La abogada Claudia González, exfuncionaria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sabrá hasta el próximo 18 de marzo si enfrentará juicio por supuesto abuso de autoridad por ser acusada de haber ordenado procedimientos anómalos en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Este 12 de febrero se llevó a cabo la audiencia para discutir el acto conclusivo en el Juzgado Décimo B, a cargo del juez Jimi Bremer.

La audiencia se realizó a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Al finalizar la audiencia, la abogada González, quien es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, informó que el Ministerio Público (MP) dio los argumentos y pidió que la ligaran a proceso.

Añadió que la querellante adhesiva -Blanca Stalling-, se adhirió a la petición que hizo el MP, mientras que las abogadas de González pidieron el sobreseimiento del caso.

“El juez dice que como tiene que analizar todos los medios de prueba, tiene que diferir la audiencia, y lo pasó, se había puesto una fecha próxima, pero para concordar agendas con los demás abogados, quedó el 18 de marzo. Hasta el 18 de marzo sabemos si el juez nos resuelve, qué va a resolver, si me mandan juicio o declara sobreseimiento”, dijo González.

Expresó que con todo el análisis que hizo su equipo de abogados consideran que cabría el sobreseimiento.

“Con todo el análisis que hizo mis mis abogadas y el análisis del expediente consideramos que cabe el del sobreseimiento, pero vamos a tener que esperar hasta el dieciocho de marzo a ver qué sucede”, mencionó González.

Afirmó que seguirá con las medidas que le otorgó una corte en noviembre de 2023, en la cual se le daba libertad condicional, lo que se cumplió el 16 de noviembre pasado.

“Sigo con las mismas medidas y esperando lo mejor porque sí hubo una actitud muy agresiva de la de la querellante en la audiencia, pero bueno, tendríamos que pedir siempre en forma de derecho que se respete la dignidad de los sujetos procesales y el respeto en la audiencia”, señaló la exmandataria de Cicig.

La abogada señaló que hay muchos medios de prueba que corresponden en contra de ella y por eso confía en el sobreseimiento del caso.

Al consultarle si ella sabía por qué no habían dejado entrar a la prensa a la audiencia o si el caso se había declarado en reserva, la abogada respondió que el caso no está en reserva, pero que el juez argumentó su decisión de impedir el ingreso de periodistas pues se tergiversaba la información y se sentían intimidados.

González dijo que esa decisión es contraria a la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la publicación de las decisiones jurisdiccionales y control social sobre las decisiones de los jueces.

El caso

La abogada fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El 19 de septiembre de 2023, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”.

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la audiencia de revisión de medidas sustitutivas que solicitó la defensa de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, y que había sido programada para este lunes 27 de noviembre, según varias fuentes.

Laparra, quien se encuentra en prisión desde el 23 de febrero de 2022 bajo los señalamientos del Ministerio Público (MP) de haber filtrado información bajo reserva de un caso de corrupción, tenía previsto solicitar la medida sustitutiva de arresto domiciliar; sin embargo, dicha audiencia fue reprogramada para el 4 de diciembre próximo.

En otro caso, Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables al ser hallada culpable de abuso de autoridad, al haber denunciado a un juez que fue investigado por ella, pero de acuerdo con la sentencia, la fiscal no tenía atribuciones para hacerlo.

Ante la cancelación de la audiencia prevista para este lunes varios sectores se pronunciaron al respecto.

La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala informó en su cuenta de X, antes Twitter, que la Cámara Penal reprogramó la audiencia de revisión de medida para el lunes 4 de diciembre a las 10:30 de la mañana.

En tanto, la Alianza por las Reformas escribió en la misma red social que “la Cámara Penal de la #CSJ suspende audiencia de la valiente exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien busca arresto domiciliario. Exigimos un proceso justo y equitativo para ella. Es momento de cuestionar y luchar por la imparcialidad del sistema judicial”.

“Virginia Laparra lleva dos años en prisión por realizar un trabajo ético. Esperamos que los nuevos magistrados actúen con justicia y ordenen su inmediata libertad”, dice un mensaje de Alianza por las Reformas.

Además, la organización Impunity Watch cuestionó en X la suspensión de la audiencia.

