas, son estrategias que han sido aplicadas contra exfuncionarios, políticos y empresarios.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la organización Red Rompe El Miedo advierten que en los próximos días se podrían ver otro tipo de medidas contra Font, donde incluso mencionan que se estaría contemplando la solicitud de una orden de aprehensión.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió este viernes 24 de septiembre beneficiar al exdiputado Armando Escribá, implicado en el caso Construcción y Corrupción, Fase 2.

Con esta decisión se ordena la libertad inmediata de Escribá y queda bajo arresto domiciliario, además de otras medidas sustitutivas. 

La resolución fue emitida por los magistrados suplentes César Aníbal Najarro López, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchité. 

Las medidas concretas consisten en arresto domiciliar, prohibición de hablar con coimputados y una caución económica de Q100 mil.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) investiga a Escribá por los delitos de concusión y fraude porque mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A.

Estas firmas obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones, cuando el excongresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

Escribá fue enviado a prisión provisional a la cárcel Mariscal Zavala, luego de que se entregara a la justicia el 13 de enero de 2020.

El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales, el requerimiento fue interpuesto por la fiscalía desde septiembre de 2018.

La audiencia de reparación digna para dos personas que eran colaboradores eficaces del Ministerio Público en caso Construcción y Corrupción deberá repetirse luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó una apelación a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La PGN se opuso a esa parte del proceso ya que consideró que se había dejado al Estado en indefensión al no haber sido tomados en cuenta y por eso presentó una apelación a la CC, que finalmente le fue otorgada.

La CC le ordena a la jueza Érika Aifán que repita la audiencia de reparación digna y deberá llevar a cabo una nueva diligencia en la que se discutirá el resarcimiento que deben pagar Jesús María Ordóñez Jop y Julio Carlos Porras Zadik por el daño causado al estar vinculados al caso Construcción y Corrupción.

El 29 junio de 2017, Ordóñez Jo y Porras Zadik fueron condenados, mediante procedimiento abreviado, por lavado de dinero y otros activos y financiamiento electoral ilícito.

Porras Zadik, exgerente de una empresa de telefonía, fue condenado a tres años de cárcel por el delito de financiamiento electoral ilícito, pero goza de la suspensión de la ejecución de la condena.

Además, se le impuso una multa de Q500 mil y como reparación digna debía pagar la construcción de dos salas de videoconferencia en el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).

Porras, quien era colaborador eficaz del MP en el Caso Construcción y Corrupción, admitió a investigadores la entrega de Q15 millones a través de 12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP).

El dinero llegó a Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA.

Esos pagos fueron parte del acuerdo en 2011 al que Porras, en nombre de la empresa, llegó con Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y exasesor del gobierno del PP, que ideó la estrategia para que esa empresa telefónica llegara a un acuerdo con la compañía rival quien tenía a su favor resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que significaban el pago de US$400 millones.

El Tribunal de Mayor Riesgo “D”, con base en los medios probatorios aportados por la fiscalía, determinó la responsabilidad de Jaime Ramón Aparicio Mejía en cohecho activo condenándolo a la pena de cinco años de prisión.

Además, el empresario deberá pagar una multa de Q500 mil, dentro del caso conocido como Construcción y Corrupción (Fase 1).

Para no estar en prisión los cinco años, Aparicio Mejía debería pagar Q180 mil.

El Ministerio Público (MP), informó que este viernes 9 de abril fue detenido el abogado Francisco García Gudiel y el colombiano William Darío Molina Ruiz, alias “el Pana”, sindicados de lavado de dinero y otros activos, pues se cree que ambos recibieron dinero en sus cuentas privadas y de empresas ligadas a ellos, provenientes de implicados en el caso Construcción y Corrupción Fase 1.

El MP emitió un comunicado en el que informó que el caso en el que se vincula a García Gudiel y a el Pana se denomina Asesoría Legal: Operación Lavado de Activos”, y que la investigación realizada a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), da cuenta de cómo las estructuras criminales utilizan servicios profesionales con el objeto de eludir la justicia.

Detalla que, en este caso, bajo la apariencia de supuestos servicios legales, los señalados se involucraron activamente en esta estructura criminal.

