El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) le dio trámite a un amparo interpuesto por autoridades indígenas y ancestrales en contra del presidente Alejando Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Feci Rafael Curruchiche y el juez séptimo penal Fredy Orellana, informaron este viernes 10 de noviembre fuentes judiciales.

La CC también remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los expedientes relacionados con el amparo contra Porras, Curruchiche y Orellana.

El amparo planteado por las autoridades indígenas solicita que se otorgue la protección constitucional de amparo “declarando la amenaza de violación al principio de supremacía constitucional, a nuestro derecho a elegir, al voto universal, secreto y único, a la efectividad del sufragio y a la libertad del voto.

Además, solicita que se deje en suspenso la resolución emitida por el juez Orellana “que ordenó los allanamientos ejecutados el 12 y 13 de septiembre de 2023 en instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral y el Registro de Ciudadanos”.

También solicite que por medio de amparo “se conmine a la fiscal general y jefa del Ministerio Público y al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a abstenerse de realizar solicitud y ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo o amenaza los derechos y principio individualizados”

Sumado a eso, en el amparo piden que “se conmine al presidente constitucional de la República para que ordene al director de la Policía Nacional Civil abstenerse de acatar ordenes o solicitudes de las autoridades impugnadas que ponga en riesgo o amenaza los derechos y principio individualizado”.

Además, le solicitan a la Corte que se ordene la separación del cargo “ipso facto” de Porras, Curruchiche y Orellana.

Sin embargo, este viernes se conoció que el CC le dio trámite al amparo interpuesto por las autoridades ancestrales, pero para determinar si procede o no le fijó 48 horas al presidente Giammattei para envié un informe circunstanciado referente a los actos señalados por las autoridades indígenas.

“Para resolver si procede o no el amparo provisional, que el Presidente de la República de Guatemala, autoridad denunciada remita el antecedente del caso o, en su defecto informe circunstanciado, dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, con la salvedad de que, si no tuvieren en su poder lo mencionado, informe a esta Corte al respecto y remita el requerimiento a donde corresponda para dar cumplimiento a lo ordenado”, detalla la CC en su resolución.

Además, la resolución detalla que “por razón de competencia” se remite “para conocer y emitir pronunciamiento, copias certificadas del escrito inicial del amparo instado y del escrito relacionado en esta resolución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que continúe con el trámite correspondiente al amparo” contra Porras, Curruchiche y Orellana.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación que fueron presentadas por el Congreso de la Republica en el marco de la orden que la máxima instancia judicial le dio el martes pasado al Legislativo para elegir antes del 15 de diciembre a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de Apelaciones, pendiente desde 2019.

“Se dispone ordenar al Congreso, su junta directiva y a los diputados, según corresponda, proceder en forma inmediata a incluir en agenda la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dijo la magistrada de la CC Leyla Lemus en conferencia de prensa el martes pasado.

Agregó que los diputados deben “concluir el proceso de elección a más tardar el 15 de diciembre” próximo, por decisión de la CC; sin embargo, el Congreso solicitó una ampliación respecto a la orden emitida por la alta corte.

“Después de un análisis de la debida ejecutoría, la dirección de asuntos jurídicos presentó un recurso de aclaración y ampliación, toda vez que hay dudas razonables sobre el proceso que ya se había iniciado”, explicó el pasado miércoles el diputado Aníbal Rojas, secretario de la Junta Directiva del Congreso.

Asegura que la aclaración se pidió “con el fin de garantizar el debido proceso y el estricto cumplimiento de lo resuelto”.

Sin embargo, este jueves 9 de noviembre, la CC declaró sin lugar la solicitud hecha por el Congreso.

La CC declaró “sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación presentada por el Congreso de la República de Guatemala, por medio de su mandatario judicial con representación, Mynor Rafael Prado Jacinto, del auto por esta Corte el seis de noviembre de dos mil veintitrés”, dice la resolución.

De esa cuenta, la orden de la CC sigue vigente y los diputados tienen pendiente elegir de una lista de 26 candidatos a los 13 nuevos integrantes de la CSJ, así como a los 135 de Cortes de Apelaciones para terminar el periodo 2019-2024.

