Milton Francisco Guerra Calderón, de 48 años, exdiputado guatemalteco por la Unión del Cambio Nacional (UCN) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) entre 2012 y 2020, murió en forma violenta este 26 de agosto en el interior del aserradero Petén, ubicado en aldea Cerro Gordo, kilómetro 115 de la ruta CA-1 Oriente, en Jutiapa, confirmaron fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Una persona más, identificada como Anselmo García de La Rosa, de 50 años, resultó herido tras el ataque armado que perpetraron dos sujetos que llegaron a bordo de un vehículo. De acuerdo con las primeras averiguaciones el incidente fue en forma directa contra el exlegislador que es originario de Izabal, pero desde hace años residía en en el barrio La Esperanza, Jalapa, donde hizo su vida y se convirtió en diputado distrital.

Quien lo identificó fue su hermano Elmer Leónidas, de 53 años. La persona herida, originaria de Escuintla, fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa abordo de una unidad de los Bomberos Voluntarios donde fue atendido por disparos en el cuerpo.

De acuerdo con trabajadores del aserradero dos sujetos abordo de una camioneta cortina ingresaron en el lugar y dispararon a Guerra Calderón, quien era cliente frecuente y De La Rosa, guardián del lugar que intentó repeler el ataque. Los sujetos luego de disparar a matar huyeron en dirección de la Ciudad de Guatemala.

En el lugar las autoridades hallaron una pistola Glock negra, casquillos de diferentes calibres, posiblemente arma larga y pistola y una tolva negra para pistola.

Guerra Calderón fue encargado de proyectos de la Dirección General de Caminos Rurales de Jalapa y fue contratista del Estado con una empresa constructora y una de trasporte con las que obtuvo contratos por Q152.2 millones entre 2005 y 2014. También fue presidente del Club Atlético de fútbol en Jalapa. Sus seguidores repudian el crimen.

A pesar de haber sido contratista, delegó el manejo de la empresa en otros familiares, y en alguna oportunidad con su yerno, Jairo Danilo Orellana Sandoval, diputado electo por el distrito de Jalapa con el partido Cabal en las recién pasadas Elecciones Generales 2023.

Perfil

Guerra Calderón nació en Izabal el 29 de octubre de 1974 y creció en Jalapa. Fue allí donde estudió la educación primaria.

De acuerdo con la hoja de vida que aparece en el sitio web del Congreso de la República la primera instrucción la desarrolló en 1988 en la escuela oficial tipo federación Luis Martínez Mont en la cabecera municipal de Jalapa.

En el 2004 estudió en el instituto mixto Diéguez Olaverri, en Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala y en el 2016  en el instituto de educación diversificada por madurez Pedro Arriaza Matta en la Ciudad de Guatemala.

Su perfil laboral revela que de 1990 a 1996 fue encargado de proyectos de la Dirección General de Caminos Rurales en la sede regional de Jalapa.

Entre 1997 y 2004 se dedicó al comercio. Compraba y vendía ganado en engorde. Entre 2004 y 2013 fue representante legal de la empresa Proyectos Samaria, la cual controlaba con su familia.

En 2015 se postuló como candidato a diputado por la UCN, y a pesar de que era contratista del Estado con la empresa familiar, logró un escaño con esa agrupación. Más tarde se unió a las filas de FCN-Nación.

La empresa Samaria estuvo inactiva durante cinco años, debido a las críticas que generó que fuera diputado y se beneficiara del erario. En 2019, le concedieron Q60.7 millones por el Ministerio de Comunicaciones (CIV) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), según una nota del diario elPeriódico.

“Proyectos Samaria fue contratada para hacer la reposición de carretera del tramo La Ceibita-Atescatempa-San Cristóbal, Jutiapa (RD-Jut-05, Tramo: Bifurcación RN-23) por Q42 millones 942 mil 198.94”, cita la investigación.

“La constructora Proyectos Samaria fue creada en el Registro Mercantil el 2 de febrero de 2004 por Milton Francisco Guerra Calderón, según el formulario de inscripción. La empresa inició con un capital de Q15 mil y registró como su dirección comercial la 1a. avenida 2-19 zona 1, barrio La Esperanza, Jalapa, la misma de residencia que reportó su propietario”.

Este sábado 14 de enero se celebró una sesión solemne en el Congreso de la República en la que tomó posesión la Junta Directiva para el periodo 2023 – 2024.

Los alrededores del Congreso de la República permanecían resguardados por agentes de la Policía Nacional Civil y el paso de vehículos quedó restringido en varios puntos del Centro Histórico.

