La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar un recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), contra la resolución de un juez que anuló la orden de captura que pesaba sobre el exjuez Mynor Mauricio Moto Morataya por el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además, confirma el numeral IV) de la resolución apelada, en cuanto deniega el amparo provisional solicitado por la Feci, se lee en el documento fechado el 19 de diciembre de 2022, bajo el expediente 4565-2022.

En dicho documento se lee que se examinó la resolución del 5 de agosto de 2022 dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituida en  Tribunal de Amparo, en cuyo numeral IV) denegó la protección interina solicitada, en la acción constitucional de amparo que promovió el MP, por medio del agente fiscal Pedro Otto Hernández González, contra el Juez Décimo Pluripersonal “B” de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

El 6 de diciembre pasado, fuentes judiciales confirmaron que el 2 de ese mes el juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció al exjuez Moto al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Dicho juez revocó también el arraigo que se había decretado contra Moto cuando se le declaró en rebeldía y ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que no buscara más a Moto.

El MP había dicho que en dicha diligencia, el MP manifestó que esa no debía desarrollarse en virtud que no le habían entregado copia del escrito de petición del incidentante, no se encontraba presente en la audiencia Mynor Mauricio Moto Morataya, ni el representante de la Procuraduría General de la Nación, pero el juez dijo que sí era viable desarrollarla.

Fue por ello que el MP interpuso una actividad procesal defectuosa, argumentando que se estaban variando las formas del proceso y que para subsanar la actuación se debía dejar sin efecto la audiencia, pero el juez declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa y ordenó la continuidad de la diligencia para que se siguiera conociendo el incidente en cuestión.

Fue por esa razón que el MP interpuso el amparo ante la CC señalando al juez por dicha resolución, pero ahora la máxima corte de Guatemala les negó dicho amparo.

Otra orden de captura vigente

Aunque Moto se libró de una orden de captura, el exjuez tiene una orden de aprehensión vigente, aunque esta es por el caso Libramiento de Chimaltenango.

El juez Tercero Penal, Geilser Pérez, de momento tiene el expediente por el cual se solicitó orden de captura en contra de Moto en abril de 2021 por el Caso Libramiento de Chimaltenango, la cual está vigente, pero en este proceso Pérez se ha excusado de conocer el caso y no se ha resuelto su intención de apartarse.

En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción la requirió por un supuesto soborno dentro de dicho proceso, mismo que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Según el Ministerio Público (MP), Moto a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, cuando Moto dictó falta de mérito a favor de 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S.A (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno, ya que el MP sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

El 8 de julio de 2021, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, luego de que no se presentara a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada Comisiones Paralelas 2020, “en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República”, señaló el MP en esa oportunidad.

La Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a blindar la inmunidad del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de estar implicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Y es que, de acuerdo con reportes periodísticos, en abril pasado, la CC rechazó un amparo planteado por el MP en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró sin lugar las diligencias de antejuicio contra Rojas, pero en esa oportunidad fue por el caso Fénix, en el que la Feci también lo señala de estar implicado.

En el caso Fénix, la petición para que se le quitara el derecho de antejuicio al magistrado Rojas fue porque se quería abrir una investigación por su posible vinculación en el caso de corrupción, cuando este fungía como agente fiscal del MP.

Sin embargo, este lunes 12 de diciembre, se infirmó que la CC rechazó otro amparo interpuesto por la Feci, con el cual la Fiscalía pretendía que se dejara sin efecto el fallo de la CSJ del 9 de febrero pasado, que ordenó que no se le diera trámite a un antejuicio en contra de Rojas por su presunta implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

En la última resolución, la CC rechazó el amparo planteado por la Feci, que buscaba reactivar el proceso de antejuicio contra Rojas, quien, según el MP, habría participado en la supuesta manipulación de la elección de cortes.

“Son evidentes los indicios que hacen viable la investigación de los supuestos hechos endilgados al magistrado, ya que estos aportan elementos de razonabilidad suficiente que hacen viable la procedencia del antejuicio y, por consiguiente, una investigación pues tales hechos, a la postre, podrían constituir delitos”, dice una parte del amparo del MP que fue rechazado.

