El gobierno de Daniel Ortega liberó y expulsó este domingo 7 de enero a México al esposo y al hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, tras casi dos meses detenidos bajo cargos de conspiración, según medios de prensa y opositores nicaragüenses en el exilio.

“En estos momentos Martín y Bernardo Argüello están volando para reunirse con Karen Celebertti”, escribió el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, amigo la familia, en la red social X.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields, quien se exilió en Estados Unidos tras dejar el gobierno de Ortega, aseguró también en X que fueron “desterrados” hacia México, donde está Celebertti.

El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la información divulgada también por medios nicaragüenses como La Prensa, El Confidencia, 100%Noticias y otros, que trabajan desde Costa Rica.

La exdueña de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua había salido del país con motivo del certamen mundial de belleza en El Salvador, ganado por la nicaragüense Sheynnis Palacios el pasado 18 de noviembre.

Tras la coronación, Celebertti acompañó a Palacios a un breve viaje a México y, al intentar regresar a Nicaragua, las autoridades le negaron el ingreso y su esposo y su hijo fueron detenidos en Managua.

La policía nicaragüenses acusó a Celebertti y su familia de participar “activamente” en “acciones terroristas del intento fallido de golpe de Estado”, en referencia a las protestas contra Ortega en 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU.

“Sin pruebas, los acusaron de “conspiración anti-patria”‘, dijo en X Carlos Chamorro, periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica.

Tras la coronación de Palacios como Miss Universo, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, afirmó que la oposición manipulaba ese triunfo, pues destacaron que la reina de belleza participó en las protestas de 2018.

La Organización Miss Universo pidió el 25 de noviembre al gobierno de Nicaragua garantizar la seguridad de los afiliados al concurso local del certamen.

De eso acusa el gobierno de Daniel Ortega a la empresaria Karen Celebertti, directora del concurso de belleza de Miss Nicaragua hasta este martes.

La policía acusó a Celebertti de manipular el certamen en favor de reinas de belleza contrarias al gobierno.

Las acusaciones se hicieron pocos días después de que Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, fuera la primera centroamericana en portar la corona de Miss Universo.

Después de su victoria, surgieron fotografías de Palacios en una protesta antigubernamental en 2018, lo que desató la ira del gobierno.

La organización local de Miss Universo de Celebertti ha sido utilizada para “convertir los concursos en trampas políticas y emboscadas políticas, financiadas por agentes extranjeros”, dijo el comunicado de la policía.

En respuesta a la acusación, Celebertti renunció a su cargo este martes.

“Ha llegado el tiempo de mi retiro, sé que siempre habrá más oportunidades para nosotros”, escribió la directora de concurso en un post en las redes sociales.

La controversia tras la victoria

Miles de nicaragüenses salieron a las calles para celebrar el inesperado éxito de Palacios el 18 de noviembre en Miss Universo, la primera vez que Nicaragua gana el certamen.

Muchos ondeaban la bandera nacional azul y blanca oficial del país, que se ha asociado con las protestas antigubernamentales que arrasaron el país en 2018 antes de ser brutalmente reprimidas.

El gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, emitió inicialmente un comunicado dando la bienvenida a la victoria de Sheynnis Palacios con “orgullo y alegría”.

Pero rápidamente se volvió contra ella y aquellos vinculados al certamen cuando se hicieron virales imágenes en las que la joven ondea la bandera nacional en una manifestación antigubernamental en 2018.

Palacios no ha regresado a Nicaragua desde que fue coronada Miss Universo en El Salvador y los medios locales informaron que a Celebertti y a su hija se les negó la entrada a Nicaragua, lo que las obligó a volar a México.

La prensa nicaragüense también recoge que la policía arrestó hace días al esposo y al hijo de Karen Celebertti, Martín Argüello Leiva y Bernardo Argüello Celebertti, copropietarios de la franquicia local de Miss Universo. Ambos han sido acusados también de traición.

A través de un comunicado, las autoridades afirman que ambos participaron “en las acciones terroristas del fallido intento de golpe”, en referencia a las protestas antigubernamentales de 2018.

El comunicado afirma que la familia “permaneció en comunicación con exponentes de traición a la patria, preparándose para utilizar sus franquicias y plataformas supuestamente dedicadas a concursos de belleza ‘inocentes’ en una conspiración para convertir los concursos en trampas y emboscadas políticas, financiadas por agentes extranjeros”.