A inicios del próximo año se inicia el proceso de postulación para el lapso 2024-2029

La elección está entrampada luego de que el Ministerio Público (MP) revelara una investigación que señalaba al operador político Gustavo Alejos de haber manipulado la nómina de elegibles.

Según la investigación, Alejos se reunió con diputados, jueces, magistrados y abogados para pactar la nómina final que elegiría el Congreso.

Ante ello, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, presentó un recurso de amparo contra el Congreso por la “amenaza real e inminente sobre el proceso de elección de Cortes en el país”, el cual fue admitido por la propia CC, en mayo de 2020.

En esa resolución, la CC ordenó a los diputados no elegir a candidatos investigados y excluir del proceso a los profesionales cuya “idoneidad y honorabilidad estén comprometidos”.

Lemus recordó que “desde el 23 de junio de 2020, en cada sesión el Congreso ha agendado lo relativo a la elección de las cortes, sin haber alcanzado consenso suficiente para incluir el procedimiento respectivo para integrar dichas cortes”.

La CC resolvió el martes fijar fecha para ejecutar el fallo y en caso de que volviera a existir incumplimiento pedirá al Ministerio Público iniciar una investigación contra los que resulten responsables.

Asimismo, la CC demandó a los legisladores elegir a los “más capaces e idóneos, debiendo descartar, al votar, a quien no cumpla alguno de los parámetros constitucionalmente establecidos”.

Con información de AFP

Elección de Cortes, CC, CSJ, Congreso de la República

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) no le otorgó un amparo al vicepresidente Guillermo Castillo, quien buscaba dejar sin efecto una resolución de la Corte Suprema de Justica (CSJ) que, en julio del 2020, le dio trámite a una solicitud de retiro de antejuicio, informaron este miércoles 27 de septiembre fuentes judiciales.

Con la resolución de la CC, el fallo de la CSJ queda en firme y ahora le corresponde al Congreso de la República conocer el expediente del vicemandatario para hacer un análisis y determinar si debe o no retirarle la inmunidad que goza por su cargo.

Fuentes de la CC señalaron que “respecto del expediente 2519-2020, este Tribunal resolvió denegar el amparo solicitado por César Guillermo Castillo Reyes, en calidad de vicepresidente de la República de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia, revoca el amparo provisional oportunamente otorgado”.

Agregan que “lo anterior en virtud que del estudio de las constancias procesales, este Tribunal establece que la Corte Suprema de Justicia, al emitir el acto reclamado, no ocasionó vulneración alguna a los derechos del postulante, en tanto que al admitir para su trámite las diligencias de antejuicio, se limitó, conforme al correcto ejercicio de sus atribuciones, a establecer la existencia o no de motivaciones espurias, políticas o ilegítimas en el planteamiento de la denuncia presentada en su contra”.

La CSJ dio trámite el 31 de julio de 2020 a una solicitud de retiro de inmunidad contra Castillo, la cual fue promovida por el abogado Nimrod Estévez González.

En esa oportunidad Castillo dijo que la acción legal tenía que ver con el nombramiento que hizo de una abogada para que, de forma interina, ocupara la jefatura de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por renuncia de su titular, Óscar Conde, para ocupar uno de los viceministerios de Gobernación a partir del 7 de agosto de 2020.

En esa fecha, el vicemandatario dijo a Prensa Libre que la solicitud de retiro de inmunidad era espuria y política, de lo cual da cuenta que, según información que poseía, hubo cuatro magistrados de la Suprema que votaron en contra.

Por lo anterior, el 2 de agosto de 2020, Castillo presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la CSJ que dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio.

Trámite

El proceso de retiro de inmunidad está regulado por la Ley en Materia de Antejuicio.

El artículo 17 establece que el Congreso de la República debe conocer los antejuicios promovidos contra un dignatario o funcionario que, por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de ocho días después de su recepción, iniciará el trámite.