“El acto señalado como agraviante fue emitido en forma incompleta, al no determinar que existieron declaraciones y medios de investigación que deben ser indagados con mayor amplitud, a efecto de determinar sobre la participación del antejuiciado en los hechos que se le endilgan; como consecuencia, se le limitó en sus funciones, haciendo nugatorios sus derechos, imposibilitando la determinación de culpabilidad y grado de participación del magistrado relacionado”, señala la CC

Además, detalla que “contrario a lo manifestado por el ente postulante, se aprecia que la autoridad reprochada realizó la labor previa de calificación de las diligencias de antejuicio que le asigna el artículo 16 de la ley de la materia, siendo su proceder acorde a la ley y a la doctrina legal asentada por esta Corte, al haber estimado la existencia de motivaciones espurias, al no haberse aportado elementos de razonabilidad con los que pudieran demostrarse y acreditar tales hechos”.

Caso Comisiones Paralelas 2020

En febrero de 2020, a raíz de la investigación por el delito de evasión en contra de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien se encontraba en prisión preventiva en un sanatorio de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, el Ministerio Público pudo inferir intentos para manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de la Corte de Apelaciones y de otros Tribunales Colegiados de igual categoría.

La investigación de la Fiscalía determinó en aquel entonces que la comisión de actividades criminales influenciaron indebidamente el proceso de selección de candidatos a magistrados que se materializan en actividades comparables a “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores.

El pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios, para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos.  El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejó un margen de riesgo de 1 voto.

Caso Fénix

Desde 2003, la justicia guatemalteca detectó una organización criminal que sustrajo al menos Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Exfuncionarios y particulares fueron sentenciadas por haber sustraído el dinero de los trabajadores, pero hay varios involucrados cuya participación continúa sin esclarecerse en los tribunales, en un proceso penal que es conocido como el caso Fénix.

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución con la que la magistrada Vitalina Orellana, no podrá ser investigada en el caso Comisiones Paralelas 2020, se informó este martes 26 de julio.

Vitalina Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue incluida en la lista de actores corruptos (Lista Engel) del Departamento de Estado de EE. UU.

Según la Lista Engel, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

En su resolución, la CC consideró que en el presente caso, el Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), acudió en amparo contra la CSJ señalando como acto reprochado la resolución que rechazó in limine las diligencias de antejuicio que promovió contra Vitalina Orellana, en su calidad de magistrada vocal tercera de la referida Corte.

Añadió que de conformidad con los hechos descritos y que forman parte del contenido de la denuncia formulada por el MP, “es posible establecer que no existen elementos de información que proporcionen razones suficientes a la misma” y aunque aporta abundante documentación, esta no sustenta las supuestas acciones que se le atribuyen a la magistrada Orellana.

De acuerdo con la CC, es evidente entonces el insuficiente material de información preliminar que relacione razonablemente con claridad y precisión a la funcionaria en mención con los hechos que se le señalan, y dicha información, se utiliza para señalar a la antejuiciada de la comisión de los delitos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.

Por lo tanto, la Corte denegó el amparo solicitado por el MP, por medio de la Feci, contra la CSJ en este caso.

Otros casos similares

El magistrado de la CSJ, Nery Medina, tampoco podrá ser investigado por el caso Comisiones Paralelas 2020, ya que el 1 de julio recién pasado la CC confirmó el fallo que declaró sin lugar el trámite de antejuicio en contra del funcionario.

En su resolución, la CC estableció que, no son dables los agravios señalados por el ente postulante.

Para leer más: Magistrado Henry Alejandro Elías Wilson no podrá ser investigado por el caso Comisiones Paralelas 2020, según resolución de la CC

También concluyó que los hechos que soportaban la solicitud de antejuicio “eran espurios, al considerar que, los mismos no aportan la documentación suficiente”, la cual es derivada de una investigación previa, mediante la cual se sustenten los hechos bajo las circunstancias en que se aduce que participó el antejuiciado.

El 5 de julio recién pasado, la CC emitió un fallo que favorece a Josué Felipe Baquiax y no podrá ser investigado por señalamientos en el caso Comisiones Paralelas 2020.