Añade que “deben cumplir su pena conforme a las leyes nicaragüenses”, aunque hasta el momento no se ha celebrado ningún juicio.

En una declaración publicada en X, antes Twitter, Celebertti insistió en que nunca hubo política en los concursos de belleza que organizó.

Las protestas antigubernamentales son ilegales en Nicaragua desde 2018.

El retiro del país de la OEA -que entra en vigor hoy- y las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano “son una afrenta al compromiso del hemisferio occidental con la democracia”, subrayó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.

El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan “aislar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional”, indicó el portavoz.

Agregó que ello “demuestra su desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la OEA o de socios de ideas afines para responsabilizarlos por atroces abusos contra los derechos humanos”.

“Sus abusos incluyen detener, condenar y maltratar injustamente a presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez; atacar a periodistas independientes; y obligar a cientos de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas a cerrar o traspasar sus operaciones al Estado”, detalla el comunicado.

El Gobierno nicaragüense notificó la decisión de denunciar la Carta de la OEA -que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esa organización- en noviembre de 2021, días después de la reelección para el quinto mandato de Ortega en unas elecciones que la organización tachó de ilegítimas.

El Departamento de Estado enfatizó hoy que pese a las denuncias de Ortega y Murillo de la Carta de la OEA, “Nicaragua sigue sujeta a sus obligaciones de derechos humanos y gobernanza en virtud de los tratados e instrumentos restantes, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Miller subrayó que Estados Unidos y los demás socios en la OEA continuarán revisando “todas las herramientas disponibles y apropiadas para responsabilizar a Ortega, Murillo y sus sustitutos por sus acciones”.

El portavoz urgió a las autoridades nicaragüenses a cumplir con sus obligaciones y cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo.

La orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís y 16 asociaciones y fundaciones incumplieron leyes sobre el reporte de sus estados financieros, juntas directivas, detalle de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes, según una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior).

La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasarán a manos del Estado de conformidad con ley.

Nicaragua ha cerrado más de 3 mil oenegés desde que endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de esas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.

Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su excarcelación, pero queda en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, condenado en febrero a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.

El cierre de 25 Oenegés

El Gobierno de Nicaragua canceló este martes la personalidad jurídica a 25 organismos sin fines de lucro, incluidos ocho que solicitaron su disolución voluntaria y la mayoría de carácter cristiano.

La disolución de esas 25 organizaciones no gubernamentales (ONG), incluídos los frailes franciscanos, fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron 17 ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan, y las otras ocho fueron canceladas por disolución voluntaria.

Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 17 ONG porque no reportaron por períodos de entre uno hasta 27 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus juntas directivas.

Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Iglesia Internacional de Cristo en Nicaragua, Asociación Cristiana El Cordero Apocalipsis, Fundación Altas Familiar Ministerios, Asociación Evangelística Impacto Juvenil de Nicaragua, Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo, Compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos, Asociación Ministerio Cristiano La Vid Verdadera, entre otras religiosas.

También la Asociación de Mujeres Las Golondrinas, Fundación Artística Xuchialt, Asociación de Médicos Especialistas “San Francisco”, Fundación para el Apoyo al Etno-Desarrollo Indígena, y la Icw Global Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida.

Estado decomisará sus bienes

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en 2018.

Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7 mil 227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, denunciaron este sábado 27 de mayo fuentes eclesiásticas.

Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”, dijeron fuentes religiosas.

El cardenal Brenes, también arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están “viendo cómo resolver la situación”.

Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo Carlos Herrera, dijo a la plataforma Despacho 505 que han recibido informaciones sobre los inconvenientes con las cuentas bancarias de las diócesis, pero que no han sido notificados de forma oficial.

Transferencias denegadas

La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina publicó capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.

“Verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo”, “Su transferencia no ha podido realizarse”, “Cuenta no válida”, son, entre otros, los mensajes que se leen al intentar hacer una transferencia en las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, según Molina.

De momento ni el Gobierno ni la banca privada se han referido a la restricción de esas cuentas bancarias de las diócesis, ni a la detención de tres sacerdotes en esta semana.

Hace dos días, la Policía Nacional informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación y la Paz.

