El Ministerio Público (MP) informó que por medio de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, logró que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenara a dos años de prisión a Frisler Moisés Sánchez Escobar por el delito de estafa propia y a seis años más inconmutables por el delito de lavado de dinero u otros activos, ambos en concurso real, más una multa de Q38 mil.

Mientras que Disan Gerardo López Caal deberá cumplir dos años de prisión por el delito de estafa.

Ambos tendrán que cubrir el pago de costas procesales y la publicación de la sentencia en dos medios de comunicación de mayor circulación.

De acuerdo con la investigación del personal fiscal, ellos fueron capturados el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 2022, en cumplimiento a órdenes de aprehensión giradas, luego del arresto de una persona en el Aeropuerto Internacional La Aurora, quien pretendía viajar a Estados Unidos con un pasaporte cuya visa presentaba características de ser falsa.

En coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), se verificó la autenticidad de la visa, confirmando que la misma no le correspondía al sindicado.

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En el seguimiento del caso se determinó la participación de Sánchez Escobar y López Caal, quienes se identificaron como tramitadores y trabajadores de la embajada de dicho país, por lo que para gestionar la supuesta visa cobrarían un total de Q70 mil, habiendo recibido dos pagos, uno de Q8 mil y otro de Q30 mil.

Dentro del presente proceso un tercer sindicado fue declarado rebelde, según el ente investigador.

Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes logra condenas por visa falsa https://t.co/widDEZDJaa pic.twitter.com/QxdinxA4fP

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 7, 2023

El Ministerio Público informó este martes 20 de junio que un hombre fue condenado por el delito de secuestro.

Se trata de Jorge Eduardo Godoy, a quien le fue impuesta una sentencia de 30 años de prisión inconmutables.

El ente investigador añadió que con base al trabajo investigativo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dictó la sentencia.

El secuestro ocurrió el 22 de octubre de 2009 y el personal fiscal logró demostrar ante el Tribunal la participación de Godoy.

Según la investigación, el sentenciado en compañía de sus cómplices, ya sentenciados, exigieron Q1 millón a los familiares de la víctima.

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Parte del dinero fue depositado a una cuenta bancaria a nombre de Godoy.

Otra condena

El MP informó que en otro caso, la Fiscalía Municipal de Puerto San José logró que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla dictara sentencia condenatoria contra Mario Odberto Morales Monterroso, German Santiago Santos Boror y José Alfredo Rodríguez González.

A ellos se les impuso pena de 30 años de prisión por el delito de asesinato y de 20 años por asesinato en grado de tentativa, para totalizar 50 años de cárcel inconmutables cada uno.

La Fiscalía demostró al Tribunal, por medio de los órganos de prueba presentados y argumentos vertidos, que el 7 de septiembre de 2022 los sentenciados ingresaron a una casa en el parcelamiento Arizona, Puerto San José, Escuintla, y atacaron a balazos  a tres hombres, uno de los cuales murió posteriormente en la sala de operaciones de un hospital.

El Ministerio Público (MP) informó el martes 6 de septiembre que la Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Izabal logró sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra una persona.

La sentenciada es Iris Odilia Castañeda Arana, quien fue hallada culpable de atentado en contra del patrimonio natural y cultural de la Nación.

Aparte de la condena deberá para Q10 mil, según la sentencia.

Según el MP, durante una diligencia de allanamiento en un inmueble propiedad de la sentenciada, en Puerto Barrios, Izabal, fueron decomisados animales de diferentes especies.

Las autoridades decomisaron ocho pijijes, dos loros reales cabeza amarilla, dos tortugas y ocho serpientes.

Castañeda Arana no contaba con la licencia correspondiente para la tenencia de los referidos animales.

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Las autoridades ya han efectuado diligencias en casos de personas que tienen o venden distintas especies de animales sin tener licencia.

En julio del 2019, en el Mercado Central, zona 1 capitalina, hubo oposición de comerciantes de mascotas por el operativo que implementó la Policía Nacional Civil en el que se les decomisó animales que estaban a la venta, pese a prohibición o que los vendedores carecían de licencias para ese tipo de comercialización.

El Ministerio Público (MP) informó este martes 16 de agosto que a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, logró que se dictara sentencia condenatoria de seis años de prisión inconmutables contra Edgar Waldiny Herrera Villatoro, por el delito de lavado de dinero u otros activos.

La investigación del Ministerio Público derivó de denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que consignó que Herrara Villatoro recibió en su cuenta de ahorro varios depósitos por la cantidad de Q436 mil 710 durante el período del 12 de marzo de 2012 al 10 de julio de 2013.