La resolución señaló que los hechos que soportaban la solicitud de antejuicio eran espurios, por carecer de documentación suficiente.

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo interpuesto por el Ministerio Público (MP) que buscaba reactivar el proceso de antejuicio contra el magistrado José Alejandro Córdova Herrera, vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020 y uno de los integrantes de la terna de candidatos a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).  

La resolución es del pasado 16 de febrero de 2022 y un día después se lanzó la convocatoria para la elección del nuevo PDH.

El pasado 5 de julio la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) del Congreso de la República se reunió para integrar la terna de aspirantes al cargo de PDH la cual será trasladada al pleno.

La Comisión integró la terna de aspirantes al cargo con José Alejandro Córdova Herrera, que obtuvo 90.42 puntos;  Giovanni Francisco Soto Santos, 86.11 puntos y Melvin Giovanni Portillo Arévalo 87.00.

Córdova Herrera es magistrado Vocal Primero de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia y es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, de estar involucrado en el caso Comisiones Paralelas 2022, una estructura que intentó manipular la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de apelaciones.

El 3 de septiembre de 2021 la Feci había presentado en la CC el amparo contra la resolución de la CSJ, de fecha 28 de julio de 2021, en la que declaró sin lugar las diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público, contra José Alejandro Córdova Herrera.

Señaló que hubo violaciones al derecho del ejercicio de la acción penal así como a los principios jurídicos del debido proceso y de legalidad. D

En la resolución de la CC se menciona que la CSJ actuó en el uso de las facultades que le confiere la ley aplicable al caso de mérito, sin ocasionar las vulneraciones aducidas por la Feci.

Añade que lo anterior, en virtud que la referida autoridad, partiendo de los hechos y de los argumentos expuestos en la solicitud de antejuicio instada, así como de las pesquisas realizadas por el juez pesquisidor, arribó a la conclusión de que los señalamientos que se le imputan al magistrado enjuiciado no generan suficientes indicios racionales que evidencien una posible comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delito, que le llevaron a no acoger la solicitud formulada, decisión que, a juicio de esta Corte.

Antecedentes

Según informó el MP el 16 de julio de 2020, través de la Feci solicitó levantar la inmunidad de 13 funcionarios judiciales vinculados en el caso Comisiones Paralelas 2020, entre ellos José Alejandro Córdova Herrera.

“De acuerdo con la tesis de la fiscalía, los funcionarios antes mencionados participaron en posibles negociaciones ilícitas con el privado de libertad Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, entre ellos comisionados de postulación, postulados a integrar altas cortes, actores externos al proceso, pero con interés en el mismo, diputados al Congreso de la República”, se leía en el comunicado del MP.

Otras resoluciones en el caso

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nery Medina, no podrá ser investigado por el caso Comisiones Paralelas 2020, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el fallo que declaró sin lugar el trámite de antejuicio en contra del funcionario, según se informó el 1 de julio pasado.

La resolución de la CC señala que se “rechaza in limine la solicitud de antejuicio promovida por el MP, a través de la Feci, en contra de Nery Osvaldo Medina Méndez, magistrado vocal segundo de la Corte Suprema de Justicia”.

En su resolución, la CC estableció que, no son dables los agravios señalados por el ente postulante.

También concluyó que los hechos que soportaban la solicitud de antejuicio “eran espurios, al considerar que, los mismos no aportan la documentación suficiente”, la cual es derivada de una investigación previa, mediante la cual se sustenten los hechos bajo las circunstancias en que se aduce que participó el antejuiciado.

El pasado 5 de julio de 2022 la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo que favorece a Josué Felipe Baquiax quien ya no podrá ser investigado por señalamientos en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 8 de junio de 2021, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad.

Según la investigación del Ministerio Público, los magistrados habrían cometido actividades posiblemente ilícitas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.

Uno de los señalados fue Josué Felipe Baquiax, en su calidad de magistrado Vocal Quinto de la Corte Suprema de Justicia, a quien la Feci señaló de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.