“Este caso da cuenta de cómo profesionales que deberían dedicarse a defender el derecho y la búsqueda de justicia, terminan siendo defensores de la impunidad al punto de involucrarse de manera protagónica en las redes político-económico ilícitas”, cita el comunicado.

Antecedentes

El documento del MP revela que el 14 de julio de 2017, la Feci realizó operativos en el caso denominado Construcción y Corrupción Fase 1, en el cual pretendía capturar a varias personas, entre éstas a José Guillermo Samayoa Soria, Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez, quienes tenían orden de aprehensión vigente por los delitos de cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.

Luego de esa fecha, José Guillermo Samayoa Soria, contactó al abogado Francisco García Gudiel para que le diera asesoría legal para ese caso.

Según la investigación, como parte de los servicios profesionales, el abogado García Gudiel y el colombiano Molina Ruiz ocultaron a Samayoa Soria, y las otras tres personas vinculadas con él, Mayra Lissette Marroquin Castillo, Dennis Eli Marroquin Castillo y José Roberto Garcia Rodriguez), en una residencia ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente, con el fin de que el MP y la PNC no los capturaran y así luego podrían ponerlos a disposición de un juez.

La “asesoría legal”

Se determinó en la investigación, que García Gudiel le dijo Samayoa Soria que sus bienes y cuentas bancarias serían objeto de embargos judiciales y procesos de extinción de dominio, y para proteger su patrimonio le recomendó que le trasladara el dinero de las cuentas bancarias, pues podía justificar ese movimiento como honorarios por servicios profesionales.

Gudiel también le sugirió Samayoa Soria que trasladara los fondos desde cuentas bancarias de las empresas vinculadas a este hacia las de entidades mercantiles con vínculos con el abogado y con el Pana.

Empieza a llegar el dinero

El comunicado del MP detalla que García Gudiel recibió entre el 28 de julio y el 7 de octubre de 2017, mediante tres operaciones bancarias, el monto de Q19 millones sabiendo, por razón de su profesión, que los fondos provenían de actividades ilícitas que efectuó su cliente Samayoa Soria.

Además, entre el 7 de agosto y el 19 de octubre de 2017, García Gudiel, y el Pana, como seguimiento a su “asesoría legal”, recibió por lo menos 13 operaciones bancarias por un monto total de Q40 millones 340 mil 632.40.

Esos fondos fueron depositados en cuentas bancarias de las sociedades mercantiles vinculadas con García Gudiel y el Pana las cuales se denominaban  Building S.A., Inmobiliaria Rgr. S.A., Galcorsa S.A., Inversiones Mobiliarias y Mas, S.A y a la cuenta persona de alias el Pana, William Darío Molina Ruiz.

El origen de los recursos eran las sociedades controladas y dirigidas por José Guillermo Samayoa Soria: M&C Construcciones, Corporación de Ingeniería Civil y Construcciones, S.A.; Servicios Industriales de Salamá, S.A.

El MP dice que la “defensa” de García Gudiel consistía en una estrategia para recibir dinero y ocultar la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento y propiedad de bienes y dinero, sabiendo por razón de su profesión, que los mismos provenían de la comisión de un delito.

El MP explicó que d debido a que Samayoa Soria se encontraba en prisión preventiva, las gestiones para las transferencias de recursos, fueron realizadas por dos empleados de confianza de éste, los cuales fueron identificados como Neal Vladimir Tun Lemus y Nuvia Marisol Garcia Castillo.

Regresa parte de los fondos

Del monto total de Q.59 millones 340 mil 632.40, que fue objeto de la operación de blanqueamiento de capitales, el 19 de mayo de 2020, el abogado García Gudiel retomó la cantidad de Q6 millones 500 mil a su defendido, José Guillermo Samayoa Soria, por medio de un cheque de gerencia número 02313553, del Banco G&T Continental, S.A. girado en favor de Generadora de Energías Xolexa, S.A., vinculada con Samayoa Soria.

Además, dentro de por lo menos 5 vehículos automotores (2 tipo agrícola y 3 cabezales), que suman un valor aproximado de Q1 millón 500 mil fueron entregados al abogado García Gudiel como parte del asesoramiento legal.