El Congreso procederá de la manera siguiente:

• El pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
• En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, formada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.
• El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
• Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
• La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

Mediante una sesión extraordinaria, el pleno de magistrados de la Cortes Suprema de Justicia (CSJ) otorgó este sábado 19 de agosto el amparo provisional al parido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, y ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que garantice la transparencia de la transmisión de los datos electorales y facilite el trabajo de los fiscales de las agrupaciones políticas que están en contienda.

La UNE presentó este sábado 19 de agosto un recurso de amparo contra el TSE ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pidiendo que garantice la “transparencia” del balotaje del domingo, un día después de que ella pusiera en duda el proceso de conteo de votos.

“Lo que estamos solicitando […] es que se garantice la transparencia de los resultados en la segunda vuelta”, dijo Víctor Guerra, secretario general en funciones de la UNE tras presentar el recurso ante la máxima instancia judicial del país.

Guerra dijo en conferencia de prensa que existe una “amenaza” de que el TSE “no tome las acciones idóneas para garantizar y confirmar que los datos ingresados al sistema informático (…) correspondan de manera fiel y exacta al escrutinio de votos que realice cada mesa electoral”.

El viernes, Torres puso en duda la transparencia del balotaje al afirmar que extranjeros y partidarios de su rival Bernardo Arévalo, también socialdemócrata, pueden alterar el sistema de cómputo del TSE.

“Nosotros vamos a respetar los resultados electorales sí y solo sí, si en determinado momento se demuestra que todo lo actuado en las mesas es coherente con lo que está reflejado en el sistema informático”, indicó César Romano, representante de la UNE ante el TSE.

De esa cuenta, este sábado se desarrolló un pleno extraordinario en la CSJ para conocer y resolver el amparo interpuesto por la UNE, según informó en conferencia de prensa el vocero del Organismo Judicial (OJ), Rudy Esquivel.

Añadió que el amparo fue remitido por la CC a la CSJ por temas de competencia y “constituida en tribunal de amparo continúe con la garantía constitucional”.

“De manera unánime, el pleno de magistrados en relación con el amparo electoral 2842-2023 ha decretado el amparo provisional”, señaló Esquivel.

Agregó que, “en consecuencia, se ordena a la autoridad impugnada -al TSE- que de forma inmediata tome las medidas necesarias para garantizar:

A) El ingreso de los datos al Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, por sus siglas TREP, por los operadores informáticos en los centros electorales a nivel nacional durante la segunda vuelta electoral (…) a efecto, corresponda de manera fiel y exacta el escrutinio de votos que realice cada mesa electoral.

B) Que garantice que los fiscales designados de los partidos políticos que se encuentran en la contienda electoral ante las juntas receptoras de votos y fiscales informáticos cumplan sin limitación con sus funciones y así evitar con ello la violación al principio de pureza del proceso electoral, efectividad del sufragio, certeza y seguridad jurídica, así como la seguridad democrática del país, en particular, de manera congruente con la recomendación realizada recientemente por la misión de la Organización de Estados Americanos (…) y en particular la recomendación de la toma de fotografía del documento número cuatro que recoge el resultado de los votos”.

Unos 9.4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del mandatario Alejandro Giammattei, en un país con altos índices de violencia, corrupción y pobreza.

Con información de AFP

https://twitter.com/OJGuatemala/status/1693143126079312041?s=20

Tras conocer una acción de amparo de varios partidos políticos, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena que se repitan las audiencias de revisión de escrutinio de votos en la Juntas Electorales Departamentales de Guatemala y en la de Distrito Central.

La CC también remitió a la Corte Suprema de Justicia, “por razón de competencia”, la interposición del recurso, para que se constituya en tribunal de Amparo “para que continúe con el trámite de garantía constitucional instada”.

En este sentido, la CC ordena que en este nuevo escrutinio de votos, los representantes de los partidos “podrán hacer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes”, especialmente sobre las impugnaciones que las agrupaciones han hecho.

También deberán de analizarse las actas qué han sido cuestionadas en Guatemala y Distrito Central, quedando abierta la posibilidad de un nuevo “conteo de votos”.