Foto principal: José Alejandro Córdova Herrera. (Congreso de la República)

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nery Medina, no podrá ser investigado por el caso Comisiones Paralelas 2020, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el fallo que declaró sin lugar el trámite de antejuicio en contra del funcionario.

La resolución de la CC señala que se “rechaza in limine la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), en contra de Nery Osvaldo Medina Méndez, magistrado vocal segundo de la Corte Suprema de Justicia”.

En su resolución, la CC estableció que, no son dables los agravios señalados por el ente postulante.

También concluyó que los hechos que soportaban la solicitud de antejuicio “eran espurios, al considerar que, los mismos no aportan la documentación suficiente”, la cual es derivada de una investigación previa, mediante la cual se sustenten los hechos bajo las circunstancias en que se aduce que participó el antejuiciado.

Por lo anterior determinó que no se podía continuar la tramitación de las diligencias de antejuicio ni ordenar las pesquisas respectivas, función que es acorde al momento procesal en que se encontraba el expediente de antejuicio.

Según la resolución de marzo 2022, el MP promovió la solicitud de antejuicio en contra del abogado Medina Méndez por su presunta participación en la posible comisión de hechos delictivos relacionados con actos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, ante lo cual, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente  de Guatemala, quien se inhibió de conocer y remitió las actuaciones a la CSJ –autoridad denunciada–.

Como resolvió con otros jueces y magistrados vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020, la CC confirmó el fallo de la CSJ, que declaró sin lugar el trámite de la petición de retiro de inmunidad contra el magistrado Nery Medina, quien no podrá ser investigado por esos hechos. 

El 8 de junio de 2021, el MP informó que como parte de las investigaciones por el caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci presentó solicitudes de retiro de antejuicio contra diez magistrados de la CSJ, Tribunal Supremo Electoral y CC, entre ellos Nery Medina.

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De qué trata el caso

También el mismo día, el ente investigador informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la investigación preliminar de la Fiscalía había permitido determinar la posible comisión de actividades criminales, cuyo génesis era la concertación de un conjunto de actores, que buscaban influencia indebida en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y magistraturas de Salas de la Corte de Apelaciones, así como otros tribunales de igual categoría.

El MP agregó en esa ocasión que obtuvo varios indicios, entre estos la existencia de una lista de candidatos previamente consensuada y de la cual el Congreso de la Republica debería elegir a magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones.

Asimismo, recabó información relacionada con la existencia de reuniones previas y posteriores a la votación desarrollada en el seno de la Comisión de Postulación para magistraturas de las salas de la Corte de Apelaciones. Las mismas se efectuaron entre los comisionados que eran parte del acuerdo, al margen de las funciones legales de las comisiones de postulación.

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En algunas de estas reuniones estuvieron presentes funcionarios contra quienes se requería el levantamiento de la inmunidad.

También afirmó que tenía indicios que los votos de los 10 funcionarios de quienes se solicitó el levantamiento de la inmunidad fueron determinantes para obtener el número de electores necesarios y alcanzar los votos mínimos indispensables, para cumplir con el requisito establecido en el artículo 217 de la Constitución, es decir las dos terceras partes de los votos.

El MP añadió en esa oportunidad que debe velar porque el sistema de elección de jueces debe sea regido exclusivamente por valoraciones técnicas, en respeto a la facultad que otorga la legislación y de “ninguna manera ser sujeto de injerencias y presiones indebidas”.

El caso abarca a funcionarios de distintas entidades estatales, como es el caso del exsecretario Privado de la Presidencia Gustavo Alejos.

Otros fallos en este caso

El 5 de abril de 2022, la CC emitió un fallo a favor de la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés, quien no podrá ser investigada en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Henry Alejandro Elías Wilson, Magistrado Vocal I de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, tampoco podrá ser investigado por la Feci, por su posible vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 28 de marzo del 2022,  la CC emitió un fallo en el que rechazó un amparo presentado por el MP, que buscaba revertir la decisión de la CSJ, del 28  de julio de 2021, cuando declaró sin lugar las diligencias de retiro de inmunidad promovidas por la Feci, para investigar al magistrado Elías Wilson.

