Maria José Pepió Pensabene reveló que desde el 2012 aceptó firmar un  contrato de la Dirección General de Correos basada en la amistad y confianza que le tenía al Licenciado Carlos René Micheo, a quien conoció en la  universidad Rafael Landivar asegurando que desconocía que era una plaza fantasma.

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Q18 mil mensuales

Reveló que por medio de un correo electrónico fue instruida por el Licenciado Micheo, para distribuir los Q18 mil, de la plaza fantasma.  La sindicada le explicó a la jueza Ericka Aifán del Juzgado de Mayor Riesgo “D” que le depositaba a él y a su asistente y  de ese total  Q3 mil  eran para ella.

Maria José Pepió Pensabene implicada por plazas fantasma de la Dirección General de Correos declara en el caso Construcción y Corrupción fase II explicó que aceptó firmar ese contrato basada en la confianza y amistad del señor Micheo sindicado en el caso. pic.twitter.com/0GYrJ9Lz9o

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) October 11, 2018

El 17 de junio de 2017 la sindicada presentó su renuncia del contrato porque se habían complicado las asesorías nuevamente instruida por el licenciando Micheo.

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Piense en qué se lo gastó

El licenciado Micheo salíó del Mariscal Zavala luego de estar preso por el caso Construcción y Corrupció, contó que la llamó a su oficina, y que durante una reunión muy incómoda le dijo que le debía firmar  un pagaré porque debía justificar  que los depósitos bancarios  que ella  le hizo a él eran por el pago de un préstamo, incluso le dijo que pensara en qué se lo había gastado. “Piense, se compró un carro o algo”

La Fiscalía la señala por el delito de lavado de dinero. La audiencia de primera declaración aún no ha concluido.

Aneliese Herrera Monterroso logró que fuera enviada a su casa,  la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, le concedió medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva.

Ahora podrá esperar desde su casa que se resuelva su situación legal implicada por los delitos de lavado y asociación ilícita en la estructura criminal que lideraba Alejandro Sinibaldi. Salió de la cárcel el pasado 7 de agosto bajo los siguientes acuerdos:

Por ser colaboradora eficaz, la fiscalía acordó que  solicitará la aplicación de un procedimiento abreviado, con una pena de 6 años reducida a la mitad, y para que no cumpla la condena en prisión se le impuso una multa de Q400 mil reducida a Q200 mil.

Por el delito de asociación ilícita, tendrá un criterio de oportunidad por Q50 mil quetzales, dio a conocer Carlos Videz de la Feci (Fiscalía especial contra la impunidad)

De momento falta la audiencia de autorización de beneficios de colaboración, solo se han autorizado los acuerdos de colaboración:

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Otros colaboradores eficaces

También Carlos Francisco Goyzueta Valladares fue favorecido con el arresto domiciliar salio de la cárcel el 3 de agosto, forma parte de los tres colaboradores admitidos, entre los acuerdos de colaboración:

La Fiscalía tendrá que solicitar por el delito lavado de dinero que se imponga una pena de 6 años, bajo la figura de colaborador se pedirá que se le reduzca a 3 años y que a estos 3 años se le aplique una suspensión de la pena para que no la cumpla en prisión, y una multa de Q680 mil quetzales, reducida a la mitad, estableciéndose por un monto total de  Q340 mil.

Por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego bélicas un criterio de oportunidad, deberá entregar Q160 mil quetzales, depositando 40 mil quetzales  a cada una de cuatro instituciones de beneficencia. Y como parte de la reparación al Estado deberá fabricar y entregar 1,500 escritorios al Ministerio de Educación.

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El otro colaborador es Juan Arturo Jegerlehner Morales, concuño de Alejandro Sinibaldi acusado por lavado y asociación ilícita salió de la cárcel el 6 de agosto.

También será solicitado un procedimiento abreviado, que consiste en una multa de $100 mil dolares. Por el delito de asociación ilícita tendrá que entregar Q100 mil, cantidad que sera dividida entre la institución  de beneficencia  Asociación La Alianza y la Asociación Unidos por la Salud, y por el delito de obstaculizan de la verdad como reparación al Estado tendrá que entregar $300 mil dolares.

El fiscal Carlos Videz indicó que a través del testimonio de los tres colaboradores eficaces se logró obtener información importante que ayudó a desarticular la estructura criminal, la forma en que operaban y el esclarecimiento de hechos que se le atribuyen a la organización criminal liderada por Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia.