La Junta Directiva quedó integrada por Shirley Rivera en la Presidencia, quien continuará en el cargo un año más.

Como primer vicepresidente fue juramentado Boris España; segundo vicepresidente, Sergio Arana; y como tercer vicepresidente Hérber Melgar.

También fue juramentado Maynor Mejía como primer secretario; Marvin Alvarado, segundo secretario; Douglas Rivero, tercer secretario; Aníbal Rojas, cuarto secretario; y Leopoldo Salazar, quinto secretario.

La presidenta del Congreso emitió un mensaje en el que resaltó la aprobación de al menos 57 decretos durante su gestión y agradeció a Dios, su familia y compañeros de la Junta Directiva.

También mencionó la aprobación de subsidios, incentivos para movilidad eléctrica, la ayuda al adulto mayor, militares retirados y el avance para obtener vivienda social.

Aseguró que se ha construido un Congreso “diferente y dinámico”. “El reto es mantenerse unido y demostrarle a la población que así deben estar, y esta novena legislatura marcará un antes y un después”, aseguró.

Además, se comprometió a proteger a la niñez y visibilizar oportunidades que fortalezcan a las familias.

A la sesión asistieron varios invitados como el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera; el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, entre otros.

Diputados de la oposición también asistieron a la sesión para manifestar su rechazo a la gestión y la presentación del informe de Giammattei.

Diputados de oposición se refieren a la presentación de resultados que el Gobierno entregará al Congreso.

Vía: É. Ávila. pic.twitter.com/Gvqd5hl9GQ

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 14, 2023

En los puntos establecidos en el protocolo de la sesión solemne se tenía incluida la entrega del tercer informe de Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Durante la actividad se indicó que el mandatario Giammattei envió el informe de Gobierno de su tercer año de gestión; sin embargo, no se presentó para emitir algún mensaje a los diputados.

El presidente Giammattei indicó que hoy a las 17 horas emitirá un mensaje a la nación para dar a conocer el informe.

¡El 2022 fue #ElAñoDeLosLogros!

Los invito a acompañarme en la presentación del Informe General de la República este 14 de enero a las 17:00 horas. #TercerInformeGT pic.twitter.com/CHzveDoz9v

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) January 13, 2023

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Con 15 votos a favor, de 21 posibles, integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso, aprobaron el dictamen favorable a la iniciativa 6141, denominada ley de adquisiciones del Estado, que fue presentada por el Organismo Ejecutivo.

Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo este 26 de septiembre que dicha comisión discutió, analizó y aprobó el dictamen favorable a la iniciativa 6141, ley de adquisiciones del Estado.

Explicó que esta no es una reforma al Decreto 5792 que contiene la Ley Contrataciones del Estado, sino que es una propuesta de nueva ley, que sustituiría la primera.

Recordó que durante tres años se intentó hacer una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado y no se logró y que la exposición de motivos de la iniciativa aparece todo el historial que se ha pasado.

Agregó que durante todos estos años diversos sectores y las municipalidades han querido reformar una ley para efectuar las compras, pero ahora con esta iniciativa se podría tener una nueva.

Comentó que la iniciativa a la que le dieron dictamen favorable pasará a la instancia de Jefes de Bloques y allí ellos determinarán cuando pasa al pleno del Congreso para discutirla.

Señaló que la iniciativa de ley contiene las normas de transparencia, las de gestión y se incluye modificaciones a los montos de adquisiciones de baja cuantía, contrato abierto, licitación, contratación y cotización.

Refirió que esa iniciativa de ley es una buena herramienta para todos los funcionarios públicos que ahora podrían tener una ley que acorta tiempos, aumenta techos -de montos- para poder trabajar.

Leal afirmó que esta nueva ley también servirá para fiscalizar, puesto que la iniciativa va a tener un reglamento de trabajo en el cual se incluyen las normas de transparencia, sanciones a cada funcionario que no la utilice adecuadamente.

Dijo que espera que el pleno del Congreso apruebe la iniciativa y así pueda utilizarse a la brevedas posible debido a las eventualidades que ha tenido que pasar Guatemala con las emergencias.

Aumento de montos

Leal ejemplificó que con la nueva iniciativa las adquisiciones de baja cuantía subirían de Q25 mil a Q35 mil, aunque los diputados de la Comisión de Finanzas dijeron que enviarían unas enmiendas para que ese techo sea más alto.

Señaló que la Asociación Nacional de Municipalidades quieren un techo más amplio, pues cuando tienen una emergencia necesitan comprar algún repuesto o insumo con mucha urgencia pero no pueden, porque la ley no lo permite por los montos.