El religioso es párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, la diócesis que dirige el obispo Álvarez.

La Policía también investiga a otros dos sacerdotes por “asuntos administrativos” de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.

Acallar a la iglesia

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, “el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia”.

“Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica”, advirtió Maradiaga a través de una declaración pública.

“Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen”, agregó.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, hizo la lectura de la sentencia en una presentación ante los medios de comunicación.

Entre los afectados se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el excomandante de la revolución sandinista Luis Carrión y la activista por los derechos humanos Vilma Núñez.

Sobre los 94 afectados pesaban acusaciones del Ministerio Público.

“(…) téngase a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la perdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente (…)”, leyó el funcionario.

“Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados”.

Esto ocurre una semana después de que 222 opositores que estaban presos también fueran declarados apátridas y deportados a Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, Gioconda Belli respondió con un poema de su autoría:

“(De mi poema Nicaragua)

Arranco de tu pelo a los que te venden te roban y te abusan

te cuento cuentos en la esquina de mi almohada

te arropo y te tapo los ojos

para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza.

Palabras digo puesto que son ellas la argamasa de mi vida

y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida

genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los

cimientos.

y te amo patria de mis sueños y mis penas

y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto

susurrarte esperanzas

y prometerte curas y encantos que te salven”.

“Paz social”

Las nuevas medidas emanan de las resoluciones a las que llegaron jueces de distritos penales de Audiencias de la Circunscripción de Managua.

“Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”, indicó el magistrado.

“A los acusados se les declara prófugos de la justicia“.

“Todo lo anterior para garantizar la paz social, la seguridad jurídica, la independencia, la soberanía, la autodeterminación del Estado de Nicaragua y, en especial, garantizar la protección a la sociedad nicarguense”.

Otras de las personas afectadas son el excanciller Norman Caldera y el periodista Carlos Fernando Chamorro.

El magistrado Rodríguez dijo que las 94 personas habían sido acusadas por el Ministerio Público de “los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, todos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüenses”.

Una semana antes

El 9 de febrero, el gobierno de Daniel Ortega liberó a 222 opositores, a los que deportó vía aérea a Estados Unidos.

En la mañana de ese jueves, el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, había hecho pública una sentencia que decretaba la “deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.

“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública”, dijo Rothschuh.

Ese mismo día, Belli, en entrevista con BBC Mundo, admitió el sabor agridulce que supone el hecho de que a las personas liberadas se les haya retirado la nacionalidad nicaragüense por “traición a la patria”.

“Esta gente no fue traidora a la patria: fueron opositores”, dijo.

• “Quitarles la nacionalidad e invocar un destierro a los nicaragüenses liberados es una muestra de la crueldad de este régimen”: entrevista con la escritora Gioconda Belli

Ese día también, Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua, escribió una columna de opinión en el diario El País que tituló: “Desterrados pero libres”.

“Todos los presos políticos bajo la dictadura, los que subieron al avión que los llevó al destierro, y los que se quedaron, son nicaragüenses ejemplares que hicieron de la cárcel su trinchera de lucha”.

Ambos escritores se encuentran exiliados.

En 2021, la fiscalía de Nicaragua acusó a Ramírez de “lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.

“Todos los cargos son risibles“, dijo el ganador del Premio Cervantes 2017, en entrevista con BBC Mundo, el 10 de septiembre de 2021.

“En Nicaragua se cerraron todas las puertas de la democracia”, dijo entonces.

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El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue condenado este viernes 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados “traición a la patria”, y fue despojado de su nacionalidad.

El magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó la sentencia en contra del obispo Álvarez, que fue condenado un día después de que se negara a subir en un avión privado junto a 222 prisioneros nicaragüenses que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos.

Tras negarse a subir el avión, el presidente Ortega anunció anoche que Álvarez había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.

Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.

El obispo fue sustraído la madrugada del 19 de agosto pasado por la Policía de un palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

“Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria”, según la sentencia dictada por la jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, aunque fue leída por el magistrado Rothschuh Andino.

De qué delitos lo acusan

La judicial declaró culpable al jerarca por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada, desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

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Además, el obispo nicaragüense fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular.

“Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”, según el fallo.

Asimismo, la judicial declaró “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense al sancionado Rolando José Álvarez Lagos”.