El 9 de abril de 2022, los magistrados de la CC denegaron una acción de amparo que fue presentada por la Feci en contra de la resolución de la CSJ, que declaró sin lugar la solicitud para investigar al magistrado Néster Mauricio Vásquez Pimentel, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

#ComunicadoDePrensa

Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó 10 solicitudes de retiro de antejuicio por caso #ComisionesParalelas2020 pic.twitter.com/Fwyh2C15iQ

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 8, 2021

Los exrectores de la Universidad de San Carlos (Usac), Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, fueron beneficiados con arresto domiciliario gracias a una resolución del juez suplente de mayor riesgo D, Edwin Ramírez, informaron este martes 17 mayo fuentes judiciales.

Tanto Paiz como Gálvez podrán salir de prisión preventiva y permanecer en libertad condicional mientras concluye el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además, se benefició con libertad condicional a Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

La resolución, a la que la Feci no se opuso, se dio a conocer en una audiencia bajo reserva judicial, es decir, sin acceso a particulares ni periodistas.

“El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió otorgar medida sustitutiva a sindicados por razones humanitarias. Asimismo, decretó la reserva total”, señaló el MP.

Murphy Paiz y Estuardo Gálvez son procesados por supuestamente ser parte de una trama que intentó manipular la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, la cual aún está detenida en el Congreso de la República.

Ambos son señalados de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.

La jueza Erika Aifán se presentó este viernes 4 de marzo en la Sala Segunda de Apelaciones con el pesquisidor Roaldo Chávez para presentar pruebas de descargo ante la petición del retiro de su inmunidad que presentó el Instituto de Magistrados.

Carlos Ruano, juez y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, indicó que no les sorprende que hubiera denuncias e inconformidad con las decisiones judiciales, porque según él, “siempre hay personas que no salen contentas por las decisiones de los jueces”.

Señaló que les preocupa que se busque “venganza” y se “criminalice” y se busque apartar a los jueces de los procesos que conocen con el fin de procurar impunidad.

Dijo que “como lo dicen públicamente ciertos actores” que no descasarán hasta ver a determinados funcionarios judiciales en la cárcel y “entonces dónde está la garantía de inamovilidad del cargo, de protección a la independencia judicial, al funcionario que hace bien su trabajo, ¿quién lo protege ante esas denuncias?”.

Dijo que continuará el respaldo a jueces y juezas que con su trabajo han demostrado ser independientes, que es la principal responsabilidad que tienen los juzgadores.

Afirmó que no deben depender de nadie al momento de hacer su trabajo y eso incomoda a “ciertas personas”, cuando hay un juez independiente que no cede a las presiones, por lo que desde la Asociación les corresponde apoyarse y respaldar a los jueces que demuestran que se puede administrar justicia.

Indicó que los ataque a los jueces son retrocesos en el sistema y se afecta a la democracia al no haber protección para la independencia judicial.

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Manifestó que si el juez que hace bien su trabajo es apartado, criminalizado y perseguido, dónde queda la ciudadanía, ya que no habrá jueces imparciales.

¿Qué dijo Aifán?

La jueza Aifán indicó que tres integrantes de la junta directiva de la entidad que la denuncia son lo que conocen y tendrán que resolver si le retiran o no la inmunidad.

Dijo que han cuestionado también la imparcialidad de algunos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el Ministerio Público los ha señalado como posibles sindicados dentro del proceso que subyace a la denuncia.

Añadió que la CSJ en el acta del pleno 49-2021 señaló que tiene asuntos de mutuo interés con el Instituto de Magistrados.

“Mi denunciante y mi juzgador en este caso tienen asuntos de mutuo interés”, manifestó.

Según Aifán, la magistrada Silvia Valdés ha entregado fondos del Organismo Judicial al Instituto de Magistrados que es una entidad privada y según una constancia, les ha entregado Q20 mil, “entonces hay una relación económica entre mis denunciantes y quien integra resolver en este caso si me retiran la inmunidad o no”.

Señaló que ve “graves conflictos de interés”; además, ni la Corte ni el magistrado pesquisidor han querido dar trámite a las recusaciones.