Al ser consultado sobre si esta nueva iniciativa de ley no sería utilizada con fines políticos por las autoridades y funcionarios para hacer compras directas en año electoral, respondió que los diputados de la Comisión de Finanzas analizaron que si se sigue pensando en que es año electoral o cosas similares nunca se va a aprobar.

Afirmó que la iniciativa de ley es una necesidad para el país, porque ha habido pandemia, desastres naturales y en esos casos las dependencias estatales necesitan tiempos cortos para responder a estas emergencias.

Dijo que de aprobarse la iniciativa, el próximo gobierno va a tener una ley que les va a ayudar a ellos para poder garantizar la rapidez a las necesidades a la población de Guatemala.

“Nosotros como diputados podemos pasar a la historia si esta nueva ley  de adquisiciones pasa en el pleno, le daríamos una herramienta al próximo gobierno y no estamos hablando de nosotros, de  beneficio propio sino a la población”, comentó el congresista.

El diputado Leal dijo que ahora será la instancia de Jefes de Bloques la que decidan cuándo se agenda la iniciativa de ley y la forma en la que se conocerá en el Congreso. Ante la consulta si esto podría ser de urgencia nacional, respondió que él preferiría que pasada de esa forma al pleno, puesto que se necesita tener esa ley lo antes posible por todo lo que ocurre en Guatemala.

La actual Junta Directiva del Congreso se ha caracterizado por dar marchar atrás, retirar de la agenda o pedir opiniones jurídicas sobre propuestas que han generado controversia, como el caso de la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública, pero que detuvo su avance hasta tener una opinión y conocer si tiene alguna inconstitucionalidad.

Lo anterior se dio como resultado de las exigencias hechas por los 48 Cantones de Totonicapán, cuyos representantes pidieron que esta fuera anulada.

Anteriormente, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, también tomó la decisión de pedir una opinión jurídica sobre una serie de ascensos y aumentos que se hicieron por la anterior Junta Directiva, pero que siguen vigentes, ya que aún está pendiente el informe de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas.

Además, también fue sacada de la agenda en mayo pasado la iniciativa que buscaba crear la Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, la cual debe ser discutida con varios sectores.

Opiniones

Luego de la decisión de suspender el avance de la iniciativa 6076 se consultó a algunos jefes de bloque del Congreso y fueron distintas las interpretaciones en cuanto a la decisión.

A criterio de la jefa del bloque Semilla, Ligia Hernández, lo que se observa en la actual junta directiva es una “práctica que se está institucionalizando”, en respuesta a las protestas ciudadanas; sin embargo; cuestiona el actuar de los diputados al tratar de aprobar estas leyes.

“Lo que hacen con esta actitud, la Junta Directiva y la presidenta (Shirley Rivera), es poner en evidencia que están actuando a espaldas de la población sin escuchar ni evaluar la conveniencia social de las leyes y únicamente obedecer a la agenda del Ejecutivo”, manifestó Hernández.

A decir de la jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez, a su criterio, este tipo de decisiones lo único que hacen es desgastar de forma innecesaria al Congreso, ya que no se debió llegar a estos extremos, considerando que desde un inicio se han planteado los argumentos que a su criterio no hacen “viable” la iniciativa.

“Preocupa en lo particular, sí, porque se han tenido los argumentos legales políticos con los cuales no es viable, pero ahí la insistencia cuando quieren quedar bien con algunos de sus miembros diputados. Nosotros vamos a estar muy de cerca para velar que se cumpla el compromiso”, dijo Gutiérrez.

Mientras tanto, el jefe del bloque Creo, Óscar Chinchilla, aseguró que, a su criterio, la decisión fue “prudente” en este momento para hacer una revisión de la iniciativa; sin embargo, cuestiona que hace poco más de dos años se recibió en el Congreso una iniciativa para liquidar a la SAAS y ahora se le incluya en la iniciativa 6076 para fortalecerla.

“Nos llama la atención ese tema, que creería yo que lo deberían de considerar las personas que fueron delegadas para hacer el análisis (de la iniciativa 6076)”, dijo Chinchilla.

En tanto de la jefatura de Vamos se indicó que comparten los criterios de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.

El jueves pasado, Rivera dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión: “He dado la instrucción a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice si existen las inconstitucionalidades que manifiestan los 48 Cantones, por lo que esperaremos tener el dictamen respectivo para que la instancia de jefes de bloque y el honorable pleno, como órgano máximo del Congreso de la República tomen la decisión”.

