El abogado y notario Constantino José Pablo Álvarez Iriarte, fue sentenciado a 4 años de prisión conmutables tras someterse a la figura de aceptación de cargos por los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica.

La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó cuatro años de prisión al abogado Álvarez Iriarte por su participación en la constitución de empresas mediante la falsificación de firmas.

De acuerdo con el Ministerio Público, el abogado habría participado en la legalización de empresas vinculadas a la constructora brasileña Norberto Odebrecht en Guatemala, señalada de pago millonario de sobornos a funcionarios, políticos, exfuncionarios y empresarios a cambio de obras.

El abogado aceptó ante la jueza los delitos que se le imputaban por parte del MP y durante su declaración indicó no conocer a Manuel Baldizón y afirmó que nunca recibió órdenes de él.

“Reconozco que cometí errores sin saber, por lo cual pido una disculpa al pueblo de Guatemala y pido una disculpa al Estado”, declaró Álvarez ante la jueza.

“Realizamos ciertas escrituras, son las que aparecen en la acusación que escuchamos. Sí me pude percatar que no se llevó la debida diligencia en los documentos y sí existe y sí existen personas que dicen no haber formado”, concluyó el abogado.

La jueza dictó una sentencia de tres años por el delito de asociación ilícita y un año por falsedad ideológica.

Como parte de la reparación digna al Estadio, deberá hacer un pago de Q33 mil 845 con 90 centavos.

Baldizón y Odebrecht

El 9 de enero 2023, el juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial en el caso Odebrecht, quien al pagar la caución económica impuesta podía salir de la cárcel Mariscal Zavala, donde fue recluido tras haber sido deportado de EE. UU.

El 11 de enero de ese año, la familia de Baldizón pagó Q800 mil de caución en el Caso Odebrecht, y por el proceso Transurbano de Q1 millón para obtener medidas sustitutivas y que el político saliera de prisión.

El Ministerio Público (MP) apeló y pidió que Baldizón regresara a prisión preventiva, pero el Juzgado este miércoles ha mantenido la libertad para el excandidato presidencial.

El pasado 5 de julio, el Juzgado de Mayor Riesgo D en una audiencia que se celebró a puerta cerrada, confirmó que Baldizón mantendría sus medidas sustitutivas.

Una sala de apelaciones de Guatemala ordenó este jueves 28 de septiembre reactivar el juicio contra el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi por tres delitos dentro de una trama de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), había sido beneficiado con el cierre del caso en su contra el pasado 21 de julio, sin embargo, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo del Organismo Judicial decidió que debe ser juzgado.

El 20 de julio pasado, el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo del juez Juan José Jiménez Texaj, cerró la investigación contra Sinibaldi en el caso Odebrecht al decretar el sobreseimiento.

Con esta resolución, el exministro se libraba de enfrentar juicio por ese caso y quedaban sin efecto las acusaciones en su contra por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo.

El exministro deberá enfrentar un debate por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo, por supuestamente haber recibido US$18 millones en sobornos para beneficiar con contratos a Odebrecht, entre 2011 y 2013.

La persecución contra Sinibaldi había cesado porque el Ministerio Público (Fiscalía) había decidido desechar los testimonios de dos empresarios brasileños que acusaban al exfuncionario de recibir dinero ilícitamente.

Esa decisión, que había provocado la libertad de Sinibaldi, fue tomada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien fue sancionado en 2022 por Estados Unidos bajo acusaciones de “corrupción y socavamiento de la justicia” en el país centroamericano.

Entre 2009 y 2015, Sinibaldi fue uno de los hombres fuertes de la política guatemalteca y, según testimonios judiciales, llegó a manejar más de US$25 millones en sobornos.

Sinibaldi se entregó a las autoridades en agosto de 2020, tras cuatro años fugado, y está acusado de corrupción en otros cuatro casos, incluido el denominado “Cooptación del Estado”, sobre un desfalco estatal millonario durante el gobierno de Pérez Molina.

El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, sobre el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.

Sala de Apelaciones da espaldarazo a Manuel Baldizón en el caso Transurbano y evita que sea investigado por tres delitos

Manuel Baldizón fue beneficiado con una falta de mérito en tres delitos por el caso Transurbano y una sala de apelaciones confirma el fallo que fue apelado por el MP.