“Es lamentable la cancelación de la audiencia de revisión de medidas de Virginia Laparra, quien está injustamente detenida porque luchó contra la corrupción”, dice la publicación.

Agrega: “Esperamos que los nuevos magistrados (as) de la Cámara Penal actúen con imparcialidad y otorguen medida sustitutiva a la exfiscal Virginia Laparra, quien ha permanecido detenida injustamente por casi dos años.

En cumplimiento a una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones, el juez décimo “B”, Jimi Bremer, programó este viernes 22 de septiembre la audiencia de primera declaración de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González, a quien ligó a proceso penal por el delito de abuso de autoridad y la envió a prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.

El juez Bremer decidió ligar a proceso a González por considerar que existen indicios de que cometió irregularidades cuando laboraba como mandataria de la Cicig y decidió mantenerla en prisión preventiva.

Antes de conocer la resolución en su contra, González había denunciado que se trata de un caso de “persecución política” en su contra.

González seguirá en la prisión Matamoros, ubicada al norte de la capital guatemalteca, mientras el Ministerio Público (MP) avanza en la investigación en su contra. Para eso la Fiscalía tiene tres meses.

Pese a que la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y que una persona detenida conozca los cargos en su contra, González llevaba 25 días en prisión sin que eso ocurriera, por lo que su defensa señalaba que se trababa de una detención ilegal.

De esa cuenta, se presentó una exhibición personal a favor de González y aunque la Sala Cuarta de Apelaciones rechazó ese recurso le dio el pasado jueves 48 horas al juez Bremer para que resolviera la situación legal de la abogada, pues el juzgador había programado la audiencia para el 27 de septiembre próximo debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) considera que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la Constitución”, por lo que instaron al juez a que cumpliera la orden de la Sala.

En una carta publicada por Wola señala que González “sufre una detención injusta”, por lo que esperan que “recupere su libertad inmediatamente”.

Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

La Sala Cuarta de Apelaciones ordenó al juez décimo “B”, Jimi Bremer, resolver la situación legal de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González, en un plazo de 48 horas, informaron este jueves 21 de septiembre fuentes judiciales.

La resolución de la Sala se da en el marco de una exhibición personal a favor de González, la cual fue promovida por el abogado Alejandro Rodriguez Barillas, al considerar que, al no haberse dictado auto de procesamiento puede considerarse una detención ilegal.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

Ese día, la defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

En la resolución la Sala detalla que por unanimidad “resuelve sin lugar la presente Acción Constitucional de Exhibición Personal, promovida por el Abogado Alejandro Rodríguez Barillas a favor de la Abogada Claudia González Orellana”.

Sin embargo, la Sala determinó que “se fija el plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del presente auto al Juez “B” del Juzgado Décimo Pluripersonal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, para que lleve a cabo la continuación de la audiencia que se suspendió el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, tomando en consideración que está dentro de sus facultades prolongar la audiencia fuera de los horarios hábiles”.

Además, ordena que si hubiera incomparecencia del Ministerio Público (MP) “se llame a un fiscal o auxiliar fiscal de planta o de turno”.

Respecto a esa resolución, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado para que el juez Bremer cumpla con lo ordenado por la Sala, pues consideran que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la constitución”.

En una carta publicada por Wola señala que “las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente para que se cumpla lo ordenado por la Sala Cuarta y que Claudia González Orellana, quien sufre una detención injusta, recupere su libertad inmediatamente”.

Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Añade que González ha permanecido detenida 24 días sin que se haya resuelto su situación jurídica, “lo cual representa una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece un plazo máximo de 24 horas para determinar la situación jurídica de una persona detenida (Artículo 9)”.

También dice que “La Convención Americana de Derechos Humanos en el Artículo 7.6 establece que: ´Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales´”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

El subsecretario adjunto para Centroamérica de Estados Unidos, Eric Jacobstein, acompañó este miércoles 6 de septiembre a la abogada Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Naciones Unidas (ONU), durante una audiencia en su contra.

Jacobstein expresó su solidaridad con González, quien fue detenida el 28 de agosto, señalada por el Ministerio Público (MP) por un supuesto caso de “abuso de autoridad”

González, quien es defensora de operadores de justicia que han tenido que salir exiliados, indicó al subsecretario que se encuentra preocupada por su caso, ya que el juez penal Jimi Bremer decidió declararlo bajo reserva, evitando el acceso a los medios de comunicación y observadores internacionales.