La iniciativa que recibió dictamen la semana pasada por la Comisión de Gobernación, que dirige el diputado Boris España, fue agendada para el martes pasado por la Instancia de Jefes de Bloque, pero ese día el diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, propuso una moción verbal para que la iniciativa regresara a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional; sin embargo, 93 diputados votaron en contra, 33 a favor y 34 estaban ausentes.

Arévalo expuso que la propuesta tiene errores de “concepción” que confunden en la interpretación en cuanto a las funciones de las fuerzas de seguridad, por lo cual era necesario que se hiciera una nueva revisión.

“Lo que busca es callar a la población que con mucho derecho legítimo hoy está actuando. Diputados, no seamos los enemigos del pueblo”, dijo ese día Gutiérrez.

Mientras tanto, otros diputados cuestionaron la viabilidad legal si se aprueba, y aseguran que la intención de la propuesta es contrarrestar las manifestaciones.

Cinco denuncias fueron planteadas en el Ministerio Público (MP) por los incidentes violentos registrados el pasado mastes en el Congreso de la República y que fueron protagonizados por militares retirados que exigen una indemnización de Q120 mil por haber prestado servicio durante el conflicto armado interno, informó este jueves 21 de octubre la Fiscalía.

Según el MP, este jueves concluyeron los peritajes en las áreas afectadas durante la protesta y se dijo que dos de las cinco denuncias fueron interpuestas por el Congreso, una por la Policía Nacional Civil, una por el Ministerio de Gobernación y otra por un periodista que fue agredido.

En estos casos interviene la Fiscalía Metropolitana y la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas.

Guatemala acusó el miércoles último de terrorismo a dos de los veteranos de guerra que participaron el martes en la quema parcial del Congreso en busca de un resarcimiento por sus servicios en el conflicto armado interno (1960-1996), aunque algunos diputados de oposición aseguran que “hay alguien detrás de este movimiento”.

El legislador Carlos Barreda, cuya oficina fue incendiada durante los disturbios del martes, indicó a periodistas frente a las instalaciones del Parlamento que existen varios indicios para pensar en una amplia organización y planificación de los disturbios.

“Hay alguien detrás de este movimiento. No es posible que (los manifestantes) vengan en buses, armados, con varios portátiles, sonido… hay una logística y una organización atrás. Y un recurso económico atrás que está moviendo esto”, afirmó Barreda, de la agrupación política de oposición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El diputado instó al MP a “investigar quiénes son los autores intelectuales” de los disturbios, sin descartar los motivos que originaron la quema del Congreso el martes.

“¿Será un distractor político? ¿Será una demostración de que hay ahora fuerzas de choque de corte militar? No lo sé, son muchas interrogantes y caben muchas interpretaciones”, señaló Barreda, quien cuestionó además la ausencia de agentes de las fuerzas de seguridad al momento de los disturbios y su pasividad.

Las protestas tuvieron lugar el martes en las instalaciones del Congreso de Guatemala, en el centro de la capital, y fueron protagonizadas por veteranos militares, quienes exigen una compensación por sus servicios para el Ejército durante el conflicto armado interno que duró 36 años y dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas.

Los disturbios causaron heridas a cuatro periodistas y a más de una decena de agentes de la Policía Nacional Civil, después de que los exmilitares irrumpieran a la fuerza en el Congreso para pedir que sea aprobada la iniciativa de ley que aseguraría su resarcimiento económico.

Acusados de terrorismo

Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos de los cientos de manifestantes que provocaron los disturbios el martes en el Congreso, y el miércoles fueron puestos a disposición de un juez, acusados por el MP por los delitos de terrorismo.

Los militares en retiro arrestados fueron identificados como Ernesto Martínez Agustín y Juan Parachico Sánchez, de 47 y 50 años, respectivamente.

Mientras tanto, en el centro de la Ciudad de Guatemala, varios fiscales del Ministerio Público acordonaron algunos sectores aledaños a las instalaciones del Congreso, y también documentaron con fotografías y videos los daños ocasionados por los manifestantes, según constató.

La iniciativa de resarcimiento económico solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de Q120 mil (US$15 mil 500 aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.

Los excombatientes del conflicto armado interno habían manifestado en diversos días durante las últimas dos semanas, con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.

Por segundo año consecutivo

El 21 de noviembre de 2020, las instalaciones del Congreso guatemalteco también fueron quemadas parcialmente durante una manifestación en contra del Gobierno de Giammattei, por la polémica aprobación del presupuesto del Estado para 2021 a manos de la bancada oficial, Vamos.

