Con 105 votos, el Congreso de la República aprobó este miércoles 22 de marzo las reformas al Código Penal y a la Ley Contra el Crimen Organizado para aumentar las multas y penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas.

Mientras que diputados de oposición lo calificaron de una reforma de “represión”.

El Legislativo informó que para garantizar y proteger los servicios de utilidad para los guatemaltecos, como la energía eléctrica y el agua, los diputados aprobaron el Decreto 8-2023, que contiene las reformas.

Ahora se adiciona el artículo 249 BIS del Código Penal respecto del hurto de fluidos cometido por grupo delictivo organizado u organización criminal.

Añade que quien, formando parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal, ilícitamente sustrajere, indujere o promoviere la sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de Q100 mil.

También se adicionó el articulo 249 Ter por el tema de hurto de energía eléctrica mediante conexiones ilegales.

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Esta reforma estable que quien sin estar debidamente autorizado como distribuidor final, efectuare cualquier manipulación no autorizada desde la red del distribuidor final hacia algún punto de suministro o bien se beneficiare de energía eléctrica a través de la manipulación ilegal, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q5 a Q10 mil.

Por el cobro ilegal de energía eléctrica quien cobre o recaude sumas de dinero derivado del suministro de energía eléctrica, sin estar autorizado por el distribuidor final y de cuya red provenga el suministro, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q10 mil a Q50 mil.

En el tema del robo de fluidos quien con violencia y de forma ilícita sustrajere energía eléctrica, agua o gas, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

#CongresoGT | Con 105 votos se aprueban las reformas al Código Penal y a la Ley Contra el Crimen Organizado para aumentar las multas y penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas. Oposición la califica de una reforma de “represión”. @prensa_libre pic.twitter.com/zRMiBzMvKQ

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 22, 2023

También se contempla que quien ponga en peligro la seguridad, impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público, será sancionado con prisión de tres a seis años, pero si la persona que comete el delito forma parte de un grupo delictivo, la pena a imponer será de seis a 12 años de cárcel.

Toda persona que contacte a niños, niñas y adolescentes para requerirle el envío de material con contenido sexual o pornográfico podrá ser castigada con varios años de cárcel, de acuerdo con las reformas que diputados del Congreso de la República le hicieron este miércoles 16 de febrero al Código Penal de Guatemala.

Con 94 votos a favor, los diputados aprobaron incluir el artículo 190 Bis en el Código Penal con el cual se podrá castigar con cárcel de entre 6 y 12 años a quien contacte a un niño, niña o adolescente con la intención de que envíe el material anteriormente descrito.

Además, con 97 votos se aprobó incluir el artículo 190 Ter al Código Penal para aplicar penas que van de los 6 a los 12 años de cárcel a quien amenace a un menor con difundir material pornográfico.

Finalmente, las reformas fueron aprobadas con 100 votos a favor y son referentes a los delitos contra la niñez y adolescencia mediante medios tecnológicos.

El Legislativo informó en sus redes sociales que “el Pleno del Congreso aprueba el Decreto 11-2022, reformas al Código Penal, que actualiza la normativa en esta era digital, al tipificar delitos cometidos a través de medios tecnológicos en contra de la niñez y adolescencia guatemalteca”.

Organizaciones que velan por el bienestar de la niñez y adolescencia aplaudieron las reformas al Código Penal y instan a la población a denunciar todos los hechos donde se vulnere la dignidad de los niños, niñas y adolescentes.

En los últimos años y con el auge de las redes sociales se han incrementado los casos en donde adultos le exigen a menores de edad el envío de fotografías o videos con contenido sexual, y en algunos de estos los responsables han sido llevados ante la Justicia.

La discusión sobre declarar terroristas a los mareros continúa. La definición no parece llegar a un acuerdo por las dudas que surgen en cuanto a la aplicación de la reforma al código penal. Por ejemplo, el presidente de la comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, Oscar Argueta, cuestionó durante la reunión si al declarar terroristas a los mareros, las víctimas de extorsión pasarían a ser vistas como financistas de grupos terroritas.

Según Argueta son aspectos que preocupan porque podría afectar a la población y por lo tanto solicitó al Secretario de Inteligencia Estratégica, Marco Aurelio Pineda, un análisis de esos escenarios.

“Nosotros somos signatarios del acuerdo marco de Seguridad democrática de Centro América y del Acuerdo contra la delincuencia organizada y terrorismo, entonces existen unos compromisos internacionales pero además existen formas de entender el terrorismo en el contexto internacional; entonces qué sucedería si nosotros los declaramos terroristas a los mareros, porque tendría consecuencias no solo para el Estado de Guatemala sino para las personas que por coacción le pagan la extorsión a los mareros, en ese caso ellos pasarían de ser víctimas a ser financistas del terrorismo, entonces qué pasaría con esa gente, incurren en delito, cuáles son las implicaciones”, cuestionó Argueta.