En la próxima audiencia del miércoles 9 de marzo espera avanzar en la presentación de sus argumentos y establecer si el magistrado pesquisidor a realizado algún otro elemento de investigación.

Afián dijo que se han incrementado los ataques en su contra, tanto en las redes sociales, las vigilancias, seguimientos y grabaciones.

También mencionó las denuncias y antejuicios que han promovido en su contra y que han notado incremento en “todas estas acciones de amenazas, hostigamientos e intimidaciones  y el incumplimiento de las medidas cautelares que le han sido otorgadas”. Dijo que la CSJ no ha hecho ningún cambio en su esquema de seguridad.

Judge Ericka Aifán is a hero. She is being persecuted in retaliation for her work combating corruption in #Guatemala . 7 of the 13 Supreme Court judges deciding her case have been implicated in corruption cases she judged. I am proud to stand with her. #YoApoyoALaJuezaAifan pic.twitter.com/lir1SzUnwA

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) March 4, 2022

La presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos, Kerry Kennedy, expresó su apoyo este viernes en Guatemala a la jueza local de alto riesgo Érika Aifán Dávila, quien enfrenta un proceso legal para retirarle su inmunidad, informó EFE.

Indicó que el caso de la jueza Aifán es como representativo de la persecución contra operadores de justicia independientes y que han luchado contra la corrupción.

Dijo que les preocupa “muchísimo” esta persecución contra jueces, fiscales y otros operadores de justicia.

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Afirmó que en el caso de Aifán es evidente el conflicto de interés que existe.

Kennedy, abogada y activista, se encuentra en Guatemala y acompañó a Aifán Dávila en la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala antes de ingresar a la corte donde se determinará si se le remueve o no su inmunidad como jueza.

“Estamos aquí porque una de las mejores jueces de este país está siendo falsamente acusada, y está siendo perseguida con revanchismo por su trabajo en combatir la corrupción”, explicó a periodistas la presidenta de la organización no gubernamental estadounidense.

Aifán Dávila, ampliamente reconocida a nivel internacional por su labor, tiene a su cargo el Juzgado de Alto Riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco, añadió EFE.

Ratificaron petición

El 25 de febrero recién pasado, integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial acudieron a la Sala Segunda de Apelaciones para ratificar una petición de retirar la inmunidad de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

Los magistrados, quienes fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), la denunciaron por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El caso Comisiones Paralelas 2020 surgió cuando la Feci reveló la existencia de una supuesta red de tráfico de influencias para las designaciones de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

Aliss Noemí Morán Mejía, exauxiliar fiscal II de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), se puso a disposición del Juzgado Tercero este jueves 17 de febrero, luego de señalamientos del Ministerio Público.

Según la Fiscalía de Asuntos Internos, en un informe presentado el miércoles último, Morán Mejía es señalada de haber participado en un procedimiento “arbitrario e ilegal” de parte de personal de la Feci contra un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además de Morán Mejía, son señalados Willy Roberto Recanac López, auxiliar fiscal I, y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliar fiscal II, quienes fueron aprehendidos el miércoles durante operativos de la Policía Nacional Civil.

En la acusación también se indica que se encuentra activa una orden de captura contra Rudy Manolo Herrera Lemus, exagente fiscal.

En el informe presentado por la Fiscalía de Asuntos Internos, se argumenta que, el 20 de julio de 2021, Herrera Lemus, con “apoyo y acuerdo previo” de Racanac López, Morán Mejía y Escobar Quiñónez, habría violado principios de debido proceso, derecho de defensa y certeza jurídica al haber formulado un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación que se tramitaba dentro del expediente en el cual está sindicado el denunciante, en el caso Comisiones Paralelas 2020.

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La Fiscalía de Asuntos Internos indica que, “por medio de amenazas, violencia o procedimiento intimidatorio pretendieron obligar al denunciante para que suscribiera un convenio de colaboración eficaz y prestara información testimonial de hechos falsos”.

Añade que le indicaron al sindicado que, de no suscribir el convenio y no manifestar lo que se le requería, se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva que gozaba y sería enviado a prisión preventiva.

Morán Mejía emitió un comunicado en el que señala que, desde el Ministerio Público se ejecuta una “política de represión” y criminalización por la labor que trabajadores efectuaron.

