“Quiero manifestarles que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado”, respondió este miércoles 7 de febrero la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, a la pregunta de periodistas sobre si se había reunido con el expresidente Alejandro Giammattei en Casa Presidencial.

El pasado 30 de enero, trascendió que Porras, quien en dos oportunidades ha eludido reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, acudió en 11 oportunidades a Casa Presidencial para reunirse con Giammattei, según registros de la Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos (SAAS).

La última reunión, según esos registros, fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas, lo que comprueba que las visitas al exmandatario eran constantes, contrario a lo que actualmente ocurre con Arévalo, pues el último intento de acercamiento con Porras duró 15 minutos, pues la jefa del Ministerio Público (MP) se retiró sin que se tocaran los temas previstos.

Porras reconoció este miércoles esos acercamientos, pero enfatizó que todos fueron para concretar reuniones de trabajo y que incluso algunos fueron convocados por el exvicepresidente Guillermo Castillo.

“Quiero manifestarle que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien, creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado, y en este sentido, no va a ser realmente la excepción, porque con el actual señor presidente -Bernardo Arévalo-, las reuniones que sean necesarias de coordinación las va a seguir haciendo el Ministerio Público”, dijo Porras en una conferencia de prensa luego de haber sostenido una reunión con autoridades del Ministerio de Gobernación.

Agregó que como lo dijo la SAAS, dichas reuniones tenían un objetivo puntual. “En primer lugar quiero manifestarles que no todas fueron con el señor expresidente. Tres de ellas están registradas por reuniones convocadas por el exvicepresidente de la República, porque él era el que coordinaba Conabed -Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio-, y yo soy miembro como Ministerio Público del Conabed”.

Además, dijo que fue convocada para conversar sobre un convenio anticorrupción para analizar un proyecto de obras inconclusas, en las que además participaron representantes de varias instituciones del Estado.

También dijo que tuvo dos reuniones con el exmandatario cuando eran las entrevistas a candidatos a fiscal general. El señor presidente nos convocó y en dos oportunidades yo también me apersoné”.

“Igualmente tuvimos una reunión de Consejo de Seguridad, que no me dejara mentir el señor ministro de gobernación, que cuando se hace necesario, pues obviamente me invitan para poder participar. Entonces, esa otra reunión de trabajo. Y otra reunión de trabajo se relacionó al tema contra la trata de personas. Como ustedes pueden advertir son reuniones de trabajo eminentemente”, concluyó la Fiscal.

Acuerdos

El Gobierno de Guatemala acordó este miércoles buscar líneas de trabajo interinstitucional con el MP, dirigido por Porras, señalada de supuestamente haber intentado impedir la investidura del presidente, Bernardo Arévalo.

“La colaboración y el trabajo conjunto con el Ministerio Público es un elemento esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad en este nuevo Gobierno”, declaró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, después de la reunión con la fiscal Porras.

En una prueba de fuerza, el presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo Gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público supuestamente intentara evitar el cambio de mando, desde el 12 de julio pasado con una serie de acciones judiciales en su contra.

De acuerdo con Jiménez, el presidente Arévalo le indicó que tenían “que fortalecer el trabajo técnico y operativo con el Ministerio Público”.

La fiscal general y el ministro Jiménez aseguraron que continuarán con una serie de reuniones técnicas la próxima semana “con el objetivo de darle seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”.

“Dentro de los acuerdos alcanzados, se establecieron puntos de contacto entre ambas instituciones y se ha propuesto reuniones para la revisión y ejecución de los convenios de cooperación vigentes”, explicó Porras.

En días pasados, Arévalo expresó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras, debido al papel que desempeñó para intentar revertir su victoria electoral.

Mientras tanto, Porras, sancionada por Estados Unidos, respondió, hace dos semanas, que no dejará su cargo y que concluirá su mandato hasta 2026.

Seguridad y narcotráfico

De acuerdo con la fiscal Porras, el Ministerio Público se comprometió a trasladar al ministro del Interior y de la Defensa los avances de la creación del Centro Integrado Nacional contra la Narcoactividad en Guatemala, “para que el proyecto continúe avanzando”.

Otro de los acuerdos entre el Gobierno de Arévalo de León y la Fiscalía General ha sido avanzar en la capacitación técnica de agentes policiales, así como generar avances para lograr ejecutar más de 8.000 órdenes de captura pendientes.