“Las víctimas están protegidas”

Mientras, el secretario Pineda, dijo que el mismo código penal ya protege a las víctimas de extorsión, por lo que no considera que serían afectados.

“Son comentarios, una persona que según nuestro código procesal penal, la persona que está siendo extorsionada o que está pagando una extorsión es una víctima. Ya está legislado así, él hizo algún comentario, pero no está diciendo que así sea. Pero en la realidad, la persona que está siendo víctima de una extorsión, ya está legislado que esta persona es una víctima de la extorsión”, expuso Pineda.

Secretario de Inteligencia Estrategica se refiere a la ley antimaras. Deberá analizar varios escenarios por petición de diputados. pic.twitter.com/LuKaScERtW

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 10, 2020

Pineda agregó que para el combate de las pandillas y la reducción de las actividades ilícitas que estas cometen deben emplearse otras acciones, además de la reforma al código penal. Pineda analizó que están  contemplando la construcción de una cárcel de máxima seguridad para aislar a los pandilleros, aunque por el momento no tienen estima el costo que tendría ni el lugar en donde estaría.

La diputada Nineth Montenegro informó que se abstendrá de votar por una eventual reforma al artículo 407N del Código Penal. La decisión de la congresista es por un posible conflicto de interés en el tema, ya que ese artículo se refiere al financiamiento electoral ilícito y anónimo, delito por el que Montenegro enfrenta un proceso de antejuicio.

La modificación ya fue aprobada en primera y segunda lectura. Falta el tercer debate y redacción final, pero según como está redactado el artículo podría beneficiar con penas menores a involucrados en casos relacionados al delito de financiamiento electoral.

Diputada Nineth Montenegro dice que ella se abstendrá de votar por reforma al 407N del Código Penal por posible conflicto de interés. pic.twitter.com/rjOsi86tWv

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 11, 2018

En el comunicado, la diputada señala que el artículo 18 inciso b de la Ley de Probidad prohibe a los funcionarios públicos utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.

Diputada Nineth Montenegro emite comunicado en donde asegura que se abstendrá de votar por reforma al artículo 407N del Código Penal por conflicto de intereses luego de señalamientos en su contra. pic.twitter.com/dC02qOi8jD

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 11, 2018

En junio pasado los diputados conocieron en segunda lectura las reformas al código penal, desde entonces no se ha vuelto incluir en la agenda en el pleno, pero en cualquier momento podría proponerse.

En ese momento señalaron que diputados de FCN Nación y la UNE tienen conflicto de interés en el tema porque los secretarios de esas agrupaciones políticas fueron acusadas de cometer el delito que quieren modificar. Es el caso de Jimmy Morales y Orlando Blanco.

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad escucharon los argumentos de la organización Justicia Ya y de la Asociación de Estudiantes Universitarios por un amparo que interpusieron. La acción es en contra del dictamen que emitió una Comisión específica sobre el delito de financiamiento electoral ilícito.

Según los colectivos, diputados que integraron la sala de trabajo tienen conflicto de interés porque sus partidos políticos están siendo investigados por financiamiento anómalo. Creen que lo prudente es que una nueva comisión pueda emitir el dictamen.

Justicia Ya solicitó que magistrados ordenen al congreso integrar una nueva Comisión que dictamine reforma al 407N pero con diputados de partidos que no han sido señalados de financiamiento electoral ilícito. pic.twitter.com/VrWyJjZBKu

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 5, 2018

Dictamen del 407 N del Código Penal

La comisión que dictaminó la reforma al artículo 407 N del Código Penal para establecer penas diferentes al financiamiento electoral no registrado se integró por orden de la Corte de Constitucionalidad.

En junio de este año la sala de trabajo emitió el dictamen favorable. Establecen penas conmutables y sanciones menores que podrían beneficiar a investigados, señalados y procesados por este delito.

El congreso conoció el dictamen en las primeras dos lecturas y detuvo su aprobación en tercera lectura y redacción final por los amparos interpuestos en la CC.

Otro amparo por conflicto de interés

En la CC hay otro amparo pero este pretende que diputados con posible conflicto de interés no puedan votar para modificar el delito. La congresista Andrea Villagrán lo interpuso basada en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso. Este establece que los diputados se deben abstener de votar en algún tema en el que tengan conflicto de interés.

Según Villagrán, los diputados de FCN Nación y UNE no deben conocer esta modificación porque los Secretarios Generales de estas agrupaciones políticas fueron señalados de recibir financiamiento electoral ilícito en 2015.

Aunque ahora se sumaría también a diputados de Encuentro  por Guatemala, por las acusaciones recientes del MP y la CICIG.

Este martes, diputados conocerán en segundo debate la reforma al artículo 407 N del Código Penal, que se refiere al Financiamiento Electoral Ilícito. Organizaciones Sociales consideran que hay un conflicto de interés de diputados que no deberían conocer estas modificaciones y por eso accionaron ante la Corte de Constitucionalidad.