El proximo 14 de septiembre la jueza Ericka Aifán programó la audiencia de primera declaración del caso Construcción y Corrupción fase II en la cuál se espera la reproducción de los audios de los testimonios de estos tres colaboradores eficaces como anticipo de prueba.

En el juicio por el fraude del agua mágica  quedó establecido que Roxana Baldetti sí tiene dinero y los medios suficientes para pagarle a su defensor y el Instituto de la  Defensa Pública Penal (IDPP) le estableció un convenio de pago.

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La Defensa Pública Penal no podrá continuar defendiendola de forma gratutia. El estudio comprobó que Baldetti tiene la capacidad de pagar a un defensor.

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Los resultados del estudio socioeconómico solicitado por el juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez  han establecido que Roxana Baldetti tiene la capacidad económica para pagar su  defensa.

La exvicepresidenta se negó a firmar el convenio de pago que determinó la Defensa Pública que le tendrá que pagar por los servicios. Y pese a que la Defensa Pública no dió detalles sobre el monto establecido explicaron que se le cobrará cuando concluya el Proceso Penal.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan de nuevo al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi en actos de corrupción.

Sinibaldi Aparicio que está prófugo de la justicia hasta hoy, sería el hilo conductor de los resultados de la investigación, Construcción y Corrupción fase II. Los delitos relacionados son el pago de sobornos, plazas fanstasma, y financiamiento electoral ilícito entre otros.

Recaudación de sobornos

El MP y CICIG identificaron cuatro modalidades para captar el dinero que serían las siguientes

1. A través de offshores en las que se aparentaba asesorías  o préstamos.
2. Contratación de asesorías.
3. Pago de financiamiento electoral ilícito
4. El pago con bienes

Alejandro Sinibaldi: “Papeles shucos”

Alejandro Sinibaldi calificó de “papel Shuco” a un documento que fue encontrado con su nombre en la investigación por corrupción realizada en Brasil llamada Lava Jato. Sin embargo, dicho documento la Fiscalía Especial contra la Impunidad, detectaron que la constructora OAS le pago $1,500,000 Millones para que le adjudicará contratos pero no fue así.

Sinibaldi dio contratos a la empresa SIGMA Constructores que pagaron en soborno $1,150,000 por el contrato de construcción de la carretera CA2 Oriente. Además, la investigación identifica que para el pago de coimas se utilizó una offshore vinculada a las empresas Solel Boneh, SBI International Holdins y Valores Dinámicos.

También la investigación detalló que hubo pagos en los años 2009, 2013 y 2014. Las dos entidades vinculadas al exministro para la recepción de sobornos está Calatraba Oil & Energy Corporation y Lenneberg Investment Corporation, que tienen cuentas bancarias en Panamá.

El hilo conductor

La FECI también reveló el exdirector General de Correos y Telegrafos sería el representante legal de una empresa en Panamá que serviría para el cobro de sobornos pero por su cargo solo la creo. Además, durante su época se registro plazas fantasma en la institución, una de ellas sería María José Pepió Pensabene, ambos fueron detenidos hoy.

Álvaro hermano de Alejandro Sinibaldi también fue solicitada su orden de captura, sin embargo, está prófugo. Es señalado por encargarse de recolectar los sobornos, pero no fue solo la fiscalía también le atribuye que le pago a cuatro testigos de cambiar su declaración para desviar la investigación contra Sinibaldi.

Parte de los señalamientos de hoy se encuentra el delito de financiamiento ilícito, uno de los citados a la audiencia de primera declaración es un expresidente de CACIF, que hasta el momento no ha emitido un comunicado.

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Según la investigación del MP los sindicados se beneficiaron económicamente por medio de actos ilícitos cometidos en el Ministerio de Comunicaciones donde el supuesto cabecilla es Alejandro Sinibaldi, ex Ministro de Comunicaciones y que aún permanece prófugo de la justicia.

La diligencia fue realizada en el Juzgado de Mayor Riesgo “D” donde los sindicados se declararon culpables por el delito de cohecho activo.

La juzgadora dictó la pena de cinco años de cárcel conmutables a razón de 100 quetzales diarios e impuso una multa de 500 mil quetzales a Álvaro Mayorga Girón, Juan Luis Tejada Argueta, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Rafael Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez, Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga y Allen Robert Krebs Wickfors.