Estos vehículos fueron resguardados en predios propiedad de García Gudiel en el km 21 de la ruta CA-1 Oriente, carretera a El Salvador) y otro en Villa Nueva.

Los vehículos fueron entregados con los títulos respectivos, endosados, para justificar ante las autoridades, en el eventual requerimiento de información, y hacer suponer que los automotores estaban en venta en dichos predios.

Le pide Q2 millones

El comunicado del MP también revela que el abogado García Gudiel le dijo a su cliente José Guillermo Samayoa Soria que, en una supuesta reunión con personal del Ministerio Público, le habrían mostrado un listado de 400 cuentas bancarias que serían embargadas y que supuestamente el personal del Ministerio Público, le ofreció tiempo para que pudieran retirar el dinero de las cuentas bancarias y evitar que perdiera todos los recursos.

Esta “ayuda” de la Fiscalía, supuestamente era a cambio de entregar Q2 millones los cuales debían ser transferidos con urgencia a cuentas bancarias de García Gudiel, pero Samayoa Soria no aceptó.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos imputó en noviembre de 2018 en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, al ciudadano colombiano William Darío Molina Ruiz la transferencia de Q.23 millones 616 mil 012.40, desconociendo para esa fecha el origen de las operaciones.

Ahora, en fecha actual, se ha logrado establecer, que el origen de las operaciones eran los servicios profesionales a los que se ha hecho referencia.

Actualmente, Molina Ruiz, se encuentra ligado a proceso penal por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, sin medidas de coerción personal al haberse clausurado provisionalmente, en su favor el proceso penal.

El documento del MP menciona que en esta primera semana de abril un juez autorizó la detención de:

1. Francisco García Gudiel por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
2. William Darío Molina Ruiz, alias “El Pana”, por el delito de lavado de dinero u otros activos (para imputarle el monto blanqueado que no le fue reprochado en su momento).

Agrega que todavía están en desarrollo 9 diligencias de allanamiento en el departamento de Guatemala, que tienen como propósito ubicar a los sindicados y evidencia para la investigación. Por lo que están siendo allanadas 4 casas de habitación y 5 inmuebles que funcionan como oficinas profesionales o de sociedades mercantiles.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) entregó este miércoles 24 de marzo acusación en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, para pedir que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, enfrente juicio por caso Construcción y Corrupción.

La misma se compone de 2 mil 418 medios de investigación documental, 769 medios de investigación material y 10 testimoniales.

El caso

A partir de una investigación del Ministerio Público y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por actividades ilícitas vinculadas con Sinibaldi se descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.

En la investigación se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos.

La facturación de las empresas se realizó de 2012 a 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro de Comunicaciones.

El pago a las empresas de cartón funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que, una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operaba a su beneficio, pagándoles deuda que Comunicaciones tenía con las empresas que ellos representan.

El 7 de octubre del 2020, el exministro Sinibaldi, fue ligado a proceso en el caso Construcción y Corrupción I y II, y Odebrecht.

Caso Odebrecht

El MP también presentó acusación contra el exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi por el delito de lavado de dinero en el caso Odebrecht.

La acusación tiene como soporte cuatro  declaraciones en anticipo de prueba, 10 testimoniales, 179 documentales y cuatro periciales.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), aclaró este lunes 15 de marzo que es falso un documento que circula en redes sociales en el que se lee que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, firmó un convenio de colaboración eficaz.

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, aclaró que es falsa esa información y que el documento que circula en redes sociales tiene fecha 4 de septiembre de 2020, en la que ni siquiera había terminado la primera declaración en uno de los casos.

Refirió que esa audiencia terminó el 14 de septiembre de 2020 por lo que hubiese sido imposible suscribir un acuerdo en esa fecha que sugiere el documento falso.

En el documento falso, se lee que el acuerdo fue firmado en la ciudad de Guatemala a las 13 horas del 4 de septiembre del 2020, en la 15 avenida 15-17 de la zona 1 de la capital, en donde comparecen la agente fiscal Amy Mayra Lissette Girón Rodas, de la Feci, y Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, que en adelante se denominará “el colaborador”.

Supuestamente Sinibaldi está asistido por su abogado defensor Abraham Isaí Girón Morales, para suscribir “el presente Acuerdo de colaboración eficaz”.