“Lamento que mi caso no sea público porque quería que todo mundo viera que es un caso nuevo de criminalización y no hay elementos de prueba, ni investigación”, denunció la abogada previo a la audiencia.

La exfuncionaria de Naciones Unidas fue denunciada por supuestas acciones anómalas cuando estaba a cargo de la persecución penal contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.

Previo a su detención, González era la responsable de la defensa del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, así como de otros cinco funcionarios que han denunciado ser víctimas de persecución política.

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Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, luego de que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras iniciara procesos penales en su contra. EFE

La captura de González ha causado preocupación en sectores internacionales, al tiempo que Claudia González ha señalado que su detención es un caso de persecución política.

De acuerdo con la Fiscalía, González es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

La captura de la abogada Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), continúa generando reacciones de sectores internacionales que consideran que hechos como ese le restan credibilidad al sistema de justicia de Guatemala.

Este martes 29 de agosto el Reino Unido se pronunció sobre la detención de González, quien es defensora de más de cinco exoperadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

González aseguró el lunes pasado que su detención es una persecución política de parte del Ministerio Público (MP), cuya cúpula está sancionada por EE. UU., que la incluyó en una lista de actores corruptos.

De esa cuenta, el Reino Unido rechaza la captura de González y dice que esas acciones erosionan la confianza en el poder judicial, según escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter, James Dauris, director adjunto de las Américas del Reino Unido.

El mensaje de Dauris agrega que “El Reino Unido comparte la preocupación internacional por la detención en #Guatemala de la abogado y exfiscal @Claudia_GonzaO”.

También dice que “es preocupante ver que esta y otras acciones erosionan aún más la confianza pública en el poder judicial y el ministerio público, y en la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Por su parte, González dijo el pasado lunes que “desde el año pasado estaba preparada porque hay varios casos en mi contra”.

“Están violentando mis derechos constitucionales”, alegó González al juez penal Jimmi Brenner, quien autorizó la orden de captura en su contra por un supuesto caso de “abuso de autoridad” y que intentó enviarla a prisión preventiva sin antes haber efectuado una primera audiencia para darle a conocer los motivos de su captura.

El juez Brenner a cargo del caso fue sancionado este año por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción. Además, fue el mismo que ligó a proceso penal al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.

La exmandataria de Cicig fue enviada a prisión preventiva y su audiencia será renaudada el próximo 7 de septiembre.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Francisco Javier Dall’Anese Ruiz, exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), le respondió a Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), quien el pasado 24 de marzo lo vinculó con un caso de lavado de dinero y quien aseguró que emprenderá acciones legales en su contra.

Curruchiche informó ese día sobre un caso de supuesto lavado de dinero por Q1 mil millones en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), por lo que, además, se aprehendió al gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.

“La Feci también emprenderá las acciones legales correspondientes en contra del excomisionado de la Cicig, Francisco Javier Dall’Anese Ruiz, quien abusando de su cargo y mandato que se le fuera conferido, el 17 de enero de 2012 envió una nota al señor Ulrich Gurtner Kappeler en la cual le hace saber que la Cicig había realizado una investigación sobre registros contables y financieros de Fedecocagua, concluyendo que no había ningún indicio de lavado de dinero, por lo que resulta incomprensible cómo una entidad como Cicig pretendió certificar impunidad al señor Ulrich Gurtner Kappeler”, refirió Curruchiche ese día.

Respuesta de Dall’Anese

Francisco Javier Dall’Anese Ruiz publicó un video en el que en el que se defiende de dichas acusaciones que le hizo Curruchiche y lo llama corrupto.

Dall’Anese habla que el caso en el que lo vinculan lo inició el entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, a quien se refirió como desplazado y perseguido ilegalmente.

Dijo que ahora Curruchiche metió en el caso una nota emitida en el 2012, de la que Dall’Anese señala que no sabe para quién era, pues no tiene destinatario, ni persona jurídica, ni persona física.