La Asamblea Ciudadana contra la Corrupción, La Asociación de Estudiantes Universitarios y el colectivo Justicia YA, consideran que se debe aplicar la ley de probidad, ley Orgánica del Congreso y la Constitución, que establece que ninguna persona en el ejercicio de la función pública puede beneficiarse.

Organizaciones presentan amparos en la CC. Buscan que diputados vinculados a casos de financiamiento electoral ilícito no puedan conocer reforma al artículo 407N del Código Penal por un posible conflicto de interés. pic.twitter.com/ti6AS9Fj1r

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 11, 2018

El conflicto de interés de algunos diputados sería por pertenecer a Partidos Políticos, cuyos secretarios generales fueron señalados de recibir financiamiento electoral ilícito durante las elecciones generales de 2015.

A esto se suma, la petición del Frente Parlamentario por la Transparencia que considera que algunos diputados no deberían de participar en las sesiones donde se conozca la modificación al código penal.

Sin embargo, diputados señalados por estas organizaciones, aseguran que no tienen ningún conflicto de interés, Oscar Argueta de la UNE dijo que el señalamiento era en contra de 1 de los 92 mil afiliados que tenía el partidos.

407 N Código Penal

La reforma al artículo 407 N del Código Penal que recibió dictamen, reduce las penas para quien cometa el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado, y las penas serían conmutables, beneficiando así a todos los condenados, acusados e investigados por este delito.

La iniciativa de ley 5400 propuesta por la diputada Andra Villagrán, busca que funcionarios condenados por actos de corrupción queden inhabilitados para ejercer cargos públicos por hasta 20 años y de esta manera evitar que más servidores públicos cometan ilícitos.

La propuesta fue analizada por la Comisión de Legislación y puntos Constitucionales y la mayoría de diputados de la sala de trabajo coincidió en que la propuesta no es técnica ni viable, por lo que darán dictamen desfavorable.

Fernando Linares Beltranena dijo que la Comisión que preside analiza las propuestas técnicamente y no si son políticamente correctas. Mientras Luis Pedro Álvarez manifestó que la iniciativa viola derechos constitucionales, porque no se favorece la reinserción social.

Comisión de legislación podría
dictaminar desfavorablemente la iniciativa 5400. La cual propone muerte civil a funcionarios corruptos, al aumentar a 20 años la inhabilitación para ocupar cargos públicos a personas condenadas por corrupción. pic.twitter.com/XrYVUqkm9H

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 8, 2018

A criterio de dos analistas, que un grupo de empresarios aceptara que cometieron el delito de financiamiento electoral anónimo al darle dinero a Jimmy Morales para la campaña de 2015, puede incidir en las elecciones del próximo año, porque es decisión de los Partidos aceptar o no estas prácticas y respetar el techo de campaña.

Pero este caso también evidencia cómo los partidos políticos han recibido sin mayor control financiamiento de diferentes grupos y es ahí dónde la clase política trata de protegerse con las reformas al Código Penal.

Según estos analistas, será fundamental  la elección de Fiscal General en medio de un señalamiento más en contra de Jimmy Morales, porque será el Presidente el que toma la decisión quien está al frente del Ministerio Público.

La Comisión Extraordinaria que analiza cambios al Código Penal, discutió el segundo borrador. Los diputados insisten en beneficiar a personas acusadas por delitos electorales ya que proponen una pena de 2 a 5 años contra quien da financiamiento electoral y contra quien no lo reporta contablemente. Es decir que le resta responsabilidad al Secretario General del Partido Político.

Además proponen de 1 a 3 años de prisión contra quien no registra la aportación ante el Tribunal Supremo Electora.  Estas penas serían conmutables porque son menores a 5 años.

Algunos diputados pidieron endurecer las penas, para que los financistas y los partidos políticos no estén tentados a no reportar las aportaciones. De lo contrario creen que se aumentaría el financiamiento anónimo porque con pagar una multa se saldría de prisión.

Otros congresistas aseguran que no se puede colocar una pena tan alta, porque al compararse con otros delitos no sería equitativo. Además señalaron que als propuestas son técnicamente correctas pero por el momento político no se pueden aprobar.

¿Pacto de Corruptos?

Desde septiembre pasado se denominó “Pacto de Corruptos” a todos los intentos de los diputados por garantizarse impunidad. En ese mes, intentaron hacer una reforma al código penal para beneficiar a los Secretarios Generales y restarles responsabilidad por las aportaciones y financiamiento que reciben los partidos políticos.

Esta nueva modificación ha generado duda porque la redacción de las propuestas van dirigidas a sancionar al contador del partido, a quien da y a quien recibe el financiamiento anónimo pero con penas menores.

"No enfermemos a la gente, aquí no hay ningún Pacto de corruptos", dice el diputado Galdamez en la Comisión que analiza reformar el código penal. pic.twitter.com/iyfPjECHvF

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 6, 2018