Asimismo, como parte de las investigaciones, también se determinó que recibió en otras cuentas bancarias la cantidad de Q934 mil 170 y US$ 32 mil 770.

El ente investigador indicó que Herrera Villatoro es sobrino de Eduardo Villatoro Cano, alias “Guayo Cano”.

El 4 de diciembre del 2018, Eduardo Francisco Villatoro Cano fue sentenciado a 372 años y ocho meses de prisión al ser hallado culpable de la muerte de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Salcajá, Quetzaltenango, así como de otros crímenes.

El 13 de junio del 2013, un grupo de sicarios irrumpió en la subestación de la PNC de Salcajá, Quetzaltenango y ultimaron a los agentes.

La banda también se llevó secuestrado al subinspector César Augusto García, quien apareció desmembrado seis días después.

Guayo Cano fue capturado en Tuxtla Gutiérrez, México y deportado a Guatemala después de 83 días de iniciado un operativo denominado Dignidad, con el que se buscaba encontrar a los responsables de la masacre.

Este viernes 16 de julio se llevó a cabo la audiencia de reparación digna en el caso de Ángel Raúl Reyes Arias, quien recientemente fue condenado a ocho años de prisión inconmutable por el incendio de un bus colectivo.

El miércoles 14 de julio, Reyes Arias fue condenado por haber participado en la quema de un Transurbano el 28 de noviembre del 2020, durante unas protesta contra el gobierno en la zona 1 de la capital.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal estableció que por lo sucedido, Reyes debe de pagar Q100 mil al Transurbano, Q2 mil a la Policía Nacional Civil y Q2 mil por daño moral al Estado.

El juez estableció que en total de pagar los Q104 mil y tiene tres días para hacerlo, de no ser así, las partes afectadas pueden demandar a Reyes.

Por la evidencia presentada por la fiscalía, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal le impuso pena de seis años por el delito de incendio y dos por el delito de atentado, para sumar un total de 8 años de prisión inconmutables.

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Supuestamente el vehículo había sido secuestrado momentos antes para ser llevado al lugar.

Testigos dijeron en esa ocasión que del automotor descendió un grupo de encapuchados que incitaron a alterar el orden en las protestas.

Pago a empresa

La empresa Expansión Corporativa Milenium, S.A., a la que se deberá resarcir con Q100 mil es propiedad de Luis Gómez, expresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y capturado el 3 de marzo de 2019 por su supuesta vinculación al caso de corrupción en Transurbano.

Gómez ha sido señalado de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, fraude y peculado.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión comprobó ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal la participación y responsabilidad penal de cinco personas en hechos ilícitos y fueron condenados a seis años de prisión inconmutables. Se trata de Kevin De Marcos Sarceño Morales, Bianca Roxana Ventura Carrillo, Manry Danilo De Leon Chinchilla, Karla Luz Mariela Gelista Alvarado y de Melany Betzaira Ayala Peralta.

Mientras Jemmy Maricela Ocuté Queché fue sentenciada a ocho años de prisión inconmutables por el delito de extorsión con la agravante de cooperación de menores de edad.

Y por el delito de extorsión en forma continuada se dictó sentencia de ocho años de prisión en contra de seis personas más. Josselyn Estefany Del Aguila Gamboa, Milton Gamaliel Rodriguez Orozco, Marelin Sucely Menendez Caal, María Alejandra García González, Jennifer Alexis González y Lusbin Ebelio Castro López.

En la investigación de la fiscalía del Ministerio Público se determinó que los condenados recibieron dinero en sus cuentas bancarias producto de exigencias dinerarias (extorsión) a una propietaria de un medio de transporte extraurbano.

Las personas involucradas habían amenazado de muerte a su víctima a través de llamadas telefónicas. En 2014 le entregaron un primer aparto y otro en 2016 para exigirle el pago inicial de Q50 mil a Q100. La víctima hizo dos pagos iniciales de Q10 mil y Q15 mil y cada semana entregaba Q3 mil. El dinero fue depositado en cuentas bancarias de los ahora sentenciados.

Luis Ángel Sierra Arévalo, Edgar Francisco Vicente Chamalé y Cristian Alexander Barrios fueron condenados a 221 años de privación de libertad, luego de comprobarse que cometieron cuatro delitos; asesinato en grado de tentativa, atentado con agravación específica, portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y delito de tenencia de portación de arma de fuego con número de registro alterado.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía de delitos contra la vida demostró ante el Tribunal de Sentencia Penal, la culpabilidad de estas personas, quienes fueron capturadas en mayo de 2017 en la 13 calle y avenida Elena de la zona 1. Al momento de la detención se les incautó dos fusiles de asalto, una subametralladora y chalecos blindados.