“Me endilga él, me están implicado en un encubrimiento de lavado de dinero lo cual es absolutamente falso. Esta es una más de las maniobras para perseguir a todos los que nos atrevimos a tocar a los poderosos corruptos y criminales de Guatemala, para los cuales Curruchiche no es más que un triste instrumento y así quedará escrito en la historia de Guatemala,  de lo cual nos encargaremos quienes somos perseguidos hoy”, dijo el exjefe de la Cicig.

Agrega que el respeto a sus compatriotas, a su familia y a los patriotas de Guatemala ha tenido que hacer esta aclaración.

Señaló que durante muchos meses “me dolí de no poder hablar, porque temía que una palabra que yo dijera podría complicar aún más el problema en que están esos 35 desplazados guatemaltecos que patrióticamente se han sacrificado por su país”, – refiriéndose a jueces y fiscales que están en el exilio-.

Dall’Anese afirma que como ahora está en esa lista del fiscal Curruchiche, tiene sentimientos encontrados. “De un lado por supuesto humanamente la incomodidad de ser perseguido por un corrupto como Curruchiche y por otro lado el honor que siento de que mi nombre se ponga junto a los nombres de todos los perseguidos por el Estado de Guatemala.

“Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos sean los que están siendo perseguidos y procesados”, afirmó Türk en un comunicado.

“Igualmente preocupantes son los ataques contra quienes intentan combatir contra uno de los peores virus que afligen a cualquier sociedad: la corrupción”, agregó.

Funcionarios de justicia y otras personas implicadas en la lucha contra la impunidad o en procesos anticorrupción han sido investigados, detenidos, acusados e incluso condenados por abuso de poder, obstrucción a la justicia y conspiración, señaló la nota oficial.

Otros han abandonado el país temiendo por su seguridad, indicó la oficina de la ONU, recordando que entre 2021 y 2022 documentó un aumento de más del 70 por ciento en el número de funcionarios de justicia que sufren intimidación o se enfrentan a cargos penales por su trabajo en casos de corrupción o de abusos.

“Pido a las autoridades que tomen las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionen la protección necesaria a los funcionarios de justicia”, concluyó Türk.

En un comunicado, la ONu recuerda que el 16 de enero de este año, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, anunció órdenes de captura contra tres funcionarios de justicia. Uno fue miembro del personal de la Cicig, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por la ONU encargado de investigar y enjuiciar delitos graves en el país. El Gobierno cerró la CICIG en 2019.

El funcionario era Iván Velásquez, quien fungió como jefe de la Cicig y ahora es ministro de Defensa de Colombia.

El documento expresa que entre 2007 y 2019, la Cicig apoyó al sistema judicial nacional a tratar más de 100 casos de alto perfil de presunta corrupción y otros delitos penales que involucraban a funcionarios del Gobierno, miembros del Congreso y de las Cortes, y varios individuos del sector privado.

Recuerda que tras la disolución de la Cicig, se ha producido un aumento constante del número de casos de hostigamiento y acusaciones penales contra sus antiguos funcionarios y fiscales.

“Estos procesos judiciales y la falta de garantías al debido proceso socavan el estado de derecho en todo el país”, afirmó el Jefe de Derechos Humanos de la ONU.

El lunes 16 de enero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), anunció su intención de llevar a la justicia al excomisionado Iván Velásquez por supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El Ministerio Público (MP) hizo el anuncio por medio de Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, quien informó que un juzgado competente también ordenó la captura de cuatro personas vinculadas al caso Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

El fiscal guatemalteco también mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”.

Lo indicado por el funcionario ha causado reacciones en Colombia, donde Gustavo Petro, presidente colombiano, afirmó que Iván Velásquez, durante su trabajo en Cicig, fue nombrado para “destruir la impunidad que dominaba y domina Guatemala”.

El fiscal Curruchiche no se ha pronunciado en Guatemala; sin embargo, dio declaraciones a dos radios colombianas, una es BluRadio Colombia, en la que se refirió a Velásquez y también fue cuestionado.

Afirmó en la entrevista que el ahora ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pudo haber cometido algunos delitos relacionados con contratos de Odebrecch, pero fue más allá: acusó al excomisionado de hacer parte de una estructura criminal.