#CasoConstrucciónYCorrupción| Asimismo, Rafael Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez y Raúl Eduardo Cuevas Alvarado. Todos condenados a 5 años de prisión conmutables, por el delito de cohecho activo y una multa de Q500 mil. pic.twitter.com/v6VzC2vMbe

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 4, 2018

En el caso de Raúl Eduardo Cuevas Alvarado el Juzgado le dictó una pena de 5 años de prisión a razón de 25 quetzales diarios y una multa de 100 mil quetzales.

De acuerdo con la investigación, se identificaron tres empresas de cartón que, por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos.

Derivado de lo anterior, se conformó un equipo de expertos financieros para la reconstrucción de operaciones y transacciones encontradas.

Se estableció el perfil financiero de las empresas, socios, clientes, y sobre todo el engranaje que las movía operativamente, lo que dio paso a nuevas líneas de investigación.

Dentro del grupo de empresas se detectó que Constructora Benellia S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A, estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores.

De las empresas antes mencionadas, las pesquisas determinaron que tenían características siguientes: toda la facturación de las empresas ocurrió entre los años 2012 y 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era el Ministro del Micivi.

Reparación digna

Durante la jornada también el Juzgado resolvió como reparación digna que los sindicados deberán ofrecer una disculpa pública a la población guatemalteca por el delito cometido y el daño causado, garantizando que no lo volverán a cometer.

La disculpa deberá de realizar en un medio de comunicación de circulación masiva

Deberá de colocar un cartel en el lugar de ejecución de la obra en el que se establezca que la construcción es por cumplimiento de la condena emitida dentro de la causa por el delito de cohecho activo.

Deberán de adoptar medidas de prevención y detección de ilícitos dentro de las Entidades que representan. En el plazo de un año deberán de informar a la juzgadora y a la PGN las medidas adoptadas.

Asimismo, la Juzgadora determinó que Álvaro Mayorga Girón deberán realizar la construcción de San Andrés Itzapa, Salida CA-1 Occ, final de concreto, longitud, 4,282 kilómetros, con un costo total de 8 millones 548mil653.62.

Juan Luis Tejada Argueta, deberá realizar la construcción del tramo II kilómetro 52 CA-01 occidente a bifurcación RD-CHM-1 2.00 kilómetros, antigua ruta CA-01 occidente cuatro carriles de 3.60 metros cada uno con arriate central, con un costo total de 9 millones 400mil 941 quetzales.

José Luis Rodrigo Agüero Urruela, el resarcimiento consiste en bacheo diurno de 3mil 700 toneladas colocado y compactado donde diga el Ministerio de Comunicaciones con un costo de 5 millones 664 mil 125 quetzales

Asimismo, deberá hacer la ampliación interconexión CA-01 occidente a CA-09 sur, Boulevard San Cristóbal, con un costo de 2 millones 785 mil quetzales.

Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga y Allen Robert Krebs Wickfors, deberán proceder con el tramo del kilómetro 44.4RD -4 a kilómetro 54.7 hacia Pueblo Nuevo Viñas, longitud 103. Kilómetros, con un costo de 7 millones 269 mil.

En el caso de Rafael Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel Díaz Samos y Jesús Augusto García Ibáñez, deberán depositar en la Tesorería Nacional 17 mil 756.85 quetzales.

Asimismo, debe proceder con la construcción de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta República de Estados Unidos del Norte, aldea San Francisco, San José el Rodeo, San Marcos, por un costo de un millón 842 mil 974 quetzales.

Las dependencias encargadas de la supervisión serán la Dirección General de Caminos, Unidad Ejecutara de Conservación Vial, La Unidad de Construcción de Edificios del Estado. La cifra total de todos los tramos carreteros es de 35 millones 528 mil 450.47 quetzales.

#CasoConstrucciónYCorrupción| Con base en los medios de prueba presentados, jueza resuelve dictar sentencia condenatoria en contra de Alvaro Mayorga Girón, Juan Luis Tejada Argueta, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga, Allen Robert Krevs Wickfors pic.twitter.com/pQQloaRjBR

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 4, 2018

 Más implicados 

En el Juzgado “D” de Mayor riesgo también se llevará acabó el próximo 14 de mayo la audiencia de etapa intermedia en contra de 25 personas vinculadas también a dicho caso.

En esta diligencia estará presente Jaime Ramón Aparicio Mejía supuesto familiar de Alejandro Sinibaldi quien es sindicado del delito de cohecho activo.

Durante los alegatos de apertura a juicio el MP sustentará los actos anómalos contra los sindicados, por medio de mil 542 medios de pruebas entre documentales y 716 materiales.