Además, exigió el respeto y cumplimiento del debido proceso y garantías procesales, que se imparta justicia pronta, que se respeten sus derechos humanos fundamentales, que se le de acceso al expediente judicial por el que es sindicada, que se cumpla con el principio de objetividad por parte del MP y que se garantice el respeto a su vida e integridad.

“Está en peligro debido a que en el cargo en el que me desempeñé existen varias personas con quienes podría encontrarme en cualquier prisión del país y quienes se vieron involucradas dentro de los procesos investigados”, señaló Morán.

Exauxiliar fiscal de Feci, Aliss Nohemí Morán Mejía, se presenta a juzgado luego de conocer su implicación por aparente coacción a un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020. pic.twitter.com/CD94x7fKPR

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 17, 2022

El caso Comisiones Paralelas 2020 fue presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 16 de julio del 2020, en el que se señalaron a jueces, magistrados, abogados y particulares de haber sido parte de una red de tráfico de influencias en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

El miércoles último, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, se refirió a la persecución penal contra exinvestigadores y jueces, y aseguró que no existe una intención de venganza.

También se refirió a otros casos recientes en los que representantes de la comunidad internacional y sectores de la sociedad civil han señalado su gestión frente al Ministerio Público, a quienes invitó a acercarse a conocer los procesos de la institución.

La Corte de Constitucionalidad (CC) nuevamente decidió no  amparar provisionalmente a la jueza Erika Aifán y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá continuar con el trámite de la solicitud de retiro de inmunidad contra la togada por autorizar diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Aifán interpuso la acción legal porque consideró que el magistrado Jaime Amílcar González, de la Sala Tercera de Apelaciones, no podía haber conocido en el pleno la solicitud de retiro de inmunidad que promovió el Instituto de Magistrados en su contra.

Según la togada, al igual que ocurrió con la magistrada Beyla Estrada, dicho magistrado debió apartarse de conocer su expediente por existir una enemistad entre ellos. Sin embargo, no se excusó y continúo conociendo.

El 4 de octubre recién pasado, la CC ratificó su decisión de reactivar el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán.

Los magistrados resolvieron declarar sin lugar un recurso de aclaración y ampliación que planteó la juzgadora por el fallo que le revocó el amparo provisional.

Específicamente, el procedimiento ocurrió por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación “ilegales” contra magistrados señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”.

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El 9 de octubre, el pleno de magistrados de CSJ volvió a conocer el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán y designó a un nuevo juez pesquisidor.

El antejuicio contra Aifán fue presentado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial por emitir resoluciones que ellos consideran como ilegales cuando estuvo a su cargo el caso de Comisiones Paralelas 2020.

La jueza pesquisidora, Anabella Cardona, ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no retirarle el derecho de antejuicio a la jueza, María Eugenia Castellanos, quien ha sido implicada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 16 de julio 2020, el Ministerio Público (MP) presentó denuncias contra operadores de justicia que figuran como candidatos a ocupar magistraturas para la próxima administración del Organismo Judicial (OJ).

Todos ellos señalados por los cargos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.

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Las sospechas del MP ubican a este grupo de jueces y magistrados en una serie de reuniones no oficiales con Gustavo Alejos, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las Cortes de Apelación y la CSJ.

Los jueces y magistrados denunciados gozan de inmunidad, por lo que cualquier sospecha tuvo que haberse presentado respetando las garanticas del funcionario.

Una primera fase de este caso llevó a prisión a Roberto López Villatoro, alias “El Rey del Tenis”, pero la manipulación para las cortes nacionales se extendieron a tal punto que una investigación mantiene detenidos a varios integrantes de las comisiones de postulación que integraron las nóminas, de las que se espera sean las próximas autoridades de la CSJ.

#AHORA | La jueza pesquisidora, Anabella Cardona, ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia no retirarle el derecho de antejuicio a la jueza, María Eugenia Castellanos, quien ha sido implicada por la Feci en el caso #ComisionesParalelas2020. pic.twitter.com/1vRjtNAHhF

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 8, 2021