El juez Víctor Cruz, del Juzgado Décimo Penal, escuchó este martes 13 de febrero la imputación de hechos contra las dos personas que quedaban pendientes dentro del caso Toma Usac: botín político.

El agente fiscal del MP, Saúl Sánchez, concluyó con la lectura de la imputación de los hechos de Cindy Dávila, secretaria ejecutiva de la Asociación Gente Positiva y de la estudiante Andrea Nicole Prera, quienes forman parte de la carpeta de investigación por la toma de las instalaciones de la Usac en 2022.

El MP tenía previsto efectuar la reproducción de videos como parte de los indicios de prueba; sin embargo, esto no fue posible debido a fallos en el equipo de cómputo, por lo que dio inicio con la calificación jurídica, es decir, la exposición de los hechos que supuestamente encuadran en un delito. La reproducción de videos se hará en la próxima audiencia.

Los sindicados escucharon la exposición de los hechos planteados por el ente investigador, desde la denuncia presentada por las autoridades de la Usac, la recopilación de indicios de investigación y una serie de publicaciones en redes sociales.

Uno de los señalamientos principales que plantea el MP, es que el cierre de la Usac fue por un interés político para ser utilizado como una plataforma para darse a conocer como figura política, debido a que varios de los sindicados forman o formaron parte de alguna agrupación política que participó en los comicios de 2023.

El fiscal también expuso que las acciones en 2022 no fueron para expresar rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector, sino que fue hecho con un interés político.

Luego de varias horas, el juez decidió continuar con la audiencia el próximo martes 20 de febrero.

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En la audiencia anterior, el Ministerio Público (MP) efectuó la imputación de hechos a seis de los ocho acusados, entre ellos Hada Alvarado, excandidata a rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Paulo Roulet, estudiante de esa casa de estudios; y a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Usac Miguel Vásquez, Juan José García y Amílcar Enrique Bremer, quien indicó ser el secretario del sindicato, además es hermano del juez Jimi Bremer.

El caso

De acuerdo con el MP, en el 2022 la Usac presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.

El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la  Universidad durante los 385 días que estuvo tomada.

La Fiscalía ha informado que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.

Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango absolvió este lunes 12 de febrero a seis de los 12 procesados en el caso Chicamán, una trama de defraudación millonaria que, de acuerdo con el Ministerio Público (MP), operó en la Municipalidad de Chicamán, Quiché, y en la que habrían participado un alcalde y diputados y particulares.

El caso por el desfalco de Q14 millones fue revelado en marzo de 2017 y este salpicó a por lo menos 12 personas, entre ellos el exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro Morales; la exdiputada del extinto Partido Patriota, Emilenne Mazariegos; y al ahora diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sergio Guillermo Enríquez Garzaro.

Este lunes el Tribunal absolvió a Víctor Hugo Enríquez Morales y Walter Aníbal Gamarro Girón; así como a los hermanos Axel Reginaldo, Osman Noel y Joaquín Romeo Gamarro Alvarado. Además, el Tribunal declaró absuelto al diputado Sergio Guillermo Enríquez Garzaro.

Sin embargo, el proceso continúa en contra del exalcalde Roberto Candelario Gamarro Morales, la exdiputada Emilenne Mazariegos, Érick Antonio Siliezar Mena y Ángel Francisco García Javier, quienes son señalados por la Fiscalía del delito de lavado de dinero.

MP apelará el fallo

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), cuyas autoridades informaron que apelarán el fallo.

“El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango absolvió a seis de las 12 personas implicadas en el caso Chicamán, resolución que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad no comparte, por lo que estará presentando el recurso de apelación correspondiente”, detalló el MP.

La Fiscalía añade que en la resolución “el Tribunal manifestó que los sindicados no tenían conocimiento de la procedencia ilícita del dinero y que el delito de lavado de dinero u otros activos lo cometieron los otros sindicados, aun cuando la Fiscalía presentó las pruebas correspondientes”.

Agregó que los otros seis sindicados continuarán enfrentando proceso penal.

Fraude millonario

La investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que por lo menos Q14 millones fueron pagados para proyectos de infraestructura que quedaron inconclusos.