Tanto en los disturbios de este martes como en los de noviembre de 2020 no se reportaron víctimas fatales de los incendios dentro del Parlamento, solo daños materiales.

La quema del Congreso en 2020 se llevó a cabo por obra de encapuchados sin que se registraran capturas, en medio de una crisis del Gobierno de Giammattei después de que su vicepresidente, Guillermo Castillo, instara al mandatario a renunciar en conjunto esa semana ya que el país no se encontraba “bien”.

La guerra interna en Guatemala acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Más del 90 % de las masacres y desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno fueron obra del Ejército de Guatemala, según informes e investigaciones de organismos internacionales.

Con información de EFE

Guatemala acusó este miércoles de terrorismo a dos de los veteranos militares que participaron el martes en la quema parcial del Congreso en busca de un resarcimiento por sus servicios en el conflicto armado interno (1960-1996), aunque algunos diputados de oposición aseguran que “hay alguien detrás de este movimiento”.

El legislador Carlos Barreda, cuya oficina fue incendiada durante los disturbios del martes, indicó hoy a periodistas frente a las instalaciones del Parlamento que existen varios indicios para pensar en una amplia organización y planificación de los disturbios.

“Hay alguien detrás de este movimiento. No es posible que (los manifestantes) vengan en buses, armados, con varios portátiles, sonido… hay una logística y una organización atrás. Y un recurso económico atrás que está moviendo esto”, afirmó Barreda, de la agrupación política de oposición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Lea más: Veteranos militares provocan disturbios, lanzan piedras e ingresan por la fuerza en el Congreso

El diputado instó al Ministerio Público (MP, Fiscalía) a “investigar quiénes son los autores intelectuales” de los disturbios, sin descartar los motivos que originaron la quema del Congreso el martes.

“¿Será un distractor político? ¿Será una demostración de que hay ahora fuerzas de choque de corte militar? No lo sé, son muchas interrogantes y caben muchas interpretaciones”, señaló Barreda, quien cuestionó además la ausencia de agentes de las fuerzas de seguridad al momento de los disturbios y su pasividad.

“Comienzan a actuar ya cuando se han retirado los manifestantes, en un día en el que habían presentes diputados de oposición”, concluyó Barreda.

Las protestas tuvieron lugar el martes en las instalaciones del Congreso de Guatemala, en el centro de la capital, y fueron protagonizadas por veteranos militares, quienes exigen una compensación por sus servicios para el Ejército durante el conflicto armado interno que duró 36 años y dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas.

Los disturbios causaron heridas a cuatro periodistas y a más de una decena de agentes de la Policía Nacional Civil, después de que los exmilitares irrumpieran a la fuerza en el Congreso para pedir que sea aprobada la iniciativa de ley que aseguraría su resarcimiento económico.

De igual forma, el diputado independiente de oposición Aldo Dávila responsabilizó por lo sucedido al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ya que el resarcimiento a los veteranos militares fue una de sus promesas de campaña en 2019.

Por su parte, el diputado de la UNE Orlando Blanco, cuya oficina también resultó dañada por el fuego, enfatizó este miércoles por la mañana en declaraciones a periodistas que la quema del Congreso fue “un acto vandálico con objetivos políticos”.

ACUSADOS DE TERRORISMO

Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos de los cientos de manifestantes que provocaron los disturbios el martes en el Congreso, y este miércoles fueron puestos a disposición de un juez, acusados por el Ministerio Público por los delitos de terrorismo.

Los militares en retiro arrestados fueron identificados como Ernesto Martínez Agustín y Juan Parachico Sánchez, de 47 y 50 años, respectivamente.

Mientras tanto, en el centro de la Ciudad de Guatemala, varios fiscales del Ministerio Público acordonaron algunos sectores aledaños a las instalaciones del Congreso, y también documentaron con fotografías y videos los daños ocasionados por los manifestantes, según constató Efe.

#AHORA | En audiencia en el Juzgado Penal de Turno se les hace saber motivo de detención Juan Parachico Sánchez y Ernesto Martínez Agustín, militares retirados que habrían participado en la irrupción violenta al edificio del @CongresoGuate ayer. pic.twitter.com/T40qpSRUmF

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 20, 2021

La iniciativa de resarcimiento económico solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de Q120 mil quetzales para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.

Los excombatientes del conflicto armado interno habían manifestado en diversos días durante las últimas dos semanas, con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.