La CC agregó que, “en tanto se dilucidan las situaciones anteriormente previstas, el Tribunal Supremo Electoral debe suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado”.

La Corte también demanda que estos procesos deberán de efectuarse a la brevedad, para que previo a la segunda vuelta electoral, las dudas expuestas por los diferentes interesados estén disipadas.

“Partidos deben desistir”

El abogado constituyente Aquiles Faillace, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que con la decisión de la CC de enviar los amparos a la CSJ “se produce la situación donde el lobo quiere cuidar las ovejas, porque los magistrados de la CSJ son los que están usurpando el cargo desde hace tres y medio años”.

¿Cómo puede esta gente que no respeta la ley tomar una decisión respecto de que si las elecciones continúan o no?, cuestionó.

Faillace agregó que “este es un llamado para los 10 partidos para que de inmediato desistan de sus amparos y que culmine el proceso electoral según la voluntad popular”.

Posturas de contendientes

Mientras llegaba la decisión de la CC los presidenciables que irán a la segunda vuelta electoral se habían pronunciado la tarde de este sábado. 

En una conferencia de prensa, la candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, señaló que no están pidiendo que se anulen las elecciones ni que se repitan las votaciones, sino únicamente que se haga cotejo de actas.

En tanto, el presidenciable Bernardo Arévalo, del partido Semilla, comunicó en las cuentas de las redes sociales que defenderán “la democracia y la voluntad del pueblo de Guatemala”. 

Partido llega a la CC

Tras conocerse la resolución de la CC, simpatizantes y dirigentes del partido Semilla llegaron a la CC para expresar su inconformidad con el fallo, ya que a criterio del diputado Samuel Pérez, la acción “pone en riesgo la democracia del país”.

Frente a la CC, el presidenciable Bernardo Arévalo, de ese partido dijo que al darle trámite a la acción “se violaron los plazos establecidos en la legislación para este tipo de amparos”.

Agregó que dicha resolución “a todas luces busca empantanar el proceso electoral y amenaza con diferir indefinidamente la segunda ronda”.

“No vamos a permitir que mediante argucias se estafe la voluntad del pueblo de Guatemala”, puntualizó, entre los aplausos de los simpatizantes del partido.

MOE: Se debe respetar la voluntad popular

Tras el fallo de la CC, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt), emitió un comunicado en el que dice reafirma que los comicios del 25 de junio señalaron “claramente quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta” el 20 de agosto, publicó la misión.

La MOE recordó que ya alertó sobre “el deterioro del estado de Derecho y de la judicialización con fines políticos de asuntos puramente electorales”.

La MOE UE reitera que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones del 25/06 que en la elección presidencial, señaló claramente quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta, el 20/08 pic.twitter.com/WWIDVtpNhM

— MOE UE Guatemala 2023 (@moeUEgt2023) July 2, 2023

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/wOBf8ISgDz

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) July 2, 2023

La Corte de Constitucionalidad (CC) revoca amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ordena que continúe sin efecto la inscripción de Luis Hernández Azmitia como candidato a diputado al Congreso de la República por parte del partido FCN Nación, tras aceptar la apelación presentada por el partido Podemos.

El 3 de mayo recién pasado, la CSJ otorgó amparo provisional a favor del partido FCN-Nación, permitiendo con ello la inscripción de Luis Hernández Azmitia como candidato.

El amparo fue otorgado en esa ocasión luego de que el 13 de abril, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían revocado la inscripción del exfuncionario, quien busca retornar al Congreso con la referida agrupación política.

La resolución detallaba que el TSE dio con lugar un recurso de nulidad planteado por la dirigencia del partido Podemos, con lo que se había declarado vacante la casilla 1 de Listado del Distrito Central para la agrupación FCN-Nación.

No es la primera vez que el Registro de Ciudadanos acciona en el caso del exlegislador, ya que en el 2019 rechazó su inscripción.

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En esa ocasión, la resolución señaló que Hernández Azmitia ganó la elección en el 2015 por el partido Visión con Valores, pero estaba afiliado al partido Valor.

La Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a blindar la inmunidad del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de estar implicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Y es que, de acuerdo con reportes periodísticos, en abril pasado, la CC rechazó un amparo planteado por el MP en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró sin lugar las diligencias de antejuicio contra Rojas, pero en esa oportunidad fue por el caso Fénix, en el que la Feci también lo señala de estar implicado.

En el caso Fénix, la petición para que se le quitara el derecho de antejuicio al magistrado Rojas fue porque se quería abrir una investigación por su posible vinculación en el caso de corrupción, cuando este fungía como agente fiscal del MP.

Sin embargo, este lunes 12 de diciembre, se infirmó que la CC rechazó otro amparo interpuesto por la Feci, con el cual la Fiscalía pretendía que se dejara sin efecto el fallo de la CSJ del 9 de febrero pasado, que ordenó que no se le diera trámite a un antejuicio en contra de Rojas por su presunta implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

En la última resolución, la CC rechazó el amparo planteado por la Feci, que buscaba reactivar el proceso de antejuicio contra Rojas, quien, según el MP, habría participado en la supuesta manipulación de la elección de cortes.

“Son evidentes los indicios que hacen viable la investigación de los supuestos hechos endilgados al magistrado, ya que estos aportan elementos de razonabilidad suficiente que hacen viable la procedencia del antejuicio y, por consiguiente, una investigación pues tales hechos, a la postre, podrían constituir delitos”, dice una parte del amparo del MP que fue rechazado.

“El acto señalado como agraviante fue emitido en forma incompleta, al no determinar que existieron declaraciones y medios de investigación que deben ser indagados con mayor amplitud, a efecto de determinar sobre la participación del antejuiciado en los hechos que se le endilgan; como consecuencia, se le limitó en sus funciones, haciendo nugatorios sus derechos, imposibilitando la determinación de culpabilidad y grado de participación del magistrado relacionado”, señala la CC

Además, detalla que “contrario a lo manifestado por el ente postulante, se aprecia que la autoridad reprochada realizó la labor previa de calificación de las diligencias de antejuicio que le asigna el artículo 16 de la ley de la materia, siendo su proceder acorde a la ley y a la doctrina legal asentada por esta Corte, al haber estimado la existencia de motivaciones espurias, al no haberse aportado elementos de razonabilidad con los que pudieran demostrarse y acreditar tales hechos”.

Caso Comisiones Paralelas 2020

En febrero de 2020, a raíz de la investigación por el delito de evasión en contra de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien se encontraba en prisión preventiva en un sanatorio de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, el Ministerio Público pudo inferir intentos para manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de la Corte de Apelaciones y de otros Tribunales Colegiados de igual categoría.

La investigación de la Fiscalía determinó en aquel entonces que la comisión de actividades criminales influenciaron indebidamente el proceso de selección de candidatos a magistrados que se materializan en actividades comparables a “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores.

El pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios, para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos.  El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejó un margen de riesgo de 1 voto.

Caso Fénix

Desde 2003, la justicia guatemalteca detectó una organización criminal que sustrajo al menos Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Exfuncionarios y particulares fueron sentenciadas por haber sustraído el dinero de los trabajadores, pero hay varios involucrados cuya participación continúa sin esclarecerse en los tribunales, en un proceso penal que es conocido como el caso Fénix.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este viernes 2 de diciembre rechazar un amparo solicitado por el juez de Mayor Riesgo Pablo Xitumul contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que decidió suspenderlo del cargo luego de que le retirara la inmunidad por solicitud del Ministerio Público (MP), informaron fuentes oficiales.

La resolución de la CC mantiene en firme la suspensión de Xitumul mientras el profesional resuelve su situación jurídica.

Cuando la CSJ decidió retirarle la inmunidad a Xitumul en febrero pasado, también determinó que debía ser separado de su cargo como presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C.

En el amparo, Xitumul argumentó a la CC que la decisión de la CSJ no contaba con la fundamentación legal necesaria porque “no se cumplió con realizar el análisis y estudio exhaustivo” sobre su situación jurídica.