Los fondos provenientes de la Municipalidad de Chicamán fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos Emilenne Mazariegos, su progenitora Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, y familiares del exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, entre otros.

Candelario Gamarro se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos, cuya ejecución fue convenida con una oenegé que no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de estos.

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, fue condenado este viernes 9 de febrero a 6 años de prisión mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos, en el caso de los Q122 millones que fueron localizados en varias maletas en el 2020, en una casa de Antigua Guatemala, informaron fuentes judiciales.

El Juzgado de Mayor Riesgo D dictó la sentencia contra Benito por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, informó el Ministerio Público (MP), que anticipó que apelará el fallo.

De acuerdo con la Fiscalía, al acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, el órgano jurisdiccional redujo la pena a 2 años de prisión conmutables y le impuso multa de Q1 millón 600 mil; además, detalla que, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN) se le ordenó el pago de reparación digna consistente Q220 mil.

“La FECI imputó a Benito Ruiz el delito de lavado de dinero u otros activos; sin embargo, la jueza resolvió beneficiarlo con la modificación del delito a conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos”, señaló el MP, que agregó que “la Fiscalía no comparte el criterio de la jueza y estará presentando el recurso de apelación correspondiente.

Benito, al salir de la audiencia de este viernes no dio detalles del proceso y se limitó a decir que “la investigación continúa y el proceso está bajo reserva judicial, entonces no puedo expresarme”.

Al consultarse si recuperaba su libertad, refirió que, “de acuerdo con la situación se dictó una media, pero está bajo reserva”.

El caso

Según la investigación, una de las maletas encontradas en Antigua Guatemala tenía el cintillo de una de las aerolíneas en la que viajó Benito a Madrid, España.

El Ministerio Público informó que el monto total de lo decomisado en un inmueble en Antigua Guatemala asciende a Q122 millones 351 mil 456.60. El exfuncionario tiene orden de captura.

Su relación con dos presidentes

José Luis Benito era uno de los hombres de confianza de Jimmy Morales cuando fue presidente, este comenzó su paso por el Gobierno como asesor del mandatario.

Tiempo después fue nombrado por Morales como Viceministro Administrativo en Comunicaciones, para luego asumir la titularidad del Ministerio de Comunicaciones.

En su administración se construyó el libramiento de Chimaltenango que fue calificada por el propio Morales como una “mega obra”, proyectó que costó más de Q500 millones y que actualmente se está cayendo a pedazos.

La buena relación de Benito con el entonces presidente de turno le hizo posicionarse como uno de los ministros de mayor peso, pero sus buenos lazos políticos habrían trascendido de la administración estatal de FCN Nación.

Cuando Alejandro Giammattei fue electo presidente y comenzó el proceso de transición se especuló que Benito sería el único ministro en continuar con su puesto, pero ese rumor fue desvanecido apenas semanas antes que el Gobierno de tomara posesión.

El que Benito no asumiera un puesto de Gobierno no impidió que los rumores de afinidad a Giammattei desistieran, por el contrario un allanamiento registrado el 14 de octubre de 2020 en Antigua Guatemala encendió más las especulaciones y hasta ha sido señalado de haber financiado parte de su campaña política.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), aún dirigida por Juan Francisco Sandoval, localizó en una lujosa propiedad 22 maletas que se presumía por el entonces fiscal contenía dinero de aparentes sobornos.

En total la antigua Feci localizó Q122 millones, poco después los investigadores revelaron que la propiedad estaba siendo alquilada por el exministro, e incluso una de las maletas tenía su nombre, informaron las antiguas autoridades del Ministerio Público (MP).

La sospecha fue suficiente para la emisión de una orden de captura por supuesto lavado de dinero. Benito se dio a la fuga hasta el 21 de enero pasado cuando se entregó a la justicia, después que Sandoval y otros fiscales abandonaran el MP.

¿Qué pasó con el dinero?

Luego del allanamiento practicado en Antigua Guatemala que dejó la localización de Q122 millones el dinero enfrentó un proceso de extinción de dominio, que terminó dejando la millonaria suma a la administración pública.