Luego de la manifestación que terminó con disturbios, el martes 19 de octubre en el Congreso de la República, el presiente Alejandro Giammattei se pronunció al respecto.

Los militares retirados han solicitado desde hace varios meses la aprobación de una iniciativa de ley que les permitiría recibir una indemnización de Q120 mil por servicios prestados durante el conflicto armado interno.

En las últimas semanas, los militares retirados han bloqueado carreteras en distintos puntos del país y se han movilizado hacia el Congreso de la República para pedir a diputados la agilización en la aprobación de la iniciativa de ley.

El martes 19 de octubre, desde la mañana, grupos de veteranos se reunieron en la capital para dirigirse a edificios públicos y al Congreso, donde se reunirían con diputados para coordinar la aprobación del pago.

Lea más: Veteranos militares provocan disturbios, lanzan piedras e ingresan por la fuerza en el Congreso

Sin embargo, luego de las 15 horas, la movilización y manifestación se tornó violenta, cuando un grupo de supuestos veteranos tomó palos y piedras para causar daños al edificio del Palacio Legislativo.

Luego de varias horas de tensión, en las que los manifestantes causaron destrozos en el Congreso y quemaron vehículos, las fuerzas de seguridad retomaron el control del área.

Durante los incidentes, varios periodistas fueron amenazados y agredidos; mientras autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil indicaban que había varias personas detenidas sindicadas de los incidentes.

El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que se indica la reacción del presidente Alejandro Giammattei.

“El presidente reitera su respeto hacia aquellos guatemaltecos que han luchado y prestado su servicio a la Patria en las filas del Ejército de Guatemala; sin embargo, en ninguna circunstancia son aceptables acciones violentas, al margen de la ley, como las que hoy se realizaron en las que atentaron contra el patrimonio público y pusieron en riesgo la integridad tanto de civiles guatemaltecos como de funcionarios públicos”, señala el comunicado.

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Añade que, “llama la atención que la edad de algunos de los manifestantes no corresponde a la que deberían tener excombatientes que hayan formado parte de las filas de las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno que concluyó hace ya casi 25 años. La presencia de personas de menor edad podría dar indicios de la presencia de actores e intereses externos”.

También se indica que “se abrieron líneas de investigación en búsqueda de los culpables de estos actos delictivos y se procederá contra ellos con todo el peso de la ley. De momento se han realizado seis capturas y hay otras en proceso”, se aseguró en el comunicado.

Personal del Ministerio Público inspecciona este miércoles 20 de octubre las áreas afectadas por los manifestantes en busca de indicios que aporten a la investigación.

Luego de los incidentes en el Congreso de la República que se saldó con varias personas heridas, vehículos quemados, detenidos y daños en el edificio del Legislativo, los veteranos militares que protagonizaron los disturbios lanzaron una advertencia a los diputados para que agilicen la aprobación de una ley de resarcimiento que los beneficiaría con Q120 mil, pues aseguran que las negociaciones pacíficas se terminaron.

Son 15 las asociaciones de militares retirados las que desde hace varios meses hacen presión por medio de protestas y bloqueos de carretera para que el Congreso de luz verde a una ley con las que cada uno de ellos recibiría Q120 mil por haber prestado servicio militar durante el conflicto armado interno.

Sin embargo, de acuerdo con dirigentes, para este martes 19 de octubre fueron citados al Congreso para conocer los avances del proyecto de ley, pero no fueron atendidos por diputados y la manifestación se tornó violenta.

Los inconformes dañaron un portón del Congreso e ingresaron por la fuerza hasta el parqueo, donde incendiaron varios vehículos. También destruyeron algunos sectores de oficinas.

“Esto es un inicio, porque como dijo el -dirigente- de Petén, es solo de apachar un botón y dar el mando y ya se va. Yo les dije no a la violencia, pero otro -dirigente- dijo que trabajó 20 años en túneles (…) y ellos en cualquier momento pueden destruir una calle, porque solo es de levantar una tapadera”, señaló Francisco González, integrante de la Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala (Anasoregua).

Agregó que “esto comienza. Se le va a volver un caos al presidente. Hemos estado con mucha paciencia y ahora dice el presidente del Congreso -Allan Rodríguez- que no hay un listado cuando se le pidió -al Ministerio de la Defensa- a través de ellos el 24 de septiembre”.

“Aquí hay kaibiles, hombres completamente entrenados, soldados de montaña completamente entrenados para sobrepasar a los antimotines, están completamente entrenados para morir”, dijo con respecto a que están preparados para tomar acciones más fuertes en los próximos días.