La Sala Tercera de Apelaciones dio este miércoles 26 de abril un espaldarazo al excandidato a la Presidencia, Manuel Baldizón, al haber dictado una resolución en la que ratifica el fallo de una jueza que dictó falta de mérito en tres delitos investigados dentro del caso Transurbano, informaron fuentes judiciales.

De esa cuenta, una apelación interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) fue rechazada.

El planteamiento de la Feci es que Baldizón, quien fue deportado de EE. UU. luego de haber cumplido una condena por lavado de dinero, es que el también exdiputado fuera investigado por cuatro delitos, pero el recurso no fue otorgado con lugar.

Tras la resolución de la Sala, en el caso Transurbano Baldizón solo será investigado por financiamiento electoral ilícito y se confirma la falta de mérito por asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado.

En octubre de 2022, Baldizón fue ligado a proceso en el caso Transurbano, que se ventila en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Virginia de León.

En esa oportunidad el MP confirmó que Baldizón quedó ligado a proceso penal por financiamiento electoral ilícito; sin embargo, “la jueza lo benefició con falta de mérito por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado”, por lo que apelaron el fallo.

En diciembre del 2018, la Feci explicó el entramado de empresas de cartón que habría usado el excandidato presidencial en las campañas presidenciales de 2011 y 2015.

Según la Feci, Baldizón creó “todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales”.

Las autoridades lo señalan de supuestamente financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de la empresa estatal de transporte Transurbano.

Baldizón, quien se declaró culpable en EE. UU. de lavado de dinero y que en Guatemala enfrenta procesos penales por los casos Transurbano y Odebrecht, abandonó el 11 de enero pasado la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, donde guardaba prisión preventiva desde el 5 de octubre del año pasado cuando Washington lo deportó.

Baldizón, quien en el presente evento electoral intentó postular como candidato a diputado, obtuvo la libertad luego de haber pagado Q1.8 millones de caución económica, la cual fue impuesta por dos jueces del Organismo Judicial (OJ) que lo beneficiaron con el arresto domiciliario.

El juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió el 9 de enero otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial en el caso Odebrecht.

Caso Transurbano, Caso Odebrecht, Manuel Baldizón, Corrupción en Guatemala,

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló este jueves 13 de abril la sentencia dictada en contra de tres allegados al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quienes habían sido condenado a prisión por estar implicados en el caso Odebrecht, una trama de corrupción que salpica a altos exfuncionarios de varios gobiernos de la región.

La Sala en mención benefició a Jorge Antillón Klüssmann, Juan Manuel Molina Coronado y Juan Ignacio Florido, al considerar que hubo vicios durante el juicio efectuado por el Tribunal de Mayor Riesgo A en julio de 2019, por lo que ordenó la repetición del debate.

El 22 de julio de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó por unanimidad a Molina Coronado y a Antillón Klüssmann a 14 años de prisión, mientras que a Florido lo sentenció a seis años de cárcel. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Yassmin Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante.

“Los acusados participaron en el lavado de dinero en su calidad de autores. Es evidente la estructura criminal para delinquir que trasladó grandes cantidades de dinero para beneficiarse”, explicó en esa oportunidad la presidenta del Tribunal.

Señalamientos durante el juicio

“Soy un peón de Alejandro Sinibaldi. Estoy quebrado moral y financieramente. No sabía que Sinibaldi se iba a convertir en un delincuente”, declaró Florido durante las conclusiones y réplicas del juicio en el que fue condenado en julio de 2019.

“Jamás aperturé alguna cuenta bancaria. Alejandro Sinibaldi está gozando de la plata. Me siento como un peón”, agregó.

En tanto, Molina Coronado, quien fue abogado de Sinibaldi, dijo en su última petición que no cometió el delito de blanqueo de capitales.

“Soy inocente. Mi trabajo fue estrictamente profesional. Este caso no tiene sustento. Se basa, en mi parte, a declaraciones de un colaborador —Juan Arturo Jeguerlehner, concuño de Sinibaldi— que obtuvo gran beneficio por mencionarme en ese caso”, refirió.