Ante el juzgado especializado no se presentó ninguna persona o entidad a reclamar el dinero, por lo que fue entregado al Estado y finalmente fueron repartidos Q121.6 millones entre distintas instituciones, según datos de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

• Organismo Judicial: Q30,407,577.03
• Ministerio Público: Q32,434,748.84
• Ministerio de Gobernación: Q30,002,142.57
• Ministerio de la Defensa: Q8,108,687.21
• Procuraduría General de la Nación: Q 2,432,606.16
• Senabed: Q18,244,546.22

El Ministerio Público (MP) le imputó este jueves 8 de febrero varios delitos a un segundo grupo de señalados en el caso Toma Usac: Botín Político, en una audiencia de primera declaración que fue convocada por el juez Décimo Penal Víctor Cruz.

En total son ocho las personas señaladas, pero el MP solo le imputó cargos a seis de ellas, debido a que la audiencia se reprogramó para el 13 de febrero próximo.

Durante la audiencia, el fiscal Saúl Sánchez le imputó los hechos y delitos por los que se vinculó a Hada Marieta Alvarado Beteta, Amílcar Enrique Bremer Ramírez, Kevin Alexander Junior Carrera Vielman, Juan José García Marroquín, Miguel Ángel Vásquez Rodríguez y Paulo Roulet Pellecer

Mientras que Cindy Gabriela Dávila Morales y Andrea Nicole Prera de León quedaron pendientes de ser imputadas, por lo que para la próxima audiencia el MP continuará con el proceso.

A todos se les había girado orden de captura por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición, pero esa medida fue revocada, aunque la sindicación continúa por parte del MP.

El fiscal señaló al juez que la próxima semana presentará videos y fotografías para ampliar la acusación.

Además, en su argumentación el fiscal hizo alusión a que los partidos políticos Winnac, MLP, Voz y Movimiento Semilla utilizaron el cierre de la Usac como una plataforma para promocionar sus imágenes.

Quedan libres

El pasado 25 de noviembre, el juez Cruz benefició con libertad condicional a otros seis sindicados en el caso Toma Usac: Botín Político, por lo que abandonaron la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, donde estaban detenidos.

La decisión del juzgador tuvo lugar en una audiencia de primera declaración que se extendió por más de 12 horas y donde se decidió abrir un proceso penal por usurpación y depredación de bienes en contra Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.

El caso

De acuerdo con el MP, en el 2022 la Universidad de San Carlos presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.

El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la Universidad de San Carlos durante los 385 días que estuvo tomada.

La Fiscalía agregó que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.

Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

También señaló que, como parte de las investigaciones, el MP solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses un peritaje lingüístico, “el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico”.

Agrega que, dentro de la investigación fueron autorizados 31 allanamientos y 27 órdenes; además, se plantearon varias solicitudes de retiro del derecho de antejuicio conta varios funcionarios, entre ellos el entonces presidente electo Bernardo Arévalo y la entonces vicepresidenta electa Karin Herrera.

Asimismo, el MP detalla que con esta investigación se estima que, 250 mil estudiantes fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la casa de estudios durante más de un año, por lo cual, “los estudiantes afectados también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos”.

El juez Décimo Penal, Victor Cruz, modificó este miércoles 7 de febrero el delito por el cual son sindicados exfuncionarios del Ministerio de Salud por un caso de corrupción en el Hospital Nacional de Chimaltenango, donde fueron desfalcados Q67 millones 737 mil 291, con lo que ahora buscan someterse a la figura de aceptación de cargos, informaron fuentes judiciales.

En este caso son señalados Gerardo David Hernández García, Luisa Fernanda Villagrán Méndez y Gerardo Arturo Fuentes Rubio por el delito de fraude.

De acuerdo con las pesquisas, Hernández García, en su calidad de viceministro de Salud Pública, y Fuentes Rubio, como director del Hospital Nacional de Chimaltenango, durante el periodo comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2022 intervinieron en las fases de solicitud de pedido, publicación de oferta electrónica, adjudicación, orden de compra y pago de los procesos de compra efectuados por medio de la Unidad Ejecutora 237 del referido nosocomio.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), las fases consistieron en 770 compras adjudicadas mediante la modalidad de compra directa con oferta electrónica, para dotar de suministros con servicios de garantía al nuevo Hospital Nacional de Chimaltenango, el cual fue financiado por el gobierno de Taiwán e inaugurado en 2023.