Pierde inmunidad

La CC resolvió el 3 de noviembre pasado que el juez anticorrupción Pablo Xitumul podrá ser investigado por una denuncia interpuesta en su contra por un agente de la Policía Nacional Civil.

La Corte de Constitucionalidad falló en contra de Xitumul y confirmó que perdió su inmunidad y la Fiscalía de Guatemala podrá investigarlo por un supuesto caso de abuso de autoridad cometido en 2019.

La resolución fue avalada por unanimidad por los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que conocieron el caso.

El juez Xitumul, presidente del juzgado de mayor riesgo “C” del Organismo Judicial, se encuentra suspendido de su cargo desde marzo de 2022, porque el Supremo de Guatemala lo separó para que se resolviera una denuncia penal en su contra.

Esta denuncia la interpuso el inspector policial José Cuxaj, quien acusa a Xitumul por abuso de autoridad durante una inspección policial al vehículo del juez el 2 de febrero de 2019.

Sin embargo, el juez acusó del mismo delito al agente policial, por supuestamente haberlo agredido durante el incidente y el inspector fue enviado a juicio el 28 de marzo de este año.

Xitumul ha sido juez de mayor riesgo desde 2011 y ha dictado sentencias condenatorias contra exfuncionarios en casos de corrupción y contra militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).

También fue uno de los tres jueces que condenaron por genocidio en 2013 al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983.

Además en 2018, Xitumul sentenció a 15 años de prisión a la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por un caso de corrupción.

La Federación Latinoamericana de Magistrados advirtió en un informe emitido el 18 de octubre pasado que los jueces y magistrados de Guatemala que han emitido fallos anticorrupción en el pasado ahora están viendo vulnerados sus derechos.

Según la presidencia de esta organización de magistrados, “los jueces guatemaltecos están en situación de peligro inminente, de criminalización y de necesaria salida del país”.

Al menos 23 operadores de justicia entre jueces y fiscales de Guatemala se han exiliado en Estados Unidos desde 2019 por persecución penal en su contra.

El juez Xitumul ha rechazado la resolución del máximo tribunal y señaló que se trata de una decisión que tiene como fin lograr que no pueda volver a impartir justicia.

El pleno de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por mayoría dio trámite a dos solicitudes de retiro de inmunidad planteadas contra el diputado Aldo Dávila y nombró a los jueces pesquisidores, informaron este miércoles 30 de noviembre fuentes judiciales.

Las solicitudes de retiro de la inmunidad de Dávila fueron promovidas por el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, y la ministra de Educación, Claudia Ruiz, según informó Rudy Esquivel, portavoz del Organismo Judicial.

Esquivel señaló que se trata de los antejuicios 186-2022 y 188-2022, los cuales fueron conoc idos por el pleno de magistrados este miércoles.

En febrero pasado, la ministra Ruiz denunció a Dávila por supuestas agresiones verbales y malos tratos. En esa oportunidad se informó que Ruiz habría solicitado una orden de alejamiento a su favor y de las viceministras de Educación.

El portavoz dijo que “en el caso del antejuicio 186-2022 designaron como juez Pesquisidor a Magistrado Vocal II de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual”, pero no se reveló el nombre.

Respecto al caso del antejuicio 188-2022, Esquivel informó que “fue designado como juez Pesquisidor al magistrado vocal II de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente”, tampoco se dio a conocer el nombre.

Otro caso

Este domingo 27 de noviembre, Dávila presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la resolución de la CSJ al avalar la denuncia que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, interpuso en su contra por referirse a las “supuestas preferencias” del mandatario de forma reiterada a través de mensajes difundidos en redes sociales.

A criterio del Parlamentario la denuncia promovida en su contra “es espuria, política e ilegítima, hay una clara interferencia de poderes, porque no había pasado en la historia del país”, refirió Dávila, quien detalló que en su contra pesan 48 denuncias por parte de funcionarios.

Con dicha acción Dávila busca frenar el proceso de antejuicio, porque la CSJ aceptó la denuncia que Giammattei interpuso por presunta injuria y difamación.