Además, el Tribunal recordó que la constructora brasileña Odebrecht firmó el contrato con Guatemala el 13 de diciembre de 2012 para dar mantenimiento y ampliar la carretera CA-2 Occidente. El monto fue de US$384 millones 361 mil 901.65.

También se dijo que Sinibaldi, el presunto líder de la organización criminal, negoció con los directivos de Odebrecht para recibir 7.5 % como soborno del monto total que el Estado pagaría a la empresa por la carretera.

La obra se inició el 24 de octubre del 2013 y se extendió hasta el 2016, cuando se conoció el caso.

El avance fue de 54 %, y para recibir los sobornos, Sinibaldi ordenó a los acusados que firmaran por la apertura de cuentas de entidades fuera de plaza en Antigua y Barbuda.

Odebrecht hizo transferencias a las cuentas, cuyos representantes son los condenados, por US$17.9 millones, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Siete personas vinculadas por el Ministerio Público (MP) en el caso de corrupción denominado Odebrecht fueron ligadas a proceso penal este lunes 3 de abril, informaron fuentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Los señalados fueron ligados a proceso a solicitud de la Feci y con base en los indicios presentados, señala la Fiscalía.

De esa cuenta se ligó a proceso a Héctor Antonio Aldana Castillo, Carlos Humberto Martínez Ruano y Manuel Antonio León Sandoval por los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica.

Además, Lubia Edith Catalán Espinoza fuer ligada a proceso por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y falsedad ideológica;

En tanto, Pedro Vinicio Xalin Tuctuc por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Loida Fabiola Mérida León y Astrid Violeta González Ramos por encubrimiento propio.

“El órgano jurisdiccional otorgó al Ministerio Público seis meses para concluir la investigación y programó la entrega del acto conclusivo para el 3 de octubre de 2023”, dice la Feci.

El caso Odebrecht es uno de los más representativos de corrupción en América Latina que salpicó a Guatemala con la distribución de unos US$31.95 millones en sobornos para políticos, empresarios y exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota (PP), del cual era parte el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, rindieron declaración en anticipo de prueba el 8 de septiembre de 2017, brindado detalles, montos, nombres de exfuncionarios vinculados, los testimonios se rindieron en el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Es importante destacar que los extranjeros enfrentan proceso en Brasil por su supuesta vinculación en el caso de corrupción Lava Jato.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentó una solicitud de revocatoria de medida sustitutiva en contra del excandidato a la Presidencia de la República, Manuel Baldizón, dentro del caso Odebrecht.

El jefe de la Feci, el fiscal José Rafael Curruchiche, explicó que espera que el juez de Mayor Riesgo D fije fecha para conocer la petición.

Baldizón, quien se declaró culpable en EE. UU. de lavado de dinero y que en Guatemala enfrenta procesos penales por los casos Transurbano y Odebrecht, salió el 11 de enero pasado de la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17, donde guardaba prisión preventiva desde el 5 de octubre del año pasado cuando Washington lo deportó.

Baldizón obtuvo la libertad luego de que pagara Q1.8 millones de caución económica, la cual fue impuesta por dos jueces del Organismo Judicial (OJ) que lo beneficiaron con el arresto domiciliario.

El juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió el 9 de enero pasado otorgar medidas sustitutivas a Baldizón en el caso Odebrecht, quien al pagar la caución económica impuesta salió de la cárcel Mariscal Zavala, donde fue recluido tras haber sido deportado de EE. UU.

El 11 de enero, la familia de Baldizón confirmó que pagaron los Q1 millón 800 mil de fianza.

Baldizón pagó Q800 mil de caución en caso Odebrechet y por el proceso Transurbano de Q1 millón.

Además, el pasado 19 de octubre de 2022, Virginia Amparo de León, jueza titular del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, benefició con arresto domiciliario a Baldizón, quien es procesado en esa judicatura por el caso Transurbano.

El excandidato presidencial fue deportado el 5 de octubre de 2022 por Estados Unidos, tras una condena por lavado de dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese país vinculó los fondos con el narcotráfico.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), informó este 13 de febrero que capturó a varias personas, incluidos abogados, que formarían parte de una red delictiva vinculada a Manuel Antonio Baldizón Méndez, excandidato presidencial de Guatemala.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci), informó que a solicitud de esa fiscalía el Juzgado de Mayor Riesgo D autorizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias para hacer efectivas órdenes de aprehensión en contra de 12 personas vinculadas Baldizón.