Para ello convocaron a una reunión al personal del Ministerio de Salud y del Hospital Nacional de Chimaltenango que participaría en las diferentes fases del proceso de compra, para darles órdenes y ejercer presión con el fin de que hicieran la adjudicación a Voltar Intermedia, Sociedad Anónima, de la cual es representante legal la sindicada Villagrán Méndez, por la cantidad de Q67 millones 737 mil 291, monto que le fue pagado sin cumplir con los términos de referencia ofertados, servicio de garantía y sobrevalorando e incumpliendo con la entrega inmediata de 580 equipos, los cuales no se localizaron en el hospital.

En el caso del exviceministro de Salud, Gerardo Hernández, el juez Cruz modificó el delito de fraude a incumplimiento de deberes, mientras que, para el exdirector del Hospital de Chimaltenango, Gerardo Fuentes, se hizo la modificación del delito se fraude por el de peculado culposo.

Luego de haber sido aceptada la solicitud de modificación de delitos, los abogados defensores solicitaron al juez cruz someterse a la figura especial de aceptación de cargos. Cruz programa audiencia para el 13 de marzo a las 14 horas.

Equipo usado

La Fiscalía contra la Corrupción señaló en su momento que solo el 30 o 35 por ciento del equipo con el que se puso a funcionar el Hospital Nacional de Chimaltenango es nuevo y el resto fue trasladado del Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se atendieron a miles de pacientes de coronavirus durante la pandemia.

“Lo que se tiene en la investigación es que un porcentaje no llegó como equipo nuevo, sino que se quedó como que, si era nuevo, pero la verdad era parte de lo que estaba en el Parque de la Industria. El resto, que aproximadamente es el 30 o 35 %, es el equipo nuevo y el resto es usado”, dijo una fuente del MP.

Agregó que todo el equipo llegó al hospital, pero que la mayoría de este solo fue trasladado de un lugar a otro y no se compró.

Dos empleados de la Unidad de Movilidad Laboral del Ministerio de Trabajo fueron destituidos bajo los señalamientos de hacer cobros ilegales a cambio de tramitar visas de trabajo para EE. UU. y Canadá, informaron este lunes 5 de enero fuentes de dicha cartera.

Miriam Roquel, ministra de Trabajo, señaló que varias personas se abocaron a la cartera para denunciar a los trabajadores en mención, a quienes señalan de hacer cobros de hasta Q65 mil a cambio de tramitar las visas H2 para trabajar en EE. UU. o Canadá, por lo que luego de efectuar el proceso de destitución se colocaron las denuncias correspondientes en el Ministerio Público (MP).

“Dentro del Ministerio de Trabajo existe un Departamento de Empleo y dentro del mismo hay una unidad llamada Movilidad Laboral, donde se dan visas H2 para trabajar en el extranjero y resulta que una persona identifica a trabajadores del Ministerio de Trabajo que le han requerido dinero y la cantidad asciende a más de Q65 mil”.

Agregó que los señalados “fueron dos personas; sin embargo, se va a seguir con las investigaciones correspondientes, porque no solo es una, son varias personas”.

Roquel señaló que esa unidad es una de las más importantes del Mintrab, pues con ella se contribuye a que disminuya la migración irregular; además, dijo que las investigaciones continúan porque en dicha unidad trabajan más de 50 personas.

“Se ha presentado una denuncia en el Ministerio Público, porque hemos detectado dentro del Ministerio de Trabajo que hay actos de corrupción. Hemos identificado casos de estafa y también invito a la población guatemalteca para comprender que en el Ministerio de Trabajo dentro de sus funciones no existen cobros”, dijo Roquel.

Además, hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas de estafa para que se aboquen al Ministerio y denuncien los actos irregulares.

“Como consecuencia de ello se han realizado las destituciones como corresponde, porque no se toleran actos de corrupción a lo interno del Ministerio de Trabajo”, dijo la funcionaria.