En septiembre del año pasado, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura presidencial.

La Fiscalía intentó cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, e incluso trató de anular los resultados electorales de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto pasados.

Arévalo de León, de 65 años, se convirtió en el primer presidente progresista de Guatemala y existen grandes expectativas sobre su Administración, debido a sus promesas electorales de hacer frente al deterioro democrático y a la corrupción estatal del país centroamericano.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en representación del presidente Bernardo Arévalo, se reunió con la fiscal general, Consuelo Porras, este miércoles 7 de febrero en la sede del Ministerio Público (MP).

Esta reunión se llevó a cabo después de dos intentos fallidos de concertar una cita entre el presidente y la funcionaria.

Jiménez propuso dialogar con la fiscal general sobre metodologías y estrategias institucionales para abordar delitos relacionados con extorsiones y narcotráfico, como se detalla en una carta publicada en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Por su parte, Porras “lamentó” en un video previo a la reunión que Arévalo decidiera no asistir y en su lugar enviara al ministro Jiménez.

“[…] Yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder informar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación, porque es lo más importante: privilegiar el poder servirle a Guatemala. Entonces le diría yo, señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público”, dijo Porras un día antes del encuentro.

Autoridades de seguridad se reúnen con Porras

La reunión entre Porras y Jiménez, contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo al jefe de la Policía Nacional Civil y de los jefes de las principales unidades del Ministerio Público.

Jiménez encabezó la reunión junto a funcionarios de seguridad nacional. Entre los participantes se encontraban Claudia Palencia, viceministra de Seguridad, Werner Ovalle, del Quinto Viceministro de Antinarcóticos y David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil.

Además, se encontraba Sergio Vela, director del Sistema Penitenciario, y Edwin Medina, encargado de Comunicación Social de Gobernación.

En la reunión se acordó priorizar políticas interinstitucionales para la atención de las víctimas de delitos con mayor incidencia.

Se destacó la importancia de la articulación de las distintas fiscalías para la investigación y persecución estratégica del delito de extorsión, así como el trabajo antinarcótico y otros delitos que afectan la seguridad de los guatemaltecos, especialmente en las poblaciones fronterizas.

La Fiscal General agradeció al Ministro Jiménez su disposición a participar en esta reunión y expresó que le hubiese gustado contar con la presencia del señor Presidente de la República, como representante de la unidad nacional, https://t.co/TfJmLmo6eW pic.twitter.com/bLMzmjtHy6

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 7, 2024

Desencuentro anterior

El 29 de enero, Arévalo de León citó a Porras a una reunión en el Gabinete de ministros. Sin embargo, la fiscal general asistió durante solo 10 minutos y se retiró sin atender las consultas del presidente, argumentando que no era la forma legal de establecer comunicación.

Antes de asumir la presidencia a principios de 2024, Arévalo afirmó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras.

Porras, sancionada por Estados Unidos por alentar la corrupción y socavar la democracia, fue acusada en septiembre por Arévalo de estar detrás de un intento de golpe de Estado en su contra.

Con información de EFE.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó este viernes 2 de febrero una invitación para reunirse la próxima semana con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien el nuevo gobernante le ha pedido que renuncie.

Arévalo, quien juró al cargo el 15 de enero, ha pedido en varias ocasiones la dimisión de Porras, quien impulsó investigaciones que habrían puesto en riesgo la transición presidencial y que fueron criticadas por la comunidad internacional.

El pedido de renuncia ha sido rechazado por la funcionaria, cuyo mandato culmina en 2026. Arévalo carece de facultades para removerla de su cargo.

“Se informa que el presidente Arévalo a través de un oficio delegó al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para atender la reunión convocada por la fiscal”, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un mensaje enviado a los medios.

El ministro asistirá el próximo miércoles 7 de febrero a la cita en la fiscalía acompañado del director de la Policía Nacional Civil, informó la Secretaría.

Precisó que “el Sr. Presidente, a diferencia de lo que ocurría con la citación a la fiscal en la Junta de Gabinete, no está obligado a asistir a la reunión, por lo que ha delegado al ministro de Gobernación”.