Agregó que estas personas son acusadas de los delitos de lavado de dinero u otros activos asociación ilícita y falsedad ideológica.

Hasta el momento se reporta la captura de:

1. Héctor Antonio Aldana Castillo, abogado.
2. Manuel Antonio León Sandoval, abogado.
3. Loyda Fabiola Mérida de León, representantes de empresas
4. Pedro Vinicio Salin Tuc Tuc, representantes de empresas.
5. Astrid Violeta González Ramos, representantes de empresas.

Según Curruchiche, las 12 personas contra las que se giró orden de captura, formaron parte de la estructura de Baldizón ya sea con  la creación de empresas off shore, o por ser representantes legales de algunas empresas, muchas de las cuales fueron constituidas en algún país del extranjero,  en este caso Panamá, y que el principal beneficiario era el excandidato presidencial.

Agregó que los fondos que llegaban a estas empresas finalmente llegaban a Baldizón.

Baldizón fue candidato presidencial en Guatemala por el extinto partido Líder.

Para las elecciones de este 2023, Baldizón buscará una diputación por el listado nacional en la casilla uno del partido Cambio.

El excandidato fue incluido en la Lista Engel el 18 de mayo de 2019 y recién fue deportado al país el 5 de octubre de 2022, luego de purgar una condena en EE. UU. por lavar dinero del narcotráfico en un caso en el que se declaró culpable. Había sido capturado en Miami, Florida en 2018.

La empresa brasileña OEC, subsidiaria integral de Novocor (nuevo nombre comercial de Odebrecht), calificó este jueves como “injusta” la decisión de Guatemala de rechazar el testimonio de dos personas que confesaron en 2017 el pago de sobornos en el país centroamericano hace casi una década, además de ordenar su inmediata captura.

Mediante un comunicado, la firma brasileña indicó que “sigue con preocupación” dicha orden de detención por parte de Guatemala en contra de los dos testigos, ambos de nacionalidad brasileña, oficializada el 1 de febrero por el Ministerio Público (MP).

Los exdirectivos de Odebrecht requeridos en Guatemala son los brasileños Marcos de Cequeira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, quienes se acogieron a la figura de “colaborador eficaz” en 2017 cuando se investigó a la firma constructora por posibles irregularidades en la nación centroamericana.

Dicha colaboración se realizó con el Ministerio Público a cargo del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval y con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y arrojó como principal acusado al exministro de Comunicaciones del Gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, además del excandidato presidencial y exidiputado Manuel Baldizón.

Los señalamientos del MP

Sin embargo, ahora el Ministerio Público, bajo el mando del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos señalado de armar casos espurios, acusa a los brasileños de haber recibido de forma anómala beneficios de la extinta Cicig.

Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos y extraditado posteriormente a Guatemala, recuperó su libertad en el país centroamericano en enero pasado gracias a la anulación de los testimonios de los empresarios brasileños que lo vinculan a recibir dichos sobornos millonarios entre 2010 y 2011.

Los testimonios de Curruchiche acusaban a Sinibaldi y Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht por 18 millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora brasileña.

“La nueva e injusta decisión se suma a un conjunto de otras arbitrariedades”, añadió OEC en una nota de prensa donde recordó que los convenios de colaboración concretados en 2017 Lima y Mameri fueron descartados en 2022 por un recurso interpuesto por “uno de los condenados del caso”.

De acuerdo a analistas, no se descarta que Baldizón intente participar en las elecciones de junio próximo, nuevamente como candidato a presidente, tal y como lo hizo con los comicios de 2011 y 2015.

El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, por el cual se investiga el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.

En Guatemala, varios expertos advierten que las actuales autoridades del Ministerio Público (Fiscalía) están persiguiendo a los operadores de justicia que en el pasado descubrieron redes criminales de corrupción incrustadas en el Estado.

Un juzgado de Guatemala ordenó este miércoles la captura de los brasileños Marcos de Cequeira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, ambos exdirectivos de la constructora Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción en este país centroamericano.

El juez Juan José Jiménez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, declaró en rebeldía a los empresarios brasileños y ordenó su aprehensión debido a que no se presentaron a una citación este miércoles en el Organismo Judicial de la Ciudad de Guatemala.