“Una de las acciones importantes tomadas es la decisión de la destitución o la rescisión del contrato. Eso fueron las primeras acciones, independientemente se traslada la denuncia al Ministerio Público para que correspondan, por supuesto, respetando el principio de inocencia”, señaló Roquel.

Tres semanas después de haber asumido el poder, varias dependencias del Ejecutivo han comenzado a informar sobre hallazgos relacionados con contrataciones que se hicieron de último minuto y uso indebido de recursos de las entidades.

La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, explicó que en la Vicepresidencia se inició una evaluación de todo el personal para determinar si existen o no contrataciones irregulares bajo la figura que ahora ella administra, pero hasta ahora no se han encontrado contratos nuevos.

“Toda aquella persona que cumpla con sus funciones y se hace presente al sitio de labores no tiene por qué ser removida”, indicó Herrera.

Otra dependencia que hizo auditorías es el Ministerio de Desarrollo, donde, según el ministro Abelardo Pinto, ya se encontraron alrededor de 50 contratos de personal con menos de 5 meses de haber sido emitidos pese a que en transición se pidió a la administración del presidente Alejandro Giammattei, que no se hicieran compromisos laborales de este tipo.

“Los emitieron en agosto, por ejemplo, o septiembre del año pasado y los volvieron a renovar este año verdad, entonces esos contratos con menos de 6 meses de vigencia sí hemos estado revisándolos y algunos los hemos estado rescindiendo”, explicó Pinto.

Al recién asumir, la cartera emitió una nota para ordenar que todos los vehículos que son propiedad del Ministerio sean de uso laboral y parte de las evaluaciones incluye hacer una revisión detallada de la flota que se estima en unos 300 automotores.

El ministro enfatizó que las auditorías aún continúan y esperaría que estén finalizadas a mediados de febrero.

En el Ministerio de Agricultura también existieron anomalías en contratos. El 31 de enero se rescindieron 256 compromisos laborales aprobados a principios del año, la mayoría era de personal nuevo, es decir que nunca había trabajado en la entidad.

Según el Departamento de Comunicación Social de la cartera, aún continúa el proceso de auditoría interna y se detectó que había otros 90 contratos que las autoridades anteriores no alcanzaron a firmar.

La cartera aclaró que el proceso de transición no fue efectivo, pue solo hubo una reunión de trabajo.

En el Ministerio de Trabajo se detectaron “51 vehículos tipo picop 4×4 al servicio de la Inspectoría General de Trabajo, que se encontraban en uso a tiempo completo, incluidos fines de semana y días festivos por parte del personal, sin ningún control de kilometraje, gasolina o ubicación” explicó el Departamento de Comunicación de esa cartera.

Ante ello, desde el vicedespacho Administrativo Financiero se ordenó restringir el uso de los carros en horas no laborales a menos que las circunstancias lo demanden.

Al consultar a la Vicepresidencia si se tenía un informe global sobre este tipo de contrataciones y anomalías en otras dependencias, se informó a los periodistas que deben consultar después de la sesión de gabinete del próximo lunes.

Tan solo unas horas después de que el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, ofreciera una conferencia de prensa en la que dio detalles del proceso de compra y fallida instalación de las gradas eléctricas en el Aeropuerto La Aurora, el Ministerio Público (MP) informó que realiza diligencias en la terminal aérea por posibles irregularidades en la mencionada compra.

En horas de la mañana de este 1 de febrero, Francis Argueta, jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ofreció una conferencia de prensa para tratar varios temas de la aviación nacional y entre ellos el proceso de compra e instalación de las mencionadas gradas eléctricas y elevadores para La Aurora.

Horas más tarde, El MP publicó que la Fiscalía contra la Corrupción, como parte de una investigación en curso, realizó diligencia de inspección en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en seguimiento a investigación relacionada posibles irregularidades en la adquisición de elevadores y escaleras eléctricas.

Argueta afirmó en su conferencia de prensa que en el proceso de licitación se compraron ocho ascensores y seis gradas eléctricas para el aeropuerto, pero la empresa que ganó la licitación incumplió con las especificaciones técnicas de la licitación y llevó unas de diferente medida.