Manifestó que Velásquez pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

Dijo que por medio de una investigación lograron establecer que dentro del MP de Guatemala operó una estructura criminal y según unos análisis de acuerdos de colaboradores eficaces, “el señor Iván Velásquez Gómez interviene de forma directa”.

Afirmó que mediante comunicaciones vía correos electrónicos y que fueron proporcionadas por una persona que ahora es testigo, se aportó una serie de indicios documentales.

“Concluimos que el señor Velásquez Gómez al frente de esta Comisión pudo haber cometido algunos delitos”, señaló.

Según el fiscal guatemalteco, estos acuerdos fueron hechos al margen de la ley y se dieron ciertas órdenes para que Camargo viajará a Brasil cuando no tenía ninguna competencia, porque el trabajo lo que tenían que hacer los fiscales del MP.

Añadió que la Cicig solo daba acompañamiento a las investigaciones y no “podía intervenir de forma directa”.

Aseguró: “Nosotros tenemos indicios sólidos, contundentes, que nos hacen prever y establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tiene responsabilidad en los hechos penales que nosotros estamos investigando aquí en Guatemala”.

Cuando a Curruchiche le preguntaron si lo que estaba diciendo es que Velásquez hizo parte de la estructura criminal de Odebrecht, el funcionario respondió: “es correcto, así lo indican los elementos de investigación con los que contamos en este momento”.

Indicó que hubo una serie de reuniones en la Cicig y la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado intervinieron de forma directa y con “pleno conocimiento de la situación”.

También le cuestionaron al fiscal si tienen alguna pista o alguna prueba de que Velásquez recibió dinero y este respondió: “hasta el momento no, pero los indicios nos indican que él tenía conocimiento de toda esta negociación, tenía conocimiento de los montos que se iban a pagar”, porque se les beneficio a los brasileños en este caso a que pagaran una multa de Q500 mil y “ya estaba todo cerrado”.

Mencionó que hacen los análisis técnicos y jurídicos para saber “cuál es el procedimiento que vamos a emplear para lograr atraer al señor Velásquez Gómez a esta investigación”.

Recordó que en 2022 anularon las declaraciones de los brasileños implicados y ahora están citados a Guatemala el 1 de febrero para que comparezcan a resolver su situación jurídica.

Añadió: “En este momento nosotros no hemos podido establecer primeramente que el señor Velásquez Gómez haya recibido dinero, cuando yo me refiero que él formaba parte de esa estructura criminal, es porque él tenía conocimiento de la forma, del motivo de cómo se estaba llevando a cabo esta negociación, del dinero que se le iba a pagar al Estado de Guatemala, del dinero que se le iba a beneficiar a la empresa Odebrecht y del dinero con que se iba a beneficiar a los colaboradores brasileños”.

Curruchiche dijo que “no es revancha” y que se hacen investigaciones “serias, objetivas e imparciales”.

Además le preguntaron qué piensa de la reacción del gobierno colombiano que llamó a consultas y respondió: “a mí como fiscal del MP únicamente me interesan las investigaciones, lo que piensen u opinen otras personas pues no me interesa, mi norte es hacer justicia, pero con objetividad, con imparcialidad, lo que piense el señor presidente de ustedes, lo que piense, opine o escriba el señor ministro de la Defensa de Colombia, a mí no me interesa lo que ellos piensen u opinen de mí”.

Para leer más: Presidente de Colombia, Gustavo Petro, defiende a su ministro Iván Velásquez y dice que en Guatemala lo persiguen por los intereses que tocó

El fiscal guatemalteco también habló a la radio colombiana La FM en la que enfatizó que por ahora no les consta que Iván Velásquez haya recibido dinero producto de los sobornos que pagó la empresa Odebrecht, pero sí hay “indicios sustentables, indicios sólidos que nos permiten establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tuvo conocimiento, participó en la pérdida de 384 millones de dólares del Estado de Guatemala”.

Afirmó que el excomisionado intervino de forma directa, lo cual establecieron por medio de declaraciones testimoniales y correos electrónicos para las negociaciones.

Además, se dio “un visto bueno” para que fiscales de Guatemala viajaran a Brasil sabiendo que no tenían la competencia para suscribir este tipo de acuerdos de colaborador eficaz.