La invitación para una “reunión de trabajo” fue hecha por Porras el lunes 29 de enero, horas después de que esta abandonara un encuentro con Arévalo y su Gabinete al argumentar impedimentos legales para participar en él.

Porras, de 70 años, es señalada por la comunidad internacional de “socavar” la democracia en Guatemala al supuestamente haber puesto en riesgo la investidura de Arévalo con cuestionadas investigaciones.

Lea también: La UE sanciona a Consuelo Porras a otros fiscales y a un juez y les restringe viajes y congela activos

Estas maniobras fueron calificadas por Arévalo, sociólogo de 65 años, como un intento de “golpe de Estado” para evitar que asumiera el poder con su promesa de combatir la corrupción.

La fiscal está sancionada desde 2021 por Estados Unidos que la considera “corrupta” y este viernes 2 de febrero  la Unión Europea le prohibió a ella y otros cuatro funcionarios judiciales el ingreso a su territorio por “socavar la democracia y el Estado de Derecho” en Guatemala.

El Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa, rechazó este 2 de febrero las sanciones que le impuso la Unión Europea (UE) a la fiscal general Consuelo Porras, otros dos fiscales, el secretario de esa institución y un juez, y las calificó de espurias, maliciosas y antidemocráticas.

Este viernes se conoció que el Consejo de la UE emitió sanciones contra la fiscal María Consuelo Porras Argueta; José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); la fiscal de Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo; el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y al juez Fredy Raúl Orellana.

Se señala que la sanción a las cinco personas es por socavar la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala, pues intentaron evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el pasado 14 de enero.

Las medidas restrictivas para estas personas restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

La respuesta del MP

En su comunicado, el MP señala que “rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo, que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, atentan contra el estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador”.

Califican las sanciones como “ataques sistemáticos” que buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del MP y que suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia en Guatemala.

Explican que esto lo hacen con un claro interés de obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores.

“Estas acciones son inaceptables pues el Ministerio Público es una institución autónoma, objetiva e imparcial, cuyo mandato legal es velar por el estricto cumplimiento de la ley, responde únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, no a instancias internacionales”, se lee en el comunicado.

Agregan que el MP únicamente ha cumplido con su mandato constitucional de investigar las denuncias ciudadanas, y que no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas.

“El modelo penal acusatorio que rige el sistema procesal guatemalteco impone balances y controles jurisdiccionales para garantizar límites a los poderes persecutores y punitivos del Estado a fin de cumplir con el marco de garantías constitucionales de los ciudadanos por lo que las acciones derivadas del mandato constitucional del Ministerio Público están sujetas al control constitucional que ejerce el máximo tribunal en esta materia, la Corte de Constitucionalidad”, se lee en el documento.

Hace referencia a que por el perfil de los funcionarios “arbitrariamente señalados por la Unión Europea” suponen que esa entidad internacional “dedica tiempo a realizar defensas oficiosas con absoluto desconocimiento del sistema de control de garantías constitucionales del Estado de Guatemala”.

Advierte de acciones legales

En otra parte del comunicado se menciona que la UE está incurriendo en una “abierta violación a la autonomía e independencia del Ministerio Público como una institución fundamental del estado de derecho de Guatemala”.

Afirma que Guatemala, como país miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ratificó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica y por eso “este Ministerio Público, como persona jurídica de derecho público, se reserva las acciones legales bien sea de forma unilateral o bien desde el espacio multilateral del SICA de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional Público que pudieran corresponder en contra de la Unión Europea”.

“Es oportuno traer a colación la declaración que hizo la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, quien se refirió a que las sanciones de este tipo son violatorias de los derechos humanos de las personas”, agrega el comunicado.

El MP dice que reitera a la población guatemalteca y a la comunidad internacional que continuará “fuerte y firme en sus investigaciones a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley y la averiguación de la verdad”.

La Unión Europea sancionó este viernes 2 de febrero a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el pasado 14 de enero y por socavar la democracia.

Las sanciones también afectan a José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); a la fiscal de Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo; al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y al juez Fredy Raúl Orellana.

Según la Unión Europea, se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Se añade que el Consejo de la Unión Europea sancionó a las cinco personas por socavar la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

“Los perseguidos son responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, se lee en un comunicado.

“Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una restricción de viaje, que les impide entrar o transitar por territorios de la UE”, se menciona en el documento.

Se explica que las sanciones son seguimiento a lo establecido el 12 de enero de 2024, de un marco específico para medidas restrictivas en apoyo de la democracia y una transferencia pacífica y ordenada del poder en Guatemala.

“El marco se adoptó antes de la toma de posesión del presidente democráticamente elegido Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024, a la que asistió el Alto Representante Josep Borrell”, se lee en la información.

“Cuando viajé a la Ciudad de Guatemala, lo hice sabiendo que la presencia de numerosos invitados internacionales no sólo enviaría fuerte mensaje de apoyo a la democracia en Guatemala, sino también una fuerte señal a los obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado por el gobierno, comunidad internacional. La UE está dispuesta a adoptar nuevas medidas para exigir responsabilidades a los responsables”, explicó Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

En la comunicación se menciona que la Unión Europea sigue “plenamente comprometida con el apoyo a la democracia en Guatemala y está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo en cuestiones clave de interés mutuo, como fortalecer el Estado de derecho, mejorar el desarrollo económico sostenible e inclusivo y promover la justicia social. en beneficio de la población guatemalteca”.

La fiscal general María Consuelo Porras Argueta, quien se negó a asistir a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, coincidió este viernes 26 de enero en evento de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia con uno de los ministros del nuevo Gobierno, cuya llegada al poder estuvo marcada por acciones judiciales emprendidas por la Fiscalía.

Este viernes, Porras se reunió con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien recientemente fue nombrado para dirigir la cartera del Interior por el presidente Arévalo, en un encuentro en el que también participaron el presidente del Organismo Judicial (OJ), Óscar Cruz Oliva; autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto de la Defensa Pública Penal y del Instituto de la Víctima.

El pasado 24 de enero, el presidente Arévalo citó a Porras ante el Consejo de Ministros el próximo lunes, luego de que la funcionaria rechazara reunirse con él ese día, pero fue hasta este viernes que la fiscal general tuvo un acercamiento con funcionarios del nuevo gobierno.

Fue la propia Fiscalía la que hizo público el encuentro entre Porras y Jiménez y los otros funcionarios.

“Durante la reunión, la Dra. Porras Argueta presentó el proyecto del Modelo de Atención Integral para Víctimas Migrantes -MAIVIM-“, escribió el Ministerio Público (MP) en su cuenta de X, antes Twitter.

Agregó que este “es el cuarto modelo impulsado por la Fiscal General y tiene como objetivo garantizar atención integral a las víctimas del delito de tráfico ilícito de migrantes, coadyuvando a la investigación y persecución penal del fenómeno criminal, a través de la coordinación y participación interinstitucional”.

Está obligada a asistir

Tras la inasistencia de Porras a la reunión con Arévalo, el mandatario dijo que está obligada a asistir al Consejo de Ministros, ya que así lo establece la Ley Orgánica del MP.

“La ley le obliga a presentarse ante el Consejo de Ministros, si no asiste estaría cometiendo incumplimiento de deberes”, indicó Arévalo  en una conferencia de prensa, tras anunciar su decisión de citar de nuevo a la fiscal general.

Porras Argueta, que dirige el MP desde 2018, se negó a asistir el miércoles a una reunión a la que fue invitada por Arévalo para que rindiera un informe de gestión y además aseveró, por medio de un video, que no dimitirá al cargo de fiscal general.

Durante la conferencia de prensa, Arévalo recordó que la fiscal general “es una persona sancionada internacionalmente por su participación en actos de corrupción” y agregó que, bajo la administración de Porras Argueta, la Fiscalía ha incurrido en “la utilización espuria de la persecución política”.

https://x.com/MPguatemala/status/1751020572346139101?s=20

Este viernes, el presidente Arévalo informó que no han recibido respuesta de parte de Porras sobre su asistencia al Consejo de Ministros del lunes próximo

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este martes 23 de enero que espera recibir el miércoles a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, a quien señaló públicamente de supuestamente querer impedir su investidura, para que presente un informe detallado de sus labores.

“Yo creo que sí va a llegar”, respondió Arévalo de León a medios de comunicación al ser consultado sobre la posible asistencia de Porras al Palacio Nacional de la Cultura para una reunión.