Prensa Libre publicó el pasado 26 de enero que la DGAC adquirió por más de Q8 millones los elevadores y escaleras eléctricas, pero el tamaño de estas no se ajusta para lo que habían ofrecido.

Además, que el 4 de julio de 2023 el titular de la DGAC firmó el contrato administrativo DS-31-2023 con Hernán Alfonso Ríos Balleza, representante de Tecnologías Smart Home, Sociedad Anónima, acerca de la licitación (DGAC-LIT-05-2023).

La DGAC adquirió 5 elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, con capacidad de carga de 1150; tres elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, capacidad 1350. También  seis escaleras mecánicas (escaleras eléctricas), más el servicio de instalaciones de los ocho elevadores y las seis escaleras mecánicas. El 13 de abril de 2023 la DGAC publicó en el Diario de Centro América la licitación.

En la conferencia de este 1 de febrero, Argueta refirió que la Comisión Receptora de DGAC hizo del conocimiento que las gradas incumplían con dichas especificaciones técnicas requeridas desde un inicio.

Dijo que como ejemplo ellos habían pedido unas gradas de un metro de ancho, pero el reporte de la Comisión Receptora detalló que las que llevaron tenían una medida de 80 centímetros.

Señaló que por esa razón, no pueden recibir las mencionadas gradas eléctricas, pues no cubren las necesidades que el aeropuerto necesita, ni cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.

Afirmó que ahora hay un procedimiento legal que se está llevando a cabo, y que solicitó el apoyo de la Contraloría General de Cuentas con una auditoría especial para ese evento de compra y también para acompañamiento en el proceso administrativo y jurídico para estar seguros que se cumplieron con todos los requisitos de ley.

“Por el momento ya se hizo un reporte de la Comisión Receptora, ya se hizo también un análisis jurídico por parte de Aeronáutica Civil… en sí, toda la documentación ha sido trasladada al Ministerio de Comunicaciones, ya que es una licitación, por lo tanto, la máxima autoridad en este caso es el Ministerio de Comunicaciones que nos tiene que también dar las instrucciones de cómo proseguir con estas gestiones de cómo proseguir con este evento”, dijo Argueta.

Para el 30 de abril

Argueta también dijo que informaron al Ministerio de Comunicaciones la solicitud por parte de la empresa a la que se le adjudicó la licitación de las gradas eléctricas y ascensores que ellos reconocen el error que cometieron y también que incumplieron en los tiempos de entrega.

Añadió que la empresa también ofrece la importación de nuevas gradas eléctricas con las especificaciones correctas que pidió la Aeronáutica Civil y lo ofrecen para el 30  de abril de 2024.

“Esto obviamente es un proceso legal que en el que ellos incumplen, pues, la institución tiene que ejecutar la fianza, inhabilitarlos incluso en no poder ofertar al Estado por cierto tiempo según la Ley de Compras y Contrataciones del Estado” dijo Argueta.

No se ha pagado nada

Argueta dijo que algunos medios de comunicación han afirmado que se habían  desembolsado los Q8 millones 650 mil, por las escaleras y elevadores, pero aseguró que la DGAC “no ha pagado ni un centavo” de esa licitación.

“El pago va a ser única y exclusivamente en el momento que se entreguen las gradas eléctricas y ascensores con las especificaciones técnicas que Aeronáutica Civil solicitó y recibido por parte de la Comisión Receptora”, afirmó .

“Es un es un pago en contra entrega a entera satisfacción de las necesidades del aeropuerto. Así que quiero aclararles que Aeronáutica Civil no ha desembolsado un solo centavo, no ha dado que ningún anticipo, puesto que es un producto que el Estado está adquiriendo. Es muy diferente como vemos en el caso de las carreteras que se dan ciertos pagos conforme van avanzando la obra en este caso no es así, no funciona de esta forma, porque es un producto que está adquiriendo el estado de Guatemala y esto se va a pagar hasta el momento que se entreguen a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas que desde un momento Aeronáutica Civil solicitó y que el oferente también estableció en su oferta las especificaciones técnicas correctas”, señaló Argueta.