Con respecto a los incidentes de este martes en el Congreso de la República, el dirigente dijo que “esto solo es una lección” y  lo que querían era pasar sobre la Policía “y si capturaron a algunos van a regresar por ellos”.

Agregó que los diputados los han engañado al ofrecerles agilizar el proceso, por lo que este día a los dirigentes les fue imposible controlar la ira de los manifestantes  y dijo que tienen preparadas más acciones, pero que por estrategia no las pueden revelar por completo. 

“La otra semana hay posibilidades de que todos los veteranos salgan, los han dicho ellos, se terminó ya pacíficamente, entonces van a apostarse en las carreteras, no se sabe si aquí en la ciudad o en dónde. Se va a bloquear todas las entradas y salidas. La furia es tremenda, el engaño es muy fuerte porque les dijeron a los encargados que hoy los iban a atender a las 11.30 y no salió nadie”, comentó.

“No han programado nada, porque pueden atacar de un momento a otro. La fecha no se va a revelar, cuando sientan está tapada la ciudad, cuando sientan están tapadas las carreteras”, añadió González, quien reiteró que el tiempo se le terminó al Congreso.

La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de Q120 mil (US$15 mil 500 aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales. 

La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.

La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un saldo de más de 250 mil muertos y desaparecidos, que en más del 90 % de los casos son atribuidos al Ejército de Guatemala, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas.

Con información de EFE

Por segunda vez en menos de un mes, la alianza oficialista en el Congreso perdió el pulso contra la oposición que logró improbar este lunes 6 de septiembres el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei el jueves recién pasado.

Con tres horas de retraso y en medio de señalamientos, el Congreso abrió sesión para conocer en tercer debate el estado de Calamidad propuesto por el Ejecutivo para aplanar la curva de contagios de covid-19, una discusión que se extendió a lo largo de la noche sin que la alianza oficialista lograra los apoyos necesarios para ratificar la medida presidencial.

A eso de las 20.40 horas, la Junta Directiva, encabezada por Allan Rodríguez, abrió votación para aprobar en su tercer debate el estado de Calamidad en busca de pasar a la aprobación por artículos; sin embargo, de 156 diputados presentes, 86 se abstuvieron de votar, con lo que se estancó el proceso.

Los diputados le gritaban a la Junta Directiva que cerrara la votación y le incriminaban que Rodríguez hiciera llamadas telefónicas, pues aseguraban que se hacían negociaciones para conseguir los votos necesarios. La transmisión de los medios sociales del Congreso fue interrumpida durante la votación y por varios minutos y fue el diputado Aldo Dávila quien informaba de lo que ocurría en el hemiciclo.

A eso de las 22.40 horas, con 81 votos a favor y 69 en contra, el Congreso improbó el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

Diputados de varias bancadas se pronunciaron luego de la improbación de estado de Calamidad y señalaron a la alianza oficialista de alargar la sesión en busca de negociaciones y compra de votos.

Además, criticaron a la Junta Directiva del Congreso porque, según ellos, responden a los intereses del presidente Alejandro Giammattei, quien en menos de un mes ha propuesto dos estados de Calamidad en busca de contrarrestar los efectos de la pandemia.

De acuerdo con la oposición, el oficialismo pretendía acumular 81 votos, por lo que la votación se extendió por varios minutos, generando suspicacias en el hemiciclo, donde los parlamentarios exigían el cierre de esta para proceder a la improbación del estado de Calamidad, como lo establece la ley y para evitar que, como ocurrió con el anterior, la Corte de Constitucionalidad le corrigiera la plana al Legislativo ordenándole que aprobaran, modificaran o improbaran el estado de Calamidad.

El diputado Hugo Rodríguez, de Creo, señaló: “esto no es campaña, no es proselitismo. Está en juego la vida de muchos guatemaltecos.  Lo que tenemos que hacer es dar soluciones. Veo muchos que critican al Gobierno, pero no dan soluciones. Si procede o no (el estado de Calamidad) va a ser decisión de nosotros”.

En tanto, Orlando Blanco, de la bancada UNE, dijo que el estado de Calamidad es una acción política del Ejecutivo “para lavar cara ante la población ante la ineptitud mostrada en el manejo de la pandemia y nos tiran la pelota a nosotros”.

Agregó que “son 8 millones de vacunas las que han ingresado al país, pero es una vergüenza que 5 millones sean por donaciones. ¿No aprobamos Q1 mil 500 millones?”