Porras Argueta fue citada por el nuevo mandatario para informar sobre su labor al frente del Ministerio Público (MP). Sin embargo, esta institución aún no confirma si la fiscal se presentará, pero tampoco lo descarta.

“En cuanto tengamos información la estaremos trasladando”, respondió en un mensaje de WhatsApp Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, a la consulta de si la fiscal asistirá a la cita con Arévalo de León.

Además, un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles convocaron una colecta de firmas para pedir la renuncia de Porras Argueta, señalada internacionalmente de haber intentado evitar la investidura de Arévalo de León el pasado 14 de enero.

Arévalo de León confirmó a EFE el pasado 3 de enero que pedirá la renuncia de la fiscal general, a quien acusó públicamente el 1 de septiembre de 2023 de dirigir un intento de “golpe de Estado” para frustrar su inesperada victoria electoral.

Desde el 12 de julio, la Fiscalía, a cargo de Porras, emprendió una serie de acciones judiciales en contra de Arévalo de León y su partido, el Movimiento Semilla, incluso la Fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad del entonces presidente electo y de su compañera de fórmula, la vicepresidenta Karin Herrera.

Arévalo de León asumió la presidencia el pasado 14 de enero con un fuerte apoyo internacional y de las comunidades indígenas del país, quienes esperan que el mandatario avance con las promesas de lucha contra la corrupción que impulsaron su triunfo en las urnas.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó este lunes 22 de enero que el abogado constitucionalista Santiago Palomo Vila dirigirá la comisión anticorrupción que tendrá vigencia durante su gobierno; además, dijo que la fiscal Consuelo Porras no le ha respondido la invitación que le hizo para que entregue un informe.

El mandatario indicó en una conferencia de prensa que Palomo Vila tomará “muy pronto” su cargo y se hará el nombramiento oficial.

“Santiago Palomo es la persona que va a dirigir esta comisión. Él está terminando compromisos internacionales”, señaló el gobernante, investido el pasado 15 de enero.

La comisión reemplazará una instalada por el anterior presidente, Alejandro Giammattei, al inicio de su Gobierno en 2020.

Palomo Vila es graduado de la Universidad Rafael Landívar en 2019 y ha estado durante varios años como funcionario en la Corte de Constitucionalidad (CC).

El abogado es experto en temas de “derecho constitucional comparado, derechos humanos y derecho internacional” tras obtener un posgrado en la universidad de Harvard en Estados Unidos, según ha indicado públicamente.

“La comisión está siendo reestructurada de una manera radical, era una comisión que dependía de la Presidencia, estamos poniendo mucha atención a las funciones que tiene que cumplir en término de pronunciamiento sobre recomendaciones al resto de la administración, para medidas para evitar y prevenir la corrupción, la necesidad de empezar con campañas públicas para combatir la normalización de la corrupción que se ha he venido estableciendo en el país, es decir, dentro de poco tendrán ustedes ya el anuncio de cuál es el nuevo giro completo de la comisión en el momento en que estemos anunciando su composición”.

Porras aún no responde

Relacionado con la carta que se le envió a la fiscal general Consuelo Porras para que acuda a una reunión él, Arévalo aseguró que no ha recibido repuesta al llamado.

“No he recibido respuesta todavía, no sé si la encontraré ahora que vengo llegando del gabinete. La reunión será una reunión privada, al final de la cual haré las declaraciones del caso”, comentó.

Referente a si la fiscal no enviara una excusa para no asistir, Arévalo dijo que “eso lo veremos en su momento, porque es posible que sí se presente”.

Dijo que la invitación que se le ha hecho es del presidente de la República en su calidad de jefe de gobierno y de estado. “La ha citado para que dé un informe sobre las acciones que ha venido realizando en ciertos temas específicos de importancia para el Gobierno, sería absurdo pensar que el principio de separación de poderes impide que un funcionario público venga y explique lo que está haciendo en el cargo al jefe de gobierno”.

Contratos lesivos

Respecto a casos de corrupción que se hayan detectado en instituciones del Gobierno, Arévalo fue escueto en decir que, si han encontrado irregularidades, pero no proporcionó detalles.