Sin gradas y por una rampa

Argueta también comentó que por el momento no estarán funcionando las gradas eléctricas y se espera que estas funcionen a partir del 30 de abril.

“Sabemos que el aeropuerto no para, es un aeropuerto que no es de seis, ocho horas de ocupación como era antes era, hace cinco o seis años, ahora es un aeropuerto de 24 horas así que hemos hecho un caminamiento a través de diferentes puertas de abordaje en las que hay rampas, en las que los pasajeros no tienen necesidad de utilizar escaleras”, refirió Argueta.

Comentó que el mencionado caminamiento baja por rampas directamente a Migración y eso puede ser utilizado por pasajeros que utilicen sillas de ruedas quienes tengan alguna discapacidad y así no haya problemas por la falta de gradas eléctricas y ascensores.

“Esto sabemos que causa serios problemas, es algo incómodo, pero es la única solución que tenemos con el fin de que no haya necesidad de utilizar gradas eléctricas o asesores para los pasajeros que visitan aeropuerto de Guatemala” puntualizó Argueta.

Iniciativa para ley de aviación

Francis Argueta también se refirió en su conferencia de prensa que este 1 de febrero trasladarían al Congreso de la República una iniciativa para la ley de aviación.

Expresó que esto es importante pues se debe cambiar la Ley de Aviación Civil de Guatemala y en la nueva propuesta se busca que la DGAC ya no dependa del Ministerio de Comunicaciones.

“Es necesario e imperativo que Guatemala logre independizar, darle autonomía a la institución de Aeronáutica Civil como debe de ser. No puede ni debe ni debería de seguir dependiendo del Ministerio de Comunicaciones”, puntualizó Argueta.

Según Argueta, esta iniciativa no es por que haya algún problema con el ministerio, sino que todas las aeronáuticas civiles del mundo se requiere que sean autónomas.

Comentó que la autonomía les beneficiaría para su presupuesto, pues la institución debe tener uno digno.

“Al día de hoy, el aeropuerto puede producir hasta Q300 millones y nuestro presupuesto está muy debajo de los Q300 millones” afirmó Argueta.

También explicó que DGAC que necesita tener de presupuesto lo que genera invertirlo en la aviación.

Argueta también mencionó los US$32 dólares de impuesto de salida del país, los cuales se reparten entre ministerios e instituciones.

Dijo que de ese dinero, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Inab  reciben un porcentaje, pero que eso debería de ser para invertir en aviación.

Señaló que Educación tiene un presupuesto muy alto y  a veces no lo ejecuta completo, pero la aviación si requiere de ese 32% que va a esa cartera.

Agradeció la iniciativa de unos diputados para hacer un cambio en la distribución e esos fondos para que sean estrictamente para aviación.

Aseguró que la aviación no debe suplir las falencias que tienen otras entidades y que debería ser el Ejecutivo quien les proporcione los fondos.

Presupuesto

El director de DGAC recordó que el año pasado pidieron al Congreso un presupuesto de Q360 millones, pero se los negaron y con el dinero que les dieron optaron por invertirlo en seguridad operacional del aeropuerto y no en remodelaciones.

Con ese dinero se pretendía colocar el sistema de aire acondicionado, bandas , renovación de rayos X y otras necesidades, pero se optó por la seguridad operacional que incluyó arreglos en la rampa internacional, la compra de un radar secundario, pues el anterior ya había excedido su tiempo de utilidad. Dijo que ese radar cuenta con tecnología satelital y tiene tecnologías más avanzadas.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 fue publicado este 30 de enero por Transparencia Internacional y en este se menciona que la corrupción está prosperando en todo el mundo y que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público.

El IPC de Transparencia Internacional clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público y para eso emplean una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción).

Transparencia Internacional menciona en un comunicado que, por 12 años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Lo que indica que existen graves problemas de corrupción.

En la medición del 2023 Guatemala obtuvo un punteo de 23 de 100 y es la peor clasificación del país en una década. Actualmente está ubicado en el puesto 154 de 180 en el ranquin de corrupción.