El fiscal afirmó que por ahora no han girado ninguna orden de aprehensión en contra de Iván Velásquez, ya que inician la investigación.

Recordó que en el mandato entre Guatemala y Naciones Unidas se establece que se goza de cierta inmunidad, por lo que hacen los análisis para saber cómo proceder y que Velásquez venga a Guatemala a “responder por los hechos que pudo haber cometido”.

“Esto es una investigación seria, objetiva e imparcial”, dijo Curruchiche cuando le preguntaron si se trataba de una revancha.

De nuevo le preguntaron respecto de la reacción del presidente de Colombia, e indicó: “es muy peligroso para la institucionalidad que usted opine de este esta manera cuando usted no conoce las dos verdades, usted no conoce las dos caras de la moneda, usted no conoce las dos versiones. Yo respeto mucho lo que dijo el presidente de Colombia”.

Afirmó que dos personas han dado información relevante para el proceso de investigación y eso permitió solicitar cuatro órdenes de captura.

Dijo que en este caso vienen algunas fases “muy interesantes, yo creo que muchas personas aquí en Guatemala se van a sorprender de lo que va a acontecer más adelante”.

Le cuestionaron que si por la situación entre ambos países se ha medido el impacto en las relaciones empresariales y económicas, a lo que el funcionario manifestó: “a mí lo único que me interesa es el proceso penal, lo demás creo que no debe de ser así”.

 Contra quiénes son las órdenes de captura

Las órdenes de captura son contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y exasesor de la empresa Odebrecht.

También se autorizó la aprehensión de la exfiscal general Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este martes 17 de enero, a su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fungió como jefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público anunció su intención de llevar a la justicia al excomisionado.

La Feci señala a Iván Velásquez, de avalar presuntamente de forma ilegal los acuerdos de “colaborador eficaz” de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala y por eso dice que lo llevará ante la justicia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Suiza para participar en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, pero atendió a periodistas a su llegada a Zúrich para hablar sobre la situación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Petro dijo a los periodistas que como toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, el ministro Iván Velázquez lo hizo cuando fue nombrado “en la comisión independiente judicial por las Naciones Unidas, refiriéndose a la Cicig.

Señaló que Velásquez fue contratado -en Cicig- “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.

“La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse, solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velásquez en Guatemala es que la sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales”, dijo Petro a los periodistas.

“Los criminales reaccionan, nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él -Velásquez- un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad,  sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro”, comentó el presidente colombiano.

Agregó: “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”.

#VideoBlu “Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”, señaló el presidente Petro sobre la situación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Lo vamos a respaldar, es un hombre justo”, dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/8TLOAVMjVO

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 17, 2023

El pasado 16 de enero, Petro publicó en su cuenta de Twitter: Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”.

Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitirimos que la corrupción lo persiga.

Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2023

Además, la vicepresidenta de esa nación, Francia Márquez Mina, escribió en su cuenta de Twitter que apoya a Velásquez, a quien definió como una persona ” ejemplo de dignidad y entereza”.

“Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al Ministro de Defensa @IvanVelasquez. Un ser humano ejemplo de dignidad y entereza. Desenmascarar la corrupción jamás debe significar persecuciones judiciales a quien desempeña con valentía esta tarea”.

Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al Ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_.

Un ser humano ejemplo de dignidad y entereza.

Desenmascarar la corrupción jamás debe significar persecuciones judiciales a quien desempeña con valentía esta tarea.

— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 17, 2023

El caso

El pasado lunes, 16 de enero, la Feci, a través del su jefe Rafael Curruchiche, informó mediante un video que un juez giró órdenes de captura contra cuatro personas en el caso denominado Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Se trata del abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y  exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

Contra Iván Velásquez

En el video el actual jefe de la Feci mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón.

Según la Feci, Velásquez habría incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

Correos electrónicos en poder de las autoridades del MP vincularían a Velásquez con el cambio de acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños vinculados a la constructora Norberto Odebrecht.

Por el momento la Feci no ha aclarado si ya hay una pesquisa formal contra Iván Velásquez o algún requerimiento al gobierno de Colombia.

Foto principal: Gustavo Petro, presidente de Colombia, -de lentes- a su llegada a Davos, Suiza. (Foto Guatevisión: Presidencia de Colombia)