Sin embargo, sobre algunos contratos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que fueron declarados lesivos, Arévalo dijo que “estamos haciendo una revisión de los hallazgos que se han hecho y a partir de esos hallazgos se identificará cuál es la ruta más adecuada y en ese momento daremos toda la información necesaria, pero, efectivamente, ha habido hallazgos de gran corrupción”.

Con respecto a qué casos se refería, Arévalo dijo que “no le puedo decir. En su momento y oportunamente, cuando tengamos terminado el estudio compartiremos con ustedes”.

Además, comentó que se están haciendo cambios en las direcciones del CIV, porque esos son puestos de confianza y lo actuales serán investigados para determinar si incurrieron en corrupción.

“Lo que estamos pidiendo es que se hagan auditorías para permitir identificar si hubo o no comisión de hechos ilícitos”, agregó.

Arévalo también dijo que le parecía extraño que el pasado fin de semana se incendiara un predio contiguo al área de archivo del CIV.

“Lo que sabemos es que se estaba Incendiando una bodega de carpintería, aparentemente, que se tiene al lado de la sección de archivos del Ministerio de Comunicaciones. No tenemos ninguna evidencia, pero nos parece una enorme casualidad que haya surgido un incendio en una unidad donde al lado está la papelería del CIV”.

Junta Directiva del Congreso

El mandatario señaló que la integración de la Junta Directiva en el Congreso de la República es una “muy buena noticia”, porque fue el replanteamiento de los mismos acuerdos con los que se había ganado el diputado Samuel Pérez, quien desistió al cargo luego de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de repetir la elección.

“Esto nos permite prever una un ambiente de colaboración constructiva con el Congreso de la República”, agregó el mandatario.

Gobernadores

Relacionado a la designación de gobernadores departamentales, Arévalo dijo que hace un diseño de la estrategia que les permita guiar la estrategia para la designación de los 22 gobernadores del país.

“Más allá de plantearnos la designación de gobernadores, lo que estamos haciendo es el diseño para un cambio en el funcionamiento de las gobernaturas y en la creación de espacios de gobierno local. Es dentro de esa lógica que estamos identificando los mecanismos, en los próximos días anunciaremos cuál es nuestra propuesta para los gobiernos departamentales, que incluyen la función que les hará encomendada a los gobernadores en ese marco y la ruta para la elección correspondiente”, detalló Arévalo.

También dijo: “Habrá cambios en la Comisión Portuaria, hemos identificado la necesidad de hacer cambios. El alcance de los cambios lo platicaremos en los próximos días. Las auditorias las publicaremos en su momento, y ahorita precisamente, hay un trabajo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para establecer los mecanismos con los que va a operar el conjunto del gobierno”.

El exministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, fue beneficiado este martes 16 de enero con falta de mérito por el caso en el que el Ministerio Público (MP) lo señaló de no haber acatado una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de desalojar a manifestantes que exigían la renuncia de la fiscal Consuelo Porras.

Barrientos, quien es señalado por el MP de incumplimiento de Deberes y desobediencia, obtuvo ese beneficio este martes durante la audiencia de primera declaración, en la que la jueza a cargo del Jugado Duodécimo de Instancia Penal, Wendy Coloma, señaló que el MP no sustentó su acusación y que lo que presentó en contra del exministro fueron indicios y no medios de prueba suficientes para que fuera ligado a proceso penal, como lo pedía la Fiscalía.

Además, la jueza señaló que, con base en el Código Procesal Penal se ordena la libertad de Barrientos y no se le aplica ninguna medida sustitutiva.

La PNC capturó el pasado 11 de enero a Barrientos señalado de desobedecer una orden judicial para despejar decenas de bloqueos de rutas que exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

“Se coordinó la aprehensión del señor David Napoleón Barrientos Girón por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia”, informó ese día la Fiscalía en un comunicado.

El extitular de la cartera de seguridad fue detenido en su residencia en la capital y remitido en una patrulla policial al edificio de tribunales.

Barrientos renunció al cargo el 16 de octubre luego que la Fiscalía solicitó a la máxima entidad judicial del país, la CC, su destitución por negarse a desalojar por la fuerza a los manifestantes.

La nota precisó que Barrientos “omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público (…), al no cumplir con lo ordenado en resolución” de la CC.