Declive en Guatemala

En el comunicado, se menciona que: “El declive que registra Guatemala (23) es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas”.

Los tres gobiernos a los que se hace referencia son los de Alejandro Giammattei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina.

Señala al MP

“El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción. Esto dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción”.

La Fiscalía de Guatemala ha sido utilizada como un instrumento para permitir la corrupción en el país centroamericano e incluso intentar revertir los resultados electorales de 2023, según un informe divulgado este martes por la mencionada entidad, según EFE.

Según el documento de la entidad no gubernamental, el Ministerio Público (MP) ha funcionado “para perseguir a los actores que combaten la corrupción y ha dejado al Estado sin capacidad institucional para contrarrestar” el flagelo.

También destaca que durante 2023 el “Ministerio Público y el Poder Judicial” fueron empleados por actores corruptos como “instrumento para intentar anular los resultados electorales” de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto de dicho año.

La elección fue ganada por el ahora presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, pero la Fiscalía intentó de diversas maneras judiciales evitar su investidura, aunque sin éxito al final.

El quinto peor de América en percepción de corrupción

En su índice y calificación anual, el informe Transparencia Internacional cataloga a Guatemala como el quinto país del continente americano con la más alta percepción de corrupción, solo por detrás de Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Puntuación en una década

Entre el 2012 y el 2023, Guatemala ha obtenido solamente dos punteos mayores a 30, que fue en 2014, en el que logró el 32 y en el 2012 que estuvo en 33.

Puntajes de Guatemala en los últimos años:

• 2012, 33
• 2013, 29
• 2014, 32
• 2015, 28
• 2016, 28
• 2017, 28
• 2018, 27
• 2019, 26
• 2020, 25
• 2021, 25
• 2022, 24
• 2023, 23

En el 2010, Guatemala estaba en el puesto 101 del ranquin y en 13 años cayó 53 puestos en el ranquin del índice de corrupción.

El abogado y notario Constantino José Pablo Álvarez Iriarte, fue sentenciado a 4 años de prisión conmutables tras someterse a la figura de aceptación de cargos por los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica.

La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó cuatro años de prisión al abogado Álvarez Iriarte por su participación en la constitución de empresas mediante la falsificación de firmas.

De acuerdo con el Ministerio Público, el abogado habría participado en la legalización de empresas vinculadas a la constructora brasileña Norberto Odebrecht en Guatemala, señalada de pago millonario de sobornos a funcionarios, políticos, exfuncionarios y empresarios a cambio de obras.

El abogado aceptó ante la jueza los delitos que se le imputaban por parte del MP y durante su declaración indicó no conocer a Manuel Baldizón y afirmó que nunca recibió órdenes de él.

“Reconozco que cometí errores sin saber, por lo cual pido una disculpa al pueblo de Guatemala y pido una disculpa al Estado”, declaró Álvarez ante la jueza.

“Realizamos ciertas escrituras, son las que aparecen en la acusación que escuchamos. Sí me pude percatar que no se llevó la debida diligencia en los documentos y sí existe y sí existen personas que dicen no haber formado”, concluyó el abogado.

La jueza dictó una sentencia de tres años por el delito de asociación ilícita y un año por falsedad ideológica.

Como parte de la reparación digna al Estadio, deberá hacer un pago de Q33 mil 845 con 90 centavos.

Baldizón y Odebrecht

El 9 de enero 2023, el juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial en el caso Odebrecht, quien al pagar la caución económica impuesta podía salir de la cárcel Mariscal Zavala, donde fue recluido tras haber sido deportado de EE. UU.

El 11 de enero de ese año, la familia de Baldizón pagó Q800 mil de caución en el Caso Odebrecht, y por el proceso Transurbano de Q1 millón para obtener medidas sustitutivas y que el político saliera de prisión.

El Ministerio Público (MP) apeló y pidió que Baldizón regresara a prisión preventiva, pero el Juzgado este miércoles ha mantenido la libertad para el excandidato presidencial.

El pasado 5 de julio, el Juzgado de Mayor Riesgo D en una audiencia que se celebró a puerta cerrada, confirmó que Baldizón mantendría sus medidas sustitutivas.