Los abogados de los brasileños solicitaron la suspensión de la audiencia para poder estudiar la acusación contra los exdirectivos de Odebrecht; sin embargo, sus argumentos fueron rechazados por el juez Jiménez, quien insistió que los implicados tenían que estar presentes.

El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, sancionado por corrupción por Estados Unidos, acusa a Lima Machado y Mameri de haber recibido de forma anómala beneficios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), encabezada Iván Velásquez, ahora ministro de Defensa de Colombia.

En 2022, Curruchiche anuló los testimonios que ambos brasileños habían brindado en 2017, en los que acusaban al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht por US$18 millones a cambio de otorgar proyectos a la constructora brasileña.

El pasado 11 de enero, Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, recuperó su libertad en Guatemala gracias a la anulación de los testimonios de los empresarios brasileños que lo vinculan a recibir sobornos millonarios entre 2010 y 2011.

Además, hace dos semanas el fiscal Curruchiche advirtió que no descartaba acciones legales contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por su supuesta vinculación a anomalías en el caso Odebrecht, cuando fungía como director de la Cicig (2013-2018).

El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, por el cual se investiga el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.

En Guatemala, varios expertos advierten que las actuales autoridades del Ministerio Público  están persiguiendo a los operadores de justicia que en el pasado descubrieron redes criminales de corrupción incrustadas en el Estado.

Este 1 de febrero, el MP de Guatemala publicó un video del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, en el que este menciona que los exdirectivos de Odebrecht no comparecieron a la audiencia judicial en calidad de sindicados,  de la cual habían sido notificados, y que a través de los abogados, estos presentaron una serie de recursos legales para impedir la realización de dicha audiencia.

Afirma que fue la Feci la que solicitó la rebeldía y el juez Jiménez ordenó la inmediata aprehensión estas personas.

“Estas personas fueron beneficiadas por el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez; la exfiscal general, Thelma Esperanza Aldana Hernández; el exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval Alfaro, y el expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana,  Juan Pablo Carrasco de Groote y  hoy otros coimputados”, dice Curruchiche.

Agrega que la Feci continuará emprendiendo las acciones legales correspondientes en contra de todas aquellas personas que resulten implicadas. Aclaró que el caso va avanzando significativamente y no van a descansar hasta esclarecer los hechos.

#CasoOdebrecht
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/rCQryLcuUt

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 1, 2023

El Juzgado Décimo Penal reprogramó la audiencia de primera declaración del periodistas Jose Rubén Zamora,  por nuevos hechos que le señalan el Ministerio Público relacionados con un caso de supuesto lavado de dinero.

El juez trasladó la audiencia para el próximo 7 de febrero a las 10.30 horas, debido a que Zamora, presidente de elPeriódico, no fue notificado para que compareciera ante dicha judicatura.

Según se conoció, el Sistema Penitenciario fue quien le avisó a Zamora que debía comparecer en Torre de Tribunales.

Flora Emilza Silva Flores, exdirectora financiera de elPeriódico, también vinculada en el caso, también compareció ante el juez, y su audiencia de primera declaración sí se lleva a cabo.

Zamora y Silva son señalados por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de justicia.

El señalamiento

El 19 de enero pasado, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), informó Zamora, Silva Flores y dos abogados del periodista están siendo señalados en un nuevo caso por intentar desviar una investigación.

La Feci dijo que se logró establecer una posible conspiración para obstruir una investigación en curso relacionada a dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos.

Según Curruchiche, este caso es vinculado al supuesto lavado de dinero que Jose Rubén Zamora Marroquín y la entidad Aldea Global Sociedad Anónima -elPeriódico- recibieron en 2013.

Agregó que cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro fue destituido como jefe de la Feci, Zamora y los otros tres involucrados “se alarmaron y se reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero que posiblemente asciende al monto de por lo menos Q200 mil en efectivo y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese entonces”.

Curruchiche señaló en esa ocasión que Jose Rubén Zamora Marroquín se apoyó para eso de Flora Silva Flores y de los abogados Romeo Augusto Montoya García y Mario Estuardo Castañeda y Castañeda, quien fue detenido ese día.