Según las investigaciones, Sierra Arévalo pertenecía al Ejército de Guatemala y también integraba el barrio 18. Las pesquisas demostraron que las armas de fuego incautadas se utilizaron en ataques armados en donde resultaron heridas 16 personas.

La condena:

Por el delito de asesinato en grado de tentativa en contra de 11 personas, el Tribunal impuso una pena de 16 años con ocho meses por cada víctima, para un total de 184 años y ocho meses.

Por el delito de atentado con agravación específica por herir a cinco agentes de la PNC la condena será de un año y cuatro meses, para una suma de seis años y ochos meses.

También fueron condenados a 10 años de prisión más por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, y 30 años de prisión más por tener tres armas de fuego con número de registro alterado

Según las pesquisas, el hombre, identificado como Fidel, le roció solvente a la mascota Lala, una perrita raza pitbull, y luego le prendió fuego.

Posteriormente la abandonó a su suerte en un predio de Iztapalapa, de donde fue rescatada moribunda.

El hombre dijo que actuó así “porque la perra siempre le ladraba”. 

De acuerdo con El Heraldo, esta es la tercera condena en México, después de que se dictaran penas similares en Veracruz y Sonora.

Activistas y colectivos celebraron el fallo y felicitaron a Procuraduría General de Justicia. 

(Foto principal: Twitter/@pasosperrunos)

Karen Yesenia Véliz Hernández fue condenada  a seis años de prisión inconmutables por el delito de extorsión. La fiscalía contra el Delito de Extorsión estuvo a cargo de la investigación.

Los fiscales demostraron que Véliz exigió 25 mil quetzales como primera cuota, a los propietarios de una empresa de transporte de pasajeros que cubre la ruta entre la capital a nororiente del país, posteriormente exigió mil quetzales semanales.

La sentencia condenatoria fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad capital. Veliz Hernández fue aprehendida el 4 de julio de 2018, en la zona 5 de Quetzaltenango, durante la operación Escudo Regional 2.

La procesada se encuentra vinculada a más procesos penales que se están pendientes en otros departamentos, siempre por el delito de extorsión.

Assange, quien en diciembre de ese año había sido arrestado en Londres a solicitud de las autoridades suecas, se refugió en la embajada de Ecuador en la capital británica en junio 2012 para evitar una posible extradición a Suecia, donde se lo acusaba de violación y abuso sexual.

Y el cofundador de Wikileaks, quien siempre ha negado las acusaciones, permaneció ahí hasta el 11 de abril de este año, cuando las autoridades ecuatorianas le retiraron el asilo político que le habían concedido siete años antes.

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Ese mismo día un tribunal londinense, la Corte de Magistrados de Westminster, lo declaró culpable de haber violado las condiciones de la libertad condicionalque le había sido concedida mientras se decidía sobre la solicitud sueca.

La sentencia, sin embargo, solo fue dictada este miércoles por la Corte de la Corona de Southwark, también en Londres.

Y la justicia británica todavía tiene que decidir sobre una solicitud de extradición de Assange a Estados Unidos, donde está acusado de conspiración por su participación en una de las mayores filtraciones de documentos clasificados de la historia.

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Las autoridades suecas, por su parte, también están considerando la posible reapertura del caso de violación, que fue archivado en mayo de 2017.

“Circunstancias difíciles”

En una carta leída en el tribunal de Southwark, Assange trató de justificar su decisión de buscar refugio en la embajada ecuatoriana en Reino Unido explicando que se había encontrado “luchando con circunstancias difíciles”.

También se disculpó con aquellos que “consideran que les he faltado al respeto“.

“Hice lo que pensé en ese momento que era lo mejor o quizás lo único que podría haber hecho“, dijo en la carta.

Al sentenciarlo, sin embargo, la juez Deborah Taylor le dijo a Assange que era difícil imaginar un ejemplo más serio de la ofensa.

“Al esconderse en la embajada, usted se puso deliberadamente fuera de alcance, mientras permanecía en Reino Unido”, le dijo.

El abogado Mark Summers explicó que su cliente estaba “poseído” por el temor de que lo entregaran a EE.UU. por sus años de trabajo en WikiLeaks.

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“Las amenazas que llegaban desde Estados Unidos lo eclipsaron todo”, explicó.

Y sus partidarios consideran que la rápida solicitud de extradición a EE.UU., sobre la que aún tiene que pronunciarse la justicia británica, vindica sus miedos.

Después de la lectura de la sentencia y mientras era trasladado de regreso a su celda, Assange saludó a un grupo de partidarios presentes en la galería pública con un puño desafiante.

Y estos le respondieron levantando sus puños en solidaridad y dirigiendo gritos de “vergüenza” hacia la corte.