En tanto la parlamentaria Sonia Gutiérrez, de Winaq, comentó que so se equivocarán en la votación porque “quienes van a votar a favor no están pensando en la población, piensan en sus intereses. Ojalá no hayan corrido recursos para esos votos”.

“Puede ser que perdamos, pero no siempre la mayoría tiene la razón”, dijo, por su lado el diputado Reyes Lee.

“Lo que estamos haciendo al no aprobarlo es una injusticia en contra del pueblo de Guatemala”, dice Víctor Guerra de la UNE.

Además, Aníbal Rojas, de Viva, comentó que “si tuviéramos buena voluntad por qué no modificarlo, por qué no incluir todas esas preocupaciones que muchos de ustedes han manifestado. La simple oposición, esa no se vale, la realidad en el país es dura, es seria”.

“No voy a dejar que le digan a mi bancada que es condenada por votar por el estado de calamidad”, expuso Napoleón Rojas, de UCN.

“La situación de la pandemia en este momento es extremadamente grave (…) sí es necesario restringir la movilidad, estas medidas son necesarias para reducir los contagios, no es cierto que solo con vacunación vamos a aplanar la curva (…) es una necedad pensar que las compras por excepción van a abastecer los hospitales (…) este estado de Calamidad no va funcionar, porque la mayoría de enmiendas es para quitar las pocas medidas que podrían aplanar la curva, se convertiría en un cascarón, pero solo será para las compras por corrupción”, enfatizó Lucrecia Hernández Mack, de Semilla.

“El día de hoy es trascendental porque vamos a ser los responsables de los 13 mil muertos que habrá entre noviembre y diciembre, ya hice la cuenta de los 155 diputados, nos toca 85 a cada uno para que nos los echemos encima”, dice Herbert Figueroa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso.

La titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, envió un oficio este lunes 23 de agosto a diputados del Congreso de la República, en el que justificó su inasistencia a una citación por padecer, de nuevo, covid-19.

La ministra Flores estaba citada para responder a preguntas de diputados, acerca del desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, inventario de vacunas contra el coronavirus y contratos de adquisición de medicamentos e insumos por la emergencia a causa de la enfermedad.

Según el documento, la prueba efectuada a la ministra se procesó el 19 de agosto y tuvo resultado positivo.

Es la segunda vez que la ministra Flores resulta contagiada con la enfermedad, pues el 2 de agosto del año en curso, el Ministerio de Salud informó que había contraído el virus y que su cuadro era estable.

Francisco Coma, viceministro de Hospitales, dijo en una entrevista en La Red que la ministra fue diagnosticada positivo de covid-19 el jueves último y que tiene una “sintomatología respiratoria”.

La titular de Salud respondió a través de mensajería móvil que se encuentra en aislamiento y con dificultades para hablar. “Hay que cuidarse más. Estoy muy ronca”, aseguró Flores.

Diputados de la oposición cuestionaron la excusa de la ministra Flores.

Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, publicó un mensaje en Twitter. “¿Qué piensan ustedes se contagió dos veces en menos 15 días?”, escribió.

Iris Cazali, jefa de Infectología del Hospital Roosevelt, dijo a Prensa Libre que el Hospital Roosevelt hace pruebas de PCR a personal del Ministerio de Salud y ella está a cargo de hacer las pruebas y los certificados.

Añadió que un equipo de enfermeras toma los hisopados en las oficinas del Ministerio para luego llevarlos al laboratorio, donde se confirmó que Amelia Flores es positiva a covid-19.

Indicó que el resultado lo entrega el laboratorio del hospital, luego se firma la hoja en la que consta que la persona está contagiada.

Explicó que las pruebas de PCR de hisopado detectan el virus y un “montón de partículas del virus” y que desconoce cuándo fue positiva a covid-19 la primera vez la funcionaria.

Añadió que es posible que Flores todavía tenga restos virales y que por eso salió positiva.

La doctora indicó que ella firmó el resultado y fue sacado a luz pública, aunque es información personal.

Dice la Ministra de Salud Amelia Flores que nuevamente se contagio de covid-19.. y NO asiste a citacion del Congreso de bancada UNE. ¿ que piensan ustedes se contagio dos veces en menos 15 dias ?

— carlos barreda (@cbarreda01) August 23, 2021

En representación de la titular de Salud, asistieron a la citación la viceministra Técnica Leslie Samayoa y el viceministro de Atención Primaria Edwin Monroy.

Durante la reunión se abordan temas como; situación de la pandemia COVID-19, seguimiento al Plan Nacional de Vacunación y la adquisición de vacunas. pic.twitter.com/gTXBVtMJ33

— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 23, 2021