Detalles de la sentencia

Por el delito de menoscabo a la integridad nacional, el religioso fue condenado a 15 años de prisión, a 5 años por el delito de propagación de noticias falsas, otros 5 años y 4 meses por el delito de obstrucción de funciones agravada y 1 año por el delito de desacato a la autoridad en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Además, fue sancionado con 800 días multa (uno 1 mil 555 dólares).

“Las penas de prisión impuestas serán cumplidas de forma sucesiva: 26 años y 4 meses de prisión”, según la sentencia, en la que se establece que el obispo permanecerá en prisión hasta el 13 de abril de 2049.

El obispo tenía previsto enfrentar el juicio el próximo 15 de febrero, sin embargo fue adelantado después que el jerarca se negara a subir a un avión con otros 222 prisioneros.

Ortega tildó a Álvarez de tener un “comportamiento de soberbia de quien se considera ya el jefe de la Iglesia (católica) de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana y que debe incluso pensar en ocupar el cargo de su santidad, el papa” Francisco, por negarse a irse a EE.UU.

“Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno”, lanzó anoche Ortega. EFE

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso reformar la Constitución Política para nombrar a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como “copresidenta de la República”, propuesta que ha recibido críticas en redes sociales.

El mandatario hizo el planteamiento durante un acto oficial la noche del jueves 9 de febrero en presencia de Murillo, tras referirse a la excarcelación y expulsión hacia Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses, incluido sacerdotes católicos.

“Aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República. En verdad así es: ¡Es copresidenta de la República!”, enfatizó Ortega en su discurso transmitido en cadena nacional.

“En la Constitución tendremos que hacer algunas reformas”, anotó el mandatario sandinista.

Posteriormente ordenó al titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, también presente en el acto, a “hacer algunas reformas (a la Constitución Política) para que quede establecido el principio de la copresidencia”.

Porras, quien forma parte del círculo del poder de Ortega y Murillo, no se refirió este viernes a esa propuesta en un programa de entrevistas en el Canal 4 de la televisión nicaragüense, en la que sí se comentó sobre una reforma constitucional que busca quitar la nacionalidad a los nicaragüenses que sean sentenciados por delitos considerados “traición a la patria”.

La Constitución Política de Nicaragua no establece la figura jurídica ni el rango de “Copresidenta de la República”, solo el de Vicepresidente de Nicaragua, cargo que ocupa Rosario Murillo desde enero de 2017.

Reacciones en redes sociales

Según usuarios de redes sociales, sería “gravísimo” reformar la Constitución para nombrar a la esposa del mandatario “co-presidenta” en virtud de vicepresidenta, con el mismo poder y autoridad que el gobernante.

Para la periodista nicaragüense exiliada Patricia Martínez, Ortega “juega” con Nicaragua “a su gusto y antojo” y por eso quiere nombrar “copresidenta” a su esposa.

La Constitución Política establece en su artículo 144 que el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe supremo del Ejército de Nicaragua.

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Y en su artículo 145 indica que el vicepresidente de la República desempeña las funciones que le señale la Constitución y las que le delegue el Presidente directamente o a través de la ley.

Asimismo, que sustituirá en el cargo al Presidente en casos de falta temporal o definitiva. EFE

Más de 200 opositores liberados este jueves en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega, fueron privados de sus derechos políticos y “deportados” el mismo día hacia Estados Unidos.

Un tribunal de Managua confirmó la excarcelación de 222 opositores presos, pero no reveló sus identidades. La noticia había sido anunciada poco antes por familiares y opositores exiliados, que indicaron que ellos figuraban la excomandante sandinista Dora María Téllez, pero no el obispo Rolando Álvarez ni otros sacerdotes.

“Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país para lo cual se giraron los oficios respectivos”, declaró el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, a medios oficialistas nicaragüenses.

“Traidores a la patria-

El juez, quien no entregó la lista de opositores excarcelados, agregó que todos ellos fueron privados a perpetuidad de sus derechos políticos.

Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.

“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública […], así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, dijo el juez.

“A esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América. Así damos por cumplida la sentencia”, agregó Rothschuh.

“Un gran día”

La noticia, que ya circulaba en las redes sociales, fue saludada por nicaragüenses exiliados.