En el caso de Aparicio Mejía según las investigaciones del Ministerio Público, durante el año 2013, entregó por medio del giro de 21 cheques y 4 más girados a nombre de una persona y los cuales fueron depositados a su cuenta, a nombre de Constructora Benellia S. A. –entidad vinculada a Alejandro Sinibaldi Aparicio –Ministro de Comunicaciones-, por un monto total de Q.8 millones 235 mil 47.

Los sindicados

1. José Guillermo Samayoa Soria
2. Mayra Lissette Marroquín Castillo,
3. Denis Elí Marroquín Castillo
4. José Roberto García Rodríguez
5. Jaime Ramón Aparicio,
6. Analise Mercedes Herrera Monterroso
7. Douglas Yoalmo Paredes
8. José Guillermo Yupe Ramírez
9. Rene Felipe Cardona Pérez
10. Juan Ignacio Florido
11. Juan Ramón Solórzano Henkle
12. Ismael Arnoldo Donis Alvarez
13. Carlos Presa Aguirre
14. Randy Stuardo Uribio Aquino
15. Juan Arturo Jegerlerner Morales
16. Carlos Francisco Goyzueta Valladares
17. Otto Vinicio Samayoa Soria
18. Juan Francisco Sandoval Girón
19. Walter de Jesús López Acevedo
20. Julio Roberto De la Peña González
21. José Jeremías Pérez De la Cruz
22. Elmer Rumaldo Vásquez Quevedo
23. Griselda Beatriz Álvarez Medina
24. Roger Marco Antonio Navas Coronado
25. Jaime Ramón Aparicio Mejía

Según lo indicado por el Ministerio Público (MP)  en su argumentación las personas que pidieron el procedimiento abreviado se encuentran procesadas por el delito de cohecho activo.

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La estructura de corrupción era liderada  por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI), durante el gobierno del Partido Patriota.

Empresario Rafael Angel Dias acepta ver cometido el delito de cohecho activo que le acusa el @MPguatemala por ver dado sobornos al ex ministros Alejandro Sinibaldi #CasoConstrucciónCorrupción pic.twitter.com/eNs8u7rG0F

— B¥R¤N SECAIDA (@ByronSecaida) March 22, 2018

Los empresarios aceptaron su culpabilidad ante la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, ante ello los abogados de los empresarios solicitaron al MP y a la jueza que los nueve empresarios sean condenados por la vía del procedimiento abreviado a 5 años de prisión conmutables a razón de Q100 diarios más multa de Q500 mil.

@MPguatemala
Solicito a la jueza Alejandra Aifan que lo nueve empresarios sean condenados a un procedimiento abreviado a cinco años de prisión conmutables a razón de Q100 diarios y una multa de Q500 mil por el caso #ConstrucciónYCorrupción pic.twitter.com/kqK3wmKWs3

— B¥R¤N SECAIDA (@ByronSecaida) March 22, 2018

El caso contra los empresarios

A partir de varias denuncias e informaciones sobre actividades ilícitas vinculadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio se solicitó una serie de allanamientos en los cuales se halló documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.

#CasoConstrucciónCorrupción Estos son los nombres y el delito que @MPguatemala les imputan a los 9 empresario que dieron sobornos al ex ministro Alejandro Sinibaldi para que les adjudicarán contratos del estado a sus empresas. pic.twitter.com/q3GRkvcOoc

— B¥R¤N SECAIDA (@ByronSecaida) March 22, 2018

Se identificaron empresas de cartón que por medio de la simulación de servicios facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos. La facturación de las empresas se realizó entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro del MICIVI.

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El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos.

En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos. Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del MICIVI.

Lavado de activos

Compra de bienes a través de grupos de empresas de cartón: La investigación hasta el momento abarca tres grupos empresariales, cuyo factor común es que son controlados por Alejandro Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del MICIVI, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany.

En algunas ocasiones, en las adquisiciones que aparecían abiertamente ligadas a Alejandro Sinibaldi se usaba la modalidad de préstamos bancarios pagados en pocos días.

El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos.

Este esquema paralelo era el que movía las decisiones sobre cómo y a quien les pagaba el MICIVI. Las empresas que no entraban en el esquema de pago de sobornos estaban en una real desventaja frente aquellas que habían entregado cantidades millonarias para asegurar los desembolsos del MICIVI.

Financiamiento electoral ilícito

A raíz de una serie de diligencias de investigación financiera se detectó el ingreso de dinero en cuentas de las empresas relacionadas con Alejandro Sinibaldi, cuyo destino eran los gastos de campaña del 2011 y del 2015.