A principios de octubre pasado, miles de personas cerraron varias carreteras en diferentes regiones de Guatemala, incluida la capital, para exigir la salida de la fiscal, acusada de emprender acciones judiciales para supuestamente evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.

Horas antes de que fuera beneficiado con esa medida, Barrientos cuestionó su captura y señaló que siempre se cumplo con lo requerido por la CC y que no solo el Ministerio de Gobernación tuvo participación en el tema de los bloqueos.

“Voy a declarar porque hemos revisado el caso y realmente no hay caso. Nosotros como Ministerio de Gobernación cumplimos con todas las directrices de la Corte de Constitucionalidad y no tendría por qué existir una orden de captura, porque yo estaba asistiendo al Ministerio Público a dar mis declaraciones”, dijo Barrientos.

Además, dijo que “vemos con extrañeza la forma en que repentinamente cambia el Ministerio Público el giro de este caso”.

“Hemos revisado detenidamente todas las acciones y no hay incumplimiento -de deberes- y tampoco hay ninguna desobediencia. El Ministerio de Gobernación es el encargado de formular las políticas de seguridad, la paz y el orden público y eso se ha hecho. Las directrices que ha dado la Corte -de Constitucionalidad- se han trasladado a las direcciones que corresponden, principalmente a la dirección de la Policía Nacional Civil”, señaló el exfuncionario.

Añadió que “en la sentencia de la CC hay varios actores, no solo es el Ministerio de Gobernación, extrañamente, pues, solo el Ministerio de Gobernación está viviendo esta situación”.

Las autoridades del Ministerio Público, en conferencia de prensa este 8 de diciembre, anunciaron nuevas acciones en un caso que denominó “Corrupción Semilla”, por el que solicitaron nuevamente el retiro de antejuicio del presidente electo Bernardo Arévalo por presunto lavado de dinero.

La Fiscalía también solicitó el retiro de inmunidad del diputado Samuel Pérez y ordenó la captura de dos integrantes del partido señalándolos de falsedad ideológica con la agravación electoral de forma continuada.

El Fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), destacó primero la labor de los fiscales de la FECI, quienes dijo que continuaron su trabajo “a pesar de enfrentar amenazas incluso de muerte, a coacciones y bloqueos,” las cuales dijo que, según “fuentes de información abierta, están siendo financiadas por un país extranjero”.

Además, Curruchiche dijo que también quería reafirmar lo que expresó el 12 de septiembre de 2023, cuando emprendió un allanamiento en el Parque de la Industria.

“Indiqué en esa ocasión que me hubiera gustado que estuviera aquí el señor Luis Almagro, secretario de la OEA. No sé si está en Guatemala, pero lo invito a que venga. Personalmente, yo lo puedo atender y le puedo explicar lo que ustedes verán más adelante”, afirmó Curruchiche.

Asimismo, el fiscal extendió su llamado a todos aquellos funcionarios extranjeros que, según dijo, de “manera abusiva”, buscan “interferir” en las investigaciones del Ministerio Público.

“A aquellos diplomáticos, embajadores y senadores de países extranjeros que tengo entendido que también están en este momento en Guatemala, que de forma abusiva quieren interferir para que el Ministerio Público no investigue, también a ellos los invito a que se acerquen al Ministerio Público. Nosotros les podemos dar por menores de la investigación”, añadió.

El secretario del MP, Ángel Pineda, dijo que el caso se presentaba en un “día histórico para la institucionalidad democrática” en el que “la evidencia y los datos se impondrán a los relatos”.

Pineda dijo que el caso denominado “Corrupción Semilla” es resultado de varios meses de investigación y está comprendido en tres fases.

“Es una falacia que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales, o se haya vulnerado la voluntad popular. Rechazamos todas estas narrativas falsas y maliciosas, que únicamente buscan confundir, desinformar, tergiversar los hechos y evitar que la investigación presente los resultados”, dijo Pineda.

Denuncia

El MP indicó que la investigación se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano que habría descubierto su afiliación no autorizada al partido Semilla.

Se determinó que algunas firmas en las adhesiones al partido fueron falsificadas, y se alega que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) omitió denunciar estos hechos al MP.

La investigación abarca delitos como uso de documentos falsificados, omisión de denuncia, desobediencia, obstrucción de justicia y reportes financieros irregulares.