“222 presos políticos vienen a la ciudad de Washington, fueron liberados”, dijo en un video en redes sociales Arturo McFields, exembajador de Ortega ante la OEA, destituido tras calificar a su país de dictadura y residente ahora en Estados Unidos.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990), y actualmente está exiliado en España, expresó su satisfacción por la liberación de los presos.

“Hoy es un gran día para la lucha por la libertad de Nicaragua al salir de las cárceles tantos prisioneros injustamente condenados o procesados, cárceles en las que nunca deberían haber estado. Van al destierro, pero van a la libertad”, tuiteó Ramírez.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, dijo en Twitter que familiares de presos le habían confirmado la liberación, pero no dio más detalles.

“Recibimos confirmación de varias familias sobre liberación de personas presas en #Nicaragua. Han sido enviadas al exilio”, indicó Guevara.

Dos franco-nicaragüenses

Entre los liberados están la esposa, la hija y el yerno de Javier Álvarez, un economista retirado que fue militante sandinista hasta mediados de la década de 1990.

“Van222 liberados rumbo a Washington, entre ellos los míos y todos los más importantes, los candidatos, Dora Maria [Téllez] y otros. No van el obispo [Rolando] Alvarez y el resto de sacerdotes”, dijo el economista a la AFP en San José.

El obispo deberá ir a juicio próximamente, según ordenó un tribunal de Managua. Otros siete sacerdotes y colaboradores de la Iglesia también fueron detenidos.

La esposa del economista, Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, habían sido detenidas en Managua el 13 de septiembre junto al marido de la hija, Félix Roiz, de 56 años.

La madre y la hija habían sido condenadas a ocho años de prisión y el marido de esta última a 10 años, los tres por “traición a la patria” y otros cargos.

El gobierno de Daniel Ortega advirtió este 30 de septiembre que el nuevo embajador designado por Estados Unidos para Nicaragua, Hugo Rodríguez, “no será admitido” en el país por sus posiciones “injerencistas”, reiterando con ello la decisión de no concederle el beneplácito.

“El señor Hugo Rodríguez, repetimos, no será bajo ninguna circunstancia admitido en nuestra Nicaragua (…) así que lo tienen claro los señores imperialistas: aquí no entra Hugo Rodríguez”, afirmó la vicepresidenta, Rosario Murillo, al dar lectura a una nota de cancillería en los medios oficiales.

Murillo, esposa del presidente y portavoz oficial, dio la posición del gobierno tras conocer que el senado de Estados Unidos había confirmado el jueves a Rodríguez como embajador en Nicaragua, pese a que el pasado 28 de julio Managua había expresado su rechazo a esa designación.

Managua argumentó en aquel momento que decidió retirar el beneplácito a Rodríguez debido a las declaraciones “irrespetuosas” que el diplomático ofreció en una audiencia ante el Senado.

En ella, Rodríguez dijo que Nicaragua “se está convirtiendo cada vez más en un Estado paria dentro de la región” y calificó al gobierno de Ortega de “dictadura”.

Abogó además por sacar a Nicaragua del Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos).

#HayPatriaHayPaz
El Gobierno de Nicaragua atravez del Ministerio del Exterior rechaza nuevamente la prepotente postulación de embajador de Estados Unidos al injerencista insigne, irrespetuoso y nada diplomático Hugo Rodríguez.
Aquí Hugo Rodríguez no entra. pic.twitter.com/XCC2RxT12B

— Josmanu (@josmanu1706) September 30, 2022

Este viernes, Murillo consideró de “insólita” la decisión de Estados Unidos de mantener la postulación de Rodríguez, a quien tildó de “irrespetuoso injerencista (y) nada diplomático”.

Acto seguido, dio lectura a la nota de la cancillería de rechazo a la llegada del diplomático, quien fue nominado al cargo en mayo pasado por el presidente Joe Biden en sustitución de Kevin Sullivan.

“Reiteramos no solo nuestro rechazo, sino nuestra posición inclaudicable de dignidad nacional que desconoce absolutamente el injerencismo y la actuación imperialista de Estados Unidos”, dijo.

https://twitter.com/JhonnyNicaragua/status/1575960279460245506

El pasado miércoles 28 de septiembre, el gobierno de Ortega pidió la salida de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, Bettina Muscheidt, según fuentes diplomáticas y medios locales, aunque se desconocen las razones de la medida.